Documento: C-1149 de 2026

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09/09/2026 Conceptos ANCP-CCE

DECRETO 0287 DE 2026 ‒ Antecedentes normativos ‒ Decreto 392 de 2018 ‒ Omisiones reglamentarias ‒ Sentencia de acción de cumplimiento

 

La insuficiencia del Decreto 392 de 2018 fue constatada judicialmente. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de acción de cumplimiento del 12 de diciembre de 2024, radicación n.° 05001-23-33-000-2024-00847-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez, declaró el incumplimiento del Gobierno Nacional del artículo 62 de la Ley 1996 de 2019, que ordenaba reglamentar las medidas del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, y ordenó expedir los decretos reglamentarios faltantes en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia. La Sala calificó la obligación como imperativa, expresa e inobjetable, señalando que el Gobierno Nacional no contaba con margen de discrecionalidad para decidir si reglamentaba o no el sistema de preferencias.

DECRETO 0287 DE 2026 – Puntaje adicional – Requisitos

En respuesta al problema planteado, es preciso señalar que el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, establece un puntaje adicional del dos por ciento (2 %) del total de los puntos previstos en el pliego de condiciones para los procedimientos de licitación pública y concurso de méritos. A este beneficio pueden acceder los proponentes que: i) acrediten alguna de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, o ii) demuestren la vinculación de personas con discapacidad a su planta de personal en los términos establecidos en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4.

DECRETO 0287 DE 2026 – Puntaje adicional – Mipymes

En ese sentido, respecto de las Mipymes, en la tabla se observa que para empresas cuyas plantas de personal sean entre 1-30 trabajadores y entre 31-100 trabajadores, se exige la vinculación de 2 o 3 personas con discapacidad. Sobre su pregunta respecto de esta disposición y su impacto para las Mipymes, y la posibilidad de ajustar lo requerido por la norma o contemplar mecanismos alternativos para empresas con 1 solo trabajador, es importante precisar las razones para la inclusión de los rangos de 1-30 trabajadores y 31 y 100 trabajadores en la tabla para la aplicación del puntaje a empleadores de personas con discapacidad, lo cual tiene una diferencia con la reforma laboral que empieza a partir de 100 trabajadores.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el Decreto 287 de 2026 modifica completamente el Decreto 392 de 2018, que ya tenía los rangos de trabajadores mencionados, por lo que es un derecho adquirido por las personas con discapacidad que no podía ser eliminado por el nuevo decreto. Por tanto, los rangos se mantienen y fueron ajustados para que los derechos de las personas con discapacidad, como sujetos de especial protección constitucional, sean progresivos, esto es, que con el paso del tiempo aumente su inclusión, en este caso, como trabajadores de empresas que busquen contratar con el Estado.

Lo anterior no riñe con los principios de la contratación estatal, particularmente frente al principio de competencia, la abogacía de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que era necesario incluir en la memoria justificativa del decreto, la aclaración “que precise el carácter opcional del cumplimiento de este requisito para la obtención del beneficio de puntaje, y que reafirme que no se trata de una obligación general para todos los agentes del mercado”.

(…) De la misma forma, la memoria justificativa aclaró que este beneficio no es obligatorio para ninguna empresa, incluidas las Mipymes, esto es, cualquier empresa puede abstraerse de contratar personas con discapacidad en los rangos citados, ya que es opcional obtener el puntaje o no, para hacer más competitiva la oferta, y también existen otros factores de puntaje para Mipymes, mujeres, entre otros, a los que pueden acudir las empresas que decidan no vincular personas con discapacidad. “En tal sentido, este criterio no configura una obligación general para todos los participantes del mercado, sino un incentivo voluntario que amplía alternativas competitivas sin imponer cargas desproporcionadas ni afectar la libre concurrencia y competencia”.

Detalles del documento
Fecha01/09/2026
ActorNatalia Morales Peña
No. radicado internoC-1149 de 2026
Año2026
MesSeptiembre
Radicado de Entrada1_2026_07_17_009480
Radicado de Salida2_2026_09_01_009420
Radicado InternoC-1149 de 2026
DescriptorDECRETO 0287 DE 2026
RestrictorAntecedentes normativos, Omisiones reglamentarias, Sentencia de acción de cumplimiento, Puntaje adicional, Requisitos, Mypimes