Decreto 1082 de 2015

Nota: la siguiente norma se trascribe completa, pero de ella la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– solo ha emitido conceptos que interpretan las siguientes disposiciones relacionadas con la contratación estatal: 2.2.1.2.1.3.2, 2.2.1.2.6.1.4, 2.2.1.1.1.6.2, 2.2.1.1.1.5.2 2.2.1.2.6.1.3, 2.2.1.1.1.7.1., 2.2.1.1.2.2.8, 2.2.1.2.1.2.22, 2.2.1.2.6.1.6, 2.2.1.1.2.2.1, 2.2.1.2.1.2.2, 2.2.1.2.4.2.4, 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.1.4.5, 2.2.1.1.2.4.3, 2.2.1.2.6.1.2, 2.2.1.1.1.4.1, 2.2.1.2.1.4.4, 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.4, 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.2.6.1.1, 2.2.1.2.6.2.2, 2.2.1.2.6.2.3, 2.2.1.2.1.4.1, 2.2.1.2.1.4.9, 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2, 2.2.1.2.1.5.3, 2.2.1.2.1.5.4, 2.2.1.1.1.4.3, 2.2.1.1.1.4.4, 2.2.1.2.5.1, 2.2.1.2.1.3.2, 2.2.1.2.1.4.11, 2.2.1.2.1.4.10, 2.2.1.1.2.2.3, 2.2.1.1.2.2.4, 2.2.1.2.1.1.2, 2.2.1.2.1,2.20, 2.2.1.2.4.2.3, 2.2.1.1.2.1.3, 2.2.1.1.2.2.7, 2.2.1.1.2.2.9. 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.4.3, 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.2.1.2.7 2.2.1.1.1.5.3 2.2.1.2.1.4.8 2.2.1.2.6.1.5, 2.2.1.1.2.1.5, 2.2.1.1.2.1.2 2.2.1.2.1.4.9. 2.2.1.1.1.5.2 2.2.1.2.1.4.8. 2.2.1.2.1.4.10, 2.2.1.2.1.2.12, 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.1.2.4, 2.2.15.1.1., 2.2.1.2.4.4.1 2.2.1.2.4.2.14. 2.2.1.2.4.2.15. 2.2.1.2.4.2.10, 2.2.1.2.4.2.11, 2.2.1.2.4.2.12 y 2.2.1.2.4.2.13, 2.2.23.4

Los conceptos se relacionan al pie de cada disposición, y abren dando “clic” en el hipervínculo.

DECRETO 1082 DE 2015

“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades que le conﬁere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

2.2.1.2.3.1.1.

CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Que la racionalización y si ampliﬁcación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eﬁciencia económica y social del sistema legal y para aﬁanzar la seguridad jurídica.

2.2.1

Que constituye una política pública gubernamental la simpliﬁcación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo

Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el Gobierno Nacional veriﬁcó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL

PARTE 1

SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1

CABEZA DEL SECTOR

ARTÍCULO 1.1.1.1. El Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación tiene como objetivos fundamentales la coordinación y diseño de políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión; la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno Nacional y los demás niveles de gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional y proponer los estudios, planes, programas, y proyecto 2.2.1.2.1.2.22. s para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover la convergencia regional del país.

Es órgano del Sistema General de Regalías (SGR), integra la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, y ejerce la secretaría técnica de la misma.

Como secretaría técnica del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), apoya al Presidente de la República en el ejercicio de su función de máximo orientador de la planeación nacional de corto, mediano y largo plazo.

TÍTULO 2

INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN

ARTÍCULO 1.1.2.1. Integración de Comisiones intersectoriales e interinstitucionales. El Departamento Nacional de Planeación preside las siguientes Comisiones intersectoriales e interinstitucionales:

Comisión interinstitucional de alto nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la agenda de desarrollo post 2015 y sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Comisión intersectorial de Servicio al

Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 1.1.2.2. Integración de Consejos. El Departamento Nacional de Planeación preside el siguiente Consejo:

Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eﬁciente.

ARTÍCULO 1.1.2.3. Integración de Comités. El Departamento Nacional de Planeación, preside el siguiente Comité:

Comité Nacional de Coﬁnanciación.

PARTE 2

SECTOR DESCENTRALIZADO

TÍTULO 1

ENTIDADES ADSCRITAS

ARTÍCULO 1.2.1.1. Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eﬁciente. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eﬁciente- es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y ﬁnanciera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el ﬁn de lograr una mayor eﬁciencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

ARTÍCULO 1.2.1.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es una entidad descentralizada de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Nacional de Planeación.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios obrará con plena autonomía de criterio al cumplir las funciones que se derivan de la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 1.2.1.3. Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación. El Fondo Nacional de Regalías En Liquidación es una entidad pública con personería jurídica propia, adscrita al Departamento Nacional de Planeación.

Sus recursos serán destinados, de conformidad con el artículo 361 de la Constitución Política, a la promoción de la minería, la preservación del medio ambiente y la ﬁnanciación de proyectos regionales de inversión deﬁnidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.

TÍTULO 2

ENTIDADES VINCULADAS

ARTÍCULO 1.2.2.1. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) es una empresa industrial y comercial del Estado, de carácter ﬁnanciero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) tiene por objeto principal, ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, ﬁnanciación y administración de estudios, y la preparación, ﬁnanciación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL

PARTE 1

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

ARTÍCULO 2.1.1.2. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las Entidades del Sector Administrativo de Planeación Nacional, a las demás Entidades Estatales, personas jurídicas de naturaleza pública y privada, y personas naturales a las que hace referencia este decreto, y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2

REGLAMENTACIONES

TÍTULO 1

CONTRATACIÓN ESTATAL

CAPÍTULO 1

SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN 1

CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

SUBSECCIÓN 1

OBJETIVOS

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.1.1. Objetivos del Sistema de Compras y Contratación Pública. Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y contratación pública deﬁnidos por Colombia Compra Eﬁciente.

SUBSECCIÓN 2

PARTÍCIPES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.2.1. Partícipes de la Contratación Pública. Los partícipes del sistema de compras y contratación pública para efectos del Decreto-Ley 4170 de 2011, son:

Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación.

En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios.

Colombia Compra Eﬁciente.

Los oferentes en los Procesos de Contratación.

Los contratistas.

Los supervisores.

Los interventores.

Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la

Ver conceptos C-606 del 11/09/2022, C-454 del 19/09/2024 ,)

SUBSECCIÓN 3

DEFINICIONES

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.3.1. Deﬁniciones. Los términos no deﬁnidos en el Título I de la Parte 2 del presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su signiﬁcado natural y obvio. Para la interpretación del presente Título 1, las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el signiﬁcado que a continuación se indica. Los términos deﬁnidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.

Acuerdos Comerciales: Tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

(Ver conceptos: C-611 del 02/10/2020, C–678 del 24/11/2020) C-143 del 9/4/2021 C-392 del 05/08/2021 C-472 del 06/09/2021, C-635 del 10/11/2021, C-684 del 20/12/2021) C- 709 del 11/01/2021 C-027 del 25/02/2022, C-076 del 19/02/2020, C-079 del 05/02/2020, C-087 del 04/03/2020, C-093 del 28/02/2020, C –095 del 16/03/2020, C-106 del 20/03/2020, C-108 del 03/03/2020, C-109 del 25/03/2020, C-147 del 17/03/2020, C-181 del 06/04/2020, C-185 del 14/03/2020, C-510 del 20/09/2021 C-201 del 13/04/2020, C-220 del 13/04/2020 C-437 del 06/07/2020, C-494 del 04/08/2020, C- 508 del 31/07/2020, C-521 del 11/08/2020, C-543 del 19/08/2020, C-132 del 6/4/2021 C-653 del 22/11/2021 C-760 del 2021, C-590 del 12/10/2021, C-729 del 2021, 760 08/02/2022, C-087 del 29/03/2022 C-220 del 22/04/2022 C-166 del 50/04/2022, C-265 del 04/05/2022, C-352 del 02/06/2022 C-351 del 23/05/2022 C-319 del 19/05/2022 C-329 del 24/05/2022, C-327 del 23/05/2022 C-567 del 02/09/2022 C-545 del 30/08/2022 C-606 del 23/09/2022 C-612 del 26/10/2022 C-622 del 28/09/2022 C-463 del 07/19/2022 C-693 del 24/10/2022 C – 417 del 06/30/2022 C-402 del 07/27/2022 C-392 06/16/2022 C-379 del 06/22/2022 , C-011 de 06/03/2023 C-079 del 26/04/2023,C-108 del 9/05/2023 C-355 del 30/08/2023, C-341 del 25/09/2023, C-355 del 17/07/2023 , C-330 del 28/07/2023 , C-381 del 09/08/2023 , C- 336 del 18/08/2023 , C-364 del 06/09/2023 , C-451 del 09/11/2023 , C-217 del 27/06/2023 , CU-007 de 16/01/2024 , C-468 del 4/12/2023 , C-081 del 22/04/2024 , ) C-263 del 9/7/2024, C-377 del 08/08/2024, C-339 del 18/09/2024 , C-851 del 16/12/2024, C-706 del 12/11/2024 , C-708 del 21/11/2024 ,)

Acuerdo Marco de Precios: Contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eﬁciente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este.

Adendas: Documento por medio del cual la Entidad Estatal módica los pliegos de condiciones.

Bienes Nacionales: Bienes deﬁnidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modiﬁquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: Bienes y servicios de común utilización con especiaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se reﬁere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Capacidad Residual o K de Contratación: Aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección.

(Ver conceptos: C-663 del 30/11/2021, C-070 del 14/03/2022, C-546 del 30/08/2022, C-849 del 07/12/ 2022)

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: Ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.

Clasiﬁcador de Bienes y Servicios: Sistema de codiﬁcación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.

Colombia Compra Eﬁciente: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011.

Cronograma: Documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo.

Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.

(Ver conceptos: C-116 del 18/02/2020, C-088 del 03/03/2020, C-095 del 16/03/2020, C-110 del 16/03/2020, C-197 del 17/03/2020, C-206 del 29/03/2020, C-181 del 06/04/2020, C-264 del 07/04/2020, C-336 de 02/06/2020, C-408 del 26/06/2020, C-370 del 02/07/2020, CU-367 del 23/07/2020, C-433 de 24/07/2020, C-474 de 24/07/2020, C-661 del 17/11/2020)

Entidad Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se reﬁere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se reﬁeren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modiﬁquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Etapas del Contrato: Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.

Grandes Superﬁcies: Establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al detal y tienen las condiciones ﬁnancieras deﬁnidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Lance: Cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta.

(Ver conceptos: 4201912000007511 del 16/12/2019)

Margen Mínimo: Valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio de la subasta.

Mipyme: Micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.

Período Contractual: Cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.

Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se reﬁere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se reﬁere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título.

(Ver conceptos: C-106 del 20/03/2020, CU-348 del 03/07/2020)

Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición ﬁnal o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.

(Ver conceptos: C-171 del 07/04/2020, C-264 del 07/04/2020, C-336 de 02/06/2020, CU-367 del 23/07/2020, C-433 de 24/07/2020, C-474 de 24/07/2020, C-464 del 06/08/2020)

Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

(Ver conceptos: C-011 de 06/03/2023 )

RUP: Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.

Servicios Nacionales: Servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.

Concepto C-396 de 15/06/2022

SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se reﬁere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente.

Ver concepto: C-692 del 28/12/2021 ,C-685 del 24/12/2021, C-579 del 21/10/2021, )C-313 del 29/6/2021, C-108 del 09/05/2023, C-142 del 30/06/2023 , C-199 del 13/06/2023 , C-242 del 04/12/2023 , C-284 del 18-07-2023 C.123 del 24/07/2024 , C-160 del 23/07/2024 , C-478 del 23/09/2024 , C-575 del 22/10/2024 , C-628 del 30/10/2024, C-771 de 2024 , )

SUBSECCIÓN 4

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identiﬁcarlo utilizando el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eﬁciente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

(Ver conceptos: 4201913000006571 del 08/10/2019, 4201912000007213 del 08/11/2019, 4201912000007258 del 04/12/2019, 4201912000007508 del 17/12/2019, C-106 del 20/03/2020, C-109 del 25/03/2020, C-167 del 30/03/2020, C-177 del 31/03/2020, C-310 de 20/05/2020, C-329 de 16/06/2020, C-390 de 23/06/2020, CU-348 del 03/07/2020, C-648 del 27/10/20, C-686 del 01/12/2020, C-257 del 03/06/2021, C-131 del 6/04/2021 C-345 del 13/07/2021, C-376 del 26/07/2021 C-603 del 2/11/2021, C-760 del 2021, C-047 del 2/03/2022 C-129 del 22/03/2022, C-048 del 21/02/2020, C-266 del 21/05/2020 C-709 del 2021 C-733 del 2021 ,C-637 del 07/12/2021 C-087 del 29/03/2022, C-763 del 15/11/2022 , C-763 del 15/11/2022 C-889 de 26/12/2022 C-622 del 28/09/2022, C-652 del 07/10/2022, C-062 del 18/4/2023 , C-364 del 06/09/2023 , CU-007 de 16/01/2024 , C-162 del 09/07/2024 , C-417 del 12/09/2024 , C-518 del 30/09/2024 , C-583 del 23/10/2024 C-771 de 2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran.

