Decreto 1333 de 1986 de 1986

DECRETO 1333 DE 1986

(Abril 25)

Por el cual se expide el código de régimen municipal.

El presidente de la República de Colombia,

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le conﬁere la Ley 11 de 1986 y oída la Comisión Asesora a que ella se reﬁere,

DECRETA:

Artículo 1º.- El Código de Régimen Municipal comprende los siguientes Títulos: El Municipio como entidad territorial; Condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento; Planeación municipal; Concejos; Acuerdos; Alcaldes; Personeros; Tesoreros; Entidades descentralizadas; Bienes y rentas municipales; Presupuesto; Contratos; Personal; Control ﬁscal; Divisiones administrativas de los Municipios; Asociaciones de Municipios; Áreas Metropolitanas; Participación comunitaria y disposiciones varias.

En él se incorporan las normas constitucionales relativas a la organización y el funcionamiento de la administración municipal y se codiﬁcan las disposiciones legales vigentes sobre las mismas materias.

Artículo 2º.- La legislación municipal tiene por objeto dotar a los Municipios de un estatuto administrativo y ﬁscal que les permita, dentro de un régimen de autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socio-cultural de sus habitantes, asegurar la participación afectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional.

TÍTULO I

Del Municipio como entidad territorial

Artículo 3º.- Son entidades territoriales de la República los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y los Municipios o Distritos Municipales, en que se dividen aquéllos y éstas. (Artículo 5, inciso 1, de la Constitución Política).

Artículo 4º.- La Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y los Municipios son personas jurídicas. Artículo 5º.- Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas:

Artículo 5°.- Crear y suprimir Municipios, segregar o agregar términos municipales y ﬁjar límites entre los Distritos, llenando estrictamente los requisitos que establezca la Ley. (Artículo 187, ordinal 4 de la Constitución Política).

Artículo 6º.- La ley podrá establecer diversas categorías de Municipios de acuerdo con su población, recursos ﬁscales e importancia económica y señalar distinto régimen para su administración. (Artículo 198, inciso 1 de la Constitución Política).

Artículo 7º.- Los Departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución, y ejercerán sobre los Municipios la tutela administrativa necesaria para planiﬁcar y coordinar el desarrollo regional y local y la prestación de servicio, en los términos que las leyes señalen.

Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, determinará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y costos de los mismos, y señalará el porcentaje de los ingresos ordinarios de la Nación que deba ser distribuido entre los Departamentos, las Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, para la atención de sus servicios y los de sus respectivos Municipios, conforme a los planes y programas que se establezcan.

El treinta por ciento de esta asignación se distribuirá por partes iguales entre los Departamentos, Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, y el resto proporcionalmente a su población. (Artículo 182 de la Constitución Política).

Artículo 8º.- El territorio sometido a la jurisdicción del Alcalde constituye con sus habitantes el Distrito Municipal o Municipio.

Artículo 9º.- La ley no reconoce otros intereses municipales que los de los Municipios. Las obras o establecimientos públicos de la Nación o del Departamento se consideran de interés general para sus respectivos habitantes.

Artículo 10º.- Los Municipios podrán ser delegatarios de la Nación, de los Departamentos y de sus entidades descentralizadas para la atención de funciones administrativas, la prestación de servicios y la ejecución de obras.

Artículo 11º.- La competencia administrativa de los Municipios está constituida por al relación de funciones y servicios que les asigne la ley de acuerdo con la categoría en que cada Municipio o Distrito se halle clasiﬁcado.

Artículo 12º.- La atención de las funciones, la prestación de los servicios y la ejecución de las obras a cargo de los Municipios se hará directamente por éstos, a través de sus oﬁcinas y dependencias centrales o de sus entidades descentralizadas, o por otras personas en razón de los contratos y asociaciones que para el efecto se celebren o constituyan.

Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, los Municipios recibirán de otras entidades la ayuda y la colaboración técnica, administrativa y ﬁnanciera que prevean las normas vigentes y los acuerdos o convenios válidamente celebrados.

La atención de funciones, la prestación de servicios y la ejecución de obras por parte de los Distritos que integran un Área Metropolitana o una Asociación de Municipios, se hará de acuerdo con las disposiciones y cláusulas de los actos y contratos que creen y organicen la respectiva Área o Asociación.

TÍTULO II

De las condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento.

Artículo 13º.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

5º.- Modiﬁcar la división general del territorio, con arreglo al artículo 5º de la Constitución; establecer y reformar las otras divisiones territoriales de que trata el artículo 7 y ﬁjar las bases y las condiciones para la creación de Municipios. (Artículo 76, atribución 5, de la Constitución Política).

Artículo 14º.- Para que una porción del territorio de un Departamento pueda ser erigida en Municipio, se necesita que concurran las siguientes condiciones:

1ª Que tenga por lo menos 20.000 habitantes y que el Municipio o Municipios de los cuales se segrega quede cada uno con una población no inferior a 25.000 habitantes, según certiﬁcación detallada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

2ª Que en los tres últimos años ﬁscales haya aportado en rentas y contribuciones al Municipio o Municipios de los cuales se segrega suma no inferior a un millón de pesos ($1.000.000.00) anuales y que, además, estos Distritos queden cada uno con un presupuesto no inferior a un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.00) anuales, sin computar en esta suma las transferencias que reciban de la Nación y del Departamento, todo de conformidad con las certiﬁcaciones motivadas que expida la respectiva Contraloría Departamental o Municipal, según el caso.

3ª Que a juicio de los organismos departamentales de planeación presentado en estudio motivado, tenga capacidad para organizar presupuesto anual no inferior a un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.00), sin computar las transferencias que reciba de la Nación y el Departamento.

4ª Que en el poblado destinado a cabecera residan no menos de 3.000 personas, según certiﬁcado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística; que existan allí mismo locales adecuados para el funcionamiento de oﬁcinas públicas, casa municipal, cárcel, centro de salud y escuela, como mínimo, o que cuente con recursos suﬁcientes para construirlos o que su establecimiento esté previsto en los programas Nacionales, regionales o departamentales.

5ª Que la creación sea solicitada por no menos de cuatro mil ciudadanos domiciliarios dentro de los límites que se piden para el nuevo Municipio, y que las ﬁrmas de los solicitantes estén autenticadas por el juez del Municipio o Municipios de los cuales se segrega el que se pretende crear.

6ª Que los organismos departamentales de planeación motivadamente conceptúen sobre la conveniencia económica y social de la nueva entidad, teniendo en cuenta su capacidad ﬁscal, sus posibilidades económicas y su identiﬁcación como área territorial de desarrollo.

También analizarán la conveniencia o inconveniencia de la creación para el Municipio o Municipios de los cuales se segrega el nuevo.

7ª Que durante el año anterior a la creación del Municipio , en el territorio de éste, haya funcionado una Junta Administradora Local, organizada en los términos de este Código.

Los valores ﬁjados en las condiciones 2º y 3º se reajustarán anualmente en porcentaje igual al que aumente para el respectivo período el índice de precios al consumidor elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística

(Derogado tácitamente por los Art. 8 y 9 de la Ley 36 de 1994)

Artículo 15º.- La solicitud, acompañada de las certiﬁcaciones y documentos a que se reﬁere el artículo 14 será presentada por los interesados al Gobernador del Departamento, funcionario que tramitará el expediente.

Si la documentación resultare incompleta, el Gobernador por medio de resolución motivada así lo declarará en un término improrrogable de diez días y la devolverá a los interesados para los ﬁnes a que hubiere lugar.

La Asamblea Departamental conocerá el correspondiente proyecto de ordenanza, a propuesta de sus respectivos miembros o del Gobernador.

(Ver Art. 8 parágrafo 1, Ley 136 de 1994)

Parágrafo.- Si el proyecto de ordenanza fuere negado, se archivará y una nueva iniciativa en el mismo sentido sólo podrá presentarse dos años después.

Artículo 16º.- Sin el lleno de los requisitos a que se reﬁere el artículo 14 del presente Código, las Asambleas podrán erigir en Municipios aquellos territorios que carezcan de medios adecuados de comunicación con la cabecera del Distrito o Distritos de los cuales forman parte, si el desarrollo de la colonización o la explotación de recursos naturales así lo aconsejan, previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

Igualmente, y por razones de conveniencia Nacional, podrán crearse Municipios en las zonas fronterizas sin el lleno de los mismos requisitos, previo dictamen favorable del Presidente de la República.

(Ver Art. 9 Ley 136 de 1994)

Artículo 17º.- La ordenanza que cree un Municipio dispondrá cuál será su cabecera para todos los efectos legales y administrativos. (Ver Art. 16 numeral 2 Ley 136 de 1994)

Artículo 18º.- La ordenanza que cree un Municipio determinará la forma como éste debe concurrir al pago de la deuda pública que quede a cargo del Municipio o Municipios de los cuales aquél se segregó.

(Ver Art. 16 numeral 3 Ley 136 de 1994)

Artículo 19º.- El Gobierno Nacional, a iniciativa de los Consejos Intendenciales y Comisariales, podrá crear, suprimir o fusionar Municipios o agregar y segregar territorios a los mismos y ﬁjar los límites entre los diferentes Distritos Municipales.

Para la creación de un Municipio en las Intendencias y Comisarías, en lo relacionado con los requisitos de población, presupuesto y consenso poblacional, sólo se necesitarán la mitad de los exigidos por la ley para el establecimiento de Municipios en los Departamentos. Sin embargo, cuando el Gobierno Nacional lo considere conveniente para la colonización o la defensa Nacional, podrá crear Municipios, sin ajustarse a los requisitos de la ley.

Artículo 20º.- Modiﬁcado por el art. 29, Ley 962 de 2005, Derogado por el art. 14, Ley 1447 de 2011. Previo acuerdo para cada caso concreto entre los Ministerios de Gobierno y de Hacienda y Crédito Público, se procederá a deslindar y amojonar los Municipios de la República.

El Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi queda encargado de llevar a efecto el deslinde y amojonamiento a que haya lugar.

Con este ﬁn reunirá toda la documentación que exista hasta la fecha en los archivos de las diferentes entidades oﬁciales sobre esta materia: leyes, ordenanzas, planos, etc.

Ver Concepto: Secretaría General 33 de 2002

Artículo 21º.- Derogado por el art. 14, Ley 1447 de 2011. El Ingeniero catastral hará el deslinde directamente sobre el terreno, en presencia de los representantes de cada una de las entidades políticas interesadas, marcando sobre el plano topográﬁco o fotográﬁco del territorio en cuestión la línea o líneas que correspondan a la opinión unánime o diferente de éstos, basada en la interpretación de los textos legales u otras razones, y en último caso marcará además el trazado técnico que juzgue mas adecuado.

Parágrafo.- Los representantes de las entidades políticas interesadas, para cada uno de los Municipios, serán el Alcalde, el Personero y el Inspector respectivo, en el caso en que el Municipio esté subdividido en Corregimientos

Artículo 22º.- Derogado por el art. 14, Ley 1447 de 2011. En cuanto el Ministerio de Gobierno reciba del de Hacienda y Crédito Público los documentos referentes a límites dudosos o no, los remitirá para su ratiﬁcación deﬁnitiva, si fuere el caso, a la Asamblea Departamental por conducto del Gobernador respectivo.

Artículo 23º.- Derogado por el art. 14, Ley 1447 de 2011. Una vez en posesión de los documentos cuya solución corresponde a una Asamblea Departamental ésta nombrará las comisiones demarcadoras respectivas, que se integrarán por tres Diputados elegidos directamente por la corporación.

La Comisión demarcadora de la Asamblea examinará el problema, completará las informaciones si lo juzga necesario, y asistida por el ingeniero catastral que haya actuado en el terreno, propondrá un trazado deﬁnitivo para la ratiﬁcación de la Asamblea, dentro de los diez días siguientes a su elección.

Artículo 24º.- Derogado por el art. 14, Ley 1447 de 2011. Cuando dos o más Municipios de un mismo Departamento mantengan disputa territorial, por no existir entre ellos límites deﬁnidos, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia, las Asambleas Departamentales al hacer la delimitación tendrán en cuenta la opinión de los ciudadanos vecinos de la región o regiones en disputa, la cual se expresará por medio de peticiones razonadas y suscritas por no menos de doscientos de ellos. Si en la mencionada región o regiones alguno de los Municipios interesados hubiere fomentado el desarrollo del núcleo importante de población, este Municipio conservará la jurisdicción del territorio en que se encuentre el caserío o población nueva. Son nulas ordenanzas que se dicten en contravención de este artículo.

Artículo 25º.- Modiﬁcado por el art. 30, Ley 962 de 2005, Derogado por el art. 14, Ley 1447 de 2011. La demarcación, cuando se haya ratiﬁcado por las entidades competentes, vendrá a ser deﬁnitiva.

Después que el Ministerio de Gobierno informe al de Hacienda y Crédito Público sobre la ratiﬁcación deﬁnitiva del trazado, el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi procederá en seguida al amojonamiento de los puntos característicos del límite, según especiﬁcaciones que al efecto se dicten.

Cuando los trabajos estén completamente terminados, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público enviará al de Gobierno copias auténticas de los planos y documentos respectivos para su distribución entre las entidades políticas interesadas y su publicación en el Diario Oﬁcial.

Artículo 26º.- Derogado por el art. 14, Ley 1447 de 2011. Cuando se decretare la formación de nuevos Municipios, el acto concerniente deberá prever el deslinde y amojanamiento del caso, observando las disposiciones establecidas por el presente Código.

Artículo 27º.- Derogado por el art. 14, Ley 1447 de 2011. Para agregar o segregar términos municipales correspondientes a un mismo Departamento, deben llenarse las siguientes condiciones:

Petición motivada hecha a la Asamblea Departamental por los Concejos Municipales respectivos, y por la mitad, por lo menos, de los ciudadanos de la región que se trata de
Estudio de los límites por el ingeniero catastral competente, asistido por los Personeros de los Municipios interesados y por el Gobernador o su En el caso de que alguno de los Personeros Municipales se negare a asistir a ese estudio,. La diligencia será válida con la constancia de habérsele citado personalmente en debida oportunidad, y

Parágrafo.- Es entendido que los Municipios que sufran segregación deberán quedar con los requisitos exigidos por este Código, para creación de nuevos Municipios, en cuanto a población y rentas municipales se reﬁere.

Artículo 28º.- Los propietarios están en la obligación de dar libre entrada a sus ﬁncas a los ingenieros y en general a los funcionarios encargados del establecimiento y conservación del catastro Nacional, debidamente autorizados. Deben también conservar bajo su responsabilidad, los puntos ﬁjos, señales u otras referencias indispensables a las operaciones topográﬁcas y catastrales, localizadas en sus propiedades.

El órgano ejecutivo, al reglamentar este Código, determinará las penas aplicables a quienes violen las disposiciones contenidas en la presente norma.

Artículo 29º.- Cuando sobre los nombres de los principales detalles topográﬁcos no haya acuerdo, las entidades competentes darán la solución deﬁnitiva al ratiﬁcar los límites.

Los Alcaldes Municipales están en la obligación de dar aviso a los Ministerios de Gobierno y de Hacienda y Crédito Público sobre los cambios ocurridos en los nombres de los principales detalles topográﬁcos en las regiones de su jurisdicción, para hacer las anotaciones en los planos respectivos.

TÍTULO III

De la Planeación Municipal

CAPÍTULO I

De los planes de desarrollo.

Artículo 30º.- Igualmente, a iniciativa del Gobierno la ley determinará lo relativo a planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas de los Municipios, y podrá también atendiendo sus categorías, conforme al artículo 198, otorgar exclusivamente al Alcalde la iniciativa de los proyectos de acuerdo sobre determinadas materias. (Artículo 189, inciso segundo, de la Constitución Política).

Artículo 31º.- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 32º.- El desarrollo de las áreas urbanas se regulará dentro de una política Nacional de equilibrio entre las diversas regiones del territorio y entre las zonas rurales, urbanas y de conservación ecológica. Así mismo se procurará la óptima utilización del suelo urbano y de los limitados recursos de inversión en vivienda, infraestructura y equipamiento y la participación de la sociedad en el valor de la tierra que se deba exclusivamente al crecimiento de las ciudades o al gasto público.

Artículo 33º.- Modiﬁcado por el art. 1, Ley 9 de 1989, Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997.

Artículo 34º.- Modiﬁcado por el art. 2, Ley 9 de 1989, Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Artículo 35º.- Modiﬁcado por el art. 3, Ley 9 de 1989, Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Artículo 36º.- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997.

Artículo 37º.- Los acuerdos de los Concejos señalarán calidades para el desempeño de los cargos de jefes de las oﬁcinas municipales de planeación o de las dependencias que hagan sus veces.

CAPÍTULO II

Del urbanismo.

Artículo 38º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 39º.- Derogado expresamente art. 127, Ley 9 de 1989, Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997.

Artículo 40º.- Corresponde a los Concejos Municipales disponer lo conveniente sobre trazado, apertura, ensanche y arreglo de las calles de las poblaciones y caseríos; y conceder permiso para ocuparlas con canalizaciones subterráneas y postes para alambres y cables eléctricos, rieles para ferrocarriles, torres y otros aparatos para cables aéreos, y en general, con accesorios de empresas de interés municipal.

Si las empresas interesaren a varios Municipios o a todo un Departamento, corresponde a las Gobernaciones respectivas o a las autoridades que designen las ordenanzas conceder los permisos; y si interesaren a más de un Departamento o a toda la Nación, corresponde al Gobierno o a la autoridad que designe la ley, concederlo.

Artículo 41º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 42º.- Los municipios podrán ordenar la suspensión de las obras o explotaciones que afecten la seguridad pública o perjudiquen el área urbana.

Artículo 43º.- La ejecución de planes de desarrollo urbano y la constitución de reservas para futuras extensiones de las ciudades, o para la protección del sistema ecológico, son motivos de utilidad pública o interés social.

También lo son, la adquisición de zonas de terrenos que las entidades de derecho público necesitaren para sus empresas de servicio público como teléfonos, plantas eléctricas, mataderos, alcantarillados, fajas en las estaciones de ferrocarriles para bodegas, paraderos, oﬁcinas públicas y para el ensanche, reforma y mejora de cárceles, hospitales, cementerios y fábricas de licores.

