Documento: 76001233100020050412205 de 2026

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12/11/2026 Providencias Consejo de Estado

RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO – Ley 489 de 1998 artículo 85 – Derecho privado – Evolución normativa – Ley 80 de 1993 artículo 2 – Ley 1150 de 2007 artículo 14 – Ley 1474 de 2011 artículo 93 – Mercados monopolísticos

El artículo 85 de la Ley 489 de 1998 define las empresas industriales y comerciales del Estado como organismos que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica “conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley (…)”. Sobre el régimen jurídico de estas entidades, la Sección Tercera ha destacado que su sometimiento al derecho privado responde a la naturaleza industrial y comercial de las actividades que desarrollan, sin perjuicio de las disposiciones de derecho público que resulten aplicables por expresa disposición legal:

“El régimen contractual de las EICE

Las empresas industriales y comerciales del Estado (EICE) son entidades creadas por la ley o por autorización de ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o de gestión económica. Conforme a la regulación contenida en los artículos 5 del Decreto 1050 de 1968 y 1 del Decreto Ley 222 de 1983, el régimen jurídico de los contratos de esas empresas era el derecho privado, salvo para los contratos de empréstito y de obras públicas.

La Ley 80 de 1993 dispuso que debían someterse a ese estatuto al enlistarlas en su artículo 2. Así, salvo algunas excepciones (art. 24 y parágrafo 1 del art. 32 Ley 80 de 1993), el régimen de contratación de las EICE era el contenido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Ley 489 de 1998 reiteró la aplicación de este régimen contractual para las EICE (art. 93). Regulación que era propia de un estatuto que, de acuerdo con la historia fidedigna de su establecimiento (art. 27 CC), pretendió su aplicación universal. Esta regulación era mucho más eficiente y clara que la actual dispersión de regímenes exceptuados que, como la Ley 80 de 1993, desembocan, finalmente, en la aplicación del derecho privado.

El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificó ese régimen, al disponer que las EICE estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o en mercados regulados o en mercados monopolísticos, que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Esta norma fue reproducida casi en su integridad por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, salvo para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos, a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto General de la Contratación.

Más allá de la confusa redacción de estas normas, resulta que la excepción, esto es, la exclusión de la aplicación del Estatuto General de Contratación a las EICE, se convirtió en la regla general. Esas empresas desarrollan su actividad en competencia, pues su naturaleza es la de ser agentes del mercado: expresión genuina de una de las formas de intervención del Estado en la economía. De manera que, con la actual regulación, como las empresas industriales y comerciales del Estado actúan en competencia, el régimen jurídico de sus actos y contratos y de los procesos de selección de contratistas, es el derecho privado, con excepción de aquellas que ejercen su objeto en actividades monopolísticas. (…)”

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO – Ley aplicable en el tiempo – Ley 489 de 1998 artículo 93 – Actos y contratos – Sala de Consulta y Servicio Civil – Derecho privado

Como el contrato fue celebrado en 2003, su régimen jurídico debe determinarse conforme a las normas vigentes para ese momento, esto es, antes de las modificaciones introducidas por las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011. En ese marco, resultaban relevantes las disposiciones de las Leyes 80 de 1993 y 489 de 1998. En particular, el artículo 93 de esta última establecía que “[l]os actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales”.

El alcance de esta fue interpretado en 2003 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el sentido que cuando la citada ley menciona “actividad” u “objeto” se refiere a un mismo concepto, de modo que se acepta que las empresas industriales y comerciales del Estado “tienen el mismo régimen para sus actos y contratos”.

