INCIDENCIA DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL BIEN OBJETO DEL LITIGIO – Bienes estatales imprescriptibles e inenajenables – Terrenos de bajamar, desafectación e incorporación al patrimonio de una entidad pública – Norma especial – Prevalencia de la norma especial
El parágrafo 1º del artículo 136 del CCA disponía que, cuando “el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables”, la acción no caducaría. El literal b) del numeral 1º del artículo 164 del CPACA establece que, en ese mismo supuesto, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Así, en esta clase de litigios, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo, con independencia del medio de control al que correspondan las pretensiones formuladas.
Para determinar cuándo el objeto del litigio lo constituyen bienes estatales imprescriptibles e inenajenables, no basta con que el contrato o acto se relacione de forma mediata o indirecta con bienes de esa naturaleza. Es necesario que lo debatido esté centrado en esos atributos o incida directamente en ellos. Adicionalmente, la Subsección ha señalado que en los procesos “en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, no operarán los términos de caducidad, en atención a los derechos asociados con las zonas de protección ambiental y con los recursos naturales renovables, que son bienes imprescriptibles e inenajenables, los cuales gozan, además, de una importancia vital para la sociedad”16. El contrato cuya nulidad se pretende en este proceso no es uno de concesión minera ni el cargo de nulidad se funda en la explotación de recursos naturales no renovables en áreas protegidas.
[…] En síntesis, la aplicación de la regla especial (CCA, art. 136, par. 1º; CPACA, art. 164.1, lit. b) no la determina únicamente la naturaleza del bien sobre el que recaiga el acto o el contrato; tampoco el objeto del negocio jurídico. La determina el objeto del litigio, entendido como la situación jurídica concreta sometida a decisión judicial. En otras palabras, la regla opera cuando la controversia tiene por objeto bienes estatales respecto de los cuales se debate una situación jurídica cuya definición involucra precisamente su carácter imprescriptible e inenajenable.
Si bastara una relación mediata e indirecta entre la controversia y los bienes estatales imprescriptibles e inenajenables, un número considerable de controversias sobre actos administrativos y contratos estatales podría quedar sustraído de los términos de caducidad (p. ej., la mayoría de los contratos de obra pública para la provisión de infraestructura de transporte). Esta interpretación comprometería la seguridad jurídica que la institución de la caducidad protege. El contratista o destinatario del acto administrativo podría acceder a la jurisdicción para reclamar derechos subjetivos derivados del contrato o lesionados por el acto administrativo sin límite temporal, aun cuando el objeto del litigio no verse sobre una situación jurídica cuya definición involucre el carácter imprescriptible e inenajenable del bien de propiedad pública.
[…] En conclusión, el objeto de las pretensiones y la causa petendi también imponían examinar la regla especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 136 del CCA, cuyo contenido coincide con el del literal b) del numeral 1º del artículo 164 del CPACA. Por referirse específicamente a los litigios cuyo objeto lo constituyen bienes estatales imprescriptibles e inenajenables, esa regla debía considerarse al construir la premisa normativa del razonamiento y determinar si la demanda había sido presentada oportunamente.
El Tribunal estructuró su razonamiento únicamente a partir de la regla de caducidad prevista para las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho. Ese enfoque condujo, además, a que el Tribunal no examinara la naturaleza jurídica del inmueble, cuestión necesaria para establecer si se configuraba el supuesto de hecho de la regla especial sobre la oportunidad de la demanda. Por tanto, el razonamiento se construyó a partir de una premisa normativa incompleta y, en este punto, le asiste razón a la apelante.
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD – CPACA artículo 161 numeral 1º – Ley 640 de 2001 artículo 35 – Asuntos susceptibles de conciliación – Conflictos de carácter particular y contenido económico – Imprescriptibilidad del bien de uso público – Bien inalienable – Inalienabilidad del bien de uso público – Competencia exclusiva del juez sobre la legalidad de los actos administrativos
El numeral 1º del artículo 161 del CPACA dispone: “Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales”.
En términos semejantes, el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 establecía que “en los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativo, laboral y de familia”. Por su parte, el artículo 2º del Decreto 1716 de 2009, compilado en el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015, precisó que las entidades públicas y las personas privadas que desempeñaran funciones propias del Estado podían conciliar, total o parcialmente, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pudiera conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
De esas disposiciones se desprenden dos presupuestos para que la conciliación extrajudicial constituya requisito de procedibilidad: (i) que el asunto sea susceptible de conciliación y (ii) que la demanda contenga pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales. La obligatoriedad del trámite conciliatorio previo depende de la concurrencia de ambos presupuestos.