Artículo 44º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 45º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 46º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 47º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 48º.- En los centros urbanos, las industrias que por su naturaleza puedan causar deterioro ambiental estarán situadas en zona determinada en forma que no causen daño o molestia a los habitantes de sectores vecinos, ni a sus actividades, para lo cual se tendrán en cuenta la ubicación geográﬁca, la dirección de los vientos y las demás características del medio y las emisiones no controlables.

Artículo 49º.- El matadero público de los municipios se establecerá en lugar apartado, de acuerdo con el dictamen de los funcionarios de higiene, para garantía de la salubridad pública.

Artículo 50º.- Se tomarán las medidas necesarias para que las industrias existentes en zona que no sea adecuada, según el artículo 48, se trasladen a otra en que se llenen los mencionados requisitos y, entre tanto, se dispondrá lo necesario para que se causen las menores molestias a los vecinos.

Artículo 51º.- En el sector rural, la instalación de industrias, que por su naturaleza puedan provocar deterioro ambiental, se hará teniendo en cuenta los factores geográﬁcos, la investigación previa del área para evitar que las emisiones o vertimientos no controlables causen molestias o daños a los núcleos humanos, a los suelos, a las aguas, a la fauna, al aire o a la ﬂora del área. Ver art. 49, Decreto Nacional 2150 de 1995

CAPÍTULO III

De las Zonas de Reserva Agrícola

Artículo 52º.-Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 53º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 54º.- No podrá extenderse el perímetro urbano de manera tal que incorpore dentro del área por él determinada, suelos que según la clasiﬁcación del Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi pertenezcan a las clases I, II o III, ni a aquellos correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal.

Artículo 55º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 56º.- Toda persona dueña de un predio podrá solicitar a las autoridades distritales, metropolitanas o municipales correspondientes la expedición de un certiﬁcado en el cual se especiﬁquen sus características, sus linderos generales, y la circunstancia de encontrarse o no situado dentro de una zona de reserva agrícola.

Artículo 57º.- La presentación del certiﬁcado de uso del suelo en las zonas de reserva agrícola constituye requisito esencial para:

El otorgamiento de cualquier licencia de construcción por parte de las autoridades municipales, metropolitanas o
La ampliación del área de prestación de servicios públicos por parte de las empresas públicas, municipales, metropolitanas o

Parágrafo. – Las Tesorerías Municipales y las oﬁcinas de Registro de Instrumentos Públicos harán constar en el paz y salvo predial municipal y en los certiﬁcados de libertad, respectivamente, los inmuebles que estén dentro de las zonas de reserva agrícola.

Ver Proyecto Acuerdo Distrital 017 de 2001 Ver Proyecto Acuerdo Distrital 017 de 2002

Artículo 58º.- Derogado expresamente por el art. 138, Ley 388 de 1997

Artículo 59º.- La modiﬁcación de los reglamentos del uso de los suelos de las zonas de reserva agrícola por las autoridades competentes, se hará con sujeción a los criterios y orientaciones generales establecidas al respecto, tanto por los planes de desarrollo departamental como por las Corporaciones de Desarrollo donde éstas existan.

Artículo 60º.- Constituye contravención de policía toda violación de las reglamentaciones sobre usos del suelo en zonas de reserva agrícola. Al infractor se le impondrá sanción de suspensión o demolición de las obras construidas y de multas, según la gravedad de la infracción, en cuantías que no podrán ser superiores al valor catastral del predio ni inferiores al valor de la obra ejecutada. En caso de que el valor de las obras sea superior al avalúo, el valor de la obra constituirá el límite superior.

Artículo 61º.- Dentro de los seis meses siguientes a la constitución de cada zona de reserva agrícola, los propietarios de los predios por ella comprendidos deberán informar al Ministerio de Agricultura sobre la ubicación, extensión y uso de los mismos.

Si no se diere cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, se presume que en la fecha de constitución de la respectiva zona, la totalidad del predio se dedicaba a la actividad agrícola, pecuaria o forestal.

Artículo 62º.- Las autoridades de policía de los municipios, del Distrito Especial de Bogotá y de las Áreas Metropolitanas, de oﬁcio o a petición de cualquier persona y mediante el procedimiento que establezca el Gobierno Nacional, investigarán los actos que contraríen las normas contenidas en los artículos anteriores, y en las disposiciones que conforme a la misma expida el Gobierno Nacional en cuanto al uso de predios ubicados en zonas de reserva agrícola. Establecida la violación, se procederá a imponer las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 63º.- Las autoridades distritales, municipales y metropolitanas informarán oportunamente a las autoridades Nacionales competentes de la adopción o modiﬁcación de los planes integrales y en especial de las reglamentaciones sobre el uso del suelo, a ﬁn de que se establezcan normas a las cuales deban someterse las entidades ﬁnancieras que consagren modalidades diferenciales para la utilización del crédito.

Artículo 64º.- Las entidades del sector oﬁcial encargadas de la prestación de servicios públicos se someterán estrictamente, en la programación de sus inversiones y en la ﬁjación de tarifas, a los planes integrales de desarrollo y en especial a los criterios de utilización del suelo señalados en los mismos.

Artículo 65º.- Los preceptos de los artículos 52 y siguientes del presente Código serán aplicables a los municipios cuya población exceda de trescientos mil (300.000) habitantes y a los situados a menos de sesenta (60) kilómetros del perímetro de los primeros.

TÍTULO IV

De los Concejos

CAPÍTULO I

De su organización y funcionamiento.

Artículo 66º.- En cada Distrito Municipal habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará Concejo Municipal y estará integrado por no menos de seis, ni más de veinte miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será el mismo de los Concejales principales, y reemplazarán a éstos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral. (Artículo 196, inciso primero, de la Constitución Política).

Artículo 67º.- Los Concejos Municipales se compondrán de los siguientes Concejales:

Los municipios cuya población no exceda de cinco mil habitantes, elegirán seis (6); los que tengan de cinco mil uno a diez mil, elegirán ocho (8); los que tengan de diez mil uno hasta veinte mil, elegirán diez (10) ; los de veinte mil uno hasta cincuenta mil, elegirán doce (12); los de cincuenta mil uno hasta cien mil, elegirán quince (15) ; y uno más por cada cien mil habitantes, hasta completar el máximo de veinte (20).

Artículo 68º.- Las cifras de población a que se reﬁere el artículo anterior, serán las consignadas en el último censo aprobado por la ley. Si el municipio fuere de creación posterior a la fecha del censo legalmente aprobado, se tomará en cuenta, para los mismos efectos, último censo realizado aunque no haya sido aprobado por la ley y , en su defecto, la población acreditada para la expedición de las ordenanzas que creó el respectivo Distrito Municipal.

Artículo 69º.- La Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la elaboración y publicación oportuna de la lista del número de Concejales que puede elegir cada municipio.

Artículo 70º.- El Congreso pleno, las Cámaras y las Comisiones de éstas podrán abrir sus sesiones y deliberar con la tercera parte de sus miembros.

Pero las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la constitución determine un quórum diferente. (Artículo 82 de la Constitución Política).

Artículo 71º.- En el Congreso pleno, en las Cámaras y en las Comisiones Permanentes de éstas, las decisiones se tomarán por la mitad más uno de los votos de los asistentes, a no ser que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.

Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las Asambleas Departamentales, Consejos Intendenciales y Comisariales y Concejos Municipales. (Artículo 83, inciso 1 y 3 de la Constitución Política).

Artículo 72º.- Los Concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a la validez de las convocatorias, de las reuniones y de la actuación de los Concejales elegidos en calidad de suplentes. Mientras se expiden tales reglamentos los Concejales suplentes sólo podrán actuar válidamente cuando se presente la vacancia transitoria o absoluta, o la ausencia temporal de respectivo Concejal principal y esta circunstancia se compruebe documentalmente ante la Secretaría del Concejo.

Artículo 73º.- Los Presidentes de los Concejos llamarán según el orden de colocación en la respectiva lista electoral, a los Concejales suplentes en los casos de faltas absolutas o temporales de los principales.

Son faltas absolutas la muerte, la renuncia aceptada y la incapacidad legal o física permanentes para desempeñar el cargo. Los Concejales suplentes sólo podrán actuar después de haber tomado posesión del cargo.

Artículo 74º.- Nadie podrá ser elegido simultáneamente Alcalde y Congresista, Diputado, Consejero Intendencial o Comisarial, o Concejal. Tampoco podrán ser elegidos Alcaldes los Congresistas durante la primera mitad de su período constitucional. La infracción de este precepto vicia de nulidad ambas elecciones. (Artículo 201, inciso 2, de la Constitución Política).

Artículo 75º.- Durante el tiempo en que un Concejal principal o suplente se desempeñe como empleado oﬁcial de cualquier nivel, se produce vacante transitoria en el Concejo que deberá ser llenada conforme a las disposiciones legales.

Artículo 76º.- Modiﬁcado por el art. 18, Ley 53 de 1990, decía así: «Los Secretarios llevarán el libro de actas y los demás que determinen los acuerdos respectivos, o que ordene el Presidente».

Artículo 77º.- No puede ser Secretario remunerado de un Concejo Municipal ninguno de sus miembros.

Artículo 78º.- Suspendido por el art. 6°, Decreto Nacional 2255 de 2002. Las reuniones de los Concejos que se efectúen fuera del lugar señalado oﬁcialmente como sede de las sesiones y los actos que en ellas se realicen, carecen de validez.

Artículo 79º.- Los Concejos se reúnen ordinariamente por derecho propio, cuatro veces al año, así: el primero (1) de agosto, el primero (1) de noviembre, el primero (1) de febrero y el primero (1) de mayo. Cada vez las sesiones durarán treinta (30) días prorrogables, a juicio del respectivo Concejo, por diez (10) días más.

Artículo 80º.- También se reunirán extraordinariamente los Concejos por convocatoria del Alcalde respectivo. En estos casos se ocuparán exclusivamente de los asuntos que someta a su consideración la autoridad que los convocare.

CAPÍTULO II

De los Concejales

Artículo 81º.- Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intedenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial. (Artículo 171 de la Constitución Política).

Artículo 82º.- La ley determinará las calidades e incompatibilidades de los concejales y la época de las sesiones ordinarias de los Concejos. (Artículo 196, inciso 2 de la Constitución Política).

Artículo 83º.- Los miembros del concejo se denominará Concejales. Para ser elegido Concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y no haber sido condenado a pena de prisión. Se exceptúan de esta prohibición los condenados por delitos políticos. Tampoco podrán ser elegidos Concejales, quienes dentro de los dos años anteriores a la elección hayan sido contratistas del respectivo municipio o dentro de los seis (6) meses anteriores a la misma fecha hayan sido empleados oﬁciales, ni quienes, en cualquier época y por autoridad competente, hayan sido excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados más de dos veces por faltas a la ética profesional y a los deberes de un cargo público.

Artículo 84º.- No podrán ser elegidos Concejales los apoderados de los contratistas del correspondiente municipio.

Artículo 85º.- Los Concejales serán elegidos para períodos de dos años y podrán ser reelegidos indeﬁnidamente. Su período se iniciará el primero (1) de agosto siguiente a la fecha de su elección.

Parágrafo transitorio. El período de los Concejales elegidos en marzo de 1986 termina el treinta y uno (31) de julio de 1988, mes durante el cual sesionarán ordinariamente sin derecho a los diez (10) días de prórroga de que habla el artículo 79.

Artículo 86º.- Las renuncias y excusas de los Concejales para servir sus cargos, serán presentadas ante el Alcalde.

Artículo 87º.- Modiﬁcado por el art. 19, Ley 53 de 1990, decía así: «Los Concejales principales y suplentes no podrán ser nombrados empleados o trabajadores del respectivo Municipio, a menos que fuere en los cargos de Secretario de la Alcaldía o Gerente de la entidad descentralizada.

Los Personeros, Tesoreros, Contralores, Auditores y Revisores no podrán nombrar para ningún cargo en las oﬁcinas de su dependencia a los Concejales principales o suplentes, ni a los parientes de los mismos dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de aﬁnidad o primero civil. Es nulo todo nombramiento que se haga en contravención a lo aquí dispuesto. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1675 de 2005

Artículo 88º.- Los Senadores y Representantes principales, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura por vencimiento del período para el cual fueron elegidos, así como los suplentes que hubieren ejercido el cargo durante el tiempo de dicho ejercicio, no podrán:

Celebrar por si mismo o por interpuesta persona contratos de ninguna clase con la administración pública ni con los institutos o empresas oﬁciales ni con aquellas en las cuales la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios tengan capital superior al cincuenta por ciento (50%).
Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la administración pública.
Intervenir en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, donde tengan interés la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios y las entidades oﬁciales o semioﬁciales.
Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas en sus distintos

NOTA: Declarado exequibles los literales c) y d) del presente artículo, salvo la expresión «las Intendencias, las Comisarías del literal c), que se declaran INEXEQUIBLES.

Las prohibiciones anteriores comprenden a los Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales en relación con el respectivo Departamento, Intendencia o Comisaría y los Municipios que los integran, y a los Concejales en relación con el respectivo municipio, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura.

Artículo 89º.- Lo anterior no obsta para que los Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Indentenciales y Comisariales y Concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado actuar en los siguientes asuntos:

En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés.
Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que graven a las mismas
Usar los bienes o servicios y celebrar los contratos que las entidades oﬁciales, los institutos descentralizados y las sociedades de economía mixta ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que los
Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público y ante lo Contencioso Sin embargo, los Congresistas principales o los suplentes durante el ejercicio de su cargo no podrán ser apoderados y defensores ni peritos en los procesos de toda clase que afecten intereses ﬁscales o económicos de la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios, los institutos descentralizados y las empresas de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.
En los juicios de sucesión y en las insinuaciones de donación, la prohibición anterior sólo se reﬁere a los incidentes que se susciten dentro de ellos por la ﬁjación de los impuestos respectivos.
Actuar como apoderado de los municipios o de los institutos o empresas dependientes de éstos en asuntos judiciales o administrativos, siempre y cuando que la gestión no sea

Artículo 90º.- Las actuaciones que se realicen contraviniendo lo dispuesto en los artículos anteriores y las decisiones de autoridades generadas en esas actuaciones, serán nulas. Cualquier persona o el Ministerio público podrá pedir la declaratoria de esa nulidad ante la autoridad competente.

Los contratos que se celebren contraviniendo las disposiciones anteriores carecerán de validez, y no podrán generar pagos. Si éstos se hubieren efectuado, el contratista estará obligado a reintegrar su valor e indemnizar los perjuicios que hubiere causado.

Los funcionarios públicos que permitieren la intervención de las personas afectadas por las mismas incompatibilidades, incurrirán en mala conducta, que se sancionará con la destitución.

Artículo 91º.- Las incompatibilidades que la ley establece para los Concejales principales y suplentes, rigen desde el momento de su elección, hasta el vencimiento del período respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán por un año después de su aceptación, si faltare un lapso mayor para el vencimiento del período.

Para los efectos previstos en este estatuto, se adquiere la calidad de Concejal desde el momento de la elección y se conserva hasta el vencimiento del período.

CAPÍTULO III

De sus atribuciones.

Artículo 92º.- Son atribuciones de los Concejos, que ejercerán conforme a la ley, las siguientes:

Ordenar por medio de acuerdos, lo conveniente para la administración del Distrito;
Votar, en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas, las contribuciones y gastos locales;
Determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos;
Crear, a iniciativa del alcalde, los establecimientos públicos, sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las normas que determine la ley;
Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio, con base en el proyecto presentando por el alcalde;
Elegir Personeros Contralores Municipales cuando las normas vigentes lo autoricen, y los demás funcionarios que la ley determine;
Autorizar al alcalde para celebrar contratos, negociar, empréstitos, enajenar bienes municipales y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a los Concejos, y
Ejercer las demás funciones que la ley le señale. (Artículo 197 de la Constitución Política).

Artículo 93º.- Son atribuciones legales de los Concejos:

Imponer contribuciones para el servicio municipal, dentro de los límites señalados por la ley y las ordenanzas, y reglamentar su recaudo e inversión;
Modiﬁcado por el art. 1, Ley 53 de 1990, decía así: «Nombrar los Personeros y Tesoreros Municipales;
Arreglar la policía en sus diferentes ramos, sin contravenir a las leyes y ordenanzas, ni a los Decretos del Gobierno, ni del Gobernador respectivo;
Señalar multas y penas de arresto hasta por diez (10) días a los que infrinjan sus acuerdos;
Exigir a los empleados del municipio los informes que necesite para el buen desempeño de sus deberes;
Oír y decidir las excusas accidentales de sus miembros;
Reglamentar sus trabajos y policía interior;
Acordar lo conveniente a la mejora, moralidad y prosperidad del municipio, respetando los derechos de los otros y las disposiciones de la Constitución y las leyes;
Caliﬁcar las credenciales de sus propios miembros;
Señalar el día o días en que deba tener lugar el mercado público;
Reglamentar el repartimiento y entrega de los terrenos comunales y de los baldíos cedidos al municipio; y
Disponer lo conveniente acerca de la manera como debe hacerse uso de los terrenos comunales de los municipios. Artículo 94º.- La administración de los intereses del municipio está a cargo del Concejo.

Artículo 95º.- Cada Concejo puede arreglar los detalles de la administración, sin contravenir a las disposiciones de la leyes.

Artículo 96º.- El suministro de energía eléctrica es un servicio público fundamental y en su establecimiento, desarrollo y ﬁnanciación cooperarán la Nación, los departamentos y los municipios.

Artículo 97º.- Declárase de utilidad pública la adquisición por la Nación, los departamentos o los municipios, de las empresas de producción, conducción y distribución de energía eléctrica, las de teléfonos y las de acueductos, destinadas a prestar servicios públicos.

Artículo 98º.- Es obligación de los municipios que tengan más de 25.000 habitantes establecer casas de asilo para mendigos, con el objeto de que pueda prohibirse la mendicidad en lugares públicos.