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eﬁciente.

(Ver conceptos: C-106 del 20/03/2020, C-109 del 25/03/2020, C-167 del 30/03/2020, C-177 del 31/03/2020, C-310 de 20/05/2020, C-336 de 02/06/2020, C-329 de 16/06/2020, CU-348 del 03/07/2020, CU-367 del 23/07/2020, C-433 de 24/07/2020, C-474 de 24/07/2020, C-521 del 11/08/2020,C-257 del 03/06/2021, C-258 del 03/06/2021, C-345 del 13/07/2021) C-376 del 26/07/2021 C-091 del 22/03/2022, C- 508 del 31/07/2020, C-543 del 19/08/2020 C-709 del 01/11/2021 , C-733 del 13/01/2021, C-760 del 2021, C-622 del 28/09/2022, C-652 del 07/10/2022, C-142 del 30/06/2023, C-365 del 07/09/2023 , C-381 del 09/08/2023 , C-364 del 06/09/2023 , CU-007 de 16/01/2024 C-263 del 9/7/2024 C-162 del 09/07/2024, C-417 del 12/09/2024 ,C-771 de 2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eﬁciente.

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modiﬁcar el presupuesto anual de adquisiciones

(Ver conceptos 4201913000006571 del 8/11/2019, C-106 del 20/03/2020, C-109 del 25/03/2020, C-167 del 30/03/2020, C-177 del 31/03/2020, C-310 de 20/05/2020, C-329 de 16/06/2020, C-390 de 23/06/2020, CU-348 del 03/07/2020, C-686 del 01/12/2020, C-084 del 28/04/2021, C-258 del 03/06/2021, ) C-345 del 13/07/2021) C-709 del 2021 C-760 del 2021, C-733 del 2021, C-098 del 09/03/2022 C-095 del22/03/2022 C-055 del 17/02/2022 C-076 del 15/03/2022 C- 051 del 7/03/2022 C-139 del 31/03/2022 C-754 del 09/11/2022 C-622 del 28/09/2022, C-652 del 07/10/2022, C-142 del 30/06/2023, C-162 del 09/07/2024, C-417 del 12/09/2024 , , C-364 del 02/09/2024 C-771 de 2024 , )

SUBSECCIÓN 5

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.

Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la cámara de comercio cancelar su inscripción.

(Ver conceptos: 4201912000007329 del 28/11/2019, 4201912000007663 del 24/12/2019, C-107 del 24/02/2020, C-098 del 16/03/2020, C-152 del 16/03/2020, C-195 del 13/04/2020, C-148 del 22/04/2020, C-330 del 27/05/2020, C-376 del 30/06/2020, C-454 del 06/07/2020, C-466 del 24/07/2020, C-420 del 28/07/2020, C-553 del 24/08/2020, C-576 del 31/08/2020, C-786 del 19/01/2021, C-800 del 01/02/2021, C-328 del 24 / 8 /2021, C-240 del 26/05/2021, C-291 del 18/06/2021, C-329 del 08/07/2021, C-588 del 20/10/2021 C-416 del 18/08/2021 C-696 del 31/12/2021 C-423 del 18/08/2021 C-608 del 01/11/2021 C-538 del 27/09/2021 C-142 del 30/03/2022 C-324 del 20/05/2022, C-426 del 06/07/2022, C-534 del 12/08/2020 C- 136 del 29/03/2022 , C-283 del 04/05/2022 C-324 del 19/05/2022, C-416 del 30/06/2020 , C-735 del 04/11/2022 C-618 del 05/10/2022 C-692 del 19/10/2022 C-456 del 07/16/2022 C-416 del 06/30/2022 C-412 del 06/24/2022 , C-066 de 02/06/2023 , C-252 del 07/07/2023 , C-302 del 14/09/2023 C-464 del 26/2/2024, C-246 del 16/7/2024, C-277 del 16/7/2024, C-204 del 29/07/2024 , C-188 del 31/7/2024 , C-290 del 15/8/2024, C-168 del 25/07/2024 , C-370 de 03/09/2024 , C-353 del 30/08/2024 , C-506 del 02/10/2024 ,) C-794 del 12/12/2024

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.2. Información para inscripción, renovación o actualización. El interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del país una solicitud de registro, acompañada de la siguiente información. La cámara de comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualiza

ción correspondiente:

Si es una persona natural:

Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identiﬁcados con el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios en el tercer

(Ver conceptos: C-052 del 18/03/2020, C-283 de 15/06/2021,) C-348 del 15/7/2021 C-725 del 25/01/2021 (C-522 1/10/2021), C-165 del 01/04/2020, C-517 de 11/08/2022, C-535 del 24/08/2022 C-591 del 21/09/2022, C-108 del 09/05/2023 , C-141 del 30/05/2023, C-302 del 14/09/2023 , C-406 del 02/10/2023 C-006 del 14-03-2024 , C-023 del 26-02-2024 , C-028 del 22-03-2024 , C-278 del 31/07/2024, C-424 del 04/09/2024 , C-530 del 04/10/2024 , C-528 del 31/10/2024 , )

Certiﬁcados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certiﬁcado. El interesado debe indicar en cada certiﬁcado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identiﬁcándolos con el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.

(Ver conceptos: C-152 del 16/03/2020, C-195 del 13/04/2020, C-491 del 27/07/2020, C-708 del 9/12/2020 C-678 del 18/01/2021 C-727 de 2021

Si la persona está obligada a llevar contabilidad, copia de la información contable del último año exigida por las normas

Certiﬁcado expedido por la persona natural o su contador, relativa al tamaño empresarial de acuerdo con la deﬁnición legal y reglamentaria.

Si es una persona jurídica:

Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identiﬁcados con el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios en el tercer

(Ver conceptos: C-025 del 16/03/2020, C-326 del 02/07/2021, C-358 del 19/07/2021) C-415 del 10/08/2021 C-414 del 13/08/2021 C-509 del 20/09/2021 (C-522 1/10/2021) C-544 del 27/09/2021 C-539 del 27/09/2021 C-144 del 28/03/2022, C-223 del 25/04/2022, C-051 del 02/03/2020, C-398 del 30/06/2020, C-438 del 30/06/2020 C-387 del 03/08/2021 C -144 del 29/03/2022, C-429 del 17/08/2021, C-023 del 26-02-2024 , C-337 del 27/08/2024 )

Certiﬁcado expedido por el representante legal y el revisor ﬁscal, si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el que conste que el interesado no es parte de un grupo empresarial, no ejerce control sobre otras sociedades y no hay situación de control sobre el interesado, en los términos del Código de Comercio. Si el grupo empresarial o la circunstancia de control existe, en el certiﬁcado debe constar la identiﬁcación de los miembros del grupo empresarial, la situación de control y los controlantes y controlados.

Estados ﬁnancieros de la sociedad y los estados ﬁnancieros consolidados del grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo exige, auditados con sus notas y los siguientes anexos, suscritos por el representante legal y el revisor ﬁscal, si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si la persona jurídica no está obligada a tener revisor ﬁscal:

Principales cuentas detalladas del balance

Principales cuentas del estado de pérdidas y

Cuentas contingentes deudoras y

Si el interesado no tiene antigüedad suﬁciente para tener estados ﬁnancieros auditados a 31 de diciembre, debe inscribirse con estados ﬁnancieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o contador o estados ﬁnancieros de apertura.

Copia de los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de Sociedades respecto de las sociedades sometidas a su inspección, vigilancia o

Certiﬁcados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certiﬁcado. El interesado debe indicar en cada certiﬁcado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identiﬁcándolos con el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

(Ver conceptos: 4201913000007132 del 12/11/2019, 4201913000006797 del 19/11/2019, 4201912000007329 del 28/11/2019, 4201912000007182 del 03/12/2019, 4201912000007512 de 16/12/2019, C-051 del 02/03/2020, C-025 del 16/03/2020, C-113 del 25/03/2020, C-195 del 13/04/2020, C-233 del 16/04/2020, C-350 del 01/06/2020, C-407 del 12/06/2020, C-378 del 23/06/2020, C-365 del 30/06/2020, C-438 del 30/06/2020, C-398 del 30/06/2020, C-350 del 01/06/2020, C-564 del 25/08/2020, C-584 del 31/08/2020, C-619 del 21/09/2020, C-589 del 19/10/2021, C- 662 del 09/11/2020 C-710 del 7/12/2020, C-717 del 10/12/2020, C-729 del 11/12/2020, C-008 del 15/02/2021, C-103 del 24/03/2021, C-249 de 01/06/2021, C-326 del 02/07/2021, C-348 del 15/7/2021, C-358 del 19/07/2021) C-415 del 10/08/2021 C-414 del 13/08/2021, C-474 del 06/09/2021, C-509 de 20/09/2021 C-539 del 27/09/2021 C-635 del 10/11/2021, C-223 del 25/04/2021, C-165 del 01/04/2020, C-470 del 14/07/2020, C-511 del 10/08/2020, C-841 de 06/12/2022 , C-580 del 16/09/2022 , C-128 del 18/05/2023 , C-139 del 29/05/2023 , C-312 Del 31/07/2023 , C-450 del 07/11/2023 , C-466 del 01/12/2023 , C-019 del 11/03/2024 , C-349 del 15/08/2024 , C-218 del 6/8/ 2024 , C-337 del 27/08/2024 )

Certiﬁcado expedido por el representante legal y el revisor ﬁscal, si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, relativa al tamaño empresarial de acuerdo con la deﬁnición legal y reglamentaria.

Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y ﬁnanciera de su casa matriz. Los estados ﬁnancieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en el que son emitidos.

(Ver conceptos: C-222 del 29/03/2020)

Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de diciembre deben actualizar la información ﬁnanciera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del presente decreto.

(Ver conceptos: 4201912000008154 del 14/02/2020, 4201912000007641 del 24/12/2019, C-107 del 24/02/2020, C-278 del 10/6/2021 , C-316 del 29/6/2021 , C-318 del 1/7/2021 C-343 del 7/06/2020, C-342 del 13/07/2021, C-343 del 13/07/2021, C-696 del 31/12/2021 C-725 del 25/01/2021 C-034 del 02/03/2022 C-142 del 30/03/2022 C-324 del 19/05/2022 C-319 del 19/05/2022 C-456 del 07/14/2022, C-108 del 09/05/2023, C-080 del 26/04/2023 , C-083 del 28/04/2023 , C-124 del 12/05/2023 , C-146 del 14/06/2023 , C-215 del 10/08/2023 ) C-246 del 16/7/2024 , C-140 del 28/06/2024 , C-310 del 22/08/2024 , C-331 del 27/08/2024, C-088 del 13/06/2024 , C-353 del 30/08/2024, C-312 del 22/08/2024

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben veriﬁcar y certiﬁcar los siguientes requisitos habilitantes:

Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identiﬁcados con el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identiﬁcados con el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

(Ver conceptos: 4201912000006798 del 24/10/2019, C-553 del 24/08/2020, C-099 del 24/03/2021 C-328 del 24 / 8 /2021,C-342 del 13/07/2021, C-368 del 28/7/2021, C-406 del 13/08/2021 , C-223 del 25/04/2021 C-324 del 20/05/2022, C-152 del 16/03/2020, C-223 del 25/04/2022, C-283 del 04/05/2022, C-735 del 04/11/2022, C-456 del 07/14/2022 C-412 del 06/24/2022, C-231 del 30/6/2023 ,

C-167 del 05/06/2023 , C-350 del 28/08/2023 , C-466 del 01/12/2023 , C-088 del 16/0672024 , C-188 del 31/7/2024, C-290 del 15/8/2024, C-168 del 25/08/2024, C-333 del 12/9/2024, , C-506 del 02/10/2024 , C-530 del 08/10/2024 )

Capacidad Jurídica – La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes, obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado.

Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza ﬁnanciera del interesado:

Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo

Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo

Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de

Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eﬁciencia en el uso de activos del interesado:

Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el

Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo

(Ver conceptos: 4201912000008154 del 14/02/2020, 4201912000007641 del 24/12/2019, C-107 del 24/02/2020, C-113 del 16/03/2020, C-222 del 29/03/2020, C-454 del 06/07/2020, C-396 del 16/07/2020, C– 420 del 28/07/2020, C-343 del 13/07/2021, C-407 del 25/08/2021) C-516 del 22/09/2021 C-608 del 01/11/2021 C-669 del 03/12/2021, C-148 del 22/04/2020 , C-260 del 5/10/2021, C-645 del 17/11/2021 C-387 del 03/08/2021 C-727 de 2021 C-319 del 19/05/2022, C-767 de 15/11/2022, C-831 de 28/11/2022 , C-588 del 20/10/2021 C-443 del 25/08/2021, C-618 del 05/10/2022 , C-066 de 02/06/2023 , C-124 del 12/05/2023 , C-215 del 10/08/2023 , C-224 del 05/07/2023 ) C-246 del 16/7/2024 , C-088 del 13/06/2024 , C-528 del 31/10/2024 , C-549 del 15/10/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.4. Función de veriﬁcación de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio deben veriﬁcar que la información del formulario de inscripción, renovación o actualización coincida con la información contenida en los documentos enumerados en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del presente decreto y proceder al registro. Las cámaras de comercio pueden utilizar la información de los registros que administran para adelantar esta veriﬁcación. Contra el registro procederá el recurso de reposición en los términos del numeral

6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.

El trámite de la impugnación de inscripciones en el RUP debe adelantarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.

(Ver conceptos: 4201912000007663 del 24/12/2019, C-107 del 24/02/2020)

C-023 del 26/02/2024 , C-088 del 16-06-2024 , C-290 del 15/8/2024)

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.5. Formulario. La Superintendencia de Industria y Comercio autorizará el formulario de solicitud de registro en el RUP y el esquema gráﬁco del certiﬁcado que para el efecto le presenten las cámaras de comercio.

(Ver conceptos: 4201912000007663 del 24/12/2019)

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.6. Certiﬁcado del RUP. El certiﬁcado del RUP debe contener: (a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo con el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios; (b) los requisitos e indicadores a los que se reﬁere el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del presente decreto; (e) la información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades; y (d) la información histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP. Las cámaras de comercio expedirán el certiﬁcado del RUP por solicitud de cualquier interesado. Las Entidades Estatales podrán acceder en línea y de forma gratuita a la información inscrita en el RUP.

(Ver conceptos: C-223 del 25/04/2022, C-831 de 28/11/2022, C-108 del 09/05/2023, C-028 del 22-03-2024 , C-310 del 22/08/2024 , C-331 del 27/08/2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de su domicilio, copia de los actos administrativos en ﬁrme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para el efecto las cámaras de comercio pueden establecer mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada. El registro de las sanciones e inhabilidades debe permanecer en el certiﬁcado del RUP por el término de la sanción o de la inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer en el certiﬁcado del RUP por un año, contado a partir de la publicación de la misma.

Las cámaras de comercio deben tener un mecanismo de interoperabilidad con el SECOP para el registro de la información de que trata el presente artículo.

(Ver conceptos: 420191200000763 del 24/12/2019) C- 128 del 28/03/2022 C-324 del 19/05/2022, C-457 del 12/07/2022 , C-119 del 04/05/2023 , C-006 del 14-03-2024 , C-078 del 04/06/2024 , C-454 del 19/09/2024 , C-503 del 30/09/2024 )

SUBSECCIÓN 6

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, ﬁnanciera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.

(Ver conceptos: 4201913000007312 del 12/11/2019, C-387 del 23/06/2020, C-372 del 30/06/2020, C-415 del 07/07/2020, C-443 del 07/07/2020, C-671 del 23/11/2020) C-742 del 2021, C-681 del 19/09/2022 , C-680 del 19/09/2022 , C-016 del 23/02/23, C-022 del 16/02/23 C-606 del 11/09/2022 C-057 de 29/03/23 ,C-109 del 09/05/2023 , C-108 del 09/05/2023, , C-224 del 05/07/2023 , C-305 del 26/07/2023, C-192 del 31/7/2024 , C-258 del 12/08/2024 , C-297 del 11/09/2024 , C-386 del 05/09/2024, ,, C-454 del 19/09/2024 , C-483 de 26/09/2024 , C-425 de 13/09/2024. C-387 del 06/09/2024, C-542 del 11/10/2024 , C-632 del 29/10/2024 , C-724 del 26/11/2024 , C-949 del 16/12/20224 , C-807 del 16/12/2024 , C-919 del 10/12/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas ﬁnancieras para veriﬁcar los requisitos habilitantes.

(Ver conceptos: C-002 del 12/02/2020, C-051 del 02/03/2020, C-113 del 25/03/2020, C-222 29/03/2020, C-387 del 23/06/2020, C-398 del 30/06/2020, C-400 del 30/06/2020, C-415 del 07/07/2020, C-443 del 07/07/2020,C-671 del 23/11/2020, C-725 del 14/12/2020. C-326 del 02/07/2021 C-099 del 24/03/2021 C-342 del 13/07/2021 C-343 del 13/07/2021, C-406 del 13/08/2021 C-725 del 25/01/2022, C-748 del 04/02/2022) C-142 del 30/03/2022 C-324 del 19/05/2022, C-052 del 18/03/2020, C-165 del 01/04/2020 C-387 del 03/08/2021 C-516 del 22/09/2021 C-618 del 23/02/2021 C- 620 del 03/11/2021 C-710 del 10/12/2021, C-084 del 22/03/2022 C -144 del 29/03/2022, C-239 del 25/04/2022, C-767 de 15/11/2022, C-831 de 28/11/2022 , C-343 del 13/07/2021, C-406 del 13/08/2021 C-725 del 25/01/2022, C-748 del 04/02/2022) C-142 del 30/03/2022 C-324 del 19/05/2022, C-052 del 18/03/2020, C-165 del 01/04/2020 C-387 del 03/08/2021 C-725 del 25/01/2021 C-516 del 22/09/2021 C-710 del 10/12/2021, C-558 del 02/09/2021 C- 621 del 03/11/2021, C-084 del 22/03/2022 C -144 del 29/03/2022, C-239 del 25/04/2022, C-335 del 17/8/2021 C-748 del 2021, C-767 de 15/11/2022, C-831 de 28/11/2022, C-368 del 28/7/2021 , C-660 del 22/12/2021, C-645 del 17/11/2021 C-516 del 22/09/2021 C-573 del 11/09/2022 C-591 del 21/09/2022 C-467 del 07/22/2022, C-090 del 24/03/2023 , C-146 del 14/06/2023 , C-355 del 17/07/2023 , C-280 del 06/06/2022 , C-333 del 17/08/2023 , C- 336 del 18/08/2023 , C-337 del 18/08/2023 , C-350 del 28/08/2023 , C-374 del 18/09/2023, C-466 del 01/12/2023 , C-237 del 12/07/2023 , C-317 del 18/09/2023 , C-349 del 15/08/2024, C-198 del 15/8/2024 , C-314 del 22/08/2024 , C-377 del 08/08/2024, C-365 del 03/09/2024 , C-316 del 23/8/2024 , C-340 del 28/8/2024 , C-483 de 26/09/2024 , C-425 de 13/09/2024 , C-457 del 24/9/2024 , C-589 del 23/10/2024 , C-604 del 25/10/2024 , C-528 del 31/10/2024 , C-549 del 15/10/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eﬁciente.

(Ver conceptos: C-351 del 23/05/2022 C-392 06/16/2022 , C-454 del 19/09/2024 , C-807 del 16/12/2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos:

La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con

La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con

(Ver conceptos: C-194 del 21/04/2020, C-458 del 07/07/2020, C-522 del 6/8/2020, C-013 del 17/02/2022) C-068 del 09/03/2022, C-070 del 14/03/2022 C-089 del 03/04/2020, C-195 del 13/04/2020, C-510 del 20/09/2021 ) C-079-17/3/2021 , C-143 del 9/4/2021, C-653 del 22/11/2021 C-392 06/16/2022 , C-355 del 30/08/2023 , C-330 del 28/07/2023 , C-323 del 22/09/2023 , C-395 del 05/11/2023 C-411 del 04/12/2023 , C-175 del 29/07/2024 )

Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados ﬁnancieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor ﬁscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor ﬁscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula:

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oﬁcial estimado – Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del presupuesto oﬁcial estimado menos el anticipo cuando haya lugar.

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:

Capacidad Residual del proponente

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:

FACTOR	PUNTAJE MÁXIMO
Experiencia (E)	120
Capacidad Financiera (CP)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	200

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación.

Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suﬁciente si:

Capacidad Residual del proponente ~ Capacidad Residual del Proceso de Contratación

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que deﬁna Colombia Compra Eﬁciente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución (SCE).

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados ﬁnancieros auditados con corte a 31 de diciembre en un fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados ﬁnancieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor ﬁscal certiﬁque que: (a) la información ﬁnanciera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor ﬁscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados ﬁnancieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. Esta información debe ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de origen.

(Ver conceptos: 4201913000006365 del 30/10/2019, 4201912000006550 del 06/11/2019, 4201912000007336 del 12/11//2019, 4201913000007355 del 12/11/2019, 4201912000007691 del 20/12/2020, 4201913000008128 del 26/12/2019, 4201912000008068 del 26/12/2019, C-069 del 05/02/2020, C-112 del 16/03/2020, C-222 del 29/03/2020, C-194 del 21/04/2020, C-297 del 04/06/2020, C-326 del 09/06/2020,C-446 del 06/07/2020, C-489 del 23/07/2020, C-429 del 24/07/2020, C–767 del 7/01/2020 C-789 del 19/01/2020, C-590 del 12/10/2021 C-003 del 25/03/2021 C-045 del 05/03/2021, C-170 del 20/04/2021) , C-648 del 22/11/2021, C-635 del 10/11/2021, C-663 del 30/11/2021, C-648 del 22/11/2021, C-087 del 04/03/2020, C-546 del 30/08/2022, C-017 del 17/01/23 , C-271 del 15/08/2023 , C-160 del 23/07/2024 )

SUBSECCIÓN 7

PUBLICIDAD

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

(Ver concepto C-455 de 31/07/2020, C-559 del 25/08/2020) C-048 del 8/3/2021 C- 118 del 26/03/2021) (C-135 del 6/04/2021, C-068 del 22/04/2021, C-159 del 26/02/2020, C-181 del 04/06/2020, C-370 del 02/07/2020, C- 508 del 31/07/2020, C-521 del 11/08/2020, C-543 del 19/08/2020, C-480 del 18/07/2022, C-135 del 28/03/2020, C-533 del 29/09/2021, C-744 del 2021, C-332 del 23/05/2022 C-512 del 10/08/2022, C-497 del 24/08/2022, C-014 del 23/02/23 C-693 del 24/10/2022 C-379 del 06/22/2022 , C-391 del 14/11/2023 , C-365 del 07/09/2023, C-381 del 09/08/2023 , C-196 del 15/06/2023 , C-199 del 13/06/2023 ,C-391 del 14/11/2023 , C-416 del 16/11/2023 , C-346 del 25/08/2023 ) C-422 del 10/1072023 , C-041 de 29/05/2024 ) C-284 del 8/7/2024 , C- 263 del 9/7/2024 , C-300 del 21/08/2024 , ) C-239 de 12/08/20224 , C-454 del 19/09/2024 , ) C-508 del 03/10/2024 , C-548 del 5/9/2024

)

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.

