Documento: C-1610 de 2026

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18/11/2026 Conceptos ANCP-CCE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ‒ Derecho del contratista a la remuneración ‒ Exigibilidad de los pagos ‒ Supervisión ‒ Liquidación no obligatoria ‒ Pago de saldos pendientes sin acta de liquidación

Conforme al numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tiene derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada. En los contratos de prestación de servicios profesionales con pago por periodos, cada pago se hace exigible cuando se cumplen los requisitos previstos en el contrato, como la presentación de la cuenta de cobro, el informe de actividades y la certificación de cumplimiento del supervisor, cuya expedición es un deber de la entidad conforme a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Como la liquidación no es obligatoria en estos contratos, según el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el pago de los saldos causados durante la ejecución no requiere acta de liquidación: la entidad verifica el cumplimiento de los requisitos de pago y lo efectúa, dentro del término en que la obligación es exigible. La pérdida de competencia para liquidar, prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, no opera en los contratos que no requieren liquidación; lo que limita en el tiempo la reclamación y el reconocimiento de esos saldos es la caducidad del medio de control.

PAGO EN PLAZOS JUSTOS ‒ Ley 2024 de 2020 ‒ Ámbito de aplicación ‒ Actos mercantiles ‒ Artículo 12: contratos del Estatuto General de Contratación con Mipymes ‒ Plazo de sesenta (60) días desde la aceptación de la factura ‒ Artículo 11: deberes del Estado en el trámite de pago ‒ Intereses moratorios

La Ley 2024 de 2020 fija plazos máximos e imperativos para el pago de las obligaciones causadas como contraprestación en los actos mercantiles y, en su artículo 12, dispone que en los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que las entidades estatales celebren con micro, pequeñas o medianas empresas los pagos deben realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes a la aceptación de la factura, sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja. Su artículo 11 ordena al Estado ajustar sus procedimientos de facturación y pago a la ley, realizar dentro del plazo las verificaciones de cumplimiento y, cuando el contratista requiera un documento de la entidad, expedirlo oportunamente, sin que los plazos puedan extenderse por la demora en su expedición. La ley regula la oportunidad del pago de las obligaciones exigibles y no modifica las reglas de caducidad ni los modos de extinción de las obligaciones. Su aplicación a un contrato de prestación de servicios profesionales depende de que el contratista tenga la calidad de Mipyme o de que la prestación constituya un acto mercantil, lo que no ocurre con los servicios inherentes a las profesiones liberales conforme al numeral 5 del artículo 23 del Código de Comercio; en todo caso, el retardo de la entidad en el pago de obligaciones exigibles genera los intereses moratorios previstos en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ‒ Contratos que no requieren liquidación ‒ Cómputo ‒ Efectos sobre las obligaciones pendientes ‒ Obligaciones naturales ‒ Improcedencia de reconocimientos y pagos posteriores

De acuerdo con el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en los contratos que no requieren liquidación el término de caducidad de dos (2) años se cuenta desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa. La caducidad y la prescripción son fenómenos distintos: la primera recae sobre la oportunidad para acudir a la jurisdicción y es de orden público, perentoria e indisponible; la segunda, regulada en el Código Civil, aplicable por remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, es un modo de extinguir las obligaciones. Sin embargo, conforme a la doctrina de esta Agencia, que sigue la de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, vencido el término de caducidad sin que se haya reclamado judicialmente, las obligaciones pendientes entre las partes se convierten en obligaciones meramente naturales: carecen de acción para exigirlas y la entidad no puede efectuar reconocimientos que generen obligaciones de índole patrimonial a su cargo, ni dispone de título para pagarlas. Esa consecuencia no deriva de la prescripción, sino de la estabilización de las relaciones jurídicas que produce la caducidad, por lo que no depende de que haya transcurrido el término de prescripción civil.

