Documento: C-1572 de 2026

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LEY DE GARANTÍAS – Noción – Prohibición de los artículos 33 y 38

La Ley 996 de 2005, también conocida como la Ley de Garantías Electorales, tiene como finalidad establecer condiciones de igualdad y transparencia durante las contiendas electorales, así como prevenir que los recursos y las actuaciones de las entidades públicas sean utilizados para favorecer determinadas aspiraciones políticas. Para alcanzar tal propósito, el legislador estableció una serie de restricciones a la actividad de las entidades estatales y de los servidores públicos, particularmente en materia de contratación y uso de los recursos públicos.

En ese contexto, sobre el particular resulta necesario diferenciar las disposiciones contenidas en los artículos 33 y 38 de la mencionada ley, pues ambas establecen prohibiciones con ámbitos de aplicación subjetivos, materiales y temporales diferentes. El artículo 33 establece que, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Esta misma disposición contempla expresamente excepciones relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, la atención de emergencias educativas, sanitarias y desastres, la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados, acciones terroristas, desastres naturales o fuerza mayor, y los contratos que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias […]

Por su parte, el parágrafo del artículo 38 dispone que Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.  […]

ALCANCE – Restricción del parágrafo del artículo 38 Ley 996 de 2005

[…] a diferencia del artículo 33 esta disposición contempla una restricción aplicable con ocasión de cualquier tipo de elección popular y tiene unos destinatarios expresamente determinados, esto es, los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital.

En materia contractual, la prohibición se concreta en la imposibilidad de celebrar convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos públicos durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones. Así, para que opere la restricción deben concurrir los presupuestos previstos en la norma: i) que el negocio jurídico corresponda materialmente a un convenio interadministrativo; ii) que esté destinado a la ejecución de recursos públicos; iii) que intervenga alguno de los sujetos expresamente señalados en la disposición, en el ámbito de sus funciones; y iv) que su celebración tenga lugar durante el periodo de restricción electoral.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Artículo 95 de la Ley 489 de 1998

[…] el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 contempla la posibilidad de que las entidades públicas se asocien con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su cargo. En estos negocios jurídicos las entidades concurren al desarrollo de un propósito común, mediante la articulación de esfuerzos, competencias, funciones o recursos, con intereses convergentes orientados al cumplimiento de finalidades estatales. Por regla general, no existe una relación de intercambio económico en la que una entidad actúe como contratante y otra como contratista, ni el reconocimiento de un precio como contraprestación por una prestación a favor de la otra.

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS – Noción – Postura del consejo de estado – La disposición legal se refiere a los convenios interadministrativos – No es extensible a contratos

[…] los contratos interadministrativos se caracterizan por la existencia de obligaciones de contenido patrimonial y oneroso, en las que una entidad estatal asume la posición de contratante y otra la de contratista. En este escenario, las partes persiguen finalidades diferenciadas: la entidad contratante busca satisfacer una necesidad pública, mientras que la entidad contratista desarrolla las prestaciones a su cargo a cambio de una remuneración o contraprestación económica.

[…]

[…] el 10 de agosto de 2026, la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado profirió sentencia dentro del expediente 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72424), mediante la cual declaró la nulidad parcial del numeral 16.2 de la versión 3 de la Circular Externa Única de 2023.  Para sustentar la decisión la Corporación desarrolló aspectos puntuales: En primer lugar, reiteraron que aunque ambos constituyen acuerdos de voluntades celebrados entre entidades públicas, presentan diferencias en cuanto a su naturaleza, finalidad, objeto y obligaciones. Así, mientras los convenios interadministrativos responden a una finalidad de colaboración y cooperación para el cumplimiento de propósitos comunes, los contratos interadministrativos implican obligaciones de contenido patrimonial y una relación de intercambio económico entre las entidades. En consecuencia, no es jurídicamente admisible equiparar ambas figuras por el solo hecho de que sus partes sean entidades públicas o porque el ordenamiento jurídico contemple la posibilidad de acudir a la contratación directa para la celebración de contratos interadministrativos. Y en segundo lugar, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 contiene una prohibición de naturaleza estatutaria, en cuanto desarrolla materias relacionadas con las garantías y condiciones de igualdad en las contiendas electorales. En ese sentido, al tratarse de una disposición prohibitiva, su interpretación debe ser restrictiva, de manera que no resulta procedente extender sus efectos a situaciones o categorías jurídicas que no fueron expresamente comprendidas por el legislador. De esta manera, la interpretación de la norma no puede realizarse mediante analogía o extensión para incorporar los contratos interadministrativos dentro de la prohibición prevista exclusivamente para los convenios interadministrativos.