Artículo 99º.- Es prohibido a los Concejos:

Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes, a contribuir con dinero o servicios para ﬁestas o regocijos públicos;
Aplicar los bienes o rentas municipales a objetos distintos del servicio público;
Decretar honores y ordenar la erección de estatuas, bustos u otros monumentos conmemorativos, a costa de los fondos públicos, salvo casos excepcionales;
Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, ya por medio de acuerdos o de simples resoluciones;
Dar votos de aplauso o de censura a actos oﬁciales; pero podrán pedir la revocación de los que estimen ilegales o inconvenientes, exponiendo los motivos en que se funden;
Nombrar a ninguno de sus miembros para algún destino lucrativo ni a los parientes de éstos, dentro del segundo grado de consanguinidad o aﬁnidad, ni a los deudores del ﬁsco;
Privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantías o protección de que disfruten de los del propio municipio;
Prohibir o impedir de cualquier modo el libre funcionamiento de los mercados que se establezcan o ya existan en propiedades particulares que estén situadas a más de tres kilómetros de la cabecera del municipio; y
Grabar las actividades a que se reﬁere el artículo 259 de este Código.

CAPÍTULO IV

De la elección de funcionarios.

Artículo 100º.- Modiﬁcado por el art. 2, Ley 53 de 1990, decía así: «Los Concejos elegirán funcionarios en las sesiones ordinarias inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación del período del elegido. En los casos de falta absoluta, lo podrán hacer en cualquier momento.

Siempre que se haga una elección después de principiado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso».

Artículo 101º.- Si dos o más personas alegaren haber sido elegidas contralores, personeros, tesoreros, auditores o revisores, para un mismo período, dentro de los diez (10) días siguientes a la respectiva elección deberán entregar al alcalde las pruebas, documentos y razones en que fundan su pretensión. Si así no lo hicieren, el alcalde reunirá la documentación que fuere del caso.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que se complete la documentación pertinente, el alcalde la remitirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida, con carácter deﬁnitivo, si la elección se realizó con el lleno de las formalidades previstas en la ley. El Tribunal fallará dentro del término de veinte (20) días, durante el cual podrá ordenar y practicar pruebas de oﬁcio. Cualquier persona puede impugnar o defender la elección. Contra ésta y por motivos distintos de los que fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal, proceden las demás acciones judiciales que consagre la ley.

Mientras se realiza la posesión del contralor, personero, tesorero, auditor o revisor válidamente elegido, la persona que venía desempeñando el cargo continuará ejerciéndolo.

Artículo 102º.- Los municipios repetirán contra las personas que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que hubieran pagado por esta causa. La violaciones de la ley, para estos efectos deben haber sido maniﬁestas u ostensibles conforme a la respectiva decisión de la autoridad judicial.

Artículo 103º.- Los Contralores, Personeros, Tesoreros, Auditores y Revisores que ejerzan el cargo en propiedad, sólo podrán ser removidos o suspendidos antes del vencimiento de su período por decisión judicial o de la Procuraduría General de la Nación.

TÍTULO V

De los acuerdos

Artículo 104º.- Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los Concejales, por los alcaldes y sus secretarios, y, en los asuntos de su ramo, por los personeros, contralores y «tesoreros» municipales. Subrayado Tesorero suprimido Ley 53 de 1990

Artículo 105º.- Igualmente, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará lo relativo a planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas de los municipios y podrá también, atendiendo sus categorías conforme al artículo 198, otorgar exclusivamente al alcalde la iniciativa de los proyectos de acuerdo sobre determinadas materias. (Artículo 189, inciso 29, de la Constitución Política).

Artículo 106º.- Los acuerdos a que se reﬁeren los artículos 92, atribuciones 4 y 5, 288, inciso primero, 289, inciso primero y 311, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde. Los Concejos conservarán el derecho de introducir en estos proyectos y respecto de las materias especíﬁcas sobre que versen, las modiﬁcaciones que acuerden.

Artículo 107º.- Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia, y serán inadmisibles las disposiciones o modiﬁcaciones que no se relacionen con el mismo. Conforme al reglamento interno del Concejo, la Presidencia del mismo podrá rechazar las iniciativas que violen la presente disposición.

Artículo 108º.- Para que un proyecto sea acuerdo debe aprobarse en tres debates, celebrados en tres días distintos. Además, debe haber sido sancionado y publicado.

Artículo 109º.- Los Concejos integrarán comisiones permanentes encargadas de rendir informe para segundo y tercer debate a los proyectos de acuerdo, según los asuntos o negocios de que éstas conozcan y el contenido del proyecto. Si dichas comisiones no se hubieren creado o integrado, los informes se rendirán por las comisiones ad hoc que la Presidencia nombre para el efecto.

Todo Concejal deberá hacer parte de una comisión y en ningún caso podrá pertenecer a más de dos comisiones permanentes.

Artículo 110º.- Los proyectos que no recibieren aprobación por lo menos en dos debates durante el período a que se reﬁere el artículo 85, deberán ser archivados y podrán volverse a presentar, si se quiere que el Concejo se pronuncie sobre ellos.

Artículo 111º.- Aprobado en tercer debate un proyecto de acuerdo, se pasará al alcalde para su sanción.

Artículo 112º.- Los Alcaldes pueden objetar los proyectos de acuerdo aprobados por los Concejos, por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley o las ordenanzas, dentro de los términos que señala el artículo siguiente.

Artículo 113º.- El Alcalde dispone del término de cinco días para devolver con objeciones un proyecto que no conste de más de veinte artículos, y de ocho días cuando el proyecto pase de ese número de artículos.

Si el alcalde una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto objetado, deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si el Concejo se pusiere en receso dentro de esos términos, el alcalde está en la obligación de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de los seis días siguientes a aquél en que el Concejo haya cerrado sus sesiones.

Artículo 114º.- El Alcalde sancionará sin poder presentar nuevas objeciones el proyecto que reconsiderado por el Concejo fuere aprobado. Sin embargo, si el Concejo rechaza las objeciones por violación a la Constitución, la ley o la ordenanza, el proyecto será enviado por el alcalde al Tribunal Administrativo, dentro de los diez (10) días siguientes, acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), para que éste decida conforme al trámite señalado en el artículo 121 de este Código.

Artículo 115º.- Sancionado un acuerdo será publicado en el respectivo Diario, Gaceta o boletín Oﬁciales si los hubiere, o por bando en un día de concurso.

Artículo 116º.- Los acuerdos expedidos por los Concejos y sancionados por los alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a partir de la fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen fecha posterior para el efecto. La publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su sanción.

Artículo 117º.- Dentro de los tres (3) días siguientes al de la sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al Gobernador del Departamento para su revisión jurídica. La revisión aquí ordenada no suspende los efectos de los acuerdos.

Artículo 118º.- Son atribuciones del Gobernador:

8º Revisar los actos de los Concejos Municipales y de los alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez. (Artículo 194, ordinal 8, de la Constitución Política).

Artículo 119º.- Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez. Ver art. 13, Ley 4 de 1992

Artículo 120º.- El Gobernador enviará al Tribunal copia del acuerdo acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). El mismo día en que el Gobernador remita el Acuerdo al Tribunal, enviará copia de su escrito a los respectivos alcalde, personero y Presidente del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso. Ver art. 13, Ley 4 de 1992

Artículo 121º.- Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite:

Si el escrito reúne los requisitos de ley, el Magistrado sustanciador ordenará que el negocio se ﬁje en lista por el término de diez (10) días durante los cuales el ﬁscal de la corporación y cualquiera otra persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de

Vencido el término de ﬁjación en lista se decretarán las pruebas pedidas por el Gobernador y los demás intervinientes. Para la práctica de las mismas se señalará término no superior a diez (10) días.

Practicadas las pruebas pasará el asunto al Despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el Tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso Ver art. 13, Ley 4 de 1992

Artículo 122º.- Las ordenanzas de las Asambleas y los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Artículo 192 de la Constitución Política).

Artículo 123º.- Son nulos los acuerdos expedidos en contravención a las disposiciones de la Constitución, de las leyes o de las ordenanzas. Los demás son válidos, aunque puedan ser tachados, con justicia, de inconvenientes.

Artículo 124º.- Los acuerdos u otros actos de los Concejos Municipales anulados deﬁnitivamente por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en el concepto de ser contrarios a la Constitución o a las leyes, o lesivos de derechos civiles, no podrán ser reproducidos por aquellas corporaciones si conservan la esencia de las mismas disposiciones anuladas, a menos que una disposición legal, posterior a la sentencia, autorice expresamente a los Concejos para ocuparse de tales asuntos.

Parágrafo.- Los acuerdos y demás actos que se expidan en contravención de esta disposición son nulos. Los alcaldes objetarán los proyectos de acuerdo que se encuentren en este caso, y estas objeciones sólo podrán ser declaradas infundadas por la mayoría absoluta de los votos de los Concejales.

Artículo 125º.- Si el Alcalde no cumpliere el deber de objetar los proyectos de acuerdo, o si las objeciones fueren declaradas infundadas por el Concejo, el acto es acusable por cualquiera de las autoridades o de las personas que puedan hacerlo.

Artículo 126º.- Para todo lo relativo a la nulidad de los acuerdos se estará a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo (Decreto – Ley 01 de 1984).

Artículo 127º.- Aprobado un proyecto o resolución cualquiera, puede ser reconsiderado y modiﬁcado, pero no se pueden revocar nombramientos ya comunicados, y cuando se trate de un acuerdo la revocación tiene que ser por medio de otro.

TÍTULO VI

De los alcaldes

Artículo 128º.- En todo municipio habrá un alcalde que será jefe de la administración municipal. (Artículo 200 de la Constitución Política).

Artículo 129º.- Los Alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos para períodos de dos (2) años, el día que ﬁje la ley, y ninguno podrá ser reelegido para el período siguiente.

Nadie podrá ser elegido simultáneamente Alcalde o Congresista, Diputado, Consejero Intendencial o Comisarial o Concejal. Tampoco podrán ser elegidos alcaldes los congresistas durante la primera mitad de su período constitucional. La infracción de este precepto vicia de nulidad ambas elecciones.

El Presidente de la República y los Gobernadores, Intendentes o Comisarios, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán al Alcalde de Distrito Especial y a los demás alcaldes, según sus respectivas competencias. La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución.

También determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes, fecha de posesión, faltas absolutas o temporales, y forma de llenarlas y dictará las demás disposiciones necesarias para su elección y el normal desempeño de sus cargos.

Parágrafo transitorio.- La primera elección de Alcaldes tendrá lugar el segundo domingo de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988). (Artículo 201 de la Constitución Política).

Artículo 130º.- El Alcalde es el Jefe de la Administración Pública en el Municipio y ejecutor de los acuerdos del Concejo. Le corresponde dirigir la acción administrativa, nombrando y separando libremente sus agentes y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.

El Alcalde es Jefe de Policía en el Municipio. La Policía Nacional, en el Municipio, estará operativamente a disposición del Alcalde, que dará sus ordenes por intermedio del respectivo Comandante de policía o de quien lo reemplace. Dichas órdenes son de carácter obligatorio y deberán ser atendidas con prontitud y diligencia.

Artículo 131º.- El Alcalde es el representante legal del Municipio para todos los efectos a que hubiere lugar. Artículo 132º.- Las atribuciones generales de los Alcaldes son las siguientes:

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, acuerdos y Decretos que estén en vigor;
Cuidar de que el Concejo se reúna oportunamente, desempeñe los deberes que le corresponden y convocarlo a reuniones extraordinarias;
Suministrar al Concejo los informes y datos que necesite para el buen desempeño de sus funciones y cada vez que aquél se reúna en sesiones ordinarias, presentar un informe general sobre la marcha de la administración en el trimestre anterior;
Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes a la buena marcha del Municipio;
Sancionar u objetar los acuerdos expedidos por el Concejo y publicarlos en debida forma;
Velar porque los empleados del servicio municipal desempeñen oportuna y debidamente sus funciones;
Nombrar y remover libremente los empleados de su oﬁcina;
Dictar los actos necesarios para la administración del personal que presta sus servicios en el Municipio de conformidad con el artículo 294 de este Código.
Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el presupuesto y los reglamentos ﬁscales;
Inspeccionar con frecuencia los establecimientos públicos del municipio, para que marchen con regularidad;
Imponer multas, o arresto hasta de seis (6) días, a los que desobedezcan o no cumplan sus órdenes y a los que le falten al debido respecto;
Coadyuvar activamente a las medidas que dicten los empleados de instrucción pública;
Cuidar de que los archivos de las oﬁcinas del Municipio se conserven en perfecto estado y buen arreglo;
Dar en el mes de diciembre un informe al Gobernador del Departamento sobre la marcha de la administración pública en el Municipio y las medidas que convenga tomar para mejorarla;
Perseguir a los reos prófugos que haya en el Municipio; y
Despachar sin pérdida de tiempo los exhortos y oﬁcios que les dirijan las autoridades judiciales.

Artículo 133º.- La sanción, promulgación y ejecución de los acuerdos del Concejo corresponde al Alcalde respectivo. Artículo 134º.- El despacho de la alcaldía estará siempre en la cabecera del Municipio.

TÍTULO VII

De los personeros.

Artículo 135º.- Modiﬁcado por el art. 1, Ley 3 de 1990, decía así: «En cada Municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo o veedor ciudadano y agente del Ministerio Público, llamado Personero Municipal, que tendrá un suplente nombrado por el mismo que elija el principal.

El suplente reemplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal, mientras se provee lo conveniente por quien corresponda».

Artículo 136º.- Modiﬁcado por el art. 2, Ley 3 de 1990, decía así: «El período de duración del personero es de un año, contado a partir del 1 de enero, y puede ser reelecto indeﬁnidamente».

Artículo 137º.- Para ser personero se requiere ser abogado titulado o haber terminado estudios de Derecho.

Artículo 138º.- El Personero no ejercerá funciones administrativas distintas de las que las normas vigentes le señalen para el manejo de sus propias oﬁcinas y dependencias.

CAPÍTULO I

Del Personero como defensor del pueblo o veedor ciudadano.

Artículo 139º.- Son atribuciones del Personero, que cumplirá como defensor del pueblo o veedor ciudadano, las siguientes:

Velar por el cumplimiento de la Constitución, leyes, ordenanzas, acuerdos y órdenes superiores en el Municipio;
Promover la ejecución de las leyes y disposiciones administrativas que se reﬁeran a la organización y actividad del Municipio;
Recibir las quejas y reclamos que toda persona le haga llegar referentes al funcionamiento de la administración, al cumplimiento de los cometidos que le señalen las leyes y los relativos a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados;
Vigilar la conducta oﬁcial de los empleados y trabajadores municipales y velar porque desempeñen cumplidamente sus deberes y se les exija responsabilidad por las faltas que cometan;
Intervenir en los procesos de policía para perseguir las contravenciones, coadyuvar al mantenimiento del orden público y colaborar en la defensa de quienes carecen de recursos económicos para ello;
Adelantar investigaciones sobre los hechos que a su juicio impliquen situaciones irregulares y formular las recomendaciones, quejas o acusaciones a que hubiere lugar;
Demandar de las autoridades competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes ﬁscales y de uso público;
Promover ante cualquier autoridad o empleado todo lo que estime conveniente a la mejora y prosperidad del Municipio;
Excitar a las autoridades locales a que tomen las medidas convenientes para impedir la propagación de las epidemias y en general los males que amenacen la población;
Velar por la conservación de los bienes municipales y la puntual y exacta recaudación e inversión de sus rentas; 11ª Concurrir a las sesiones del Concejo cuando se le invite a lo crea conveniente; y 12ª Ejercer las demás funciones que le asignen la ley y el Concejo Municipal en desarrollo de las normas consignadas en este artículo. Artículo 3, Ley 3 de 1990 al presente artículo se le adicionan unos numerales 13 al 19 verlos en el texto de la mencionada Ley.

Artículo 140º.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), también son funciones del Personero:

Instruir debidamente a toda persona que, por manifestación propia, desee o deba formular alguna petición;
Escribir la petición de que se trate, si la persona no pudiere hacerlo por si misma y ello fuere necesario, comprobando en este caso que se cumplan las formalidades previstas en el Código citado;
Recibir y hacer tramitar las peticiones o recursos que las autoridades, por cualquier motivo, no hayan querido recibir;
Aplicar medidas disciplinarias o solicitar su aplicación al que sea competente, a los funcionarios que, sin causa justiﬁcada, diﬁculten o hagan ineﬁcaz el ejercicio del derecho de petición o incurran en las conductas previstas en el artículo 76 del mismo Código Contencioso Administrativo; y
Vigilar en forma constante y directa los sistemas para el cobro de las tarifas de los servicios públicos, y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma rápida y legal.

Artículo 141º.- Si quien fuere competente no quisiere recibir los recursos de reposición, apelación y queja de que trata la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), podrán presentarse ante el Procurador Regional o ante el Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación.

CAPÍTULO II

Del Personero como agente del Ministerio Público.

Artículo 142º.- En los procesos penales de competencia de los jueces municipales y en los sumarios que éstos instruyan, el Ministerio Público será ejercido por el correspondiente Personero Municipal.

Artículo 143º.- Ante los jueces de instrucción criminal, el Ministerio Público será ejercido por el Personero Municipal del lugar donde ocurrieron los hechos que son materia de la investigación.

Artículo 144º.- En los procesos penales de competencia de los jueces de circuito, ante los cuales no actúe de manera permanente un ﬁscal el Ministerio Público será ejercido por el respectivo Personero Municipal.

Artículo 145º.- El Ministerio Público será ejercido por los personeros ante los jueces a que se reﬁeren los artículos anteriores mediante la presentación de los recursos que de acuerdo con la ley pueden interponer contra los autos inhibitorios, los que resuelvan sobre la libertad del sindicado, caliﬁquen el mérito del sumario, ordenen la cesación del procedimiento o el archivo del proceso y las sentencias, todos los cuales les deberán ser notiﬁcados personalmente.

Al Personero Municipal también se le correrá traslado para que emita concepto, en el término de dos (2) días, sobre las solicitudes de excarcelación o de revocatoria del auto de detención, y en el término de cinco (5) días sobre los casos de cesación de procedimiento. Cuando ésta se funde en la prescripción de la acción penal no habrá lugar al traslado y concepto aquí ordenados.

