Documento: C-1527 de 2026

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EGCAP – Régimen Jurídico Mixto

Respecto al régimen jurídico de las entidades sometidas, es necesario tener en cuenta que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública define los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Sin embargo, se trata de un listado enunciativo, pues la Ley 80 de 1993 se integra con las tipologías contractuales previstas en el derecho privado. Por ello, el inciso primero del artículo 13 dispone que “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.

Dicha idea también se reitera en el EGCAP considerando que “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad” –art. 32, inciso primero–. Asimismo, dispone que “Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza” –art. 40, inciso primero–.

DECRETO LEY 222 DE 1983 – Alcance – Derogatoria – Ley 80 de 1993

Ahora bien, si bien el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP es el cuerpo normativo que rige las reglas de gran parte de los contratos estatales dentro del orden jurídico, existen reglas que la precedieron y que son con vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 “Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones”. Su artículo 1 delimitaba las entidades sujetas al estatuto y señalaba las materias aplicables a departamentos y municipios. En este contexto, vale la pena destacar que el artículo 16 incluía como administrativos los contratos interadministrativos internos con los objetos allí previstos. Por ello, la denominación del instrumento no basta para identificar su régimen. Se deben considerar las entidades intervinientes, su competencia, el objeto y las disposiciones territoriales o especiales aplicables.

Vale la pena destacar que posteriormente se expidió la ley 80 de 1993, mediante la cual se expide el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, la cual fue publicada el 28 de Octubre de 1.993. Dicho estatuto normativo, por ser el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, derogó en casi su totalidad, la normatividad anterior, relacionada con la contratación, entre la que se cuenta: El Decreto-ley 2248 de 1972; la Ley 19 de 1982; el Decreto-ley 222 de 1.983, excepto los artículos 108 a 113; el Decreto-ley 591 de 1991, con excepción de los artículos 2°,8°,9°, 17 Y 19; el Decreto-ley 1684 de 1991; las normas sobre contratación del Decreto 700 de 1992, y los artículos 253 a 264 del Código Contencioso Administrativo; así como las demás normas que le fueran contrarias.

DECRETO LEY 222 DE 1983 – Contratos – Régimen jurídico aplicable – Ultractividad – Vigencia

En torno a la vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, el artículo 78 de la Ley 80 de 1993 es la regla transitoria específica para los contratos, procedimientos de selección y procesos judiciales en curso al entrar a regir ese estatuto. Debe interpretarse junto con su artículo 81, sobre vigencia y derogatorias, y el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, cuyo tenor literal en su inciso primero prescribe: “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. La derogación del estatuto anterior impide su aplicación general a negocios nuevos, pero permite su aplicación ultractiva a los contratos celebrados bajo su vigencia, dentro del ámbito que le correspondía.

La ultractividad preserva el régimen sustancial del contrato anterior. Si para cumplirlo se requiere una decisión administrativa actual, la autoridad debe identificar por separado las reglas de competencia y procedimiento que rigen esa decisión. Así, los requisitos actuales de una actuación pueden aplicarse sin alterar la fuente ni el alcance de la obligación previa, salvo que una disposición transitoria establezca otra solución. Esta distinción encuentra respaldo positivo en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, conforme al cual «las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir», salvo respecto de los recursos, pruebas, audiencias, diligencias, términos, incidentes y notificaciones ya iniciados, que se rigen por la ley vigente al momento de su iniciación. De esta manera, mientras las normas sustanciales que gobiernan el contrato permanecen ultractivas, las de carácter procesal se aplican de manera inmediata.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Naturaleza de las partes – Fin social

El convenio tiene la calidad de interadministrativa, en la medida en que fue celebrado entre entidades públicas que se encontraba sometido al régimen previsto del Decreto-Ley 222 de 1983. Bajo dicho marco normativo, estos convenios constituían una modalidad contractual diferenciada, justificada por la calidad pública de las partes y orientada a la consecución coordinada de fines estatales. En cuanto a su perfeccionamiento, debe precisarse que, de conformidad con el régimen vigente para la época, este no dependía exclusivamente de la suscripción del documento contractual, sino del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 51 del Decreto-Ley 222 de 1983 […]