(Ver conceptos: 4201912000007253 del 04/12/2019, 4201913000006847 del 02/12/2019, 4201912000007270 del 05/12/2019, 4201913000007894 del 06/12/2019, 4201912000007853 del 09/12/2019, 4201913000007828 del 20/12/2019, C-116 del 18/02/2020, C-088 del 03/03/2020, C-095 del 16/03/2020, C-110 del 16/03/2020, C-115 del 24/03/2020, C-149 del 24/03/2020, C-197 del 26/03/2020 ,C-151 del 29/03/2020, C-206 del 29/03/2020, C-171 del 07/04/2020, C-201 del 13/04/2020, C-220 del 13/04/2020, C-265 del 3/4/2020, C-270 del 15/04/2020, C-271 del 22/04/2020, C-011 del 27/04/2020, C-272 del 27/04/2020, C-312 del 6/05/2020, C-035 del 26/05/2020, C-346 del 26/05/2020, C-336 de 02/06/2020, C-339 de 16/06/2020, C-399 del 23/06/2020, C-408 del 26/06/2020, C-437 del 6/07/2020, C-456 del 06/07/2020, CU-367 del 23/07/2020, C-433 de 24/07/2020, C-468 del 24/07/2020, C-474 de 24/07/2020, C-488 del 28/07/2020, C-544 del 21/08/2020, C-575 del 27/08/2020, C-643 del 26/10/2020, C-661 del 17/11/2020, C-094 del 13/04/2021, C-068 del 22/04/2021, C-132 del 6/4/2021 C-185 del 29/04/2021) C-313 del 29/6/2021, C-472 del 06/09/2021, C-744 del 04/02/2021, C-579 del 21/10/2021 , C-460 del 30/11/2023 , C-242 del 04/12/2023 , C-284 del 18-07-2023 C.123 del 24/07/2024 , C-525 del 16/09/2024 , C-431 del 16/09/2024, C-478 del 23/09/2024, C-451 del 19/09/2024, C-633 del 30/10/2024 )

SECCIÓN 2

ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

SUBSECCIÓN 1

PLANEACIÓN

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentas previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:

La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.

El objeto a contratar, con sus especiﬁcaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

(Ver conceptos: , C-224 del 05/07/2023 , C-192 del 31/7/2024 , C-137 del 25/06/2024, C-724 del 26/11/2024, C-949 del 16/12/2024,

C-919 del 10/12/2024 , )

La modalidad de selección del contratista y su justiﬁcación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
El valor estimado del contrato y la justiﬁcación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo ﬁnanciero utilizado en su estructuración.

(Ver conceptos: , C-224 del 05/07/2023 )

Los criterios para seleccionar la oferta más

(Ver concepto: C-572 del 12/10/2021, C-519 de 13/09/2022, C-150 del 9/4/2021, C-412 del 24/10/2023, C-166 del 02/06/2023 , C-057 del 29/03/2023

El análisis de Riesgo y la forma de

Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.

La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.

(Ver conceptos: 4201912000007615 del 23/12/2019, 4201913000007822 del 27/12/2019, C-387 del 23/06/2020, C-661 del 17/11/2020) , C-177 del 26/4/2021, 255 del 01/06/2021 C-017 de 22/02/2022 C-742 del 2021, C-594 del 26/08/2022 , C-016 del 23/02/23, C-022 del 16/02/23 , C-443 del 25/08/2021 , C-057 de 29/03/23 C-716 del 15/11/2022 C- 716 del 15/11/2022 , C-046 del 14/04/2023 , C-235 del 05/07/2023, C-108 del 09/05/2023 , C-250 de 31/08/2023 , C-272 del 13/07/2023, C-397 del 27/09/2023, C-352 del 22/12/2023 , C-470 del 12/12/2023 , C-224 del 05/07/2023 , C-305 del 26/07/2023 , C-124 del 24/07/2024 , C-167 del 23/07/2024 C-131 del 30/07/2024 , C-314 del 22/08/2024 , C-258 del 12/08/2024 , C-137 del 08/08/2024 , C-297 del 11/09/2024 , C-386 del 05/09/2024, C-431 del 16/09/2024, C-339 del 18/09/2024 , C-425 de 13/09/2024 , C-542 del 11/10/2024 , C-575 del 22/10/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada modalidad de selección:

El nombre y dirección de la Entidad

La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación.

El objeto del contrato a celebrar, identiﬁcando las cantidades a adquirir.

La modalidad de selección del

El plazo estimado del

La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la

El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad

Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo

Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a

Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación.

Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precaliﬁcación.

La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del

En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el SECOP.

Ver conceptos: (C-472 del 06/09/2021, C-753 del 28/12/2020 , C-242 del 04/12/2023 )

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información:

La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identiﬁcado con el cuarto nivel del Clasiﬁcador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo.

(Ver concepto C-017 del 22/02/2022, C-402 del 19/08/2021, C-756 del 28/12/2020 C-017 de 22/02/2021 , C-099 del 24/03/2021 , C-108 del 9/05/2023, C-346 del 25/08/2023 , C-041 del 29/05/2024 , C-193 del 19/07/2024 , C-213 del 5/8/2024 ,) C-514 del 07/10/2024 , C-603 del 25/10/2024 , C-528 del 31/10/2024 , C-724 del 26/11/2024 j ll C-919 del 10/12/2024 , )

C-919 del 10/12/2024 , )

La modalidad del proceso de selección y su justiﬁcación.

Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya

Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del

(Ver conceptos: 4201912000007509 del 16/12/2019, C-218 del 02/04/2020, C-267 del 04/05/2020, C-283 del 04/05/2020

Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del

(Ver conceptos: 4201912000007509 del 16/12/2019)

Las causas que dan lugar a rechazar una

(Ver conceptos: C-080 del 26/04/2023 )

El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda

Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes

Ver conceptos: C-218 del 02/04/2020, C-016 del 23/02/23 , C-011 de 06/03/2023

)

Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus

La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos por un Acuerdo

Los términos, condiciones y minuta del

Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del

El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir

(Ver conceptos: C-465 del 27/07/2020)

(Ver conceptos: 4201911000006932 del 22/11/2019, 4201912000007509 del 16/12/2019, 4201912000007508 del 17/12/2019, 4201912000007641 del 24/12/2019, C-093 del 28/02/2020n C-217 del 14/5/2021 , C-299 del 14/7/2021 , C-693 del 24/10/2022, C-108 del 09/05/2023, C-011 de 06/03/2023 , C-368 del 25/09/2023 , C-374 del 18/09/2023 , C-470 del 12/12/2023 , C-314 del 22/08/2024 , C-431 del 16/09/2024, C-583 del 23/10/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.4. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles en la licitación pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada y el concurso de méritos.

(Ver conceptos: C-067 del 02/03/2020, C-201 del 13/04/2020, C-328 del 30/06/2020 , C-242 del 04/12/2023, C-431 del 16/09/2024, .

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.5. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del presente título.

El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar:

El objeto de la contratación a

La modalidad de selección que corresponda a la contratación.

El Cronograma.

El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos

La convocatoria para las veedurías

El certiﬁcado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas correspondientes.

Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección.

(Ver concepto: C-464 del 06/08/2020, C-753 del 28/12/2020, C-431 del 16/09/2024, .

SUBSECCIÓN 2

SELECCIÓN

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modiﬁcación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modiﬁcar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modiﬁcar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora ﬁjada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.

(Ver conceptos: 4201913000006847 del 02/12/2019, 4201912000007591 del 20/12/2019, C-465 del 27/07/2020, C-371 del 30/06/2020, C-311 del 10/6/2021 C-419 del 12/08/2021, C-002 del 05-05-2020,) C-519 de 13/09/2022 , C-383 del 20/09/2023 C-284 del 8/7/2024 , C-300 del 21/08/2024 , , )

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta:

(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneﬁcio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones:

Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la

Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eﬁciencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.

Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eﬁciencia y eﬁcacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.

El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneﬁcio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneﬁcio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneﬁcio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.

(Ver conceptos: 4201913000006146 del 07/10/2019, 4201912000006219 del 10/10/2019, 4201911000006932 del 22/11/2019, C- 205 del 7/5/2021 C-440 del 14/07/2022 C-470 del 07/25/2022, C-170 del 20/06/2023, C-090 del 24/03/2023 , C-283 del 18/08/2023 , C-356 del 23/10/2023 , 408 del 03/1172023 , C-413 del 30/10/2023 , C-190 del 27/06/2023 C-249 del 26/08/2024 ) C- 269 del 05/072024, C-787 del 19/11/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.3. Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justiﬁcar su decisión.

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conﬂicto de interés previstos en la Constitución y la ley.

(Ver conceptos: 4201913000006371 del 31/10/2019, C-095 del 4/05/2023, C-128 de03/03/2020, C-453 del 26/07/2020, C-449 del 31/08/2021), C-748 del 28/12/2020

La veriﬁcación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural.

(C-522 1/10/2021)

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artiﬁcialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artiﬁcialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

(Ver conceptos: 4201912000006289 del 03/10/2019, 4201912000005859 del 09/10/2019, 4201912000006646 del 21/10/2019, 4201912000006283 del 28/10/2019, C-191 del 16/03/2020, C-163 del 31/03/2020, C-200 del 14/04/2020, C-473 del 13/07/2020, C-496 del 24/07/2020, C-506 del 29/07/2020, C-679 del 23/11/2020) C-205 del 7/5/2021 C-773 del 27/01/2021, C-299 del 16/07/2020, C-403 del 22/06/2022. C-512 del 10/08/2022. C-756 del 11/11/2022 C-484 del 07/26/2022 , C-165 del 02/06/2023 , C-220 del 25/06/2024 ,C-454 del 19/09/2024 , C-724 del 26/11/2024, )

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circubnstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.

En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al ﬁnal de la misma.

(Ver conceptos: 4201912000006617 del 07/11/2019, 4201912000008010 del 20/12/2019, C-429 del 24/07/2020, C-022 del 16/02/23 ) C-507 del 23/08/2024, )

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.5. Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales.

Ver concepto: C-324 del 20/08/2024 , C-398 del 9/9/2024 , C-456 del 19/09/2024 , C-835 del 11/12/2024,)

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente título para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme.

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.7. De la celebración de contratos en desarrollo de encargos ﬁduciarios o contratos de ﬁducia. La Entidad Estatal no puede delegar en las sociedades ﬁduciarias la adjudicación de los contratos que celebren en desarrollo del encargo ﬁduciario o de la ﬁducia pública pero sí pueden encomendar a la ﬁduciaria la suscripción de tales contratos y la ejecución de todos los trámites inherentes al Proceso de Contratación.

(Ver conceptos: C-339 de 16/06/2020, C-603 del 25/10/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.8. Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas. En la etapa de selección, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conﬂictos de interés previsto en la ley para lo cual debe tener en cuenta que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, a menos que la autoridad competente disponga algo contrario o complementario.

( Ver Conceptos: C-275 del 11/06/2021 , C-039 del 23/04/2024 ,

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y caliﬁcación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y caliﬁcación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y caliﬁcación establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

Preferir las ofertas presentada por una Mipyme

(Ver conceptos: 4201912000007056 del 08/11/2019, C-285 del 04/05/2020, , C-341 del 16/7/2021 C- 465 del 07/09/2021, C-755 del 06/01/2021

Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se reﬁere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

(Ver conceptos: 4201912000008467 del 30/12/2020, C-356 del 30/06/2020 )

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.

(Ver conceptos: 4201912000007511 del 16/12/2019, C-514 del 26/08/20, C-516 del 26/08/20, C-535 del 26/08/20, C-537 del 26/08/20, C-538 del 26/08/20, C-568 del 26/08/20, C-572 del 27/08/2020, C-582 del 28/08/2020, C-037 del 26/02/2021, C-058 del 11/03/2021, C-167 del 21/04/2021)

SUBSECCIÓN 3

CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.3.1. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. En el Cronograma, la Entidad Estatal debe señalar el plazo para la celebración del contrato, para el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento, la ejecución y el pago del contrato.

SUBSECCIÓN 4

EJECUCIÓN

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de ﬁducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad ﬁduciaria autorizada para ese ﬁn por la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo.

Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de ﬁducia mercantil.

En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo.

En este caso, la sociedad ﬁduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo.

Ver concepto: C-421 del 13/11/2023 , C-188 del 31/07/2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.2. De la determinación de los intereses moratorias. Para determinar el valor histórico actualizado a que se reﬁere el artículo 4, numeral 8 de la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento del índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días transcurridos.

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición ﬁnal o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.

(Ver conceptos: CU-028 del 25/02/2020, C-739 del 16/12/2020, C-019 del 19/02/2021, C – 796 del 25/01/2021, C-469 del 21/07/2022 C-469 del 07/21/2022 C-129 del 29/07/2024, C-480 del 24/9/2024, C-708 del 21/11/2024 ,)

CAPÍTULO 2

DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN 1

MODALIDADES DE SELECCIÓN

SUBSECCIÓN 1

LICITACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.1. Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa en los procesos de licitación pública. Las Entidades Estatales pueden utilizar el mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas en la licitación. En este caso, la Entidad Estatal debe señalar en los pliegos de condiciones las variables técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja.