En los procesos en que intervengan, el Personero solicitará la práctica de las pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad.

Artículo 146º.- El traslado de que trata el artículo anterior podrá surtirse sobre las copias completas del expediente y si dentro del término ﬁjado no hubiere concepto del Personero, el Juez decidirá sin la correspondiente vista ﬁscal.

Artículo 147º.- El Personero que sin justa causa no se notiﬁque oportunamente o no conteste el traslado dentro de los términos legales será suspendido del cargo hasta por dos (2) meses, la primera vez, y destituido, la segunda, sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente.

Estas sanciones serán impuestas por la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 148º.- En cualquier estado del proceso, el Personero Municipal será desplazado por el agente especial del Ministerio Público que para el efecto designe el Procurador General de la Nación o el funcionario en quien éste delegue dicha atribución. También podrá ser desplazado por el ﬁscal del juzgado del conocimiento.

Artículo 149º.- La actuación de los Personeros como agentes del Ministerio Público en los procesos penales se cumplirá conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del presente Código y únicamente tendrá lugar en los siguientes casos:

Cuando lo ordene el Procurador General de la Nación o el funcionario en quien éste delegue tal atribución;
Cuando lo soliciten el procesado o los perjudicados con el delito; y
Cuando los respectivos Personeros así lo decidan por encontrarlo conveniente para la recta administración de

«Artículo 150º.- Modiﬁcado por el art. 4, Ley 53 de 1990, decía así: «Están autorizados los Municipios capitales de Departamento para crear Personeros Delegados en lo penal, quienes podrán ser los suplentes del Personero Municipal».

Artículo 151º.- En los procesos civiles de competencia de los juzgados del circuito en que debe intervenir el Ministerio Público, éste será ejercido por los correspondientes ﬁscales.

«Artículo 152º.- Modiﬁcado por el art. 4, Ley 3 de 1990, decía así: «Salvo lo dispuesto en el artículo 150, las normas del presente capítulo empiezan a regir el 1 de enero de 1987».

TÍTULO VIII

De los Tesoreros.

Artículo 153º.- Derogado por el art. 5, Ley 53 de 1990, decía así: «Los Tesoreros tendrán período de un año contado a partir del 1 de enero» Artículo 154º.- Todo individuo que sea nombrado Tesorero deberá asegurar su manejo.

Artículo 155º.- Los Tesoreros tendrán jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro puntual de las obligaciones a favor de los municipios. Dicha función la ejercerán conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 252 del código contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), y 561 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

TÍTULO IX

De las entidades descentralizadas.

Artículo 156º.- Reglamentado por el Decreto Nacional 3446 de 1986. Las entidades descentralizadas municipales se someten a las normas que contenga la ley y a las disposiciones que, dentro de sus respectivas competencias, expidan los Concejos y demás autoridades locales en lo atinente a su deﬁnición, características, organización, funcionamiento, régimen jurídico de sus actos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de sus juntas directivas, de los miembros de éstas y de sus representantes legales Ver el Decreto Nacional 1967 de 1992

Artículo 157º.- Las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales encargados de la prestación directa de los servicios municipales estarán integrados, así: una tercera parte de sus miembros serán funcionarios de la correspondiente administración municipal; otra tercera parte, representantes de los respectivos Concejos; y la tercera parte restante, delegados de entidades cívicas o de usuarios del servicio o servicios cuya prestación corresponda a los citados establecimientos o empresas. Ver art. 20, Ley 53 de 1990

Artículo 158º.- Los actos que creen las entidades o sus estatutos orgánicos indicarán los funcionarios que hacen parte de las respectivas juntas o concejos y advertirán que si dichos empleados pueden delegar su representación, lo harán designando siempre a otros funcionarios de la administración municipal.

La presidencia de las juntas o consejos corresponde al Alcalde.

Artículo 159º.- Los representantes de los Concejos en las juntas directivas de que trata el presente Título podrán ser Concejales principales o suplentes, o personas ajenas a dichas corporaciones.

Su período no podrá ser mayor del que corresponde al Concejo que representan.

Artículo 160º.- No podrán ser delegados de los usuarios en las juntas o concejos directivos quienes en el momento de la designación o elección tengan el carácter de funcionarios públicos municipales o sean miembros principales o suplentes del Congreso Nacional, las Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales.

Artículo 161º.- Los particulares y Concejales principales y suplentes no podrán ser miembros de más de dos juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas municipales.

Los empleados o funcionarios públicos no podrán recibir remuneración por su asistencia a las juntas o consejos directivos de que formen parte en virtud de mandato legal o por delegación.

Los miembros de las juntas o consejos directivos no podrán ser entre sí ni con el gerente o director de la respectiva entidad parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de aﬁnidad o primero civil. Habrá lugar a modiﬁcar la última elección o designación que se hubiere hecho, si con ella se violó la regla aquí consignada.

Las juntas o consejos directivos y los gerentes o directores no podrán designar para empleos en la respectiva entidad a los cónyuges de éstos o de los miembros de aquéllas ni a quienes fueren parientes de dichos gerentes, cónyuges o miembros dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de aﬁnidad o primero civil. Ver Oﬁcio de fecha 4.07.95. Oﬁcina de Estudios y Conceptos Jurídicos. Inhabilidades. CJA13051995

Artículo 162º.- Los miembros de las juntas directivas aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese sólo hecho la calidad de empleados públicos. Reglamentado por el Decreto Nacional 3446 de 1986

Artículo 163º.- La aplicación de las sanciones que se hubiere lugar por violación de las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de las juntas directivas y de sus miembros y de los representantes legales de las entidades descentralizadas se hará por la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 164º.- Las disposiciones de los anteriores artículos, son aplicables a las entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos locales. En estos casos, se asegurarán la presencia de funcionarios municipales, de representantes de los Concejos y delegados de entidades cívicas o de usuarios en las juntas directivas, guardando las proporciones antes anotadas. Reglamentado por el Decreto Nacional 3446 de 1986

En los actos que autoricen o creen sociedades de economía mixta para la prestación de servicios locales, también se buscará dar cumplimiento a los artículos del presente Código, relacionados con la participación de los usuarios en la administración de las entidades correspondientes.

Artículo 165º.- Transitorio. Antes del 17 de enero de 1987 los Concejos Municipales, los Alcaldes y las Juntas o Concejos Directivos, conforme a sus respectivas competencias, procederán a reformar los estatutos orgánicos de las entidades descentralizadas, a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Título.

TÍTULO X

De los bienes y rentas municipales

CAPÍTULO I

De los bienes

Artículo 166º.- Los bienes y rentas de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva; gozan de las mismas garantías que la propiedad y rentas de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones respecto de derechos o impuestos de tales entidades. (Artículo 183 de la Constitución Política).

Ver Proyecto Acuerdo Distrital 017 de 2001 , Ver Proyecto Acuerdo Distrital 017 de 2002 , Ver Proyecto de Acuerdo Distrital 89 de 2002 Artículo 167º.- La administración y disposición de bienes inmuebles municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las normas que dicten los Concejos Municipales.

Artículo 168º.- El producto de tales bienes, cuando provengan de ejidos, se destinarán exclusivamente a fomentar y ejecutar planes de vivienda.

Artículo 169º.- Los terrenos ejidos situados en cualquier Municipio del país no están sujetos a la prescripción, por tratarse de bienes municipales de uso público o común.

Artículo 170º.- Los bienes de los municipios no pueden ser gravados con impuestos directos Nacionales, departamentales o municipales.

Las vías, puentes y acueductos públicos no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso. Toda ocupación permanente que se haga de estos objetos es atentatoria a los derechos del común, y los que en ello tengan parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables.

CAPÍTULO II

De los impuestos municipales

Artículo 171º.- En tiempo de paz solamente el congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones. (Artículo 43 de la Constitución Política).

Artículo 172º.- Además de los existentes hoy legalmente, los Municipios y el Distrito Especial de Bogotá pueden crear los impuestos y contribuciones a que se reﬁeren los artículos siguientes:

Impuesto

Artículo 173º.- Las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identiﬁcación física, jurídica, ﬁscal y económica de los inmuebles. Ver Sentencia Corte Consticional N° 0504 de 2002

Artículo 174º.- Para los ﬁnes de la formación y conservación del catastro, el avalúo de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las ediﬁcaciones en él comprendidas.

Los terrenos y las ediﬁcaciones, o las fracciones de área de unos y otros, en el caso que no fueren del todo homogéneos respecto a su precio, se clasiﬁcarán de acuerdo con las categorías de precio que deﬁna el Gobierno Nacional en todo el país.

(Este artículo fue derogado por la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo)

Artículo 175º.- Las autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso de períodos de cinco (5) años en todos los Municipios del país, con el ﬁn de revisar los elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario.

Artículo 176º.- En el intervalo entre los actos de formación o actualización del catastro, las autoridades catastrales reajustarán los avalúos para vigencias anuales.

Para calcular la proporción de tal reajuste se establecerá un índice de precios de unidad de área para cada categoría de terrenos y construcciones, tomando como base los resultados de una investigación estadística representativa del mercado inmobiliario, cuya metodología deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.

El Gobierno Nacional determinará la proporción del reajuste para cada año a más tardar el 31 de octubre. Esta proporción no podrá ser superior a la proporción del incremento del índice Nacional promedio de precios al consumidor que determine el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el período comprendido entre el 1 de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior.

Concluido el período de cinco (5) años desde la formación o actualización del catastro, no se podrá hacer un nuevo reajuste y continuará vigente el último avalúo catastral hasta tanto se cumpla un nuevo acto de formación o actualización del avalúo del respectivo predio.

Artículo 177º.- En aquellos Municipios en los cuales no se hubiere formado el catastro con arreglo a las disposiciones de los artículos 174, 175 y 176 de este Decreto, los avalúos vigentes se ajustarán anualmente hasta el 31 de diciembre de 1988, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre de cada año, previo concepto del consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El porcentaje de incremento no será inferior al cincuenta por ciento (50%) ni superior al noventa por ciento (90%) del incremento del índice Nacional promedio de precios al consumidor, registrado para el período comprendido entre el 1 de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior.

Artículo 178º.- Los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 174, 175, 176 y 177 de este Decreto entrarán en vigencia el 1 de enero del año siguiente a aquél en que fueron ejecutados.

Artículo 179º.- El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del avalúo en la oﬁcina de catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio. Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación catastral y contra la decisión procederán por la vía gubernativa los recursos de reposición y apelación.

Artículo 180º.- El Gobierno Nacional, de oﬁcio o por solicitud fundamentada de los Concejos Municipales, debido a especiales condiciones económicas o sociales que afecten a determinados Municipios o zonas de éstos, podrá aplazar la vigencia de los catastros elaborados por formación o actualización, por un período hasta de un (1) año. Si subsisten las condiciones que originaron el aplazamiento procederá a ordenar una nueva formación o actualización de estos catastros.

Igualmente, por los mismos hechos y bajo las mismas condiciones del inciso anterior, el Gobierno podrá, para determinados Municipios o zonas de éstos, deducir el porcentaje de ajuste establecido en los artículos 176 y 177 del presente Decreto.

La reducción a que se reﬁere el inciso anterior podrá ser inferior al límite mínimo del incremento porcentual del índice de precios al consumidor señalada en el artículo 177.

Artículo 181º.- En ningún caso los inmuebles por destinación harán parte del avalúo catastral.

Artículo 182º.- Las labores catastrales de que tratan los artículos anteriores se sujetarán en todo el país a las normas técnicas establecidas por el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi.

En cumplimiento de lo anterior el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi ejercerá las labores de vigilancia y asesoría de las demás entidades catastrales del país.

Artículo 183º.- Antes del 30 de junio de cada año, los propietarios o poseedores de inmuebles o de mejoras podrán presentar ante la correspondiente oﬁcina de catastro la estimación del avalúo catastral. En los Municipios donde no hubiere oﬁcina de catastro, su presentación se hará ante el Tesorero Municipal.

Dicha estimación no podrá ser inferior al avalúo vigente y se incorporará al catastro con fecha 31 de diciembre del año en el cual se haya efectuado, si la autoridad catastral la encuentra justiﬁcada por mutaciones, físicas, valorización o cambio de uso.

Artículo 184º.- Los propietarios o poseedores que presenten la estimación del avalúo, deberán adjuntar a la declaración de renta y patrimonio del año correspondiente, copia del mismo, sellada por la oﬁcina de catastro o por la tesorería ante la cual se haya presentado.

Artículo 185º.- Las autoridades catastrales podrán considerar como indicadores del valor real de cada predio las hipotecas, las anticresis o los contratos de arrendamiento y traslaticios de dominio a él referidos. Las entidades crediticias sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, las encargadas del registro de instrumentos públicos y las notarías quedan obligadas a suministrar a los encargados del catastro, las informaciones correspondientes cuando éstos lo soliciten.

Artículo 186º.- Las tarifas del impuesto predial, incluidas todas las sobretasas municipales, serán ﬁjadas por los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, entre el 4 y el 12 por mil, en forma diferencial, teniendo en cuenta la destinación económica de cada predio.

Exceptuase de la limitación anterior las tarifas para lotes urbanizados no ediﬁcados y para lotes urbanizables no urbanizados. Ley 44 de 1990 Creó el Impuesto Predial Uniﬁcado a que se reﬁere el presente artículo.

Lo anterior sin perjuicio de que las entidades territoriales conserven las tarifas y sobretasas que en la fecha de promulgación de la Ley 14 de 1983 tenían establecidas así excedan en conjunto el doce por mil (12%). A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezcan el respectivo Concejo.

Artículo 187º.- Los propietarios o poseedores de predios o mejoras no incorporadas al catastro, tendrán obligación de comunicar a las oﬁcinas seccionales del Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi, o a las oﬁcinas del catastro de Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia o a las tesorerías municipales en donde no estuvieren establecidas dichas oﬁcinas, tanto el valor como la fecha de adquisición o posesión de estos inmuebles así como también la fecha de terminación y el valor de las mejoras con el ﬁn de que dichas entidades incorporen estos valores con los ajustes correspondientes como avalúos del inmueble.

A los propietarios de predios y mejoras que dentro del término de un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación de la Ley 14 de 1983, no hubieren cumplido con la obligación prescrita en este artículo se les establecerá de oﬁcio el avalúo catastral tomando en cuenta el valor de la escritura, el cual se reajustará anualmente en un ciento por ciento (100%) del incremento del índice de precios al consumidor para empleados que determine el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) desde la fecha de la correspondiente escritura de adquisición.

Cuando las mejoras no estén incorporadas en la escritura se tendrá en cuenta para el avalúo el valor ﬁjado por la oﬁcina de catastro, previa una inspección ocular.

Artículo 188º.- Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán descontar del impuesto de patrimonio, una parte del impuesto predial equivalente a la misma proporción que tenga el inmueble sobre el patrimonio bruto, así: por el año gravable de 1983, el treinta por ciento (30%) de la suma a descontar; por el año gravable de 1984, el sesenta por ciento (60%); por el año gravable de 1985, el ochenta por ciento (80%), y a partir del año gravable de 1986, el ciento por ciento (100%).

Este descuento no podrá exceder del monto del impuesto de patrimonio atribuible a los bienes inmuebles.

Artículo 189º.- Antes del 30 de junio de 1984, las autoridades competentes desvincularán de los avalúos catastrales la ﬁjación de las tarifas de los servicios públicos.

Mientras las tarifas de servicios públicos se determinen con fundamento en los avalúos catastrales, las escalas para dichas tarifas deberán reajustarse anualmente en los mismo porcentajes con que se reajusten los avalúos, de conformidad con los artículos 176 y 177 de este Decreto.

Artículo 190º.- Los avalúos elaborados con los procedimientos señalados en este Decreto, no se aplicarán para la determinación del valor de bienes inmuebles en casos de compraventa, permuta o donación en que sean parte las entidades pública, eventos en los cuales se aplicarán las disposiciones sobre el particular contenidas en el Decreto-Ley 222 de 1983.

Artículo 191º.- A los impuestos dejados de pagar, según la liquidación que establece el artículo 187, causados desde la fecha en que el propietario actual adquirió el inmueble, se les cobrará la sanción moratoria a que se reﬁere el artículo 261 de este Decreto.

La sanción prevista en este artículo no se aplicará a los predios rurales cuando el avalúo catastral de oﬁcio, de que trata el artículo 187 no exceda de $200.000.00.

Artículo 192º.- La actualización del avalúo catastral prevista en el artículo 1 de la Ley 14 de 1983 no rige para los predios del Distrito Especial de Bogotá, cuyo avalúo catastral ya hubiere sido reajustado, en desarrollo de lo dispuesto en el Acuerdo número 1 de 1981 del Concejo de Bogotá.

En todo lo demás el catastro del Distrito Especial de Bogotá se regirá por las disposiciones de este Decreto.

Artículo 193º.- A partir de la vigencia de la Ley 50 de 1984, está cedido a los Municipios de población inferior a 100.000 habitantes el producido del recargo del impuesto predial previsto en el artículo 10 de la Ley 128 de 1941, que constituye un ingreso ordinario de dichas Municipios.

A partir de la misma fecha está eliminado el aporte previsto en el artículo 13 de la Ley 128 de 1941, para los municipios de población inferior a 100.000 habitantes.

Artículo 194º.- Los bienes inmuebles, de propiedad de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden Nacional podrán ser gravados con el impuesto predial en favor del correspondiente Municipio.

II Impuestos de industria y comercio y de avisos y tableros

Artículo 195º.- El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedad de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. La Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE el texto subrayado, contenido en el art. 32 de la Ley 14 de 1983 y compilado mediante este artículo, a través de la Sentencia C-121 de 2006.

Artículo 196º.- El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda Nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: devoluciones -ingresos provenientes de venta de activos ﬁjos y de exportaciones-, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.

Sobre la base gravable deﬁnida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen los Concejos Municipales dentro de los siguientes límites:

Del dos al siete por mil (2-7%) mensual para actividades industriales, y del dos al diez por mil (2-10%) mensual para actividades comerciales y de servicios.

Los municipios que tengan adoptados como base del impuesto los ingresos brutos o ventas brutas podrán mantener las tarifas que en la fecha de la promulgación de la Ley 14 de 1983 habían establecido por encima de los límites consagrados en el presente artículo.