[…] Es pacífico para la Sala que el contrato estaba sometido, como regla general, al derecho privado. […]

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES EN CONTRATOS REGIDOS POR EL DERECHO PRIVADO – Caducidad no pactada – Ley 80 de 1993 artículo 14 numeral 2 – Contenido material del negocio – Monopolio rentístico

[…] corresponde examinar el contenido material del negocio, pues la aplicación del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 depende de que su objeto comprenda una actividad de aquellas que para la época constituían monopolio rentístico. […]

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN – Compraventa – Código Civil artículo 1849 – Concepto – Agencia comercial – Reventa por cuenta propia – Corte Suprema de Justicia

El artículo 1849 del Código Civil define la compraventa como el “contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero”. En este caso, el negocio incorporó obligaciones de venta de los productos […], junto con otras prestaciones de ejecución sucesiva relacionadas con su distribución, promoción y comercialización en el mercado estadounidense.

[…] En relación con esta forma de distribución, la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“6.1. Respecto de la temática inicialmente mencionada, debe enfatizarse que el papel del agente como “distribuidor”, comporta para él la realización de una actividad accesoria a la principal del contrato de agencia, esto es, a la de promocionar los productos o la marca del empresario, encaminada simplemente a facilitar el acceso de las mercaderías al adquirente de ellas que, por lo tanto, en ningún caso, desvirtúa, se sobrepone o substituye los elementos esenciales de esta segunda clase de acuerdos.

Así las cosas, tal laborío complementario de quien es agente, no ostenta la misma naturaleza de la gestión que efectúa el que, en desarrollo de un contrato de distribución, propiamente dicho, promociona y vende los productos que previamente adquiere a un empresario, obteniendo como ganancia la diferencia de los precios de compra a este último y de enajenación a sus clientes, pues es claro que en dicho supuesto, una y otra actividad, la previa de mercadeo y la posterior de reventa, el intermediario las verifica en el marco de un negocio exclusivamente suyo, por su cuenta y riesgo y para beneficio personal.”

Y, en providencia del 13 de mayo de 2014, había profundizado sobre este tipo de convenios:

“En cuanto a la actividad de distribución que, como se asentó, no cuenta con respaldo normativo y, por ende, corresponde aplicar la analogía legis, a partir de la descripción que del mismo han realizado la jurisprudencia y la doctrina patria y foránea, se debe entender como: “la gestión de un empresario que con ánimo de continuidad comercializa bienes y servicios de un productor”. El distribuidor es la persona que actuando en nombre propio y por su cuenta, adquiere los productos o la mercancía del fabricante o de otro distribuidor para entregarlos al consumidor, quien acudiendo a sucesivas ventas, pone al servicio de tal actividad la infraestructura con la que cuenta o que, a raíz del negocio concertado, decide implementar. Bajo esa consideración, el fabricante, con la menor inversión, se vale de la que su distribuidor ha dispuesto para la consecución del fin perseguido, que no es otro que llevar sus productos al destinatario natural (el consumidor), logrando maximizar los resultados de su ejercicio empresarial, con la consecuente reducción de costos.”

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES – Ley 80 de 1993 artículo 14 numeral 2 – Monopolio estatal – Cláusulas entendidas pactadas – Ley vigente a la celebración

[…] corresponde determinar si, pese a tratarse de un contrato sometido al derecho privado y a que las partes no estipularon expresamente la caducidad, aunque sí pactaron las facultades de terminación, modificación e interpretación unilaterales, dicha potestad se entendía incorporada por expresa disposición legal. Al respecto, el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 disponía:

“2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente.”

Para determinar si el contrato se encontraba comprendido en el supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, corresponde establecer si su objeto involucraba el ejercicio de una actividad constitutiva de monopolio rentístico, de acuerdo con el régimen jurídico vigente al momento de su celebración, en 2003.

MONOPOLIO RENTÍSTICO – Constitución Política artículo 336 – Arbitrio rentístico – Interés público o social – Titularidad del Estado – Reserva de ley – Corte Constitucional

El artículo 336 de la Constitución Política establece que ningún monopolio puede establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. Al desarrollar esta disposición, la Corte Constitucional ha señalado que: (i) solamente son admisibles como arbitrio rentístico; (ii) el Estado es el único titular, excluyendo “la posibilidad que los particulares exploten por cuenta propia la actividad sobre la cual recae el monopolio”; (iii) las rentas producidas como consecuencia del ejercicio de esa actividad son fiscales, destinadas “exclusivamente a finalidades de interés público o social”; y (iv) corresponde al legislador determinar las actividades que constituyen monopolio rentístico y establecer su régimen propio.

MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES – Titularidad de los departamentos – Licores destilados – Ley 14 de 1983 artículos 61 y 63 – Decreto Ley 1222 de 1986 artículo 121 – Contratos de intercambio

En esa línea, el Consejo de Estado también expuso que los monopolios se erigen como un atributo del Estado, que existen “si una ley así lo establece y, en todo caso, con el fin único de satisfacer necesidades de interés público o social”, dentro de los que se encuentra el de licores, cuya titularidad es de los departamentos. En particular, la Sección Tercera de la Corporación precisó:

“De esta forma, en cuanto al monopolio rentístico de licores destilados, se encuentra que las actividades relacionadas con su producción, introducción y distribución, participan de dicha naturaleza, de acuerdo con la Ley 14 de 1983 y el Decreto-ley 1222 de 1986, artículos 61 y 121, respectivamente. En este punto, cabe tener claro que a pesar de que estas normas son previas a la vigencia de la Carta Superior, cumplen con la exigencia Constitucional, según la cual los monopolios serán tales cuando así los califique y regule una ley. (…)”

Para la fecha de celebración del contrato, en 2003, el artículo 61 de la Ley 14 de 1983, entonces vigente, establecía que “[l[a (sic) producción, introducción y venta de licores destilados constituyen monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico en los términos del artículo 31 de la Constitución Política de Colombia. (…)” […] En esa línea, el canon 63 de la misma regulación contemplaba que en desarrollo del referido monopolio, los departamentos podían “celebrar contratos de intercambio con personas de derecho público o de derecho privado y todo tipo de convenio que dentro de las normas de contratación vigentes permita agilizar el comercio de estos productos. (…)”.

MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES – Venta del producto – Fase de explotación del monopolio – Intermediarios – Comercialización en el exterior – Sala de Consulta y Servicio Civil

La enajenación de los productos […] correspondía, conforme al régimen vigente para la fecha de celebración del contrato, a una de las actividades comprendidas en el monopolio rentístico de licores. En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha precisado que “la venta del producto objeto del monopolio, es una de las fases o etapas de la explotación del mismo”, y ha distinguido esta operación de las ventas posteriores realizadas por segundos y terceros intermediarios hasta llegar al consumidor final, las cuales no hacen parte del monopolio. […]

La venta de los productos […] correspondía, conforme al régimen vigente para la fecha de celebración del contrato, a una de las actividades comprendidas en el monopolio rentístico de licores, con independencia de que las enajenaciones posteriores por parte del distribuidor se efectuaran en una zona geográfica foránea, máxime si se tiene en cuenta que la entrega de los productos adquiridos […] se haría, en principio, en el Puerto de Buenaventura, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

CADUCIDAD DEL CONTRATO – Ausencia de pacto expreso – Régimen mixto – Ministerio de la ley – Ley 80 de 1993 artículos 14 y 18 – Control de legalidad

En consecuencia, dentro de este régimen mixto, como el contrato comprendía dentro de su objeto una actividad constitutiva del monopolio rentístico de licores —la venta de los productos fabricados […] para su posterior comercialización–, se configuraba el supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Por tanto, aunque las partes no estipularon expresamente la caducidad, esta se entendía incorporada en el acuerdo por ministerio de la ley, y la contratante estaba facultada para ejercer la potestad prevista en el artículo 18 del mismo estatuto

Esta conclusión encuentra respaldo en un pronunciamiento anterior de esta Subsección en el que, al examinar la aplicación del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 a un contrato relacionado con el monopolio rentístico de licores, se concluyó:

“Así pues, dado que la explotación de los licores constituye un monopolio rentístico reservado a los Departamentos (sic), que a su vez se erige como fuente de financiación de servicios públicos inherentes a la función social del Estado y puesto que, según el numeral 2º, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en los contratos celebrados con el objeto de ejercer esas actividades imperativamente y por ministerio de la ley se entenderán incluidas las diversas cláusulas excepcionales, entre ellas la de caducidad administrativa contractual, resulta obligado concluir que en el contrato No. 013 de 1996, a pesar de no haberse pactado dicha exorbitancia expresamente, se deba entender incluida, toda vez que es propia de ese tipo de convenios.

