CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Definición – Requisitos – fundamento normativo
Para empezar, el contrato de prestación de servicios es un contrato estatal típico que está regulado en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Su modalidad de selección se encuentra establecida en el artículo 2, numeral 4º, literal h), de la Ley 1150 de 2007 como contratación directa, y aquella es reglamentada en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, del que se resalta la obligación de las entidades estatales de verificar la idoneidad de las personas con las que se celebrará este tipo de contratos
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Simultaneidad
De conformidad con lo anterior, puede concluirse que la prohibición del artículo 128 de la Constitución política de Colombia no es aplicable a los contratos de prestación de servicios, en tanto según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estos contratos no comportan una relación laboral, sino que son fruto de la libre autonomía de la voluntad de los contratantes, por consiguiente, el contratista no es considerado un servidor público, al no tener un vínculo de subordinación con el Estado, elemento propio de un contrato laboral.
En este contexto, los contratistas de prestación de servicios se encuentran por fuera del ámbito de aplicación el artículo 128 de la Constitución, al no ser titulares de un empleo público, lo que supone que es válido que una persona suscriba varios contratos de prestación de servicios con el Estado, no existiendo una disposición que así lo prohíba. Esto por supuesto dependerá de que, el contratista no se encuentre incurso en alguna otra causal de inhabilidad o incompatibilidad con las entidades públicas, en las condiciones explicadas.
LEY DE GARANTÍAS – Restricción contratación directa
Como se puede observar, el artículo 33 de la Ley 996 de 2205 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes estatales durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales y dispone las excepciones a dicha prohibición. Así, su ámbito de prohibición está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa” y para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” es cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
Detalles del documento | |
| Fecha de Entrada | 19/11/2025 |
| Fecha de Salida | 26/12/2025 |
| Actor | Juan Guillermo Alzate Henao |
| No. radicado interno | C-1706 de 2025 |
| Radicado de Entrada | 1_2025_11_19_013028 |
| Radicado de Salida | 2_2025_12_26_013516 |
| Radicado Interno | C-1706 de 2025 |
| Descriptor | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LEY DE GARANTÍAS |
| Restrictor | Definición, Requisitos, Fundamento normativo, Simultaneidad, Restricción contratación directa |