(Ver conceptos: C-024 del 24/02/2021 , C-090 del 24/03/2023 , C-362 del18/09/2023 )

En la fecha señalada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben presentar los documentos que acrediten los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad Estatal. En el caso de una conformación dinámica parcial de la oferta, a los documentos señalados se acompañará el componente de la oferta que no es objeto de conformación dinámica.

La Entidad Estatal dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones debe veriﬁcar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las condiciones adicionales si hay lugar a ello para determinar los oferentes que pueden continuar en el proceso de selección. La subasta inversa para la conformación dinámica de la oferta debe realizarse con los oferentes habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones.

En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las variables dinámicas, de conformidad con los pliegos de condiciones, la cual puede ser mejorada con los Lances hasta la conformación de la oferta deﬁnitiva.

Se tomará como deﬁnitiva la oferta inicial realizada por el oferente que no presente Lances en la subasta.

En ningún caso el precio será la única variable sometida a conformación dinámica.

La herramienta electrónica usada para la subasta debe permitir que el oferente conozca su situación respecto de los demás competidores y únicamente en relación con el cálculo del menor costo evaluado. Si la subasta recae únicamente sobre algunas variables, las que no admiten mejora deben haber sido previamente evaluadas y alimentadas en el sistema, de manera que este pueda ante cualquier Lance efectuar el cálculo automático del menor costo evaluado.

De lo acontecido en la subasta, se levantará un acta donde se dejarán todas las constancias del caso.

(Ver conceptos: C-022 del 16/02/23 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos.

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos deﬁnitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modiﬁcar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la veriﬁcación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

(Ver conceptos: C-243 del 24/03/2020, C-201 del 13/04/2020, C-328 del 30/06/2020, C-476 del 24/07/2020, C-725 del 14/12/2020, C-744 del 04/02/2021;, C-323 del 04/06/2020, C-725 del 14/12/2020 , C-368 del 25/09/2023 )

La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los

Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con

La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.

Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que

(Ver conceptos: 4201912000005935 del 2/11/2019, 4201912000007600 del 23/12/2019) C-466 del 03/09/2021, C-016 del 23/02/23 C-613 del 06/10/2022)

SUBSECCIÓN 2

SELECCIÓN ABREVIADA

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIFORMES

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar:

La ﬁcha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasiﬁcación del bien o servicio de acuerdo con el Clasiﬁcador de Bienes y Servicios; b) la identiﬁcación adicional requerida; e) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos.

(Ver conceptos: 4201912000006453 del 14/11/2019, C-369 del 3/9/2024, C-233 del 12/08/2024, C-561 del 08/10/2024, C-706 del 12/11/2024 ,)

Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la evaluación de las

Deﬁnir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se pretende hacer por

Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa:

Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta;
b) la periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta

La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ﬁcha técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.

La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ﬁcha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

(Ver conceptos: 4201912000006453 del 14/11/2019, C-008 de 04/05/2020 , C-362 del18/09/2023 , C-188 del 31/7/2024, C-369 del 3/9/2024 C-425 de 13/09/2024 , C-706 del 12/11/2024 ,)

Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ﬁcha técnica.

Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ﬁcha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido.

Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más

Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más

Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.1.1.2.2.9 del presente decreto.

(Ver conceptos: 4201912000007511 del 16/12/2019,C-365 del 30/06/2020,C-123 del 5/4/2021 , C-195 del 04/05/2021, C-198 del 5/05/2021,C-008 del 04/05/2020,C-565 de 12/09/2022,C-022 del 16/02/23 , C-565 del 12/09/2022, C-090 del 24/03/2023 , C-190 del 27/06/2023, C-233 del 12/08/2024, , C-623 del 30/10/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.3. Información de los participantes en la subasta inversa. La Entidad Estatal debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, los participantes en la subasta no identiﬁquen las ofertas y los Lances con el oferente que los presenta.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.4. Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina cuando los oferentes no hagan Lances adicionales durante un período para la presentación de Lances. La Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el Lance más bajo. En el acto de adjudicación, la Entidad Estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del último Lance presentado por cada uno de ellos.

(Ver concepto: C-022 del 16/02/23, C-099 del 20/06/2023, C-134 del 27/06/2023 , C-362 del18/09/2023,

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.5. Subasta inversa electrónica o presencial. La Entidad Estatal puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente.

Si la Entidad Estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe ﬁjar en los pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.

(Ver conceptos: C-262 del 27/04/2020) C-123 del 5/4/2021

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.6. Fallas técnicas durante la subasta inversa electrónica. Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los oferentes presentar sus Lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la Entidad Estatal debe reiniciar la subasta.

(Ver conceptos: C-495 del 30/07/2020, C-493 del 31/07/2020 C- 024 del 24/02/2021, C-022 del 16/02/23

Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la Entidad Estatal entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma.

Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modiﬁquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.

Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero están facultados para hacerlo.

(Ver conceptos: C-107 del 24/02/2020, C-108 del 03/03/2020, C-160 del 04/03/2020, C-500 del 03/08/2020,C-087 del 29/03/2022 , C-364 del 06/09/2023 , CU-007 de 16/01/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.8. Identiﬁcación de bienes y servicios objeto de un Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eﬁciente, o quien haga sus veces, periódicamente debe efectuar Procesos de Contratación para suscribir Acuerdos Marco de Precios, teniendo en cuenta los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes contenidos en los Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades Estatales y la información disponible del sistema de compras y contratación pública.

Las Entidades Estatales pueden solicitar a Colombia Compra Eﬁciente un Acuerdo Marco de Precios para un bien o servicio determinado. Colombia Compra Eﬁciente debe estudiar la solicitud, revisar su pertinencia y deﬁnir la oportunidad para iniciar el Proceso de Contratación para el Acuerdo Marco de Precios solicitado.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eﬁciente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a veriﬁcar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identiﬁcada.

Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del artículo 2.2.1.2.1.2. 7 del presente decreto está obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra Eﬁciente disponga, y luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.

(Ver conceptos: 4201912000007615 del 23/12/2019 , C-468 del 06/12/2023 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.10. Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eﬁciente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios por licitación pública y celebrar los Acuerdos Marco de Precios.

El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y c) actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la prestación.

Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.11. Régimen aplicable. Además de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y las normas que lo modiﬁquen, aclaren, adicionen o sustituyan y los reglamentos internos de las bolsas de productos, las siguientes disposiciones son aplicables a la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos.

(Ver concepto C-455 de 31/07/2020, C-068 del 22/04/2021, C-548 del 5/9/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.12. Planeación de una adquisición en la bolsa de productos. La Entidad Estatal debe estudiar, comparar e identiﬁcar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para la adquisición respectiva, frente a la subasta inversa, al Acuerdo Marco de Precios o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios, incluyendo el análisis del proceso de selección del comisionista, los costos asociados a la selección, el valor de la comisión y de las garantías.

El estudio mencionado debe mostrar la forma en que la Entidad Estatal garantiza los principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública.

(Ver concepto C-455 del 31/07/2020, C-068 del 22/04/2021, C-087 del 29/03/2022 , C-364 del 06/09/2023 , CU-007 de 16/01/2024 , C-548 del 5/9/2024

)

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.13. Requisitos para actuar como comisionista de Entidad Estatal. La Entidad Estatal puede exigir a los comisionistas interesados en participar en el procedimiento de selección a través de las bolsas de productos, el cumplimiento de requisitos habilitantes adicionales a su condición de tales, siempre y cuando estos sean adecuados y proporcionales al objeto a contratar y a su valor.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.14. Selección del comisionista. La Entidad Estatal debe seleccionar al comisionista de acuerdo con el procedimiento interno aplicable en la bolsa de productos, el cual debe ser competitivo.

La Entidad Estatal debe publicar el contrato suscrito con el comisionista seleccionado y sus modiﬁcaciones en el SECOP.

(Ver concepto C-455 del 31/07/2020, C-068 del 22/04/2021)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.15. Disponibilidad presupuestal. Para celebrar el contrato de comisión, la Entidad Estatal debe acreditar que cuenta con la disponibilidad presupuestal para el contrato de comisión, para la operación que por cuenta suya adelanta el comisionista en la bolsa de productos, para las garantías y los demás pagos que deba hacer como consecuencia de la adquisición en bolsa de productos, de acuerdo con el reglamento de la bolsa en la cual la Entidad Estatal haga la negociación.

(Ver concepto C-455 del 31/07/2020, C-068 del 22/04/2021 C-405 del 07/06/2022)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.16. Lista de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. Las bolsas de productos deben estandarizar, tipiﬁcar, elaborar y actualizar una lista de los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes susceptibles de ser adquiridos por las Entidades Estatales, de tal manera que solo aquellos que estén en la lista puedan ser adquiridos a través de la bolsa de que se trate.

Las bolsas de productos deben mantener esta lista a disposición de las Entidades Estatales y del público en general en sus oﬁcinas y en la correspondiente página web, sin perjuicio de cualquier otro medio de divulgación.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.17. Garantía única a favor de la Entidad Estatal. Como requisito para la ejecución del contrato de comisión, el comisionista seleccionado debe constituir a favor de la entidad estatal comitente la garantía única de cumplimiento, en relación con el valor de la comisión que la Entidad Estatal pagará al comisionista por sus servicios.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.18. Garantías de cumplimiento a favor del organismo de compensación de la bolsa de productos. La Entidad Estatal y el comitente vendedor deben constituir a favor del organismo de compensación de la bolsa de productos las garantías establecidas en su reglamento, para garantizar el cumplimiento de las negociaciones mediante las cuales la Entidad Estatal adquiere Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Las Entidades Estatales pueden exigir al comitente vendedor garantías adicionales a las señaladas en el presente artículo, siempre y cuando resulten adecuadas y proporcionales al objeto a contratar y a su valor.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.19. Supervisión del cumplimiento de la operación. Las Entidades Estatales deben designar un supervisor de la ejecución de las operaciones que por su cuenta realizan las bolsas de productos y del contrato de comisión. Si la Entidad Estatal veriﬁca inconsistencias en la ejecución, debe poner en conocimiento de la bolsa tal situación para que esta la examine y adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia de conformidad con sus reglamentos y, de ser el caso, notiﬁque del incumplimiento a su organismo de compensación. Ver conceptos: C-561 del 08/10/2024 , C-548 del 5/9/2024

)

Contratación de Menor Cuantía

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:

En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de

Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.

Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles.

(Ver conceptos: 4201912000007773 del 26/12/2019, C-201 del 13/04/2020, C-459 del 28/07/2020, C-139 del 31/03/2020, C-520 del 27/09/2021, C-093 del 23/03/2022 , C-095 del 4/5/2023 , C-363 del 03/06/2022 , C-662 del 14/10/2022, C-728 del 10/11/2022 C-433 del 07/05/2022, C-172 del 06/06/2023, , C-188 del 31/07/2024 , C-222 del 6/08/2024 , C-425 de 13/09/2024 , C-616 del 29/10/2024 , C-706 del 12/11/2024 ,)

Otros procesos de selección abreviada

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.21. Contratos de prestación de servicios de salud. La Entidad Estatal que requiera la prestación de servicios de salud debe utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía. Las personas naturales o jurídicas que presten estos servicios deben estar inscritas en el registro que para el efecto lleve el Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces.

Ver Concepto: (C-683 del 2021, C-441 de 11/07/2022 , C-888 de 27/12/2022 , C-618 de 29/10/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.22. Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. La Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal debe expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta.

(Ver concepto C-398 de 18/08/2021, C-446 del 06/07/2022)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.23. Adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria. La Entidad Estatal debe aplicar el proceso de adquisición en bolsa de productos de que tratan los artículos 2.2.1.2.1.2.11 a 2.2.1.2.1.2.19 del presente decreto para adquirir productos de origen o destinación agropecuaria ofrecidos en las bolsas de productos. La Entidad Estatal puede adquirir tales productos fuera de bolsa si lo hace en mejores condiciones. En este caso la Entidad Estatal debe expresar en los Documentos del Proceso esta situación.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.24. Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sus ﬁliales y las empresas en las cuales el Estado tenga más del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situación de competencia, deben utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para los contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo ﬁduciario y ﬁducia pública para los cuales se aplicará la modalidad que corresponda.