Según la naturaleza del negocio y las disposiciones especiales aplicables, dicho requisito podía consistir en la revisión judicial, la aprobación de garantías, la obtención del correspondiente registro presupuestal o, en determinados eventos, simplemente la suscripción del instrumento contractual. Por tanto, la determinación de la existencia y alcance de las obligaciones asumidas exige verificar el cumplimiento de las solemnidades y requisitos legalmente exigibles al momento de su celebración. En consecuencia, la recepción o entrega material del inmueble ocurrida con posterioridad no equivale al perfeccionamiento del convenio, que se rige por las solemnidades anotadas, sino que constituye un acto de ejecución de la obligación de entrega. Cuando esa entrega se acompaña de una destinación específica impuesta como carga, la entidad receptora queda vinculada a ella en los términos del título que la estableció. Por consiguiente, el perfeccionamiento y la ejecución del convenio constituyen momentos jurídicamente diferenciados, de modo que la fuente de la obligación cuya permanencia debe examinarse reside en la destinación impuesta y no en la mera recepción material del bien.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – No aplicación – Artículo 355 – Constitución Política

Sobre este punto, resulta relevante precisar que el inciso primero del artículo 355 de la Constitución Política prohíbe a las ramas y órganos del poder público decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. La finalidad de esta disposición es impedir la disposición gratuita de recursos públicos en beneficio de particulares por fuera de los mecanismos constitucional y legalmente establecidos. Sin embargo, dicha prohibición se encuentra circunscrita a las transferencias efectuadas en favor de sujetos de derecho privado y, por tanto, no resulta aplicable, en principio, a las relaciones jurídicas establecidas entre entidades públicas. En consecuencia, cuando la transferencia de un bien inmueble se produce en desarrollo de un convenio interadministrativo celebrado entre entidades estatales, la operación no encuadra en la hipótesis constitucional de auxilio o donación proscrita por el artículo 355 superior, toda vez que no existe una atribución patrimonial a favor de un particular, sino una actuación entre organismos públicos orientada al cumplimiento de funciones y finalidades estatales.

Esta lectura es conforme con la jurisprudencia constitucional, que ha precisado que la prohibición del artículo 355 superior se dirige a la asignación gratuita de recursos públicos en favor de personas de derecho privado y que, por regla general, no se extiende a las transferencias entre entidades estatales orientadas al cumplimiento de sus cometidos, sin perjuicio de que la propia Corte haya advertido que tal prohibición no tiene carácter absoluto. En esa línea, el ordenamiento autoriza de manera expresa la enajenación o cesión a título gratuito de inmuebles fiscales entre entidades públicas y para programas de vivienda de interés social.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Finalidad – Duración

Conviene añadir que, cuando la transferencia de un bien se somete a una destinación específica, la relación se aproxima a una obligación modal o carga, en la que el adquirente recibe la cosa con el deber de aplicarla a un fin determinado. En el régimen civil, el incumplimiento de esa carga solo da lugar a la restitución del bien cuando se ha pactado de manera expresa una cláusula resolutoria, pues esta no se presume. De ahí que la permanencia de la destinación y la eventual reversión del inmueble dependan de lo estipulado en el título y no de la sola finalidad social que inspiró la transferencia.

Por último, cabe destacar que, la permanencia del fin social de un predio destinado a la reconstrucción depende de la norma y del título que establecieron su destinación. Si el acto de transferencia impuso una obligación de uso continuado, esta conserva el alcance y la duración previstos en su fuente. Si el título exigió ejecutar una obra, entregar una vivienda o completar otra prestación determinada, corresponde establecer si esa obligación se cumplió y si subsisten restricciones distintas.