Documento: C-1552 de 2026

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20/11/2026 Conceptos ANCP-CCE

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES – Multas – Cláusula penal – Imposición unilateral

Por su parte, la imposición unilateral de la multa o la cláusula penal–, por el contrario, cuentan con una particular combinación entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad, de tal suerte que, si bien el legislador autorizó a las entidades para declarar el incumplimiento con la intención de multar al contratista para conminarlo al cumplimiento o para hacer efectiva la cláusula penal, es indispensable que uno u otro caso se hayan pactado en el contrato. No obstante, cumplido el requisito del pacto en el contrato, las entidades estatales sometidas al EGCAP –Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y sus modificaciones–, por ministerio de la ley –artículo 17 de la Ley 1150 de 2007–, se entienden investidas de la prerrogativa de imposición unilateral.

MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA– Competencia temporal – Vencimiento del plazo – Postura de la Agencia

[…] el límite temporal para la imposición de la cláusula penal pecuniaria debe definirse con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que es la norma vigente que actualmente asigna esta potestad a las entidades estatales y define los límites frente a su aplicación. En este sentido, la Ley 1150 de 2007 determinó de manera expresa que las entidades sometidas al EGCAP pueden imponer las multas pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, siempre que “se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista”. […]

[…]

Lo anterior quiere decir, como se desprende de su literalidad, que la entidad puede imponer las multas y cláusula penal pactadas en el contrato, mientras esté pendiente la ejecución de las obligaciones del contratista, lo que define el límite temporal para hacerlo. De hecho, no condicionó la aplicación de estas sanciones al plazo de ejecución del contrato, y esto tiene sentido sise armoniza con la finalidad de la multa o de la cláusula penal y los fines de la contratación estatal. En primer lugar, existen obligaciones cuyo cumplimiento solo puede verificarse después del plazo pactado para la ejecución y en caso de no cumplir en las condiciones acordadas la entidad tiene la facultad para conminar al contratista incumplido. En segundo lugar, como se explicó ampliamente en el acápite anterior, si vencido el plazo de ejecución el contratista no cumple, la obligación no se extingue, pues de acuerdo con el artículo 1625 del Código Civil el vencimiento del plazo contractual no es un modo de extinguir las obligaciones, salvo pacto en ese sentido. Por tanto, la obligación continuará pendiente y el contratista estará en mora de cumplir por no haberlo hecho en el plazo acordado. Esto indica que lo que terminó fue el plazo de ejecución, pero la obligación todavía está pendiente de cumplimiento y el contratista podría hacerlo tardíamente con las consecuencias gravosas que esto implica. No obstante, la entidad deberá determinar si, inclusive, con el cumplimiento tardío aún se satisface el interés público.

DECRETO 0997 DE 2026 – Artículo 3 – Reporte de inhabilidades – Alcance

En ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el inciso segundo del numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 3 del Decreto 0997 de 2026 modificó el artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de incorporar de manera expresa el reporte, registro y permanencia de las inhabilidades que se originen como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad civil de personas naturales y jurídicas, derivada de acciones u omisiones imputables en el marco de su actividad contractual, conforme a los numerales 3 y 6 del artículo 58 de la Ley 80 de 1993. Con ello se cierra un vacío operativo, pues, aunque el ordenamiento preveía dichas inhabilidades, las entidades no contaban con un mecanismo que les permitiera verificar, de manera directa y oportuna, su configuración a través del RUP.

El supuesto de hecho de la nueva obligación dispone que la entidad debe remitir a la cámara de comercio la información de las inhabilidades de los numerales 3 y 6 del artículo 58 de la Ley 80 de 1993 únicamente «cuando una sentencia ejecutoriada declare la responsabilidad civil de un particular o de una persona jurídica por hechos u omisiones que le sean imputables en relación con la actuación contractual con dicha Entidad Estatal» [énfasis propio]. De esa redacción se derivan dos consecuencias: por una parte, la orden de reporte se activa solo con una sentencia que declare responsabilidad civil de un particular o persona jurídica; por otra, la responsabilidad civil debe derivarse de la actuación contractual con la propia entidad que reporta. No se trata, entonces, de cualquier acción civil ante la jurisdicción ordinaria a la que la entidad contratante sea ajena, sino de la responsabilidad del contratista por su conducta contractual frente a esa misma entidad. Como los conflictos contractuales del Estado se ventilan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por el medio de control de controversias contractuales del artículo 141 del CPACA, proceso en el cual la entidad es parte necesaria, el decreto no obliga a las entidades a rastrear sentencias de procesos en los que no intervienen, sino que vincula la obligación precisamente a aquellos procesos en los que sí son parte.

DECRETO 0997 DE 2026 –Compras Públicas Sostenibles – Criterios sociales

Las Compras Públicas Sostenibles (CPS) constituyen el enfoque de la contratación estatal que promueve el equilibrio entre tres dimensiones —lo económico, lo social y lo ambiental— e integra estas esferas en la adquisición de bienes, obras y servicios, con el propósito de contribuir a la protección ambiental y al desarrollo social equitativo, especialmente de los sectores más vulnerables.

La materialización de esta perspectiva es transversal a todas las etapas de la gestión contractual. Conforme a la Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable, adoptada por esta Agencia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los criterios sociales y ambientales se integran en la i) planeación estratégica, mediante lineamientos internos de compras sostenibles; ii) etapa precontractual, en la elaboración de estudios y documentos previos; iii) etapa contractual, mediante cláusulas; y iv) etapa poscontractual, en la verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

En este marco, los criterios sociales son aquellos que buscan reducir las desigualdades sociales, incluir a grupos desfavorecidos y promover la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la adhesión a normas y buenas prácticas de seguridad social, salud e higiene en el ámbito laboral, en cumplimiento de los presupuestos de vinculación con el objeto del contrato, proporcionalidad y no discriminación. La responsabilidad social, por su parte, implica que entidades y proveedores garanticen, en cada acción de la gestión contractual, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Detalles del documento
Fecha17/11/2026
ActorLudwig Fabián Abril Granados
No. radicado internoC-1552 de 2026
Año2026
MesNoviembre
Radicado de Entrada1_2026_10_02_013261
Radicado de Salida2_2026_11_17_012658
Radicado InternoC-1552 de 2026
DescriptorCLÁUSULAS EXCEPCIONALES, MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, DECRETO 0997 DE 2026
RestrictorMultas, Cláusula penal, Imposición unilateral, Competencia temporal, Vencimiento del plazo, Postura de la Agencia, Artículo 3, Reporte de inhabilidades, Alcance, Compras Públicas Sostenibles, Criterios sociales