(Ver conceptos: 4201912000008460 del 14/02/2020, 1201913000001662 del 17/12/2019)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.25. Contratación de Entidades Estatales dedicadas a la protección de derechos humanos y población con alto grado de vulnerabilidad. Las Entidades Estatales que tengan a su cargo la ejecución de los programas a los que se reﬁere el literal h) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 deben aplicar el procedimiento establecido para la selección abreviada de menor cuantía.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.26. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del presente decreto.

C-721 de 24/01/2021

Si los bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional son Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en los términos del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del presente decreto, la Entidad Estatal debe utilizar el procedimiento de subasta inversa, compra por Catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios o a través de bolsa de productos.

Las Entidades Estatales deben consignar en los Documentos del Proceso las razones por las cuales los bienes o servicios objeto del Proceso de Contratación son requeridos para la defensa y seguridad nacional.

(Ver conceptos: C-104 del 06/04/2021 , C-406 del 02/10/2023 C-411 del 04/12/2023 , C-075 del 14/05/2024 , C-528 del 31/10/2024 , )

SUBSECCIÓN 3

CONCURSO DE MÉRITOS

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.

(Ver concepto: C-220 del 13/04/2020 , C- 367 del 26/7/2021. C-282 del 10/7/2024, C-180 del 30/7/2024 C-172 del 25/07/2024, c- 274 de 08/07/2024 , C-229 del 09/08/2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precaliﬁcación: C-282 del 10/7/2024, C-603 del 25/10/2024

La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como caliﬁcará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y cientíﬁcas del equipo de trabajo.

La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la caliﬁcación técnica y el orden de elegibilidad.

(Ver conceptos: C-201 del 13/04/2020, C-388 del 30/06/2020, C-165 del 06/04/2022, C-005 del 21/02/2023, C-050 del 22/03/23 C-690 del 19/10/2022) C-339 del 14/7/2021,

La Entidad Estatal debe revisar la oferta económica y veriﬁcar que está en el rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato.

La Entidad Estatal debe revisar con el oferente caliﬁcado en el primer lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identiﬁcada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; ii} la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del mismo y ﬁrmarán el contrato.

Si la Entidad Estatal y el oferente caliﬁcado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la Entidad Estatal revisará con el oferente caliﬁcado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se reﬁere el numeral anterior. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del mismo y ﬁrmarán el contrato.

(Ver conceptos: C-050 del 22/03/23 ) C-190 del 27/06/2023)

Si la Entidad Estatal y el oferente caliﬁcado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo, la Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de Contratación.

(Ver conceptos: C-124 del 25/03/2020, C-388 del 30/06/2020, C-406 del 13/07/2020, C-477 del 13/07/2020, C-612 del 02/10/2020, C-756 del 28/12/2020, C- 367 del 26/7/2021, C-739 del 2021 C-761 del 05/01/2021, C-171 del 07/04/2020, C-739 del 2021, C-090 del 24/03/2023, C-082 del 19/04/2023 , C-190 del 27/06/2023 ) C-282 del 10/7/2024, c- 274 de 08/07/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.3. Precaliﬁcación para el concurso de méritos. En la etapa de planeación del concurso de méritos, la Entidad Estatal puede hacer una precaliﬁcación de los oferentes cuando dada la complejidad de la consultoría lo considere pertinente.

C-282 del 10/7/2024, c- 274 de 08/07/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.4. Aviso de convocatoria para la precaliﬁcación en el concurso de méritos. Si la Entidad Estatal decide adelantar el concurso de méritos con precaliﬁcación debe convocar a los interesados por medio de un aviso publicado en el SECOP que debe tener la siguiente información:

La mención del Proceso de Contratación para el cual se adelanta la precaliﬁcación.

La forma en la cual los interesados deben presentar su manifestación de interés y acreditar los requisitos habilitantes de experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización del interesado y su equipo de

Los criterios que la Entidad Estatal tendrá en cuenta para conformar la lista de precaliﬁcados, incluyendo la mención de si hay un número máximo de precaliﬁcados.

El tipo de sorteo que la Entidad Estatal debe adelantar para conformar la lista de precaliﬁcados, cuando el número de interesados que cumple con las condiciones de la precaliﬁcación es superior al número máximo establecido para conformar la lista.

El Cronograma de la precaliﬁcación. C-282 del 10/7/2024, c- 274 de 08/07/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.5. Informe de precaliﬁcación. Luego de recibir las manifestaciones de interés y los documentos con los cuales los interesados acrediten la experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización, la Entidad Estatal debe adelantar la precaliﬁcación de acuerdo con lo dispuesto en el aviso de convocatoria para la precaliﬁcación. La Entidad Estatal debe elaborar un informe de precaliﬁcación y publicarlo en el SECOP por el término establecido en el aviso de convocatoria para la precaliﬁcación. Los interesados pueden hacer comentarios al informe de precaliﬁcación durante los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del mismo. C-282 del 10/7/2024, c- 274 de 08/07/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.6. Audiencia de precaliﬁcación. La Entidad Estatal debe efectuar una audiencia pública en la cual conformará la lista de interesados precaliﬁcados para participar en el Proceso de Contratación respectivo. En la audiencia contestará las observaciones al informe de precaliﬁcación y notiﬁcará la lista de precaliﬁcación de acuerdo con lo establecido en la ley. Si la Entidad Estatal establece un número máximo de interesados para conformar la lista de precaliﬁcados y el número de interesados que cumple con las condiciones de precaliﬁcación es superior al máximo establecido, en la audiencia de precaliﬁcación la Entidad Estatal debe hacer el sorteo para conformar la lista, de acuerdo con lo que haya establecido en el aviso de convocatoria. C-282 del 10/7/2024, c- 274 de 08/07/2024

Si la Entidad Estatal no puede conformar la lista de precaliﬁcados, puede continuar con el Proceso de Contratación en la modalidad de concurso de méritos abierto o sin precaliﬁcación.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.7. Efectos de la precaliﬁcación. La conformación de la lista de precaliﬁcados no obliga a la Entidad Estatal a abrir el Proceso de Contratación. C-282 del 10/7/2024, C-180 del 30/7/2024 C-172 del 25/07/2024, c- 274 de 08/07/2024 , C-796 del 17/12/2024 ,)

Concurso para la selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.8. Deﬁnición de Concurso de Arquitectura. El concurso de arquitectura es el procedimiento mediante el cual la Entidad Estatal, previa invitación pública y en igualdad de oportunidades, selecciona un consultor entre los proponentes interesados en elaborar diseños, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos.

La convocatoria para la elaboración de estudios o trabajos técnicos relacionados con el desarrollo de la profesión de arquitectura puede conllevar labores técnicas y/o profesionales complementarias de la propuesta, pero siempre su objeto principal será el diseño integral. En estos eventos, los proponentes deﬁnirán las labores fundamentales que complementan la propuesta, las cuales no podrán separarse de la misma.

(Ver concepto: C-503 de 18/08/2020, C-070 del 24/04/2023, )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.9. Partes que intervienen en el concurso de arquitectura. En el proceso de selección del concurso de arquitectura intervienen cuatro (4) partes a saber:

La Entidad Estatal Es el organismo interesado en adelantar el proceso de selección mediante el concurso arquitectónico.

El organismo asesor. Es el ente idóneo en la materia de arquitectura que organiza y diseña los aspectos técnicos del concurso de arquitectura y, actúa como coordinador entre la Entidad Estatal promotora y el jurado caliﬁcador, y entre éstos con los

El jurado caliﬁcador. Es el cuerpo independiente que estudia, caliﬁca y recomienda la propuesta más idónea y favorable que se ajusta a las bases del concurso de arquitectura.

Los proponentes. Son las personas naturales o jurídicas, uniones temporales o consorcios deﬁnidos en el artículo 7 de la Ley 80 de 93, inscritas en el concurso de arquitectura que presenten sus propuestas de acuerdo con las bases del concurso.

Ver conceptos: (C-070 del 24/04/2023,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.10. Modalidades de Concurso de Arquitectura. Según las características y nivel de desarrollo del concurso de arquitectura, se establecen las siguientes modalidades:

De ideas. Es el acto mediante el cual la Entidad Estatal promotora solicita al organismo asesor elaborar las bases del concurso con el ﬁn de obtener soluciones a nivel de esquema básico de diseño o conceptos generales de un tema urbanístico y/o arquitectónico.

De anteproyecto. Es el acto mediante el cual la Entidad Estatal promotora solicita al organismo asesor elaborar las bases del concurso con el ﬁn de obtener soluciones a nivel de anteproyecto de un tema arquitectónico y/o de diseño urbano, tales como ediﬁcación nueva, restauración, remodelación, proyectos urbanos, elementos del espacio público.

Ver conceptos : C-069 del 9/03/2022, C-070 del 24/04/2023,

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.11. Obligaciones de la Entidad Estatal promotora. Las siguientes son las obligaciones de la Entidad Estatal promotora:

Deﬁnir la modalidad del concurso de arquitectura que corresponda a sus necesidades y

Designar a uno de sus servidores públicos como asesor, quien debe elaborar el programa de necesidades y requerimientos materia del concurso. Este debe ser un arquitecto

Acordar con el organismo asesor los honorarios por la prestación de servicios profesionales de coordinación, así como, los premios y

costos del concurso arquitectónico según el reglamento de honorarios la Sociedad Colombiana de Arquitectos o normas vigentes.

Pagar los premios de acuerdo con lo deﬁnido en las bases del concurso o términos de referencia.

Entregar al organismo asesor el programa de necesidades y requerimientos materia del concurso para ser incorporados a las bases del mismo.

Nombrar un (1) miembro del jurado caliﬁcador antes de la iniciación del concurso arquitectónico, quien deberá ser arquitecto matriculado, diferente del asesor estipulado en el numeral 2 del presente artículo. En caso de que el alcalde delegue su representación en la Entidad Estatal promotora, ésta nombrará un segundo representante quien deberá ser arquitecto matriculado, en concordancia con el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.3.17 del presente decreto.

Cancelar o responder por los honorarios de los miembros del jurado caliﬁcador de acuerdo con el reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Para el caso en el que el miembro del jurado caliﬁcador sea servidor público, éste no tendrá derecho a los honorarios.

Revisar y dar el visto bueno a las bases del concurso arquitectónico presentadas por el organismo

Deﬁnir si el concurso de arquitectura se hará en una o a dos

Recibir las propuestas de los proponentes y entregarlas al jurado caliﬁcador para su estudio, caliﬁcación y concepto.

Aceptar o rechazar el fallo del jurado caliﬁcador y celebrar contrato de consultoría con el proponente que obtuvo el primer puesto de acuerdo con su naturaleza y cuantía. Si en el plazo señalado en los términos de referencia, el ganador no ﬁrmare el contrato, la Entidad Estatal lo podrá hacer con el proponente que obtuvo el segundo o tercer puesto, pero respetando el orden de caliﬁcación del jurado caliﬁcador. En caso de rechazo la decisión deberá ser motivada.

Pagar al contratista conforme se estipule en el contrato de consultoría de que trata el numeral anterior, de acuerdo al reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Proclamar en evento público el fallo en un plazo no mayor de quince {15) días hábiles a partir del término en que deben rendir el

Prorrogar el concurso de arquitectura cuando se presente el evento a que hace referencia el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

Expedir el acto administrativo de declaratoria de desierto del concurso de arquitectura en los términos del numeral 7 del artículo 24 de la Ley 80 de

Las demás señaladas en los principios de transparencia, economía y responsabilidad consagrados en la Ley 80 de

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.12. Obligaciones del organismo asesor. Las siguientes son las obligaciones del organismo asesor:

Elaborar, imprimir, promover y presentar a la Entidad Estatal promotora las bases del concurso para su visto bueno, previo el recibo de las necesidades y requerimientos materia del

Designar el asesor del concurso arquitectónico, quien estará en permanente contacto con el asesor de la Entidad Estatal promotora para todos los asuntos relacionados con la organización y desarrollo del

Informar al jurado caliﬁcador sobre las bases del concurso y hacer las aclaraciones pertinentes.