La conciliación es un mecanismo de autocomposición mediante el cual las partes pueden resolver directamente sus diferencias a través de fórmulas de arreglo. Por esa razón, solo son susceptibles de conciliación los conflictos que recaigan sobre situaciones jurídicas de las cuales aquellas puedan disponer. Este examen debe recaer sobre el conflicto en su conjunto y no necesariamente sobre cada una de las pretensiones formuladas en la demanda. En consecuencia, no son conciliables las materias sometidas a una prohibición constitucional o legal de disposición ni aquellas cuya definición corresponde exclusivamente al juez, como ocurre con la legalidad de los actos administrativos.
CONCILIACIÓN SOBRE BIENES ESTATALES IMPRESCRIPTIBLES E INENAJENABLES – Bienes estatales imprescriptibles e inenajenables – Improcedencia de la conciliación – Indisponibilidad jurídica del dominio – Imprescriptibilidad – Inenajenabilidad – Límites a la autonomía de la voluntad – Régimen jurídico de los bienes estatales
El Código Civil distingue entre los bienes de propiedad pública cuyo uso pertenece a todos los habitantes —bienes de uso público— y aquellos cuyo uso no pertenece generalmente a estos —bienes fiscales— (art. 674). Esta clasificación atiende al uso del bien y no determina automáticamente los atributos que integran su régimen jurídico de protección y gestión. En efecto, el artículo 63 de la Constitución Política establece que los bienes de uso público, pero también los parques naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables —expresión equivalente, para estos efectos, a inenajenables— e imprescriptibles.
La inenajenabilidad impide que, mientras el bien permanezca sometido a ese régimen, su dominio sea transferido mediante un acto de disposición (Código Civil, art. 1521.1). A su vez, la imprescriptibilidad excluye que un particular adquiera su dominio por prescripción, aunque haya ejercido la posesión durante el tiempo previsto en la ley (Código Civil, arts. 2518 y 2519). Estos atributos no excluyen la titularidad del bien, sino la posibilidad jurídica de transferirla mediante un acto de enajenación o de adquirirla por prescripción.
Por tanto,los asuntos en los que el objeto del litigio —con el alcance indicado— lo constituyen bienes estatales imprescriptibles e inenajenables no son susceptibles de conciliación. En ellos, la controversia no recae únicamente sobre las consecuencias económicas de un acto o contrato, sino sobre la titularidad de bienes respecto de los cuales las partes carecen de poder de disposición. Estas no pueden reconocer mediante un acuerdo que un particular adquirió el dominio por prescripción, porque la imprescriptibilidad excluye ese modo de adquirir. Tampoco pueden convenir su transferencia, ratificar un acto de enajenación o acordar que el bien permanezca en el patrimonio de un particular, porque la inenajenabilidad impide disponer de su dominio mientras subsista el régimen jurídico que la establece.
| Fecha | 07/09/2026 |
| Número expediente/radicado interno | 74.619 |
| Demandado | Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. – EDURBE y otros |
| Actor | Zona Norte Administración Especializada en P.H. S.A.S. |
| Providencia | Sentencias |
| Sección / Sala | Sección Tercera |
| Subsección | A |
| Ponente | JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ |
| Medio de Control / Acción | N/A |
| Recurso | Apelación sentencia |
| Año | 2026 |
| Mes | Septiembre |
| Tipo de Contrato / Acto Administrativo | Contractual |
| Tema | Contractual |
| Naturaleza | Contractual |
| Descriptor | INCIDENCIA DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL BIEN OBJETO DEL LITIGIO, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, CONCILIACIÓN SOBRE BIENES ESTATALES IMPRESCRIPTIBLES E INENAJENABLES |
| Restrictor | Bienes estatales imprescriptibles e inenajenables, Terrenos de bajamar, desafectación e incorporación al patrimonio de una entidad pública, Norma especial, Prevalencia de la norma especial, CPACA artículo 161 numeral 1º, Ley 640 de 2001 artículo 35, Asuntos susceptibles de conciliación, Conflictos de carácter particular y contenido económico, Imprescriptibilidad del bien de uso público, Bien inalienable, Inalienabilidad del bien de uso público, Competencia exclusiva del juez sobre la legalidad de los actos administrativos, Improcedencia de la conciliación, Indisponibilidad jurídica del dominio, Imprescriptibilidad, Inenajenabilidad, Límites a la autonomía de la voluntad, Régimen jurídico de los bienes estatales |
