Documento: 08001233300020200077001 de 2026

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17/11/2026 Providencias Consejo de Estado

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL – Defectos de planeación – Improcedencia – Imprevisión – Desequilibrio económico

La Sala considera relevante precisar que los defectos de planeación no constituyen, por sí mismos, situaciones imprevistas susceptibles de afectar la ecuación económica del contrato, pues sostener lo contrario conduciría a confundir las instituciones del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato. En el presente caso, las falencias que se atribuyen al Municipio en la estructuración del contrato podrían eventualmente configurar un incumplimiento contractual, siempre que se demuestre que se concretaron en la inobservancia de una obligación a su cargo y que tuvieron incidencia en las obligaciones asumidas por el contratista. Ello, por cuanto los defectos en la planeación, considerados en abstracto, no constituyen un incumplimiento contractual autónomo. En ese sentido, debe advertirse que el contrato no estableció una obligación específica a cargo del Municipio que se derivara del deber de planeación –como, por ejemplo, la entrega de determinados estudios al Consorcio–, por lo que no basta con acreditar una deficiencia en la estructuración del negocio para evidenciar un incumplimiento contractual.

DEBER DE PLANEACIÓN – Colaboración activa – Alcance – Principio de buena fe – Deber de información

El deber de planeación impone al contratista un deber de colaboración activa con la Administración que comprende, entre otros aspectos, advertir a la entidad contratante las deficiencias en la planeación que identifique, con el fin de que puedan ser subsanadas. A su vez, el principio de buena fe incorpora un deber de información recíproco, a partir del cual las partes deben suministrar información precisa, veraz y autentica que, a su vez, conlleva una carga de verificación y valoración por la parte interesada. De esta manera, el contratista está llamado a desplegar una debida diligencia en el análisis de la información suministrada por la entidad durante la etapa precontractual.

En este contexto, el argumento del Consorcio no resulta procedente, pues no puede excusar su falta de diligencia y sagacidad negocial bajo el entendido de que el Municipio no realizó una adecuada estructuración de costos del AIU al no incluir en debida forma un impuesto; en la medida en que, en atención a su calidad de experto, tenía el deber de examinar los documentos precontractuales incorporados al proceso –entre ellos, el presupuesto planeado–, y estructurar una propuesta que reflejara un AIU acompasado con la realidad de los impuestos municipales.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTAS – Vinculatoriedad – Impuestos

De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, el Consorcio manifestó en la carta de presentación de la oferta que conocía y aceptaba “en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual”. De esta manera, resulta claro que debía conocer los impuestos establecidos para el presente proceso contractual, y la exigencia de dicho conocimiento no resultaría desproporcionada, pues, como lo establece el artículo 9 del Código Civil, el Consorcio no puede alegar el desconocimiento de una norma como excusa para no sufragar los impuestos derivados de su actividad contractual. Si bien es cierto que el Consorcio afirmó que el tesorero municipal había certificado el porcentaje de los impuestos y deducciones aplicables; lo cierto es que dicha certificación no obra en el expediente y, en todo caso, su eventual existencia no lo eximiría de su deber de no solo contrastar la información suministrada; sino, también, conocer y cumplir la carga impositiva.

Como lo ha precisado la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (se trascribe): “no se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista”. Por lo anterior, el argumento elevado en el recurso no está llamado a prosperar.

MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA – Desequilibrio financiero del contrato estatal – Suspensión del contrato – Renuncia a presentar reclamo judicial – Derecho a la autonomía privada

Cabe aclarar que el Consorcio pretende atribuir un desequilibrio económico a unos actos que, en ejercicio de la autonomía privada de las partes, generaron una mayor permanencia en obra. Sin embargo, esta circunstancia no se encuentra reconocida como un supuesto de ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales. Por ende, el análisis debe efectuarse desde la perspectiva de la responsabilidad derivada de la mayor permanencia en obra. Al respecto, en cada uno de los actos suscritos por las partes se estableció que la suspensión del plazo de ejecución contractual (se trascribe): “no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de [la] alcald[í]a del Municipio de Candelaria”.

En atención a lo expuesto, se advierte que, tanto en el acta de suspensión como en sus sucesivas prórrogas, el Consorcio y el Municipio regularon los efectos económicos derivados de estos actos. En particular, pactaron de manera expresa e inequívoca la renuncia a reclamar cualquier gasto derivado de la suspensión del plazo de ejecución contractual. Esta renuncia no se encontraba supeditada a que el Municipio realizara los respectivos trámites para superar los motivos que dieron lugar a la suspensión. Por tanto, en aplicación del principio de buena fe y en respeto de las consecuencias de los términos del negocio jurídico celebrado, no resulta procedente acceder a la reclamación de los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra. Por esta razón, el argumento elevado en el recurso de apelación tampoco está llamado a prosperar con fundamento en tales conceptos.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Mala fe – Carga de la prueba – Suspensiones – Acreditación

La mala fe de las entidades estatales no puede presumirse a partir de la sola existencia de las suspensiones o de la falta de acreditación de determinadas actuaciones, sino que debe encontrarse debidamente demostrada a partir de elementos probatorios claros y concluyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 769 del Código Civil. Así las cosas, en el presente caso, no se acreditó que el Municipio hubiese promovido o suscrito las suspensiones con la finalidad de mantener injustificadamente paralizado el contrato, ni que hubiera actuado de manera deliberada para impedir la superación de las causas que las originaron. Por consiguiente, el argumento elevado en el recurso de apelación no está llamado a prosperar.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Congruencia de la sentencia – Pretensiones de la demanda – Interés moratorio – Juramento estimatorio – Remisión normativa – Código General del Proceso

Conviene precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del CGP –aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA– la sentencia debe (se trascribe): “estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”. Por lo anterior, no puede el juez reconocer intereses moratorios que no fueron reclamados en las pretensiones de la demanda, pues el juramento estimatorio no tiene la potencialidad de introducir pretensiones que no hayan sido expresamente formuladas –con independencia de que se le entienda como un medio de prueba o no dentro de esta Jurisdicción. Lo contrario supondría desconocer el principio de congruencia.

Detalles del documento
Fecha05/10/2026
Número expediente/radicado interno73.724
DemandadoMunicipio de Candelaria – Atlántico
ActorConsorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017
ProvidenciaSentencias
Sección / SalaSección Tercera
SubsecciónB
PonenteAlberto Montaña Plata
Medio de Control / AcciónAcción Contractual
RecursoApelación sentencia
Año2026
MesOctubre
Tipo de Contrato / Acto AdministrativoContractual
TemaContractual
NaturalezaContractual
DescriptorPRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL, DEBER DE PLANEACIÓN, CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTAS, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
RestrictorDefectos de planeación, Improcedencia, Imprevisión, Desequilibrio económico, Colaboración activa, Alcance, Principio de buena fe, Deber de información, Vinculatoriedad, Impuestos, Desequilibrio financiero del contrato estatal, Suspensión del contrato, Renuncia a presentar reclamo judicial, Derecho a la autonomía privada, Mala fe, Carga de la prueba, Suspensiones, Acreditación, Congruencia de la sentencia, Pretensiones de la demanda, Interés moratorio, Juramento estimatorio, Remisión normativa, Código General del Proceso