Apoyar la divulgación de la realización del concurso arquitectónico de acuerdo con la Entidad Estatal

Asesorar en la elaboración de los avisos de apertura del concurso arquitectura de que trata el numeral 3 inciso último del artículo 30 de la Ley 80 de

Asesorar a la Entidad Estatal promotora cuando se solicite la audiencia de que trata el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. En el evento en que sea solicitada esta audiencia para el caso de los concursos de arquitectura, se practicará en la regional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos correspondiente al lugar donde se desarrolla la labor objeto del concurso de

Apoyar la inscripción de los proponentes a la Entidad Estatal

Proyectar para la aprobación de la Entidad Estatal promotora, las respuestas de las consultas que hicieran los proponentes, relacionadas con los aspectos técnicos del

En acto público donde se efectúe la proclamación del fallo, apoyar a la Entidad Estatal promotora. En éste acto se abrirán los sobres que contiene la identiﬁcación de los ganadores en los términos de las bases del concurso. Así mismo, se procederá a la adjudicación tal como lo estipula el numeral 10 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.13. Obligaciones del jurado caliﬁcador. Las siguientes son las obligaciones del jurado caliﬁcador:

Estudiar y aceptar las bases del concurso de arquitectura como el fundamento primordial para practicar la caliﬁcación.

Aceptar como valor de sus honorarios el consignado en el reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Sin embargo, en caso que el miembro del jurado caliﬁcador sea servidor público no tendrá derecho a los honorarios.

Haber visitado el sitio donde se irá a desarrollar el trabajo objeto del

Recibir de la Entidad Estatal promotora los trabajos presentados por los proponentes, estudiarlos, analizarlos y evaluarlos detenidamente. Estas propuestas permanecerán en su poder y bajo su responsabilidad con carácter de reserva absoluta hasta la fecha de emitir el concepto correspondiente, es decir cuando se haga público.

Emitir el concepto de las propuestas presentadas acorde con el número de premios deﬁnidos para el concurso de arquitectura. En el evento que la propuesta contenga labores técnicas y/o profesionales de apoyo su estudio se hará de una manera integral, en concordancia con el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.1.3.8 del presente decreto.

Dejar constancia en un acta del proceso de los criterios que el jurado caliﬁcador desarrolló para obtener el concepto emitido.

Hacer las observaciones que considere necesarias al trabajo ganador y a los que ocupen el segundo y tercer

Manifestar a la Entidad Estatal promotora la declaratoria de desierto el concurso de arquitectura, en caso que se presente el impedimento de la escogencia objetiva de que trata el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

Ver concepto C-082 del 25/02/2020,, C-408 del 03/11/2023 )

Las demás que considere necesarias la Entidad Estatal

Ver concepto C- 036 del 1/03/2022, C- 217 del 14/5/2021

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.14. Incumplimiento de las Obligaciones del jurado caliﬁcador En caso que los miembros del jurado caliﬁcador incumplan cualquiera de las obligaciones deﬁnidas en los artículos 2.2.1.2.1.3.13 y 2.2.1.2.1.3.20 del presente decreto, será causal para ser removido inmediatamente de su cargo por parte del organismo que representa. Una vez sea removido se procederá a nombrar su remplazo en coordinación con la Entidad Estatal promotora.

Ver Conceptos: C-796 del 17/12/2024,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.15. Requisitos y obligaciones de los proponentes. Los proponentes podrán ser personas naturales o jurídicas, uniones temporales o consorcios. Cuando sean personas naturales nacionales o extranjeros, deberán ser arquitectos debidamente matriculados para ejercer la profesión en el país, y si son personas jurídicas, además del requisito para personas naturales que intervienen en el trabajo objeto del concurso y relacionado con el tema de la arquitectura, deberá la empresa tener dentro de sus estatutos el ejercicio de la labor que se solicita en el proceso de selección y tener dentro de su nómina de personal a arquitectos que cumplan con dicha función.

Las siguientes son las obligaciones de los proponentes:

Adquirir las bases del concurso, y presentar su propuesta respetando los lineamientos expuestos en las

Cumplir con los requerimientos de fecha, hora, lugar y forma de presentación de la

Hacer las modiﬁcaciones que le sean recomendadas por el jurado caliﬁcador cuando el proceso de selección sea a dos rondas y al ﬁnal del proceso para el que ocupó el primer puesto o el segundo y tercero, en el evento en que el primero no ﬁrme el contrato de consultoría en concordancia con el numeral 11 del artículo 2.2.1.2.1.3.11 del presente decreto.

Acatar el concepto y las observaciones del jurado caliﬁcador.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.16. Del organismo asesor. La Entidad Estatal promotora celebrará un contrato de prestación de servicios profesionales con el organismo asesor al iniciar el proceso de selección de concurso público de arquitectura. El organismo asesor podrá ser la Sociedad Colombiana de Arquitectos como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional y único organismo idóneo que adelanta en cada una de las regiones del país este tipo de gestiones.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.17. Composición del jurado caliﬁcador. Los miembros del jurado caliﬁcador deben ser arquitectos matriculados. La composición del jurado caliﬁcador estará integrada de la siguiente forma: ( Ver concepto: C-159 del 9/10/2024

Un (1) arquitecto matriculado en representación de la Entidad Estatal promotora, el cual podrá ser o no servidor público de esa Entidad Estatal.

Dos (2) representantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, nombrados por la Junta Nacional, quienes deberán ser arquitectos matriculados.

Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de la regional donde se realice el trabajo objeto del concurso arquitectónico, quien deberá ser arquitecto

Un (1) representante del alcalde municipal, distrital o especial donde se realice el trabajo objeto del concurso de arquitectura, quien deberá ser arquitecto matriculado y servidor público. En caso de que el trabajo materia del concurso cubra más de un municipio, el representante será el del alcalde donde exista la mayor extensión del predio donde se desarrollará el trabajo objeto del concurso de arquitectura.

El alcalde podrá delegar su representación en la Entidad Estatal Promotora, evento en el cual la Entidad Estatal Promotora tendrá dos (2) miembros del Jurado Caliﬁcador.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.18. Requisitos de los miembros del jurado caliﬁcador. Para ser miembro del jurado caliﬁcador se debe ser arquitecto matriculado, y con experiencia profesional de cinco (5) años en el tema o materia aﬁnes del concurso de arquitectura en el cual se va a ser parte de este jurado caliﬁcador.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.19. Selección del jurado caliﬁcador. El jurado caliﬁcador debe ser nombrado y conformado antes de la apertura de concurso de arquitectura y su aceptación implica el cumplimiento de las obligaciones consagradas en artículo 2.2.1.2.1.3.13 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.20. Funciones del jurado caliﬁcador. El jurado caliﬁcador debe elegir un presidente entre sus miembros, y si considera necesario o si la Entidad Estatal promotora u organismo asesor lo solicita, podrá asesorarse por especialistas en la materia objeto del concurso público, quienes no participarán en el fallo.

En caso de desintegración del jurado caliﬁcador por renuncia, retiro de uno o más de sus miembros, o muerte, la Entidad Estatal promotora o el organismo asesor estarán en libertad de reemplazar los miembros salientes dentro de un término no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la aceptación de la renuncia, retiro o muerte. Esta facultad de la Entidad Estatal promotora y del organismo asesor podrá extenderse hasta reemplazar totalmente los miembros del jurado caliﬁcador, pero sólo por el hecho de la renuncia, retiro o muerte.

Los miembros del jurado caliﬁcador deben asistir por lo menos al ochenta por ciento (80%) de las sesiones de juzgamiento y tomar decisiones siempre por mayoría absoluta de los votos. Todos los miembros del jurado caliﬁcador deben asistir a la sesión en la cual se emita el fallo, el cual debe consignarse en el acta del fallo ﬁrmada por cada uno de ellos.

El jurado caliﬁcador puede otorgar menciones honoríﬁcas, las cuales no comprometen contractualmente ni a la Entidad Estatal promotora ni al organismo asesor.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.21. De las Personas que intervienen en el concurso de arquitectura. Los miembros del jurado caliﬁcador, así como el asesor del concurso de arquitectura nombrado por el organismo asesor, se tendrán como servidores públicos para efectos de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de qué trata el literal f del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.22. Términos de referencia o bases del concurso. Los pliegos de condiciones o términos de referencia de que trata la Ley 80 de 1993, son las bases del concurso para efectos de los concursos arquitectónicos de que trata la presente subsección. Estos deberán contener como mínimo:

Los requisitos objetivos que se deben reunir para participar en el concurso de arquitectura. La Entidad Estatal promotora podrá elaborar directamente los términos de referencia o bases del concurso o encargar su elaboración a una entidad con conocimientos especializados como lo es la Sociedad Colombiana de Arquitectos;

La modalidad del concurso de arquitectura;

Las condiciones que deben reunir los proponentes;

El nombre de la Entidad Estatal promotora y de su asesor;

El nombre programa de necesidades y requerimientos materia del concurso que debe elaborar;

El nombre del asesor como lo ordena el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.3.11 del presente decreto;

El nombre del asesor del organismo asesor;

El lugar, fecha, hora y forma de entrega de las propuestas;

El lugar de entrega o envío de las consultas;

La deﬁnición acerca del número de rondas del concurso;

Los premios y sus valores, de acuerdo con el reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de

El plazo para la ﬁrma del contrato a celebrarse entre la Entidad Estatal promotora y el ganador del concurso, en desarrollo de lo establecido en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

Ver conceptos: (C-070 del 24/04/2023, )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.23. Del presupuesto. La Entidad Estatal promotora debe garantizar el cubrimiento de los costos que se generen en el proceso de selección con la respectiva disponibilidad y reserva presupuestal, tal como lo consagran los numerales 6, 13 y 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

Ver conceptos: (C-070 del 24/04/2023, )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.24. De las garantías. El producto ﬁnal de la convocatoria materia de la presente subsección deberá ser un proyecto en el nivel que se solicite en las bases del concurso. Por lo tanto no deberán presentar la garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

Ver conceptos: (C-070 del 24/04/2023, )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.25. De la cuantía de los Trabajos Relacionados con el Ejercicio Profesional de la Arquitectura. El valor de la cuantía de los contratos de consultoría que resulten del proceso de selección de Concurso de Arquitectura será el resultado de los costos del trabajo de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, más los costos de los estudios o labores técnicas fundamentales que apoyan el objeto del concurso, es decir, las propuestas se tendrán como una unidad.

Ver conceptos: (C-070 del 24/04/2023,)

SUBSECCIÓN 4

CONTRATACIÓN DIRECTA

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justiﬁcación de la contratación directa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justiﬁcación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:

La causal que invoca para contratar

El objeto del

El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al

El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente

(Ver conceptos: C-105 del 12/03/2020, C-220 del 13/04/2020,C-150 del 9/4/2021, C-687 del 14/01/2021 C-106 del 30/03/2022 , C-270 del 14/07/2022, C-594 del 26/08/2022 C-272 del 06/14/2022 , C-315 del 04/07/2023 , C-155 del 19/07/2024, C- 243 del 13/8/2024, C-255 del 14/8/2024 , C-339 del 18/09/2024 , C-304 del 21/08/2024 C-482 del 23/09/2024, C-632 del 29/10/2024 , C-575 del 22/10/2024 , C-590 del 18/10/2024 , C-746 del 2/12/2024 , C-764 del 05/12/2024 ,

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia maniﬁesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia maniﬁesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justiﬁcación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.

(ver conceptos: C-357 del 07/07/2020) C-287 del 15/7/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.3. No publicidad de estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos elaborados para los siguientes Procesos de Contratación no son públicos: a) la contratación de empréstitos; b) los contratos interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la República, y c) los contratos a los que se reﬁere el 2.2.1.2.1.4.6 del presente decreto.

(Ver conceptos: C-370 del 02/07/2020, C-521 del 11/08/2020, C-550 del 28/11/2024. )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.

