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Fecha: 21/09/2026 – Número expediente/radicado interno: 74687 – Demandado: Departamento de Antioquia – Actor: Corporación Educativa para el Desarrollo Integral – COREDI – Providencia: Sentencias – Sección/Sala: Sección Tercera – Subsección: A – Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ – Medio de control: Controversias Contractuales – Recurso: Apelación sentencia – Año: 2026 – Mes: Septiembre – Tipo de contrato: Acto administrativo – Tema: Acto administrativo – Naturaleza: Contractual – Descriptor: CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, VALOR POR ESTUDIANTE, REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA, PLANEACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA, LIQUIDACIÓN UNILATERAL, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIONES DE MEDIO DEL CONTRATISTA, DISTRIBUCIÓN CONTRACTUAL DEL RIESGO, DESPLAZAMIENTO DEL RIESGO HACIA LA ENTIDAD CONTRATANTE, CARGA DE LA PRUEBA, PRUEBA DEL CRÉDITO CONTRACTUAL, CONPES SOCIAL 170 DE 2014 – Restrictor: Régimen jurídico aplicable, Artículo 200 de la Ley 115 de 1994, Sometimiento a las reglas de contratación entre particulares, Exclusión del EGCAP salvo en los aspectos regulados por las normas del servicio educativo, Remisión convencional a la Ley 80 de 1993 y a la Ley 1150 de 2007, No transforma el régimen atribuido por la ley, No convierte en potestades administrativas las facultades derivadas de la autonomía privada, Manifestaciones de la entidad contratante, Actos jurídicos contractuales y no actos administrativos, Facultades unilaterales de origen convencional, Carecen de presunción de legalidad, Inaplicabilidad de las causales de nulidad de los actos administrativos, Inaplicabilidad del deber legal de restablecimiento del equilibrio económico previsto en la Ley 80 de 1993, Reconocimiento de obligaciones económicas conforme al contrato y al régimen de derecho privado aplicable, Calificación jurídica formulada por el demandante, No vincula al juez, Examen de la controversia desde el cumplimiento del contrato, Contrato estatal regido por el derecho privado, Se resuelve desde el contenido obligacional y las reglas del incumplimiento contractual, Alteración económica sobreviniente, Relevante solo ante hecho extraordinario, imprevisible y ajeno al riesgo distribuido, Artículo 27 de la Ley 715 de 2001, Procedencia ante insuficiencia o limitaciones del sistema educativo oficial, Límite del valor financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, Excedente con recursos propioS, Modalidades del Decreto 2355 de 2009, Regla de determinación del valor, Valor por estudiante multiplicado por el número de estudiantes atendidos, Sustitución del reglamento durante la ejecución, Contratos en curso, Aplicación de las normas vigentes al momento de su suscripción, Determinación con base en los componentes de la canasta ofrecidos en la planeación, Valor total según los estudiantes atendidos, Variabilidad radicada en la cobertura y no en el precio unitario, Asignación definida por la Nación, Límite máximo de lo financiable con recursos del Sistema General de Participaciones, No constituye valor mínimo de la remuneración ni variable de ajuste de costos, Contrato de administración del servicio educativo, Suma fija por alumno atendido, Inciso 2 del artículo 17 del Decreto 2355 de 2009, Función limitativa y no de garantía del adverbio “exclusivamente”, Costo de los componentes aportados, Límite superior de la retribución, Prohibición de incorporar márgenes de utilidad, El costo de ejecución no es criterio de remuneración, Contraste con la modalidad de concesión, Ausencia de regla de reajuste en la modalidad de administración, Inciso 2 del artículo 10 del Decreto 2355 de 2009, No constituye un vacío integrable a partir del gasto ejecutado, Artículo 8 del Decreto 2355 de 2009, Proyección de cupos como estimación de cobertura y no garantía de matrícula, Listado de beneficiarios como marco de referencia de la ejecución, Contrato de valor unitario, Matrícula real inferior a la proyectada, Riesgo a cargo del contratista salvo estipulación en contrario, Fuente exclusivamente convencional, Los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 no operan como normas atributivas de potestad, Alcance de la facultad convencional, Elaboración del balance final de lo ejecutado, reconocido y pagado, No autoriza resolver controversias, crear obligaciones, extinguir créditos discutidos ni atribuir efectos transaccionales, Persistencia de la diferencia sobre la remuneración, Habilita el ejercicio de la facultad, Sin perjuicio del derecho del contratista de acudir al juez del contrato, Oportunidad, Cómputo de los plazos pactados e incorporados por remisión al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Posición consignada por la entidad, No determina la inclusión o exclusión del crédito reclamado, Examen directo de la fuente y prueba del crédito por el juez del contrato, Plausibilidad económica del reajuste, Insuficiente para reescribir el enunciado normativo, Ausencia de fórmula de reajuste del valor unitario o de revisión del precio por variación de la cobertura, Fuerza obligatoria e intención común de las partes, Unidad de medida de la remuneración, Contrato de valor unitario incompatible con la administración delegada con reembolso de costos, Listado inicial como marco de referencia, Deber del contratista de gestionar la desviación, Exclusión de una garantía de matrícula a cargo de la entidad territorial, Seguimiento de la asistencia escolar y prevención de la deserción, Gestión de la cobertura durante la ejecución, Alistamiento de estudiantes a cargo de la entidad territorial, Distinción entre la previsibilidad del hecho y la asignación de sus consecuencias económicas, Estructura de la remuneración por unidad, Contingencia y beneficio a cargo del contratista, Circunstancia sobreviniente, Requiere un hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a la distribución de riesgos pactada, Rigideces operativas conocidas por el contratista desde la planeación, Instrumentos contractuales de mitigación no utilizados, No trasladan el riesgo a la entidad, Contratista demandante, Estructura mínima requerida, imposibilidad de acudir a los mecanismos de adaptación y relación causal con la suma reclamada, Superación del riesgo contractualmente distribuido, Prueba del hecho extraordinario, ajeno e imprevisible y de la afectación económica concreta, Comunicaciones del contratista durante la ejecución, Manifestaciones unilaterales, Acreditan la existencia y oportunidad de la reclamación pero no su fundamento ni su cuantía, Falta de conciliación y trazabilidad de las cifras presentadas, Impide establecer la causación y el alcance del crédito, Asignación nacional por estudiante, Techo del valor reconocible con recursos del Sistema General de Participaciones, No constituye precio mínimo del contrato, El excedente con recursos propios no es exigible por el contratista