Parágrafo 1º.- Las agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes inmuebles y corredores de seguro, pagarán el impuesto de que trata este artículo sobre el promedio mensual de ingresos brutos entendido como tales el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibidos para sí.

Parágrafo 2º.- Los distribuidores de derivados del petróleo pagarán el impuesto de que trata el presente artículo sobre el margen bruto ﬁjado por el Gobierno para loa comercialización de los combustibles.

Ver art. 33, Ley 14 de 1983

Artículo 197º.- Para los ﬁnes aquí previstos se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes.

Artículo 198º.- Se entiende por actividades comerciales, las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás deﬁnidas como tales por el Código de Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo Código o por este Decreto, como actividades industriales o de servicios. La Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE el texto subrayado, contenido en el art. 35 de la Ley 14 de 1983 y compilado mediante este artículo, a través de la Sentencia C-121 de 2006.

Artículo 199º.- Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunicad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casa de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas automoviliarias y aﬁnes, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y video, negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho.

Artículo 200º.- El impuesto de avisos y tableros, autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915 se liquidará y cobrará a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento del impuesto de industria y comercio, con una tarifa de un quince por ciento (15%) sobre el valor de éste, ﬁjada por los Concejos Municipales.

Artículo 201.- Cuando las entidades a que se reﬁere el artículo 259, numeral 2, literal d), del presente Decreto realicen actividades industriales o comerciales, serán sujetos del impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades.

Artículo 202º.- El impuesto de industria y comercio a que se reﬁeren los artículos anteriores, se entenderá sin perjuicio de la vigencia de los impuestos a los espectáculos públicos, incluidas las salas de cine, consagrados y reglados en las disposiciones vigentes.

Artículo 203º.- Para efectos de la correcta liquidación y pago del impuesto de industria y comercio, los Concejos Municipales expedirán los acuerdos que garanticen el efectivo control y recaudo del mencionado impuesto.

Artículo 204º.- Los Municipios podrán solicitar a la Dirección General de Impuestos Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, las cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro del impuesto de industria y comercio.

A su turno, la Dirección General de Impuestos Nacionales podrá solicitar a los Municipios, copia de las investigaciones existentes en materia de impuesto de industria y comercio, las cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas.

Artículo 205º.- Las normas sobre impuestos de industria y comercio y avisos y tableros se aplicarán también al Distrito Especial de Bogotá.

Impuesto de industria y comercio al sector ﬁnanciero

Artículo 206º.- Los bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones ﬁnancieras, almacenes generales de depósito, compañías de seguros generales, compañías reaseguradoras, compañías de ﬁnanciamiento comercial, sociedades de capitalización y los demás establecimientos de crédito que deﬁnan como tales la Superintendencia Bancaria e instituciones ﬁnancieras reconocidas por este Decreto son sujetos del impuesto municipal de industria y comercio de acuerdo con lo prescrito en el mismo.

Artículo 207º.- La base impositiva para la cuantiﬁcación del impuesto regulado en el artículo anterior se establecerá por los Concejos Municipales o por el Concejo del Distrito Especial de Bogotá, de la siguiente manera:

1. Para los bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros

a) Cambios

Posición y certiﬁcado de cambio.
Comisiones.

De operaciones en moneda Nacional. de operaciones en moneda extranjera
Intereses.

De operaciones con entidades públicas. de operaciones en moneda Nacional. de operaciones en moneda extranjera.
Rendimiento de inversiones de la Sección de Ahorros.

Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito.

Para las corporaciones ﬁnancieras, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:

Cambios.

Posición y certiﬁcados de cambio.

Comisiones.

De operaciones en moneda Nacional. de operaciones en moneda extranjera.
Intereses.

De operaciones en moneda Nacional. de operaciones en moneda extranjera. De operaciones con entidades públicas.
Ingresos varios.

Para las corporaciones de ahorro y vivienda, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:
Intereses.
Comisiones.
Ingresos varios.
Corrección monetaria, menos la parte exenta.

2. Para compañías de seguros de vida, seguros generales y compañías reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales representados en el monto de las primas

3. Para compañías de ﬁnanciamiento comercial, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:
a) Intereses
b) Comisiones
c) Ingresos varios

4. Para almacenes generales de depósito, los ingresos operacionales representados en los siguientes rubros:
a) Servicio de almacenaje en bodega y silos.
b) Servicios de aduana
c) Servicios varios.
d) Intereses
e) Comisiones
f) Ingresos

5. Para sociedades de capitalización, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:
a) Intereses
b) Comisiones
c) Dividendos
d) Otros rendimientos ﬁnancieros.

6. Para los demás establecimientos de crédito, caliﬁcados como tales por la Superintendencia Bancaria y entidades ﬁnancieras deﬁnidas por la Ley, diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, la base impositiva será la establecida en el numeral 1 de este artículo en los rubros

7. Para el Banco de la República los ingresos operacionales anuales, señalados en el numeral 1 de este artículo, con exclusión de los intereses recibidos por los cupos ordinarios y extraordinarios de crédito concedidos a los establecimientos ﬁnancieros, otros cupos de crédito autorizados por la Junta Monetaria, líneas especiales de crédito de fomento y préstamos otorgados al Gobierno

NOTA: Artículo 207 Decreto Nacional 1333 de 1986 Declarado EXEQUIBLE Sentencia C 046 de 1998. Corte Constitucional. M.P. Doctor Alejandro Martínez Caballero. No se incorpora en la obra.

Artículo 208º.- Sobre la base gravable deﬁnida en el artículo anterior, las corporaciones de ahorro y vivienda pagarán el tres por mil (3%o) anual y las demás entidades reguladas por el presente Código el cinco por mil (5%o), sobre los ingresos operacionales anuales liquidados el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al del pago.

Parágrafo.- La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y la Financiera Eléctrica Nacional, no serán sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio.

Artículo 209º.- Los establecimientos de crédito, instituciones ﬁnancieras y compañías de seguros y reaseguros de que tratan los artículos anteriores, que realicen sus operaciones en Municipios cuya población sea superior a 250.000 habitantes, además del impuesto que resulte de aplicar como base gravable los ingresos previstos en el artículo 207, pagarán por cada oﬁcina comercial adicional la suma de diez mil pesos ($10.000) anuales.

En los Municipios con una población igual o inferior a 250.000 habitantes, tales entidades pagarán por cada oﬁcina comercial adicional, la suma de cinco mil pesos ($5.000).

Los valores absolutos en pesos mencionados en este artículo, se elevarán anualmente en un porcentaje igual a la variación del índice general de precios debidamente certiﬁcado por el DANE, entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año en curso.

Artículo 210º.- Ninguno de los establecimiento de crédito, instituciones ﬁnancieras, compañías de seguros y reaseguros, pagará en cada Municipio o en el Distrito Especial de Bogotá, como impuesto de industria y comercio una suma inferior a la válida y efectivamente liquidada como impuesto de industria y comercio durante la vigencia presupuestal de 1982.

Artículo 211º.- Para la aplicación de las normas contenidas en los artículos anteriores, los ingresos operacionales generados por los servicios prestados a personas naturales o jurídicas se entenderán realizados en el Distrito Especial de Bogotá o en el Municipio según el caso, donde opere la principal, sucursal, agencia u oﬁcinas abiertas al público. Para estos efectos las entidades ﬁnancieras deberán comunicar a la Superintendencia Bancaria el movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias y oﬁcinas abiertas al público que operen en los Municipios o en el Distrito Especial de Bogotá.

Artículo 212º.- La Superintendencia Bancaria informará a cada Municipio y al Distrito Especial de Bogotá, dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, el monto de la base descrita en el artículo 207 de este Decreto, para efectos de su recaudo.

Artículo 213º.- La totalidad del incremento que logre cada Municipio en el recaudo del impuesto de industria y comercio por la aplicación de las normas del presente capítulo, se destinará a gastos de inversión, salvo que el plan de desarrollo municipal determine otra asignación de estos recursos.

IV. Impuesto de circulación y tránsito.

Artículo 214º.- Los vehículos automotores de uso particular serán gravados por los municipios por concepto del impuesto de circulación y tránsito de que trata la Ley 48 de 1968, conuna tarifa anual equivalente al dos por mil (2%o) de su valor comercial.

Parágrafo.- Quedan vigentes las normas expedidas por los Concejos Municipales que regulan este impuesto respecto de vehículos de servicio público, así como las que hubieren decretado exenciones del mismo.

Artículo 215º.- Para la determinación del valor comercial de los vehículos automotores, el Instituto Nacional del Transporte, INTRA, establecerá anualmente una tabla con los valores correspondientes. Para vehículos no contemplados en esta tabla, el propietario deberá solicitar el valor comercial al INTRA.

Artículo 216º.- Cuando el vehículo entre en circulación por primera vez, conforme a las regulaciones vigentes, pagará por el impuesto de que trata el artículo 214 del presente estatuto, una suma proporcional al número de meses o fracción que reste del año.

Artículo 217º.- El impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos tendrá un límite mínimo anual de doscientos pesos ($200). A partir de 1984, esta suma se reajustará anualmente en el porcentaje señalado por el Gobierno Nacional en el año inmediatamente anterior para el impuesto sobre la renta y complementarlos.

Artículo 218º.- El revisado de que trata el Decreto 1344 de 1970 se realizará anualmente y su comprobante no podrá se expedido sin la cancelación previa del impuesto a que se reﬁere el artículo 214.

Artículo 219º.- Los Municipios en donde no existan secretarías de tránsito clase A, recaudarán el impuesto principal de circulación y tránsito a que se reﬁere el artículo 214 de este Decreto por intermedio de sus tesorerías.

Parágrafo 1º.- Es requisito para matricular en las inspecciones departamentales de tránsito los vehículos de que trata este artículo, además de la documentación exigida por otras normas, acreditar la vecindad del propietario y la inspección del vehículo en la respectiva tesorería municipal.

Parágrafo 2º.- Tanto para traspasar la propiedad de los vehículos a que se reﬁere este artículo, como para su revisado, es menester acompañar el paz y salvo por concepto del impuesto municipal de circulación y tránsito.

V. Impuesto de parques y arborización.

Artículo 220º.- Los Municipios que sean capitales de Departamento, y los que tengan un presupuesto anual no menor de un millón de pesos ($1.000.000.oo) moneda corriente, quedan autorizados para cobrar el impuesto de parques y arborización. Ley 44 de 1990 El Impuesto de parques y arborización se fusionó en uno sólo denominado Impuesto Predial Uniﬁcado.

Artículo 221º.- Los Concejos Municipales de los Distritos de que trata el artículo anterior, al expedir los acuerdos creadores del impuesto que se autoriza, procederán también a reglamentar y ﬁjar la cuantía de dichos impuestos, así como a disponer la forma de recaudarlos.

Artículo 222º.- El producto del impuesto de parques y arborizaciones se aplicará por los Municipios que hagan uso de él, así: el cincuenta por ciento (50%) para la construcción y embellecemiento de parques, especialmente infantiles, y la arborización y embellecimiento de las calles, plazas, avenidas y demás vías públicas de las ciudades, y el otro cincuenta por ciento (50%) para el desarrollo e incremento de la vivienda obrera. Los Municipios formarán un fondo especial, destinado solamente a los ﬁnes indicados en este artículo. Ley 44 de 1990 El Impuesto de parques y arborización se fusionó en uno sólo denominado Impuesto Predial Uniﬁcado.

VI. Impuesto de espectáculos públicos.

Artículo 223º.- Es propiedad exclusiva de los Municipios y del Distrito Especial de Bogotá, el impuesto denominado «espectáculos públicos», establecido por el artículo 7 de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias.

VII. Impuesto a las ventas por el sistema de clubes

Artículo 224º.- Es propiedad exclusiva de los Municipios y del Distrito Especial de Bogotá, el impuesto sobre las ventas por el sistema de clubes, creado por el artículo 11 de la Ley 69 de 1946, y disposiciones complementarias, que se cause en sus respectivas jurisdicciones.

VIII. Impuesto de casinos.

Artículo 225º.- Los casinos que se establezcan conforme a la Ley podrán ser gravados por los municipios de su ubicación, en la misma forma en que actualmente gravan los juegos permitidos.

IX. Impuesto de degüello de ganado menor

Artículo 226º.- Las ventas sobre degüello de ganado menor no podrán darse en arrendamiento.

X. Impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas y premios de las mismas

Artículo 227º.- De conformidad con la Ley 69 de 1946, está vigente el impuesto del diez por ciento (10%) del valor de cada boleta o tiquete de apuestas en toda clase de juegos permitidos a que se reﬁere el ordinal 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932.

Artículo 228º.- Son propiedad exclusiva de los Municipios y del Distrito Especial de Bogotá, los impuestos sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las mismas, a que se reﬁeren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946, y demás disposiciones complementarias.

Los Municipios y el Distrito Especial, procederán a organizar y a asumir oportunamente la administración y recaudo de los impuestos a que se reﬁere este artículo, con las tarifas y sobre las bases normativas en vigencia.

XI. Impuesto sobre apuestas mutuas.

Artículo 229º.- El Distrito Especial de Bogotá y los Municipios en donde se realice el espectáculo, podrán gravar las apuestas conocidas bajo la denominación de «mutuas» o sus equivalentes, organizadas o que se organicen con base en los resultados de eventos hípicos, deportivos o similares.

XII. Estampilla Pro-Electriﬁcación Rural.

Artículo 230º.- Previa autorización de las Asambleas Departamentales, Consejos Intendenciales o Comisariales, los Concejos podrán hacer obligatorio en los actos municipales el uso de la estampilla Pro-electriﬁcación Rural, creada por la Ley 23 de 1986.

Artículo 231º.- La obligación de adherir y anular la estampilla a que se reﬁere el artículo anterior, queda a cargo de los funcionarios municipales que intervengan en el acto.

Artículo 232º.- El producido de la estampilla se destinará a la ﬁnanciación exclusiva de programas de instalación, mantenimiento, mejoras y ampliación del servicio de electriﬁcación rural.

XIII. Otros impuestos.

Artículo 233º.- Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más conveniente para atender a los servicios municipales:

a. Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo y el aprovechamiento legítimos de las minas y de las aguas.
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-221 de 1997, Ver el 227, Ley 685 de 2001 .

b. Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos ediﬁcios o de refacción de los

c. mpuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las Ver el Fallo del Consejo de Estado 15556 de 2007
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-504 de 2002

CAPÍTULO III

De otras rentas.

I. Contribución de valorización.

Artículo 234º.- El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3 de la Ley 25 de 1921, como «una contribución sobre las propiedades raíces que se beneﬁcien con la ejecución de obras de interés público local», se hace extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de derecho público y que beneﬁcien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización.

Artículo 235º.- El establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución de valorización se harán por la respectiva entidad Nacional, departamental o municipal que ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente.

Artículo 236º.- Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites de beneﬁcio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones.

Los Municipios teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneﬁcio que ella produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con las contribuciones podrán disponer, en determinados casos y por razones de equidad, que sólo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra.

Artículo 237º.- Con excepción de los inmuebles contemplados en el Concordato celebrado con la Santa Sede, y de los bienes de uso público que deﬁne el artículo 674 del código Civil, los demás predios de propiedad pública o particular podrán ser gravados con la contribución de valorización. Están suprimidas todas las exenciones consagradas en normas anteriores al Decreto 1604 de 1966.

Artículo 238º.- Las contribuciones Nacionales de valorización en mora de pago se recargarán con intereses del uno y medio por ciento (1½) mensual durante el primer año y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante.

Los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, quedan facultados para establecer iguales tipos de interés por la mora en el pago de las contribuciones de valorización por ellos distribuidos.

Artículo 239º.- La contribución de valorización constituye gravamen real sobre la propiedad inmueble. En consecuencia, una vez liquidada, deberá ser inscrita en el libro que para tal efecto abrirán los Registradores de Instrumentos Públicos y Privados, el cual se denominará «Libro de Anotación de Contribuciones de Valorización». La entidad pública que distribuya una contribución de valorización procederá a comunicarla al Registrador o a los Registradores de Instrumentos Públicos de los lugares de ubicación de los Inmuebles gravados, identiﬁcados éstos con los datos que conste en el proceso administrativo de liquidación.

Artículo 240º.- Los Registradores de Instrumentos Públicos no podrán registrar escritura pública alguna, ni participaciones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divorcios, ni diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen ﬁscal de valorización a que se reﬁere el artículo anterior, hasta tanto la entidad pública que distribuyó la contribución les solicite la cancelación de registro de dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la contribución, o autorice la inscripción de las escrituras o actos a que se reﬁere el presente artículo por estar a paz y salvo el inmueble en cuanto a las cuotas periódicas exigibles. En este último caso, se dejará constancia en la respectiva comunicación y así se asentará en el registro, sobre las cuotas que aún quedan pendientes de pago.

En los certiﬁcados de propiedad y libertad de inmuebles, los Registradores de instrumentos Públicos deberán dejar constancia en los gravámenes ﬁscales por contribución de valorización que los afecten.

Artículo 241º.- Para el cobro por jurisdicción coactiva de las contribuciones de valorización Nacionales, departamentales, municipales y del Distrito Especial de Bogotá, se seguirá el procedimiento especial ﬁjado por el Decreto-Ley 01 de 1984, artículo 252, y prestará mérito ejecutivo la certiﬁcación sobre la existencia de la deuda ﬁscal exigible que expida el jefe de la oﬁcina a cuyo cargo está la liquidación de estas contribuciones o el reconocimiento hecho por el correspondiente funcionario recaudador.

En la organización que para el recaudo de las contribuciones de valorización establezcan la Nación, los Departamentos, los Municipios y el Distrito Especial de Bogotá, deberán crearse especíﬁcamente los cargos de los funcionarios que han de conocer de los juicios por jurisdicción coactiva. Dichos funcionarios quedan investidos de jurisdicción coactiva, lo mismo que los tesoreros especiales encargados de la recaudación de estas contribuciones.

Artículo 242º.- Los Departamentos, el distrito Especial de Bogotá y los municipios establecerán los recursos administrativos sobre las contribuciones de valorización, en la vía gubernativa y señalarán el procedimiento para su ejercicio.