Concluye entonces la Sala que en el sub examine sí existía competencia funcional para declarar la caducidad del contrato No. 013 de 1996, comoquiera que ésta hacía parte de la relación convencional, pese a no haberse estipulado allí de forma expresa”

Así, las Resoluciones […] mediante las cuales […] ejerció la potestad de declarar la caducidad, constituyen actos susceptibles de control por esta jurisdicción. La existencia de dicha facultad no determina, sin embargo, la legalidad de su ejercicio, cuestión que deberá examinarse a partir de los cargos formulados contra los actos demandados.

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PACTADOS – Arreglo directo – Conciliación – Arbitramento – Requisito previo – Potestad unilateral – Protección del contratista

Sobre el punto, el Consejo de Estado ha establecido que la entidad pública no está obligada a acudir a estos de manera previa a ejercer su facultad unilateral de declarar caducado el contrato, porque no existe alguna previsión en ese sentido dentro del marco jurídico que regula dicha potestad.

De ahí que para la Sala no era requisito que […] agotara, en primera medida, todas las fases enunciadas, si consideraba que había razones para declarar la caducidad, siempre y cuando respetara un estándar mínimo de protección para el destinatario de la medida, con el fin de no viciar el trámite de su expedición.

DEBIDO PROCESO EN LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO – Constitución Política artículo 29 – Actuaciones administrativas – Antes de la Ley 1150 de 2007 – Derecho de defensa – Etapa previa

En ese sentido, antes de tomar una decisión de tal entidad con las drásticas consecuencias que conlleva, es imperioso que se respeten y acaten las garantías del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional, que aplican a “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Al respecto, esta Subsección destacó que incluso antes de que se profiriera la Ley 1150 de 2007 que “consagró el debido proceso como principio rector en materia sancionatoria”, se debía garantizar “que el afectado pudiera intervenir en la etapa previa a la expedición del respectivo acto administrativo con el objeto de que pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual debía conocer el inicio de la actuación, las razones en las cuales se fundara, tener oportunidad de aportar y discutir las pruebas que en su contra se adujeran y, en general, presentar los descargos que considerara pertinentes”.

DEBIDO PROCESO EN LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO – Garantías mínimas – Requerimiento previo – Imputación del incumplimiento – Anuncio de la sanción – Descargos – Decisión súbita

 […]los mecanismos alternativos de solución de conflictos para declarar la caducidad como se acotó, para la época en que ocurrieron los hechos, la administración sí debía respetar las garantías esenciales del debido proceso como derecho fundamental.

En ese sentido, de acuerdo con los lineamientos esbozados por esta Subsección sobre el asunto en casos anteriores, era necesario que, por lo menos –y sin pretender equipararlo con un proceso judicial o sancionatorio reglado– mediara entre los hechos que motivaron la decisión de la administración y la resolución que declaró la caducidad (i) un requerimiento previo en el que se pusiera en conocimiento de la contratista los incumplimientos imputados, que darían lugar a aplicar la mencionada facultad excepcional, y (ii) se le brindara al destinatario la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y de contradicción, presentando sus descargos, aportando y controvirtiendo pruebas.

