Documento: C-1504 de 2026

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INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES – Fondos de Servicios Educativos – Umbral de veinte salarios mínimos

[…] en lo que respecta a las instituciones educativas oficiales, el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 establece que los actos y contratos que deban registrarse en la contabilidad de los Fondos de Servicios Educativos deben celebrarse respetando, entre otros, el principio de publicidad, aplicado de manera razonable a las circunstancias concretas. La misma disposición prevé que los actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) SMLMV se rigen por las reglas de la contratación estatal, mientras que, para los contratos inferiores a dicho umbral, el Consejo Directivo puede señalar los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse. De esta manera, el umbral de veinte (20) SMLMV determina el procedimiento de contratación aplicable, pero no elimina los deberes que rigen a las entidades con regímenes especiales de contratación cuando contratan con recursos públicos, entre ellos el deber de publicidad ni autoriza a la institución a prescindir de los medios electrónicos de divulgación exigidos por la ley.

DEBER DE PUBLICIDAD – SECOP II – Instituciones educativas oficiales – Obligatoriedad

El principio de publicidad impone a las autoridades administrativas el deber de dar a conocer sus actos, contratos y decisiones, para que se divulguen y eventualmente se controlen. En sintonía con este postulado, en la contratación estatal el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 establece el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, en adelante SECOP, como un mecanismo que “contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos”.

De otra parte, la Ley 1712 de 2014 –Ley estatutaria que regula la transparencia y el derecho de acceso a la información y a los documentos públicos–, identifica como principios que orientan el derecho de acceso a la información pública, el de máxima publicidad, transparencia en la información y buena fe. El principio de máxima publicidad establece que “toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal”. El principio de transparencia en la información alude al deber de los sujetos de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles, y a través de los medios y procedimientos legales.

 La Ley Estatutaria citada establece, en el literal e) del artículo 9, que los sujetos obligados, que son todas las entidades públicas, deben publicar la información relativa a su contratación. Esta obligación fue desarrollada por el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, el cual dispuso que la publicación de la información contractual de los sujetos obligados, que contratan con cargo a recursos públicos, debe hacerse en el SECOP.