Artículo 243º.- Los Municipios no podrán cobrar contribución de valorización por obras Nacionales, sino dentro de sus respectivas área urbanas y previa autorización de la correspondiente entidad Nacional, para lo cual tendrán un plazo de dos (2) años, contados a partir de la construcción de la obra. Vencido ese plazo sin que un Municipio ejerza la atribución que se le conﬁere, la contribución se cobrará por la Nación.

En cuanto a las obras departamentales, es entendido que los municipios solamente podrán cobrar en su favor las correspondientes contribuciones de valorización en los casos en que el Departamento no fuere a hacerlo y previa la autorización del respectivo gobernador.

El producto de estas contribuciones por obras Nacionales o departamentales deberán destinarlo los municipios a obras de desarrollo urbano.

Parágrafo.- Para que los municipios puedan cobrar contribuciones de valorización en su favor, en los términos de este artículo, se requiere que la obra no fuere de aquellas que la Nación ejecute ﬁnanciándolas exclusivamente por medio de la contribución de valorización, sino con los fondos generales de inversión del Presupuesto Nacional,

Artículo 244º.- Las disposiciones de los artículos 1 al 6 del Decreto Legislativo 868 de 1956 son de aplicación opcional para los Municipios a que dicho Decreto se reﬁere, los cuales podrán abstenerse de seguir los sistemas allí previstos para la liquidación y cobro de la contribución de valorización.

II. Participación en el Impuesto a la Ventas (IVA)

Artículo 245º.- A partir del 1 de julio de la vigencia ﬁscal de 1986 la participación en la cesión del impuesto a las ventas de que tratan las Leyes 33 de 1968, 46 de 1971, 22 de 1973, 43 de 1975 y el Decreto 232 de 1983, se incrementará progresivamente hasta representar el cincuenta por ciento (50%) del producto del impuesto. Este incremento se cumplirá en los siguientes porcentajes. A partir del 1 de julio de 1986, el 30.5% del producto anual del impuesto a las ventas; en 1987, el 32.0%; en 1988, el 34.5%; en 1989, el 37.5%; en 1990, el 41.0%; en 1992 y, en adelante, el 50% del producto anual del impuesto a las ventas.

Parágrafo 1º.- Hasta el 30 de junio de 1986, la participación de las entidades territoriales en el impuesto a las ventas será la que establecen los literales a), b) y c) del artículo 1 del Decreto número 232 del 4 de febrero de 1983 y las retenciones serán las mismas que establece el artículo 2 del citado Decreto.

Parágrafo 2º.- En las sobretasas temporales que se establezcan al impuesto a las ventas no tendrán participación las entidades territoriales. Artículo 246º.- A partir del 1 de julio de la vigencia ﬁscal de 1986 la participación en el impuesto a las ventas será asignada así:

Un porcentaje que crecerá progresivamente hasta 1992 para distribuir entre el Distrito Especial de Bogotá y todos los Municipios de los Departamentos, Intendencias y comisarías.
Un porcentaje adicional al establecido en el literal a) del presente artículo que crecerá progresivamente hasta 1992, para distribuir entre los Municipios de los Departamentos, Intendencias y Comisarías cuya población sea de menos de 100.000
Un porcentaje para las Intendencias y Comisarías que será girado por la Nación directamente a las tesorerías intendenciales y
Un porcentaje para los Departamentos, Intendencias y comisarías, con destino a las Cajas Seccionales de Previsión o para los presupuestos de éstos, cuando atiendan directamente el pago de las prestaciones
El 0.1% para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con destino a los programas de asesoría técnica administrativa, asesoría de gestión, investigación, formación, y adiestramiento de funcionarios en los niveles departamental, intendencial, comisarial y municipal, así como a los Diputados, Concejales, Consejeros Intendenciales y Comisariales. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, cumplirá esta función directamente o mediante contratos con universidades oﬁciales o
El 1% con destino al Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi, para atender, exclusivamente, a los gastos suplementarios que demande la actualización de los avalúos catastrales en los municipios con población inferior a 100.000 habitantes, que será girado también bimestralmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 247º.- El porcentaje a que se reﬁere el literal a) del artículo 246 será el siguiente: a partir del 1 de julio de 1986, el 25.8% del producto anual del impuesto a las ventas; en 1987, el 25.9%; en 1988 el 26.4%; en 1989 el 27.0%; en 1990 el 27.5%; en 1991 el 28.0%; en 1992 y en adelante el 28.5% del producto anual del impuesto a las ventas.

El porcentaje a que se reﬁere el literal b) del artículo 246 será el siguiente: a partir del 1 de julio de 1986, el 0.4% del producto anual del impuesto a las ventas; en 1987, el 1.8%; en 1988, el 3.8%; en 1989, el 6.0%; en 1990, el 9.0%; en 1991, el 12.5%; en 1992, y en adelante, el 16.8% del producto anual del impuesto a las ventas.

El porcentaje a que se reﬁere el literal c) del artículo 246 será el siguiente: a partir del 1 de julio de 1986 el 0.7% del producto anual del impuesto a las ventas; en 1987, el 0.6%; en 1988 el 0.6% y en 1989, 1990, 1991, 1992 y en adelante el 0.5% sin perjuicio de su participación en los términos de los literales a) y b) del artículo 246 del presente Decreto.

El porcentaje a que se reﬁere el literal d) del artículo 246 será el siguiente: 1986, el 3.5%, del producto anual del impuesto a las ventas; en 1987, el 3.5%; en 1988, el 3.5%; en 1989, el 3.8%; en 1990, el 3.8%, en 1991, el 3.8%; en 1992 y en adelante, el 4% del producto anual del impuesto a las ventas.

El porcentaje a que se reﬁere el literal e) del artículo 246 será girado a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, a partir del 1 de enero de 1987; y ésta será su participación en el producto anual del impuesto a las ventas desde esa fecha y en adelante.

El porcentaje que se reﬁere el literal f) del artículo 246 será girado al Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi, a partir del 1 de julio de 29086 y ésta será su participación en el producto anual del impuesto a las ventas desde esta fecha y en adelante.

Parágrafo.- Los municipios a que se reﬁere el literal b) del artículo 246, tendrán en consecuencia, además de su participación, según el literal a), del mismo artículo, el incremento adicional que se establece en el inciso segundo del presente artículo.

Artículo 248º.- La distribución del porcentaje adicional para las poblaciones de que trata el literal b) del artículo 246 del presente Código se hará entre los Municipios en proporción a la población y al esfuerzo ﬁscal de cada uno de ellos.

Para determinar el monto de la participación que corresponde a cada Municipio de este grupo, se procederá en la siguiente forma:

De acuerdo con la proporción que represente la población de cada Municipio dentro del total de la del grupo previsto en el respectivo literal b), se asigna el monto de la participación que le corresponde a dicho Municipio. A este monto se le resta la magnitud que resulte de la siguiente operación matemática: valor total de los avalúos catastrales del Municipio, multiplicado por la diferencia entre la tarifa efectiva promedio del impuesto predial del grupo del literal b) y la tarifa efectiva del impuesto predial del Municipio correspondiente.

Parágrafo 1º.- Entiéndese por tarifa efectiva promedio, del grupo comprendido en el literal b), el resultado de la división del total de los recaudos del impuesto predial por el valor total de los avalúos catastrales.

Parágrafo 2º.- Entiéndese por tarifa efectiva, del Municipio, el resultado de la división del total de los recaudos del impuesto predial por el valor de los avalúos catastrales.

Parágrafo 3º.- Los cálculos de que trata el presente artículo serán elaborados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el primer bimestre de cada año, y deberán referirse al año inmediatamente anterior al de la vigencia ﬁscal dentro de la cual se hará la distribución del producto del impuesto a las ventas.

Los Tesoreros Municipales estarán obligados a informar al Ministerio de Hacienda el valor total de los recaudos por concepto de impuesto predial, sobre tasas e intereses, del año inmediatamente anterior, antes del 20 de enero.

Parágrafo 4º.- De los avalúos catastrales de cada Municipio, se excluirá el valor de la propiedad inmueble de la Nación, el Departamento y el Municipio y la correspondiente a las instituciones exentas por normas concordatarias.

Parágrafo 5º.- Dentro de los recaudos del impuesto predial, se incluirán las sobretasas y los intereses de mora en el pago del impuesto predial y las sobretasas.

Parágrafo 6º.- En ningún caso la participación en cifras absolutas de los municipios podrá ser inferior a la suma que ellos recibieron durante la vigencia de 1985.

Si alguno o algunos municipios reciben una cantidad inferior, tal faltante se tomará del porcentaje adicional que va con destino a los Municipios de menos de 100.000 habitantes.

Artículo 249º.- La distribución de la participación del impuesto a las ventas, de que tratan los literales a), b) y d) del artículo 246 del presente código se hará proporcionalmente a la población de cada una de las entidades territoriales, y dentro de cada entidad territorial, en proporción a la población de cada Municipio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 248 del presente Código, para las poblaciones de menos de 100.000 habitantes.

Artículo 250º.- Los Municipios de todo el país y el Distrito Especial de Bogotá, podrán continuar destinando hasta el 25.8% de los porcentajes establecidos en el inciso primero del artículo 247 del presente Código, para atender gastos de funcionamiento e inversión.

La diferencia entre este valor y el tope de la asignación de la participación del impuesto a las ventas prevista para cada año, deberán utilizarla exclusivamente en gastos de inversión.

Artículo 251º.- La proporción de la participación del impuesto a las ventas que el artículo anterior condiciona a gastos de inversión, podrá destinarse a los siguientes ﬁnes:

Construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados, jagüeyes, pozos, letrinas, plantas de tratamiento y
Construcción, pavimentación y remodelación de calles
Construcción y conservación de carreteras veredales, caminos vecinales, puentes y puertos ﬂuviales.
Construcción y conservación de centrales de transporte
Construcción, mantenimiento de la planta física y dotación de los planteles educativos oﬁciales de primaria y secundaria
Construcción, mantenimiento de la planta física y dotación de puestos de salud y ancianatos
Casas de cultura
Construcción, remodelación y mantenimiento de plazas de mercado y plazas de feria
Tratamiento y disposición ﬁnal de basuras
Extensión de la red de electriﬁcación en zonas urbanas y rurales.
Construcción, remodelación y mantenimiento de campos e instalaciones deportivas y parques
Programas de reforestación vinculados a la defensa de cuencas y hoyas hidrográﬁcas.
Pago de deuda pública interna o externa, contraída para ﬁnanciar gastos de inversión.
Inversiones en Bonos del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano, destinadas a obtener recursos de crédito complementarios para la ﬁnanciación de obras de desarrollo
Otros rubros que previamente autorice el Departamento Nacional de Planeación. o). Adicionado por el art. 10, Ley 53 de 1990.

Artículo 252º.- En los Municipios donde la mayoría de la población está localizada fuera de la cabecera municipal, será obligatorio invertir al menos el cincuenta por ciento (50%) de la participación del impuesto a las ventas, en zonas rurales y corregimientos, pero en los Municipios menores de 100.000 habitantes donde la mayoría de la población vive en la cabecera, será obligatorio invertir al menos el 20% de la participación del impuesto a las ventas en zonas rurales y corregimientos.

Artículo 253º.- De las transferencias que deban hacerse por concepto de la participación en el impuesto a las ventas al Distrito Especial de Bogotá y a los Municipios de los Departamentos, Intendencias y Comisarías, la Nación hará las siguientes retenciones:

Para Municipios entre 000 y 500.000 habitantes, el 30% a partir del 1 de julio de 1986.
Para Municipios de más de 000 habitantes, el 50% a partir del 1 de julio de 1986.

Las sumas retenidas deberán ser giradas directamente por la Nación a los Fondos Educativos Regionales, FER, del Distrito Especial de Bogotá o del territorio al que pertenezcan los respectivos Municipios.

Artículo 254º.- Los Municipios podrán celebrar contratos o convenios con entidades administrativas de los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipales, para la realización de obras públicas o la prestación de servicios públicos. Los convenios o contratos a que se reﬁere este artículo, deberán ser coordinados por los Departamentos, Intendencias y Comisarías a los cuales pertenezcan los respectivos Municipios.

Artículo 255º.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá hacer retenciones del incremento de la cesión del impuesto a las ventas, a que se reﬁere este Código, para atender el pago de las obligaciones vencidas de los Municipios con otras entidades públicas. Dichas retenciones serán giradas directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las entidades acreedoras.

Parágrafo 1º.- Las entidades públicas acordarán previamente los saldos débitos con los Municipios, mediante la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si fuere necesario.

Parágrafo 2º.- Las obligaciones a que se reﬁere este artículo, deberán ser previamente certiﬁcadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 256º.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transferirá a los Municipios las participaciones, en el impuesto a las ventas, sobre la base de seis (6) cuotas bimestrales calculadas según estimativos de apropiaciones de la respectiva ley de presupuesto. El pago deberá hacerse dentro del mes siguiente al vencimiento del bimestre respectivo. El saldo pendiente de giro al ﬁnalizar cada vigencia ﬁscal deberá ser cancelado dentro de los primeros cuatro (4) meses de la siguiente vigencia ﬁscal.

Parágrafo 1º.- Los acuerdos de gastos correspondientes a la cesión del impuesto a las ventas de que trata el presente Código, se harán sobre la base del 80% del aforo que aparezca en la ley de presupuesto.

Parágrafo 2º.- Incurrirán en causal de mala conducta los funcionarios que retarden u obstaculicen las transferencias o el pago y serán objeto de las sanciones disciplinarias correspondientes, como la destitución, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley penal.

Artículo 257º.- Los datos sobre población a que se reﬁeren los artículos sobre participación de los municipios en el impuesto a las ventas serán los correspondientes a las cifras más recientes elaboradas por el Departamento Administrativo Nacional de estadística.

Parágrafo.- Para efectos de esta norma, la actualización de los datos sobre población que haga el Departamento Administrativo Nacional de Estadística debe comprender la totalidad de Municipios del país.

CAPÍTULO IV

De las prohibiciones y otras normas.

Artículo 258º.- Los municipios y el Distrito Especial de Bogotá sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez (10) años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal.

Artículo 259º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, continuarán vigentes:

Las obligaciones contraídas por el Gobierno en virtud de tratados o convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y las contraídas por la Nación, los Departamentos o los Municipios, mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior.
Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de Además, subsisten para los Departamentos y Municipios las siguientes prohibiciones:
La de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental que éste sea;
La de gravar los artículo de producción Nacional destinados a la exportación;
La de gravar con el impuesto de industria y comercio la explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las regalías o participaciones para el Municipio sean iguales o superiores a lo que corresponderá pagar por concepto del impuesto de industria y comercio;
La de gravar con el impuesto de industria y comercio los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneﬁcencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al sistema Nacional de salud, salvo lo dispuesto en el artículo 201 de este Código;
La de gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea; y,
La de gravar las actividades del Instituto de mercadeo Agropecuario, Declarado exequible. Sentencia C-335 agosto 1 de 1996. Corte Constitucional. Magistrado Ponente doctor Jorge Arango Mejía.

Artículo 260º.- En caso de mora en el pago de los impuesto predial, de industria y comercio al sector ﬁnanciero y de circulación y tránsito de vehículos automotores se aplicarán las sanciones que para el mismo efecto están establecidas respecto del impuesto de renta y complementarios.

Artículo 261º.- Para los efectos de liquidación y control de impuestos Nacionales, departamentales o municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las Secretarías de Hacienda Departamentales y Municipales.

TÍTULO XI

Del presupuesto.

Artículo 262º.- No podrán hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o las municipales ni transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto. (Artículo 207 de la Constitución Política).

Artículo 263º.- En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no ﬁgure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación del tesoro que no se halle incluido en el de gastos. (Artículo 206 de la Constitución Política).

Artículo 264º.- En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 6, 187, ordinal 7, 197 y 199 de la constitución Política, las entidades territoriales de la República deberán seguir, en la preparación, presentación, trámite y manejo de sus presupuestos, normas y principios análogos a los consignados en el Decreto -Ley 294 de 1973, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Artículo 265º.- Los presupuestos municipales se formarán para períodos anuales, contados desde el 1 de enero del 31 de diciembre.

Artículo 266º.- En el primer día de las sesiones ordinarias del mes de noviembre, el Alcalde presentará al Concejo el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia próxima.

El acuerdo correspondiente deberá ser expedido por el Concejo Municipal durante las sesiones de noviembre cada año, incluido el período de prórroga.

Artículo 267º.- El período ﬁscal de los Municipios Intendenciales o Comisariales se iniciará el 1 de abril de cada año y concluirá el 31 de marzo del año siguiente.

El proyecto de presupuesto para Municipios deberá ser presentando por el Alcalde al Concejo, dentro de los primeros cinco (5) días de las sesiones que se inician el primero (1) de febrero.

Si el último día de febrero el Concejo no ha expedido el presupuesto, regirá el presentado por el Alcalde, previa aprobación del Intendente o Comisario o respectivo, según el caso, el cual podrá introducir las modiﬁcaciones que juzgue convenientes.

Artículo 268º.- Los Concejos Municipales incluirán en los presupuestos de gastos de cada vigencia, la partida necesaria para la inhumación de cadáveres de personas pobres de solemnidad, a juicio del Alcalde.

Parágrafo.- En tal partida se incluirá el costo de las cajas mortuorias y de las cruces para la sepultura. Ver art. 50, Ley 1448 de 2011

Artículo 269º.- Se declara gasto obligatorio para los Municipios el de que habla el artículo anterior. Ver art. 50, Ley 1448 de 2011

Artículo 270º.- Las apropiaciones previstas en los artículos 1 de la Ley 61 de 1936 y 14 del Decreto 1465 de 1953 y demás disposiciones concordantes, podrán ser destinadas por los municipios para realizar programas conjuntos con el Instituto de Crédito Territorial o las entidades oﬁciales o particulares con vigilancia del Estado y que cumplan objetivos similares a este Instituto.