CADUCIDAD ‒ Actos internos de la entidad ‒ Registro presupuestal ‒ Liberación de saldos ‒ Vigencias expiradas ‒ Reconocimiento del saldo en documentos de la entidad ‒ Enriquecimiento sin causa

Los términos de caducidad están fijados en la ley y no pueden ser ampliados, reducidos ni condicionados por circulares o actos internos de la entidad; estos solo pueden organizar el trámite de los pagos y fijar reglas de procedimiento, como los plazos para radicar las cuentas de cobro, sin que su inobservancia extinga por sí misma el derecho a la remuneración mientras la obligación sea exigible. La liberación de los saldos del registro presupuestal es un acto de gestión presupuestal que no extingue la obligación contractual; cuando una obligación causada y exigible no se pagó en la vigencia correspondiente, las normas orgánicas del presupuesto prevén mecanismos para atenderla, como las vigencias expiradas, cuya aplicación exige que la obligación sea exigible y corresponde a la entidad conforme a los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El reconocimiento de la existencia del saldo en informes de supervisión, certificaciones o registros no revive el término de caducidad ni habilita a la entidad para pagar después de su vencimiento; si esos documentos constituyen o no un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, en los términos del numeral 3 del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, es una cuestión que corresponde al juez. La existencia de un contrato excluye, por regla general, la acción de enriquecimiento sin causa, que la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado reserva para supuestos excepcionales en los que la prestación se ejecutó sin contrato.

CIERRE DEL CONTRATO ‒ Certificaciones y constancias ‒ Derecho de petición ‒ Cierre del expediente ‒ Omisiones de la entidad ‒ Régimen especial ‒ Mecanismos de reclamación

La entidad está obligada a expedir, a solicitud del excontratista, las certificaciones y constancias sobre hechos que consten en sus archivos, en ejercicio del derecho de petición, con independencia de la finalidad para la que se soliciten y de que haya vencido el término de caducidad; otra cosa es que esos documentos no habiliten reconocimientos patrimoniales. En los contratos que no requieren liquidación, el balance económico se cierra con los pagos efectuados conforme a los requisitos contractuales y con el cierre del expediente del artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, cuando proceda. Las consecuencias de las omisiones de la entidad o del supervisor sobre la exigibilidad del pago y el cómputo de los términos solo pueden establecerse por el juez en cada caso, sin que la ley prevea que suspendan o interrumpan la caducidad. En los contratos sometidos a un régimen especial de derecho privado, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 no se aplican salvo pacto, y la prescripción se rige por las normas civiles o comerciales que correspondan a la naturaleza del negocio; la caducidad del medio de control depende de que el contrato esté sometido al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los mecanismos de reclamación disponibles después de la caducidad, su procedencia y sus requisitos, incluida la conciliación extrajudicial, el proceso ejecutivo y el control de los actos que nieguen el pago, se rigen por la Ley 1437 de 2011 y la Ley 2220 de 2022, y su viabilidad en cada caso corresponde a las autoridades judiciales.

COMPETENCIA CONSULTIVA ‒ Interpretación de normas generales ‒ Situaciones particulares ‒ Autoridades judiciales

La competencia consultiva de la Agencia se circunscribe a la interpretación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ejercicio de esa competencia la Agencia fija criterios sobre el derecho del contratista a la remuneración, la liquidación, la caducidad y sus efectos sobre las obligaciones contractuales, y sobre los deberes de las entidades, sin resolver casos concretos ni sustituir a los jueces, a quienes corresponde decidir sobre la existencia de títulos ejecutivos, la prescripción, la responsabilidad por omisiones y la procedencia de los mecanismos judiciales de reclamación.

Detalles del documento
Fecha10/11/2026
ActorNATHALY CASTILLO VERGAÑO
No. radicado internoC-1610 de 2026
Año2026
MesNoviembre
Radicado de Entrada1_2026_10_13_013803
Radicado de Salida2_2026_11_10_012296
Radicado InternoC-1610
DescriptorCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO EN PLAZOS JUSTOS, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD, CIERRE DEL CONTRATO, COMPETENCIA CONSULTIVA
RestrictorDerecho del contratista a la remuneración, Exigibilidad de los pagos, Supervisión, Liquidación no obligatoria, Pago de saldos pendientes sin acta de liquidación, Ley 2024 de 2020, Ámbito de aplicación, Actos mercantiles, Artículo 12: contratos del Estatuto General de Contratación con Mipymes, Plazo de sesenta (60) días desde la aceptación de la factura, Artículo 11: deberes del Estado en el trámite de pago, Intereses moratorios, Contratos que no requieren liquidación, Cómputo, Efectos sobre las obligaciones pendientes, Obligaciones naturales, Improcedencia de reconocimientos y pagos posteriores, Actos internos de la entidad, Registro presupuestal, Liberación de saldos, Vigencias expiradas, Reconocimiento del saldo en documentos de la entidad, Enriquecimiento sin causa