Documento: C-1523 de 2026

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GARANTÍAS CONTRACTUALES – Exigencia – Obligación del proponente – Obligación del contratista – Finalidad

[…] el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, exige por regla general, en los procesos de contratación pública la constitución de garantías ya sea en la etapa precontractual, contractual o postcontractual, con el fin de evitar o mitigar posibles riesgos. En esa orientación, el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 dispone que los contratistas tienen la obligación de constituir garantías para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y los proponentes por el ofrecimiento realizado, pudiendo consistir en pólizas expedidas por compañías aseguradoras, garantías bancarias u otros mecanismos permitidos por la ley y el reglamento. […]

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – Vigencia – Liquidación del contrato

[…] de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 ibidem, regula la suficiencia de la garantía de cumplimiento, la garantía de cumplimiento debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. En ese sentido, el amparo cubre tanto el plazo de ejecución como el plazo de vigencia del contrato.

[…] Al respecto, la jurisprudencia define el plazo de ejecución como el establecido para la realización de las prestaciones contractuales y, de igual forma, considera que el plazo de vigencia de este no ha finalizado mientras subsista la obligación para las partes de liquidar el contrato.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – Vigencia – Liquidación del contrato – Falta de ampliación

En síntesis, la Entidad Estatal tiene el deber de exigir que la garantía de cumplimiento permanezca vigente hasta la liquidación del contrato; sin embargo, la falta de ampliación de dicha garantía no se encuentra prevista expresamente como una circunstancia que, por sí sola, elimine la facultad o el deber de liquidar el contrato. La procedencia de la liquidación y las medidas a adoptar deberán determinarse a partir de las circunstancias particulares del caso concreto y de los riesgos jurídicos y contractuales identificados por la entidad.