Parágrafo.- En el caso anterior o cuando la inversión se hiciere directamente por el Municipio con los recursos del fondo obrero, regirán respecto a plazo de amortización, interés, garantía y demás condiciones ﬁnancieras para la adjudicación, los que tenga ﬁjados el Instituto de Crédito Territorial en sus programas de vivienda popular para la clase trabajadora.

Artículo 271º.- Las apropiaciones de que trata el artículo anterior podrán destinarse, además, a los siguientes ﬁnes complementarios de la vivienda:

La inversión en títulos valores representados en bonos u otras inversiones, emitidos por el Banco Central Hipotecario, mientras se destinen estas apropiaciones a programas especíﬁcos de vivienda popular.
La adquisición de terrenos para conformar zonas de reserva destinadas a proyectos de vivienda.
El establecimiento de centros de acopio de materiales básicos de construcción, para coadyuvar programas de vivienda.

Artículo 272º.- Conforme a lo dispuesto en la Ley 130 de 1985, está derogado el inciso 4 del artículo 1 de la Ley 61 de 1936 y demás disposiciones que le sean contrarias.

TÍTULO XII

De los contratos.

Artículo 273º.- Los contratos que celebren los Municipios y sus establecimientos públicos se someten a la ley en lo que tiene que ver con su clasiﬁcación, deﬁnición, inhabilidades, cláusulas obligatorias, principios sobre interpretación, modiﬁcación y terminación unilaterales, efectos, responsabilidades de los funcionarios y contratistas. En lo atinente a los requisitos para su formación, adjudicación y celebración, a las disposiciones ﬁscales que expidan los Concejos y demás autoridades locales competentes. Ver Ley 80 de 1993

Los de obras públicas, consultoría y prestación de servicios que celebren sus empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta municipales en las que la participación oﬁcial sea o exceda del noventa por ciento (90%) del capital social, también se someten, conforme al reparto de materias hecho en el inciso anterior, a la ley y a las normas ﬁscales que expidan los Concejos y sus propias autoridades. Los demás contratos de las entidades a que se reﬁere el presente inciso se sujetan a los principios y a las reglas del derecho privado.

Artículo 274º.- Mientras el Congreso expide las normas sobre contratación a que se reﬁere el artículo anterior, regirán en los Municipios las disposiciones legales vigentes para la Nación y sus entidades descentralizadas.

Artículo 275º.- La enajenación de bienes raíces que hagan las entidades de derecho público en el caso de habitaciones para empleados y obreros, no estará sujeta a las formalidades generales establecidas en el presente estatuto sino a las disposiciones especiales que para estos casos dicten los Concejos.

Artículo 276º.- Los contratos de empréstito que celebren los Municipios y sus entidades descentralizadas, se someten a los requisitos y formalidades que señale la ley, y los que sólo se reﬁeran a créditos internos que se celebren con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no requerirán para su validez la autorización previa o la aprobación posterior de ninguna autoridad intendencial, comisarial, departamental o Nacional.

Artículo 277º.- Son créditos internos los pactados en moneda Nacional o extranjera que se reciban y paguen en pesos colombianos, sin que se afecte la balanza de pagos.

Artículo 278º.- Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los Municipios serán tramitados por el Alcalde. Compete al Alcalde Municipal la celebración de los correspondientes contratos.

Artículo 279º.- Las operaciones de crédito a que se reﬁere el artículo anterior deben estar acompañadas de los siguientes documentos:

Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a ﬁnanciar y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las respectivas administraciones seccionales y municipales junto con la proyección del servicio de la deuda que se va a contraer
Autorización de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal
Concepto de la oﬁcina de planeación municipal o de la correspondiente oﬁcina seccional si aquélla no existiere sobre la conveniencia técnica y económica del Proyecto.
Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual, certiﬁcada por la autoridad competente
Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y modiﬁcaciones legalmente autorizadas.

Artículo 280º.- Las operaciones de crédito interno que proyecten celebrar las entidades descentralizadas de los municipios requieren concepto favorable del Alcalde y deben estar acompañadas de los siguientes documentos:

Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a ﬁnanciar y su sujeción a los planes y programas que estén adelantando las administraciones seccionales y municipales, acompañado de la proyección del servicio de la deuda que se va a contraer.
Copia autentica de la autorización de la junta o consejo directivo del organismo descentralizado, para contratar el préstamo y otorgar garantías.
La minuta del contrato acompañada de la aceptación del contratista y los demás documentos de que tratan los ordinales 3, 4 y 5 del artículo 279 de este Código.

Artículo 281º.-Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997.

Artículo 282º.- Las operaciones de crédito interno no podrán contar con garantía de la Nación, ni el Gobierno podrá incorporar en el proyecto de presupuesto Nacional partida alguna destinada a ﬁnanciar mediante aportes o préstamos el servicio de dicha deuda.

Artículo 283º.- Los Concejos Municipales y las juntas o consejos directivos de los organismos descentralizados, no podrán aprobar los presupuestos de tales entidades si en ellos no se hubieren incluido las partidas necesarias para atender oportuna y totalmente el pago del servicio de toda deuda que resulte exigible en la vigencia respectiva, por concepto de empréstitos contratados.

Artículo 284º.- Las entidades a que se reﬁere el presente Título no podrán celebrar ninguna operación de crédito interno cuando el servicio total de la deuda pública respectiva represente en la correspondiente vigencia ﬁscal una suma superior al treinta por ciento (30%) de sus rentas ordinarias incluyendo el nuevo empréstito.

Para los efectos de este artículo, no se consideran rentas ordinarias las provenientes del situado ﬁscal, ni las transparencias para educación y prestaciones sociales a que se reﬁere la Ley 43 de 1975.

Artículo 285º.- Las disposiciones del presente Título no rigen respecto de los empréstitos internos de tesorería destinados a mantener la regularidad de los pagos y que cubran con recursos ordinarios en el curso de una vigencia ﬁscal, siempre que la cuantía de tales empréstitos no alcancen en su conjunto a más del diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios de la entidad prestataria. Tampoco son aplicables a las operaciones a que se reﬁere el artículo 16 del Decreto 294 de 1973 y normas reglamentarias.

Artículo 286º.- Los contratos de crédito externo que proyecten celebrar los Municipios y sus entidades descentralizadas se regirán por el Decreto 1050 de 1955 y las disposiciones que lo adicionen o reformen,

Artículo 287º.- Los contratos, excluidos los de empréstito externo e interno que celebren los departamentos, los Distritos Especiales, las Intendencias, Comisarías, Municipios y sus entidades descentralizadas, serán revisados por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía exceda del cinco por ciento (5%) del presupuesto de la respectiva entidad, y en todo caso cuando exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo).

Parágrafo.- Los valores absolutos que este artículo expresa en moneda Nacional se reajustarán cada dos años, a partir del primero de enero de 1986, en un porcentaje igual a la variación que para el período bienal que termine el 31 de octubre anterior registre el índice de precios al consumidor, nivel de ingresos medios (empleados), que elabora el Departamento Nacional de Estadística, aproximando el resultado a la decena de miles superior. El Gobierno Nacional publicará un Decreto con valores absolutos resultantes, de acuerdo con la certiﬁcación que expida el Departamento Nacional de Estadística al terminar el mes de octubre respectivo.

Si el Gobierno no expidiere el Decreto, el aumento será de un veinte por ciento (20%).

TÍTULO XIII

Del personal.

Artículo 288º.- (Modiﬁcado en lo pertienente por el Decreto 1569 de 1998, art. 37). Corresponde a los Concejos, a iniciativa del Alcalde respectivo, adoptar la nomenclatura y clasiﬁcación de los empleos de las Alcaldías, Secretarías y de sus oﬁcinas y dependencias y ﬁjar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos.

Estas mismas funciones serán cumplidas por los Concejos respecto de los empleados de las Contralorías, Auditorías, Revisorías, Personerías y Tesorerías.

Artículo 289º.- (Modiﬁcado en lo pertienente por el Decreto 1569 de 1998, art. 37). La determinación de las plantas de personal de las Alcaldías, Secretarías y de sus oﬁcinas o dependencias, corresponde a los Concejos, a iniciativa de los respectivos Alcaldes.

La creación, supresión y fusión de empleos de las Contralorías, Auditorías, Revisorías, Personerías y Tesorerías también corresponde a los Concejos.

La función a que se reﬁere este artículo se cumplirá con sujeción estricta a las normas que expidan los Concejos sobre nomenclatura, clasiﬁcación y remuneración de empleos, y sin que se puedan crear a cargo del tesoro municipal obligaciones que superen el monto ﬁjado en el presupuesto inicialmente aprobado para el pago de servicio personal, es decir, que para estos efectos no se pueden hacer traslados ni adiciones presupuestales.

Artículo 290º.- Las funciones a que se reﬁeren los artículos anteriores en el caso de las entidades descentralizadas municipales, serán cumplidas por las autoridades que señalen sus actos de creación o sus estatutos orgánicos.

Artículo 291º.- El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos municipales será el que establezca la ley, que también dispondrá lo necesario para que, dentro del marco de su autonomía administrativa, los Municipios provean al reconocimiento y pago de dichas prestaciones.

Artículo 292º.- Los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oﬁciales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempañadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-493 de 1996 .

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta municipales con participación estatal mayoritaria son trabajadores oﬁciales. Sin embargo, los estatutos de dichas empresa precisarán qué actividades de dirección o conﬁanza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

(Expresión subrayada, declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia C-283 de 2002 de la Corte Constitucional)

Artículo 293º.- Los empleados públicos se rigen por las normas de la ley y las demás disposiciones que, en desarrollo de ésta, dicten las autoridades municipales competentes. Los trabajadores oﬁciales, por la ley, las cláusulas del respectivo contrato y la convención colectiva de trabajo, si la hubiere.

Parágrafo.- Las situaciones jurídicas laborales deﬁnidas por disposiciones municipales, no serán afectadas por lo establecido en los dos artículos anteriores. Ver el art. 146, Ley 100 de 1993

Artículo 294º.- La expedición de actos relacionado con el nombramiento, remoción y creación de situaciones administrativas del personal que presta sus servicios en la administración central de los Municipios corresponde a los Alcaldes. Estas atribuciones las podrán delegar conforme a las autorizaciones que para el efecto reciban de los Concejos.

La administración del personal subalterno de los funcionarios que elijan los Cabildos, corresponden a dichos funcionarios.

Artículo 295º.- El presidente de la República, los Gobernadores, los Alcaldes y, en general, todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover empleados administrativos, no podrán ejercerla sino dentro de las normas que expida el Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascensos por mérito y antigüedad, y de jubilación, retiro o despido. (Artículo 5 del Plebiscito de 1 de diciembre de 1957).

Artículo 296º.- La administración de personal por las autoridades municipales se harán con sujeción a los principios y normas que consagren la ley y las disposiciones que en desarrollo de éstas dicten las autoridades locales sobre vinculación al servicio público, requisitos para el desempeño de determinados empleos, permanencia en el cargo, régimen disciplinario, ascensos por méritos y antigüedad, y retiro o despido por causas legales.

Artículo 297º.- Los Municipios repetirán contra las personas que hubieren afectado elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que hubieren pagado por esta causa. Las violaciones de la ley, para estos efectos deben haber sido maniﬁestas u ostensibles conforme a la respectiva decisión de la autoridad judicial.

Artículo 298º.- A los empleados o funcionarios públicos de la carrera administrativa les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho del sufragio. El quebramiento de esta prohibición constituye causal de mala conducta. (Artículo 6 del Plebiscito de 1 de diciembre de 1957).

Artículo 299º.- El funcionario o empleado público que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o intervengan en debates o actividades de este carácter será sancionado disciplinariamente con la pérdida del empleo aunque pertenezca a una carrera de servicio y sin perjuicio de la sanción prevista en el artículo 158 del Código Penal.

Artículo 300º.- En ningún caso la ﬁliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo o cargo público de la carrera administrativa, o su destitución o promoción. (Artículo 7 del Plebiscito de 1 de diciembre de 1957).

Artículo 301º.- Ningún ex-empleado de entidades oﬁciales o semioﬁciales de todo orden podrá intervenir, por ningún motivo y en ningún tiempo, en negocios que hayan sido conocidos o adelantados por él durante el desempeño de sus funciones y por razón de su cargo.

Artículo 302º.- La contravención a lo dispuesto en el artículo anterior producirá la nulidad de las actuaciones respectivas, la cual será declarada a petición de cualquier interesado o del Ministerio Público.

Artículo 303º.- El Procurador General de la Nación, mediante concepto fundado en pruebas, pedirá la remoción de todo empleado Nacional, departamental o municipal que apareciere como inepto, desidioso o afectado por otra causa que lo imposibilite para el debido desempeño del cargo. La petición la hará a la autoridad de quien dependa el nombramiento y ésta deberá prestar a la solicitud del Procurador.

TÍTULO XIV

Del control ﬁscal.

Artículo 304º.- La vigilancia de la gestión ﬁscal de los Departamentos y Municipios corresponde a las Contralorías Departamentales, salvo lo que la ley determine respecto a Contralorías Municipales. (Artículo 190, inciso 2, de la Constitución Política).

Artículo 305º.- Los Concejos de los Municipios cuyo presupuesto anual sea superior a cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo), sin incluir el valor de los recursos del crédito ni las transferencias que reciban de la Nación y del Departamento, podrán crear y organizar contralorías que tengan a su cargo la vigilancia de la gestión ﬁscal de la respectiva administración. El valor aquí señalado se reajustará anual y acumulativamente en un porcentaje igual al de la variación del índice Nacional promedio de precios al consumidor que elabora el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

En los municipios en los cuales no hubiere Contraloría, la vigilancia de su gestión ﬁscal corresponde a la contraloría Departamental.

Artículo 306º.- INEXEQUIBLE. Los contralores Municipales serán elegidos para períodos de dos años que empezarán a contarse el primero (1) de enero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Para ser elegido Contralor se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección, poseer título universitario o de tecnólogo cuyo pénsum académico contemple el estudio de materias en derecho, en ciencias económicas, contables, ﬁnancieras o administrativas».

Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993

Artículo 307º.- Además de las que señalen las leyes y los acuerdos del Concejo, los Contralores tendrán las siguientes atribuciones:

1ª Vigilar la gestión ﬁscal y ﬁnanciera de la administración municipal y de sus entidades descentralizadas y la manera de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes municipales.

2ª Exigir informes a los empleados públicos municipales sobre su gestión ﬁscal, y

3ª Revisar y fenecer las cuentas de los ingresos y gastos públicos, a ﬁn de determinar si se han hecho de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Artículo 308º.- Las Contralorías no ejercerán funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. Por tanto, no podrán intervenir, en la formación y elaboración de actos que corresponda expedir a otras autoridades municipales.

Artículo 309º.- Modiﬁcado por el art. 6, Ley 53 de 1990, decía así: «El control de la gestión ﬁscal de los Municipios Intendenciales y Comisariales corresponde exclusivamente a la contraloría General de la República».

Artículo 310º.- Los Concejos Municipales podrán dictar reglas especiales sobe la manera de comprobar los ingresos y egresos de los fondos municipales.

TÍTULO XV

De las divisiones administrativas de los Municipios

CAPÍTULO I

De las Comunas y Corregimientos y de sus Juntas Administradoras Locales.

Artículo 311º.- Para la mejor administración y prestación de los servicios a cargo de los Municipios, los Concejos podrán dividir el territorio de sus respectivos Distritos en sectores que se denominarán Comunas, cuando se trate de áreas urbanas y Corregimientos, en los casos de las zonas rurales. Ninguna comuna podrá tener menos de diez mil (10.000) habitantes.

Los acuerdos sobre señalamientos de límites a las Comunas o Corregimientos sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del Alcalde. Artículo 312º.- En cada Comuna o Corregimiento habrá una Junta Administradora Local que tendrá las siguientes atribuciones:

Cumplir por delegación del Concejo Municipal, mediante resoluciones, lo conveniente para la administración del área de su jurisdicción y las demás funciones que se deriven del ordinal 8 del artículo 197 de la Constitución Política;
Proponer motivadamente la inclusión en el presupuesto municipal de partidas para sufragar gastos de programas adoptados para el área de su jurisdicción;
Recomendar la aprobación de determinados impuestos y contribuciones;
Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en el área de su jurisdicción, y
Sugerir al Concejo y demás autoridades municipales la expedición de determinadas medidas y velar por el cumplimiento de sus

Artículo 313º.- Las Juntas Administradoras, que se reunirán como mínimo una vez al mes, estarán integradas por no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros, elegidos en la forma que determinen los Concejos. En todo caso, no menos de la tercer parte de los miembros de la Junta serán elegidos por votación directa de los ciudadanos de la Comuna o Corregimiento correspondiente.

Los miembros principales y suplentes de las corporaciones de elección popular no podrán hacer parte de las Juntas Administradoras Locales. El período de las Juntas deberá coincidir con el período de los respectivos Concejos Municipales.

El Alcalde, el Personero, el «Tesorero», el Contralor Municipal donde lo hubiere y el respectivo o respectivos Inspectores de Policía podrán participar, con derecho a voz, en las deliberaciones de las Juntas Administradoras Locales. Subrayado palabra «tesorero» Suprimida por el art. 3, Ley 53 de 1990.

Artículo 314º.- La Registraduría Nacional del Estado Civil prestará a los Municipios la ayuda necesaria para la celebración de las elecciones previstas en el artículo anterior, las que tendrán lugar el día que señalen los respectivos Concejos y que será distinto de las demás elecciones que prevean la Constitución y la ley.

Artículo 315º.- Las Juntas Administradoras Locales distribuirán y asignarán las partidas que a su favor se incluyan en los presupuestos Nacionales, departamentales, municipales y de sus entidades descentralizadas. Así mismo, apropiarán el valor de los impuestos sobretasas y contribuciones que se establezcan por el concejo exclusivamente para la respectiva Comuna o Corregimiento y los demás ingresos que perciban por cualquier otro concepto.

Artículo 316º.- Las Juntas Administradoras Locales no podrán crear organización administrativa alguna, y la presupuestación, manejo e inversión de sus recursos se hará siempre por entidades o dependencias de carácter municipal.

En cada Comuna o Corregimiento actuarán las autoridades o funcionarios de carácter ejecutivo y operativo que determinen la ley, los actos de los Concejos y de las demás autoridades competentes.

