CLÁUSULAS EXCEPCIONALES – Noción- Alcance
Durante la ejecución de los contratos, las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –en adelante EGCAP– usualmente cuentan con distintas potestades exorbitantes o excepcionales, con base en las cuales ejercen la dirección general del contrato y realizan las actividades propias de vigilancia y control. Entre dichas potestades se encuentran: a) Las cláusulas excepcionales del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, concepto que incluye la terminación unilateral, la interpretación unilateral, la modificación unilateral, la caducidad y la reversión. Dichas prerrogativas se desarrollan en los artículos 15 a 19 ibidem; b) Las cláusulas excepcionales de imposición unilateral de las cláusulas penales y de multas, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. En este caso su exorbitancia se refiere a la facultad de imposición unilateral, no a su pacto, que es posible en virtud de las normas civiles y comerciales; c) Las potestades establecidas en otras disposiciones como la liquidación unilateral y la declaratoria unilateral del siniestro –artículos 7 y 11 de la Ley 1150 de 2007–.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL – Artículo 86 – Ley 1474 de 2011 – Etapas
De conformidad con lo anterior, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 establece como etapas del procedimiento que deben seguir las Entidades Estatales: i) citación a audiencia. Es necesario mencionar expresa y detalladamente los hechos que la soportan, así como, también, adjuntar el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación, enunciar las normas o cláusulas posiblemente violadas y referir las consecuencias que podrían recaer sobre el contratista en el desarrollo de la actuación. En esta línea, el informe de supervisión o de interventoría sirve como insumo que debe tener en el momento de declarar el incumplimiento. En todo caso, el Consejo de Estado ha expresado que el informe del interventor no puede entenderse como el único o exclusivo insumo para declarar la responsabilidad del contratista, puesto que la ley no establece una tarifa probatoria sobre el particular, y porque aun existiendo, la entidad debe verificar su certeza y analizarlo con las demás pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio. ii) Audiencia. En la diligencia intervendrá el jefe de la entidad o su delegado y, posteriormente, se le concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente y al garante, en caso de ser necesario, para que estos presenten sus descargos, aporten y controviertan pruebas y rindan las explicaciones del caso, siendo razonable que presenten alegatos de conclusión, con el fin de presentar sus argumentos finales antes de que se tome una decisión. Por último, iii) Decisión. Debe estar contenida en resolución motivada donde se consigne, por un lado, lo ocurrido en el desarrollo de la diligencia y, por el otro, lo relativo a la imposición de las sanciones o la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal. Contra la decisión únicamente procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma diligencia. Ambas decisiones se entenderán notificadas en audiencia. En este caso, el acto que contiene la decisión tendrá la naturaleza de ser un acto administrativo.
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL – Facultades Sancionatorias – CPACA
Respecto a los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales, el parágrafo 1 del artículo 47 del CPACA expresamente dispone que estos se rigen por las normas especiales en la materia, incluido los recursos. Por tal razón, en principio la norma aplicable para ejercer las potestades sancionatorias contractuales es el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 que comporta un procedimiento especial, célere, eficaz y sumario, llevado a cabo en audiencia pública y que brinda las garantías mínimas al contratista para ejercer su derecho de defensa y contradicción, justificadas en el debido proceso, en los términos del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
Sin perjuicio de lo anterior, puede considerarse que, dado el carácter supletivo del procedimiento administrativo sancionatorio del CPACA, las reglas de este procedimiento pueden complementar los aspectos no previstos en las normas especiales que rigen el procedimiento administrativo sancionatorio contractual. La anterior conclusión se sustenta en lo siguiente: i) el primer inciso del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 establece una remisión a las normas del CPACA que rigen los procedimientos administrativos, en lo que sea compatible con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y ii) los artículos 2 y 47 (inciso 1) del CPACA, consagran el principio de subsidiariedad, en virtud del cual las normas de la primera parte del código se deben aplicar en aquellos casos en los cuales haya vacío en las normas especiales.
CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA – Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual – Aplicación subsidiaria – Artículo 52 –CPACA
Definido lo anterior se observa que el artículo 52 del CPACA es la norma que consagra la caducidad de la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, que opera luego de transcurridos tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, plazo dentro del cual el acto administrativo sancionatorio debe quedar expedido y notificado. Además, estableció de manera independiente y autónoma el término de un (1) año para resolver los recursos procedentes contra el acto sancionatorio, contado a partir de la interposición de los mismos, so pena de la pérdida de competencia. Finalmente, dispuso que, si los recursos no se deciden en el término fijado, se entenderán resueltos a favor del recurrente.
Ahora bien, en vista de que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no reguló este asunto de manera especial, resultaría posible aplicar el artículo 52 del CPACA, si las circunstancias de un caso concreto lo ameritan, porque no contradice la norma especial, sino que la complementa. Lo anterior aun cuando el artículo 86 de la Ley 1474 establece que el recurso de reposición debe resolverse en la misma audiencia; pero no regula la consecuencia de lo que ocurriría si la entidad contratante no lo resuelve en esa oportunidad, situación irregular que entraría a suplirse con lo dispuesto en la norma del procedimiento sancionatorio general.
A partir de la integración normativa, entre el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, se constata que esta facultad sancionatoria debe ejercerse dentro del marco temporal fijado por el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, lo que significa que la administración solo puede iniciar y culminar el procedimiento sancionatorio dentro de los tres años siguientes al hecho constitutivo de incumplimiento. En consecuencia, la caducidad actúa como límite material y temporal que condiciona la procedencia de las sanciones contractuales, garantizando que el ejercicio de la potestad sancionadora se ajuste a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA – SECOP II – Procedimientos Aplicables.
Teniendo en cuenta lo expresado en las anteriores consideraciones y a partir de uno de los problemas jurídico, objeto de consulta, es pertinente revisar la necesidad de modificar el estado del proceso contractual en SECOP II derivado de la caducidad de la facultad sancionatoria, ya sea con la terminación, liquidación o cierre del contrato en dicha plataforma. Para ello, la entidad estatal debe revisar cuál es el procedimiento a seguir, lo cual depende de la etapa en que se encuentra el proceso, ya sea con la terminación, liquidación o cierre del contrato en el SECOP II.
Al respecto, el usuario de la Entidad Estatal podrá gestionar la terminación, liquidación y cierre del contrato en el SECOP II así: al seleccionar esta modificación, el SECOP II muestra un mensaje con la pregunta “¿Requiere reconocimiento del proveedor?”. Por defecto, esta opción viene seleccionada, lo cual, indica que la modificación requiere aprobación del Proveedor. Si va a efectuar una terminación bilateral o una liquidación bilateral del contrato debe seleccionar esta opción, esto es, que requiera la aprobación del proveedor, teniendo en cuenta que el SECOP II como plataforma transaccional, es donde ambas partes –entidad estatal y proveedor- aprueban los documentos. Por tanto, no se aceptan que las actas de liquidación sean subidas en documentos de ejecución, pues no corresponden a esta etapa de la contratación estatal, salvo que por problemas técnicos en la plataforma no pueda aprobarse la liquidación. Para el caso de una terminación unilateral o caducar el contrato, deja esta opción sin marcar.
Detalles del documento | |
| Fecha de Entrada | 15/10/2025 |
| Fecha de Salida | 26/11/2025 |
| Actor | Phillipe Alexandre Maya Ortega |
| No. radicado interno | C-1503 de 2025 |
| Radicado de Entrada | 1_2025_10_15_011566 |
| Radicado de Salida | 2_2025_11_26_012403 |
| Radicado Interno | C-1503 de 2025 |
| Descriptor | CLÁUSULAS EXCEPCIONALES, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL |
| Restrictor | Noción, Alcance, Artículo 86, Ley 1474 de 2011, Etapas, Facultades sancionatorias, CPACA, Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual, Aplicación subsidiaria, Artículo 52, SECOP II, Procedimientos Aplicables |