Documento: C-1596 de 2026

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CONTRATO ESTATAL – Plazo – Concepto – Cómputo en días – Cómputo en meses

Existen distintas clasificaciones del plazo. Estos pueden ser determinado o indeterminable, expreso o tácito, suspensivo o extintivo o de origen judicial, legal o convencional. En el presente concepto nos ocuparemos del análisis de estos dos (2) últimos, por ser los de interés para absolver el problema jurídico planteado.

Particularmente, el plazo es una de las modalidades por la cual las obligaciones dejan de ser puras y simples. De hecho, la regla general es que el nacimiento del derecho sea concomitante con su exigibilidad, lo que repercute en el cumplimiento inmediato de la prestación debida. Sin embargo, con las cláusulas relativas al plazo, usuales en los contratos estatales, las partes modulan cualquiera de estos dos (2) elementos haciendo que las obligaciones sean exigibles o que los derechos se extingan con el vencimiento de un periodo determinado en el contrato.

Esta precisión es relevante para el tema objeto de consulta, puesto que es necesario tener en cuenta la diferencia entre los efectos de los plazos suspensivos y resolutorios. Los primeros tienen por objeto suspender la exigibilidad de las obligaciones, por lo que una vez vencido pasan a ser puras y simples, de forma tal que el acreedor puede reclamar el cumplimiento inmediato de las prestaciones. En esta medida, “[c]uando hay plazo suspensivo pendiente, el derecho respectivo ya ha nacido, tiene existencia real y útil. Lo que falta es solo la llegada del instante en que ese derecho puede ejercitarse, y consecuentemente, obligar al deudor”. En contraste, los segundos tienen por efecto extinguir los derechos y las obligaciones nacidas del contrato, por lo que estando pendiente el vencimiento, la exigibilidad de las prestaciones es inmediata y el acreedor puede solicitar su cumplimiento, pero una vez se agota el plazo, el contrato pierde sus efectos.

En segundo lugar, habiendo claridad sobre el concepto de plazo y sus clasificaciones, es menester adentrarse en el análisis acerca de cómo se establece la fecha en que se cumple el plazo en un contrato estatal. Al respecto, es pertinente indicar que, el cálculo de los términos podrá realizarse con base en las siguientes consideraciones: i) La forma de contabilizar los términos contenida en los artículos 59 y 62 de la Ley 4 de 1913 y; ii) de acuerdo con la voluntad de las partes expresada en las cláusulas del contrato o con las estipulaciones contenidas en los documentos del proceso.

CONTRATO DE PRESTACIÓN ESTATAL – Honorarios – Pago

En los contratos de prestación de servicios, la fijación de honorarios, así como las condiciones y forma de pago, se derivan principalmente de la autonomía de la voluntad de las partes. Estas determinan el contenido de los contratos estatales que suscriben y pueden incluir las condiciones, cláusulas o estipulaciones que consideren necesarias para desarrollar el objeto contractual, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política, la ley y el orden público. Al respecto, es importante precisar que el Estatuto General de Contratación de la Administración Púbica ―en adelante EGCAP― en varias de sus disposiciones si establecen límites a esa autonomía de la voluntad.

Así las cosas, resulta a bien precisar que en un contrato de prestación de servicios, la forma de pago de los honorarios depende de lo que las partes hayan pactado expresamente en la cláusula correspondiente. Por regla general, los honorarios se entienden como la contraprestación por el servicio efectivamente prestado, lo que implica que, si el contrato se perfecciona e inicia ejecución en una fecha distinta al inicio del mes, el pago debería calcularse de manera proporcional al tiempo de ejecución real.

No obstante, si el contrato establece que los honorarios se reconocen por períodos mensuales completos, independientemente de la fecha de inicio de ejecución, las partes pueden acordar el pago íntegro del mes. En este caso, prevalece la autonomía de la voluntad, siempre que no se desconozcan principios de equidad, proporcionalidad y buena fe contractual.