Artículo 317º.- Los Corregimientos Intendenciales o Comisariales que no hagan parte de los municipios serán administrados conforme a las normas sobre la materia.

Artículo 318º.- El Gobierno Nacional, por solicitud de los consejos Intendenciales o Comisariales, podrá crear, suprimir y fusionar Corregimientos Intendenciales o Comisariales.

Artículo 319º.- En cada Corregimiento Intendencial o Comisarial, habrá un Corregidor que será agente del intendente o Comisarios, de su libre nombramiento y remoción.

Habrá también una Junta Administradora, elegida por los vecinos del lugar, cuyas atribuciones, composición y forma de elección serán ﬁjadas por el Gobierno Nacional.

CAPÍTULO II

De las Inspecciones de Policía.

Artículo 320º.- La creación de Inspecciones Municipales de Policía corresponde a los Concejos que determinarán su número, sede y área de jurisdicción.

Las Inspecciones que se creen conforme al presente artículo dependen del respectivo Alcalde. Corresponde a dichas inspecciones:

Conocer de los asuntos o negocios que les asignen la ley, las ordenanzas y los acuerdos de los Concejos
Conocer, en primera instancia, de las contravenciones especiales a que se reﬁere el Decreto-Ley número 522 de 1971 La segunda instancia de estas contravenciones se surte ante el correspondiente Alcalde o funcionario que haga sus veces para estos efectos
Conocer, en única instancia, de las contravenciones comunes ordinarias que de trata el Decreto- Ley 1355 de 1970, excepción hecha de las que competen a la Policía Nacional.
Ejercer las demás funciones que les deleguen los Alcaldes.

Artículo 321º.- Además de las que les señalen la ley y las ordenanzas que las creen, las Inspecciones Departamentales de Policía cumplirán las atribuciones a que se reﬁeren los literales b) y c) del artículo anterior. Estas Inspecciones dependerán funcionalmente del respectivo Alcalde Municipal.

Artículo 322º.- Cuando en el Municipio no hubiere Inspector de Policía, el Alcalde o el funcionario que haga sus veces para estos efectos, conocerá en primera o en única instancia, según el caso, de los asuntos y negocios a que se reﬁere el artículo anterior. El respectivo Gobernador, Intendente o Comisario, decidirá en segunda instancia, cuando a ello hubiere lugar.

Los Inspectores, Alcaldes y demás autoridades previstas en este Código tramitarán y decidirán los asuntos policivos de su competencia de conformidad con el procedimiento y demás preceptos que contengan las normas pertinentes.

Artículo 323º.- Según la categoría del Municipio de que se trate y el carácter urbano o rural de la correspondiente Inspección, la ordenanza o el acuerdo respectivos, según el caso, deberá exigir calidades y requisitos especiales para desempeñar el cargo de Inspector de Policía.

TÍTULO XVI

De las Asociaciones de Municipios.

Artículo 324º.- La ley establecerá las condiciones y las normas bajo las cuales los Municipios pueden asociarse entre sí para la prestación de los servicios públicos. Las Asambleas a iniciativa del Gobernador, podrán hacer obligatoria tal asociación, conforme a la ley citada, cuando la más eﬁciente y económica prestación de servicios así lo requiera. (Artículo 198 de la Constitución Política).

Artículo 325º.- Dos o más Municipio s, aunque pertenezcan a distintas entidades territoriales, pueden asociarse para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, procurando el desarrollo integral de la región comprendida en sus términos territoriales.

Artículo 326º.- Las asociaciones de Municipios pueden limitar su objeto a un determinado servicio u obra de interés común, o extenderlo a varios servicios municipales. También pude pactarse para planear, ﬁnanciar y ejecutar las obras para la prestación de tales servicios; para prestar o administrar los servicios mismos o comprender solamente cualquiera de tales actividades.

Artículo 327º.- Las Asociaciones de Municipios son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los Municipios que las constituyen; se rigen por sus propios estatutos y gozarán, para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, exenciones y prerrogativas acordados por la ley a los Municipios. Los actos de las Asociaciones de Municipios son revisables y anulables por la jurisdicción contencioso administrativa.

Artículo 328º.- Cada Municipio podrá formar, a la vez, parte de varias asociaciones que atiendan distintos objetivos. En cambio, los Municipios asociados no podrán prestar separadamente, los servicios que asuma la asociación.

Artículo 329º.- Ningún Distrito Municipal pierde ni compromete su autonomía ﬁscal, política o administrativa por aﬁliarse o pertenecer a una Asociación de Municipios; sin embargo, todo Municipio asociado estará obligado a cumplir los estatutos y reglamentos de la entidad y a acatar las decisiones que adopten sus directivas para el cabal cumplimiento de sus ﬁnes.

Artículo 330º.- La Asociación voluntaria de Municipios se concertará mediante acuerdos expedidos por los respectivos Concejos Municipales, en los cuales se aprobarán los estatutos de la entidad. Al convenir una Asociación, los Municipios interesados determinarán su organización, la forma de administración de sus bienes y servicios, y la representación de los Municipios asociados en los órganos de administración con sujeción a las normas del presente Título.

Artículo 331º.- La constitución de una Asociación de Municipios, o su vinculación a una ya existente, podrá hacerse obligatoria por disposición de las Asambleas Departamentales a iniciativa del gobernador respectivo cuando la más eﬁciente y económica prestación de los servicios públicos así lo requiera. Las Asambleas, en el mismo acto que ordene la Asociación, determinarán la forma de administrar los bienes y servicios que se le adscriban, la representación de los Municipios asociados en su órganos de administración y las medidas tendientes a hacer efectiva la orden de asociación, pudiendo, para tal efecto, aplicar a favor de la entidad los auxilios o aportes con que el Departamento contribuya a ﬁnanciar las obras y servicios públicos que constituyan su objeto.

Artículo 332º.- Facúltase a las Asambleas Departamentales para que, a iniciativa del respectivo Gobernador, ordenen la Asociación de Municipios con el ﬁn de recaudar y administrar conjuntamente el impuesto predial.

Para todos los efectos, estas Asociaciones se organizarán y regirán según lo dispuesto en el presente Título y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 333º.- Cuando las Asambleas, a iniciativa del Gobernador, hagan obligatoria una Asociación de Municipios, el Departamento deberá transferir a ésta el diez por ciento (10%) del valor del impuesto de timbre sobre vehículo automotores que le fue cedido por la Ley 14 de 1983.

Si las Asociaciones obligatorias fueren dos o más, la transferencia aquí ordenada será del veinte por ciento (20%) y se distribuirá entre dichas Asociaciones, en proporción a su población.

Artículo 334º.- Para cumplir su objeto, las Asociaciones de Municipios estarán facultadas:

Para elaborar planes, programas y estudios técnicos de los servicios públicos de interés intermunicipal y de las obras necesarias para desarrollarlos, en coordinación con los Concejos de los Municipios;
Para decidir cuáles de los servicios u obras realizadas deben ser retribuidos por medio de tasas o cuotas de reembolso por los beneﬁciarios directos, y para liquidar la cuantía y establecer la forma de pago de los tributos correspondientes
Para promover obras de fomento municipal que beneﬁcien a los Municipios asociados de preferencia aquellas que por su naturaleza y extensión respondan a las necesidades colectivas y que puedan realizarse o explotarse en forma conjunta para el mejor aprovechamiento de los recursos;
Para organizar la prestación de servicios públicos de los Municipios asociados, integrándolos, o para crear los organismos y realizar las obras necesarias para su adecuado funcionamiento o para asumir la prestación de nuevos servicios;
Para orientar la tecniﬁcación de las administraciones municipales y prestarles asesoría técnica, administrativa y jurídica a los municipios que se la soliciten;
Para coordinar, mediante planos reguladores, el desarrollo urbano de los Municipios asociados;
Para hacer los estudios de costos y tarifas de los servicios que presten y obtener su aprobación, cuando ésta se requiera;
Para realizar los programas y ejecutar las obras de interés común que convengan a la preservación y sanidad del medio ambiente, así como a la defensa y conservación de los recursos naturales de la región, con sujeción a las leyes y ordenanzas que rijan esta materia;
Para elaborar y adoptar su presupuesto, y para ejecutar u ordenar la ejecución de las obras proyectadas, controlando su proyecta realización;
Para celebrar contratos y negociar los empréstitos para el cumplimiento adecuado de sus ﬁnes.

Artículo 335º.- Las obras cuyos planes y proyectos adopte una Asociación de Municipios se tendrán, para todos los efectos legales, como de utilidad pública y de beneﬁcio común; por ende, serán susceptibles de la contribución de valorización y de procedimiento de expropiación, conforme a los preceptos legales correspondientes.

Las Asociaciones de Municipios tendrán derecho a la asistencia técnica y económica de la Nación, de los Departamento y de las entidades descentralizadas.

Artículo 336º.- Cada Asociación de Municipios deberán coordinar sus programas con los planes generales del país, especialmente con los organismos Nacionales y departamentales de planeación, para evitar duplicidad de labores y obtener el máximo beneﬁcio de los recursos naturales de la región.

Artículo 337º.- Delégase en las Asociaciones de Municipios que se creen o funcionen conforme a la Ley la facultad de reglamentar, distribuir, conceder, suspender o legalizar, en nombre de la Nación el uso y explotación de las aguas de uso público en los terrenos de su jurisdicción para ﬁnes domésticos, industriales o de abastecimiento público, sujetándose, para ello, a las disposiciones Nacionales vigentes sobre la materia.

Artículo 338º.- Los estatutos de cada Asociación de Municipios deberán precisar, cuando menos:

Qué Municipios la forman, el nombre, domicilio y dirección de la Asociación;
Qué servicios públicos constituyen su objeto;
Los aportes de los Municipios asociados y los demás bienes que formen su patrimonio;
Por cuánto tiempo se pacta la asociación;
Competencia de sus órganos de administración y la representación que tendrán en ellos los asociados;
Procedimiento para reformar los estatutos, modo de resolver las diferencias que ocurran entre los asociados, y lo relativo a la disolución y liquidación de la asociación; y
Régimen interno de administración

Artículo 339º.- Cada Asociación de Municipios tendrá los siguientes órganos de administración:

Asamblea General de Socios; Junta Administradora, elegida por aquélla; y Director Ejecutivo, nombrado por la Junta, que será el representante legal de la Asociación.

Artículo 340º.- El ejercicio de la función de miembro de la junta directiva de una Asociación de Municipios, por parte de quien sea a la vez Concejal Municipal, será gratuito, pero quienes en tal caso residan en lugar distinto al domicilio de la Asociación tendrán derecho a viáticos durante los días en que haya de reunirse la Junta.

Artículo 341º.- Las disposiciones sobre organización y funcionamiento de los Concejos Municipales y las referentes a los consejales le serán aplicables, en lo pertinente, a las Juntas Directivas de las Asociaciones de Municipios y a sus integrantes.

Artículo 342º.- Cada Asociación de Municipios, ciñéndose a su propia organización estatutaria, podrá administrar y disponer de su patrimonio, integrado por:

Los bienes, auxilios, rentas, participaciones, situados ﬁscales o contribuciones que le cedan o aporten, total o parcialmente, la Nación, los Departamentos o los Municipios y los establecimientos públicos descentralizados;
Las donaciones, legados o suministros gratuitos, de cualquier índole que le hagan instituciones privadas o personas particulares;
El producido de las tarifas de sus servicios, de las sobretasas que le autorice la Ley, y de los gravámenes o contribuciones que cobre por valorización; y
Los demás bienes que adquiera como persona jurídica y el producto de los ingresos o aprovechamiento que obtenga por cualquier otro concepto.

Artículo 343º.- Los bienes y , en general, los recursos de las Asociaciones de Municipios solo podrán destinarse a la creación, mejoras y sostenimiento de sus servicios o a obras de interés colectivo. La responsabilidad de los municipios que se asocien estará limitada a sus respectivos aportes patrimoniales.

Artículo 344º.- Facúltase a las Asambleas Departamentales y a los Consejos Municipales para que sean, en todo o en parte, bienes o rentas propios en favor de las Asociaciones de los Municipios que operen dentro de su jurisdicción.

Artículo 345º.- El control ﬁscal de las Asociaciones formadas por Municipios de un mismo Departamento corresponderá a la Contraloría Departamental, a menos que la Asociación organice su propia contraloría. Si los Municipios pertenecen a varios Departamentos, la Asamblea General de la Asociación establecerá su propio sistema de control ﬁscal.

Artículo 346º.- Las Asociaciones de Municipios creadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1 de 1975 quedan sometidas al régimen establecido en el presente Código, en cuanto se ajuste a los ﬁnes previstos en el inciso tercero del artículo 198 de la Constitución Política.

Artículo 347º.- La Nación y los Departamentos ayudarán a las Asociaciones de Municipios mediante la apropiación de partidas por sumas iguales a las que efectivamente haya invertido la correspondiente Asociación en la construcción de obras, previamente autorizadas por Planeación Departamental. Tales inversiones deben haberse efectuado con cargo a los ingresos ordinarios y corrientes de la respectiva asociación.

La cuenta de cobro que presente la Asociación debe aprobarse por la entidad que haya ejercido su vigilancia ﬁscal para efectos de establecer que realmente se trató de gastos de inversión realizados en el período presupuestal, correspondiente al año inmediatamente anterior.

En los presupuestos anuales de la Nación, y los Departamentos se incluirán el rubro y las asignaciones necesarias para la atención de los pagos aquí ordenados.

NOTA: Los artículos 348 a 373 fueron derogados por el art. 30, Ley 128 de 1994.

TÍTULO XVIII

De la participación comunitaria.

Artículo 374º.- Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que la Ley señale, y en los casos que ésta determine, podrán realizarse consultas populares para decidir sobre asuntos que interesan a los habitantes del respectivo Distrito Municipal. (artículo 6 del acto legislativo No.1 de 1986).

Artículo 375º.- Las Juntas de Acción Comunal, las sociedades de mejora y ornato, las Juntas de Asociaciones de Recreación, Defensa Civil y Usuarios, constituidas con arreglo a la ley y sin ánimo de lucro que tengan sede en el respectivo distrito, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento de Municipios mediante su participación en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios que se hayan a cargo de éstos.

Con tal ﬁn, dichas Juntas y Organizaciones celebrarán con los municipios y sus entidades descentralizadas por los convenios, acuerdos o contratos a que hubiere lugar para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras.

Parágrafo.- Para el cumplimiento de los objetivos del respectivo contrato o convenio, las entidades contratantes podrán aportar o prestar determinados bienes.

Ver conceptos C-682 del 19/09/2022, , C-081 de 24704/23 , C-384 del 22/09/2024 ,

Artículo 376º.- Los contratos que celebren los Municipios en desarrollo del artículo anterior no estarán sujetos a formalidades o requisitos distintos de los que la ley exige para la contratación entre particulares, ni requerirán de la revisión que ordena el Código Contencioso Administrativo. Sin embargo contendrán las cláusulas que la ley prevé sobre interpretación, modiﬁcación, y terminación unilaterales, multas, garantías, sujeción de los pagos a las apropiaciones, presupuestales y caducidad. La veriﬁcación de su cumplimiento estará a cargo del interventor que designe el Alcalde o representante legal de la entidad descentralizada según el caso.

Ver conceptos : C-682 del 19/10/2022 , C-384 del 22/09/2024 ,

Artículo 377º.- En virtud de contratos de ﬁducia, sujetos a lo dispuesto en el artículo anterior, también podrá conﬁarse a la entidad contratista la recaudación y el manejo e inversión de determinadas contribuciones o tasas. Si así ocurriere, la entidad que haga las veces de administrador ﬁduciario no adquiere por este solo hecho carácter público u oﬁcial.

Ver conceptos : C- 682 del 19/10/2022 , C-384 del 22/09/2024 ,

Artículo 378º.- El incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas y la declaratoria de caducidad dará lugar a que, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la ley, se le suspenda la personería hasta por dos años, por la primera vez, y se ordene su cancelación en caso de reincidencia.

Ver conceptos: C-682 del 19/10/2022, , C-081 de 24704/23 , C-384 del 22/09/2024

TÍTULO XIX

De las disposiciones varias.

Artículo 379º.- La Nación, los Departamentos y los Municipios incluirán en sus respectivos diarios, gacetas o boletines oﬁciales, todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eﬁcaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos.

Artículo 380º.- En los asuntos departamentales y municipales, se aplicarán las disposiciones sobre procedimientos administrativos de la Parte Primera del Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), salvo cuando las ordenanzas o los acuerdos establezcan reglas especiales en asuntos que sean de competencia de las Asambleas y Concejos.

Artículo 381º.- En las elecciones a que se reﬁere este Código, se aplicará el sistema del cuociente electoral, conforme al artículo 172 de la Constitución Política.

Artículo 382º.- A ﬁn de asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se empleará el sistema del cuociente electoral.

El cuociente será el número que resulte de dividir el total de votos válidos por el de puestos por proveer.

Si se tratare de la elección de sólo dos individuos el cuociente será la cifra que resulte de dividir el total de votos válidos por el número de puestos por proveer, más uno.

La adjudicación de puestos a cada lista se hará en proporción a las veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer se adjudicarán a los residuos, en orden descendente. (Artículo 172 de la Constitución Política).

Artículo 383º.- Los Municipios de las Intendencias y Comisarías, se someterán, con las excepciones para ellos consagradas en este Código y en el Decreto 467 de 1986, al régimen previsto en la constitución y las leyes para los demás Municipios del país.

Artículo 384º.- Continuarán haciendo parte de los estatutos legales correspondientes, las normas que esta codiﬁcación tomó de leyes que no se reﬁeren exclusivamente a las materias tratadas en el presente Decreto.

Artículo 385º.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, literal b), de la Ley 11 de 1986, están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración municipal no codiﬁcadas en este estatuto. ,) C-756 de 04/12/2024

Artículo 386º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 25 de abril de 1986.

El Presidente de la República, BELISARIO BETANCUR

Detalles del documento
Fecha	25/04/1986
Tipo de normativa	Decreto
Año	1986
Mes	Abril
Epígrafe	Por el cual se expide el código de régimen municipal.

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