Sobre el primero, es claro que, como lo dispuso también esta Subsección en oportunidad anterior “debe garantizarle al contratista su derecho a ser oído sobre los presupuestos de hecho y de derecho en que se fundan los presuntos incumplimientos que darían lugar a la imposición de la sanción”. De lo que se deriva, para el caso concreto, que […] tenía el derecho a conocer que la sanción que se le impondría ante su incumplimiento por no constituir o renovar la garantía de cumplimiento, sería la caducidad del contrato; tendría que haber conocido esa imputación de manera previa.

[…] No obstante, los requerimientos sobre la garantía de cumplimiento no reemplazaban el procedimiento que debía garantizarse a la contratista para que conociera de la eventual declaratoria de caducidad del contrato y pudiera defenderse. Nunca se le anunció […] que esa sería la consecuencia, ni se le requirió para que presentara sus argumentos. Por eso fue una decisión súbita.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – Falta de prórroga – Decreto 679 de 1994 artículo 18 – Sanciones contractuales – Multas – Cláusula penal

Incluso, desde la óptica de la normatividad vigente en ese momento, fue sorpresiva. El artículo 18 del Decreto 679 de 1994 establecía que “[s]i el Contratista no prorroga la garantía se aplicarán las sanciones contractuales a que haya lugar”, medidas que podían enmarcarse en la aplicación de multas, intereses o cláusulas penales, que las partes incluyeron en su convención.

Detalles del documento
Fecha21/09/2026
Número expediente/radicado interno65.259
DemandadoIndustria de Licores del Valle E.I.C.E.
ActorDana Wine & Spirits Importers Inc.
ProvidenciaSentencias
Sección / SalaSección Tercera
SubsecciónA
PonenteZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Medio de Control / AcciónControversias Contractuales
RecursoApelación
Año2026
MesSeptiembre
Tipo de Contrato / Acto AdministrativoContrato de compraventa
TemaAcción de Cumplimiento
NaturalezaContractual
DescriptorRÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO, CLÁUSULAS EXCEPCIONALES EN CONTRATOS REGIDOS POR EL DERECHO PRIVADO, CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN, CLÁUSULAS EXCEPCIONALES, MONOPOLIO RENTÍSTICO, MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES, CADUCIDAD DEL CONTRATO, MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PACTADOS, DEBIDO PROCESO EN LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
Restrictor1.1 Ley 489 de 1998 artículo 85, Derecho privado, Evolución normativa, Ley 80 de 1993 artículo 2, Ley 1150 de 2007 artículo 14, Ley 1474 de 2011 artículo 93, Mercados monopolísticos, Ley aplicable en el tiempo, Ley 489 de 1998 artículo 93, Actos y contratos, Sala de Consulta y Servicio Civil, Caducidad no pactada, Ley 80 de 1993 artículo 14 numeral 2, Contenido material del negocio, Monopolio rentístico, Compraventa, Código Civil artículo 1849, Concepto, Agencia Comercial, Reventa por cuenta propia, Corte Suprema de Justicia, Monopolio estatal, Cláusulas entendidas pactadas, Ley vigente a la celebración, Constitución Política artículo 336, Arbitrio Rentístico, Interés público o social, Titularidad del Estado, Reserva de ley, Corte Constitucional, Titularidad de los departamentos, Licores destilados, Ley 14 de 1983 artículos 61 y 63, Decreto Ley 1222 de 1986 artículo 121, Contratos de intercambio, Venta del producto, Fase de explotación del monopolio, Intermediarios, Comercialización en el exterior, Ausencia de pacto expreso, Régimen mixto, Ministerio de la Ley, Ley 80 de 1993 artículos 14 y 18, Control de legalidad, Arreglo directo, Conciliación, Arbitramento, Requisito previo, Potestad unilateral, Protección del contratista, Constitución Política artículo 29, Actuaciones administrativas, Antes de la Ley 1150 de 2007, Derecho de defensa, Etapa previa, Garantías mínimas, Requerimiento previo, Imputación del incumplimiento, Anuncio de la sanción, Descargos, Decisión súbita, Falta de prórroga, Decreto 679 de 1994 artículo 18, Sanciones contractuales, Multas, Cláusula penal