(Ver conceptos: C-220 del 13/04/2020, C-086 del 16/03/2020, C-157 del 16/03/2020, C-101 del 16/03/2020, C-681 del 19/11/2020, C-097 del 23/03/2021, C-552 del 5/10/2021) C-499 del 15/09/2021 C-718 del 22/01/2021 C-503 del 17/09/2021, C-652 del 22/11/2021, C-385 de 15/06/2022, C-086 del 16/03/2020 C-051 del 07/03/2022 C-076 del 28/03/2022 C-094 del 12/03/2022 C-625 del 22/11/2021 C-116 del 21/02/2022, C-170 del 05/04/2022 C-187 del 12/04/2022 C-205 del 19/04/2022, C-233 del 06/06/2022, C-241 del 12/05/2022, C-262 del 04/05/2022 C-264 del 12/05/2022, C-049 del 4 /13/ de 2023 , C-313 del 17/05/2022 C-270 del 14/07/2022 C-329 del 24/05/2022 ,C-021 del 24/02/23 ,C-073 de 15/03/23 , C-249 del 06/16/2022 C –098 del 05/04/2023, C-154 del 02/06/2023, C-052 del 21/04/2023,., C-049 del 13/04/2023, C-105 del 14/06/2023, C-149 del 01/06/2023, C-233 del 25/07/2023 , C-056 del 26/04/2023 , C-098 del 05/04/2023 , C-114 del 04/05/2023 , C-134 del 27/06/2023 , C-147 del 25/07/2023 , C-160 del 06/06/2023 , C-182 del 29/06/2023 , C-193 del 13/06/2023 , c-233 del 26/07/2023 , C-308 del 14/08/2023 , C-357 del 30/08/2023 , C-187 del 15/06/2023 , C-237 del 12/07/2023 ¸ C-004 del 22-01-2024 , C-058 del 06/05/2024 , C-034 del 1904/2024 , C-097 del 28/05/2024 , C-155 del 19/07/2024 , C-315 del 22/08/2024 , C-313 del 22/08/2024, C-347 del 29/08/2024, C-352 del 05/09/2024, C-414 del 11/09/2024 , C-350 del 29/08/2024 – , C-756 de 04/12/2924 , C-870 del 15/12/2024, C-890 del 17/12/2024,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justiﬁcación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

(Ver conceptos: C-023 del 13/02/2020, C-220 del 13/04/2020 , C-370 del 19/09/2023 ) C-287 del 15/7/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.6. Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición. Las Entidades Estatales no están obligadas a publicar los Documentos del Proceso para adquirir bienes y servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que requieren reserva. En estos procesos de contratación la adquisición debe hacerse en condiciones de mercado sin que sea necesario recibir varias ofertas.

(Ver conceptos: C-104 del 06/04/2021, C-521 del 11/08/2020

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.7. Contratación para el desarrollo de actividades cientíﬁcas y tecnológicas. La contratación directa para el desarrollo de actividades cientíﬁcas y tecnológicas debe tener en cuenta la deﬁnición contenida en el Decreto-Ley 591 de 1991 y las demás normas que lo modiﬁquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

(Ver conceptos: 4201913000007894 del 06/12/2019)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.8.

Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación.

(Ver conceptos: C-475 del 22/07/2020) C-150 del 9/4/2021 C-237 del 26/04/2021 389 del 03/08/2021 C-055 del 29/03/2022 C- 134 del 1/04/2022, C-181 del 07/04/2022 C-237 del 26/04/2022 , C-449 del 19/09/2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal veriﬁque la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

(Ver conceptos: C-448 del 28/7/2020, C-661 del 17/11/2020) C- 019 del 21/02 /2022, C-047 del 18/02/2020, C-071 del 04/03/2020, C-146 del 17/04/2020, C-256 del 17/04/2020, C-609 del 11/09/2020, C-145 del 8/4/2021 C-742 del 27/12/2021, C-491 de 01/08/2022 , C-016 del 23/02/23 , C-057 del 29/3/2023 C-135 del 25/05/2023 , c-334 del 06/09/2023 , C – 420 del 10/10/2023 , C-164 del 02/06/2023., C-015 del 13/2/2024.,C-035 del 24/04/2024 , C-182 del 22/7/2024, C-192 del 31/7/2024, C- 243 del 13/8/2024 , C-255 del 14/8/2024 , C-232 del 09/08/2024 , C-321 del 23/08/2024 , C-524 del 08/10/2024 , C-642 del 05/11/2024 , C-757 del 04/12/2024 ,

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan en- comendarse a determinadas personas naturales, debe justiﬁcar esta situación en los estudios y documentos previos.

(Ver conceptos: 4201913000006146 del 07/10/2019, 4201912000005902 del 16/10/2019, 4201913000006444 del 01/11/2019, 4201913000006331 del 07/11/2019, 4201912000006692 del 12/11/2019, 4201912000007781 del 26/12/2019, C-105 del 12/03/2020, C-185 del 13/04/2020, C-231 del 13/04/2020, C-238 del 18/05/2020, C-608 del 01/10/2020, C-517 de 30/09/2021 C-654 del 22/11/2021, C-181 del 07/04/2022 C-491 del 27/07/2020,,C-057 de 29/03/23 , C-108 del 09/05/2023, C-132 del 25/05/2023, c-334 del 06/09/2023 , C-472 del 11/12/2023 , C-224 del 05/07/2023 , C-140 del 28/06/2024 , , C-101 del 01/08/2024 , C-764 del 05/12/2024 ,

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.10. Adquisición de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir las siguientes reglas:

Avaluar con una institución especializada el bien o los bienes inmuebles identiﬁcados que satisfagan las necesidades que tiene la Entidad Estatal.

Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identiﬁcadas y las opciones de adquisición, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública.

La Entidad Estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien inmueble que satisfaga la necesidad que ha identiﬁcado, caso en el cual no requiere el avalúo de que trata el numeral 1 anterior.

(Ver conceptos: C-126 del 26/032020)C-069 del 30/03/2022, )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir las siguientes reglas:

Veriﬁcar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad Estatal requiere el

Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identiﬁcadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública.

(Ver conceptos: C-126 del 26/032020 C-646 del 22/11/2021, C-280 del 21/08/2024 , C-826 del 25/11/2024 ,)

SUBSECCIÓN 5

MÍNIMA CUANTÍA

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:

La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.

La descripción del objeto a contratar identiﬁcado con el cuarto nivel del Clasiﬁcador de Bienes y Servicios.

Las condiciones técnicas exigidas.

El valor estimado del contrato y su justiﬁcación.

El plazo de ejecución del

El certiﬁcado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

(Ver conceptos: 4201912000006563 del 07/10/2019, C-107 del 24/02/2020, C-108 del 03/03/2020, C-121 del 03/03/2020, C-122 del 25/03/2020, C-160 del 03/04/2020, C-419 del 15/07/2020, C-738 de 15/12/2020, C-500 del 03/08/2020, C-101 del 27/04/2023, C-282 del 10/7/2024 , C-149 del 12/07/2024 , C-180 del 30/7/2024 C-172 del 25/07/2024, c- 274 de 08/07/2024, C-065 del 20/05/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se reﬁeren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

(Ver conceptos: C-185 del 08706/2023 , C-383 del 20/09/2023 ) C-282 del 10/7/2024,

, C-065 del 20/05/2024 , C-457 del 24/9/2024 , C-766 del 05/12/2024 ,)

La Entidad Estatal puede exigir una capacidad ﬁnanciera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad ﬁnanciera debe indicar cómo hará la veriﬁcación correspondiente.

(Ver conceptos: C-185 del 08706/2023 , C-190 del 27/6/2023.

La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar

(Ver conceptos: C-678 del 2021 C-007 del 16/02/2022 , C-573 del 27/08/2020, C-271 del 22/04/2022 C-564 del 08/09/2022 ,C-185 del 08706/2023, C-190 del 27/06/203

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y veriﬁcar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe veriﬁcar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.

(Ver conceptos: C-201 del 13/04/2020 , C-185 del 08706/2023 )

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del

En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el

(Ver conceptos: C-167 del 21/04/2021, C-166 del 23/04/2021, C-192 del 29/04/2021)

La oferta y su aceptación constituyen el

(Ver conceptos: C-122 del 25/03/202)

(Ver conceptos: 4201913000006936 del 08/11/2019, 42019B12000007520 de 18/12/2019, C-107 del 24/02/2020, C-108 del 03/03/2020, C-121 del 03/03/2020, C-309 del 27/05/2020, C-419 del 15/07/2020, C-465 del 27/07/2020, C-469 del 27/07/2020, C-557 del 21/08/2020, C-573 del 27/08/2020) , C-299 del 14/7/2021 , C-368 del 28/7/2021 , C-572 del 12/10/2021, C-008 de 15/2/2021 C-440 del 14/07/2022 C-271 del 05/04/2022, C-090 del 24/03/2023, C-101 del 27/04/2023, C-067 del 20/04/2023, C-373 del 12/09/2023 , C-190 del 27/06/2023 , C-036 del 22/04/2024 , C-149 del 12/07/2024, C-168 del 25/08/2024, c- 274 de 08/07/2024 , C-425 de 13/09/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superﬁcies cuando se trate de mínima cuantía. Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas para adquirir bienes hasta por el monto de su mínima cuantía en Grandes Superﬁcies:

La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superﬁcies y debe contener: a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, identiﬁcado con el cuarto nivel del Clasiﬁcador de Bienes y Servicios; b) la forma de pago; c) el lugar de entrega; d) el plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un (1) día hábil; d) la forma y el lugar de presentación de la cotización, y e) la disponibilidad presupuestal.

La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor

En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el

(Ver conceptos: C-192 del 29/04/2021, C-108 del 03/03/2020, C-121 del 03/03/2020, C-419 del 15/07/2020 C-225 del 29/04/2022, C-101 del 27/04/2023, C-036 del 22/04/2024 , ) C-282 del 10/7/2024, , C-180 del 30/7/2024 , C-065 del 20/05/2024 , )

La oferta y su aceptación constituyen el

(Ver conceptos: C-149 del 12/07/2024, c- 274 de 08/07/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superﬁcies.

(Ver conceptos: C-107 del 24/02/2020, C-108 del 03/03/2020, C-121 del 03/03/2020, C-419 del 15/07/2020, C-101 del 27/04/2023, C-036 del 22/04/2024 , ) C-282 del 10/7/2024 , C-180 del 30/7/2024 C-172 del 25/07/2024, c- 274 de 08/07/2024 , C-065 del 20/05/2024 , )

SECCIÓN 2

ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

SUBSECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.1. Aplicación. La selección abreviada es la modalidad para la enajenación de bienes del Estado, la cual se rige por las disposiciones contenidas en el presente capítulo, salvo por las normas aplicables a la enajenación de los bienes a cargo del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado y la enajenación de que tratan la Ley 226 de 1995, el Decreto- Ley 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.2. FRISCO. A más tardar el 31 de octubre de 2014, el Gobierno Nacional debe expedir el reglamento de enajenación de los bienes a cargo del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras este reglamento se expide, la enajenación de los bienes a cargo del FRISCO se regirá por las normas contenidas en el Decreto 734 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.3. Transferencia de bienes a CISA. La enajenación de bienes de las entidades estatales del orden nacional a la Central de Inversiones CISA S. A., de que trata el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 047 de 2014 y las normas que los modiﬁquen, adicionen o sustituyan, debe hacerse de conformidad con las reglas establecidas en tales normas.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.4. Enajenación directa o a través de intermediario idóneo. Las Entidades Estatales que no están obligadas a cumplir con lo establecido en el artículo anterior, pueden realizar directamente la enajenación, o contratar para ello promotores, bancas de inversión, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos, o cualquier otro intermediario idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.5. Selección del intermediario idóneo para la enajenación de bienes. La Entidad Estatal debe adelantar esta selección a través de un Proceso de Contratación en el cual utilice las reglas de la selección abreviada de menor cuantía. Si el intermediario idóneo es un comisionista de bolsa de productos, la Entidad Estatal debe utilizar el procedimiento al que se reﬁere el artículo 2.2.1.2.1.2.14 del presente decreto.

Para el avalúo de los bienes, los intermediarios se servirán de avaluadores debidamente inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes responderán solidariamente con aquellos.

Las causales de inhabilidad e incompatibilidad y el régimen de conﬂicto de interés consagrado en la Constitución y en la ley son aplicables a los intermediarios contratados por las Entidades Estatales para la enajenación de bienes.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.6. Objeto del contrato con el intermediario idóneo. El objeto del contrato es la intermediación comercial tendiente al logro y perfeccionamiento de la venta. En el caso de inmuebles y muebles sujetos a registro, el intermediario debe acompañar el proceso de venta hasta el registro y la entrega física del bien, incluyendo la posibilidad de desempeñarse en calidad de mandatario para estos efectos.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.7. Estudios previos. Los estudios y documentos previos deben contener además de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del presente decreto, el avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta, obtenido de conformidad con lo señalado en el presente título.

(Ver conceptos: 4201913000008193 del 07/01/2020, C-671 del 23/11/2020)

C-422 del 10/1072023,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.8. Aviso de Convocatoria. El aviso de convocatoria debe contener además de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del presente decreto, los datos identiﬁcadores del bien y la indicación de las condiciones mínimas de la enajenación, el valor del avalúo comercial y el precio mínimo de venta, si fueren diferentes. Si se trata de bienes inmuebles el aviso de convocatoria debe señalar: a) el municipio o distrito en donde se ubican; b) su localización exacta con indicación de su nomenclatura; c) el tipo de inmueble; d) el porcentaje de propiedad; e) número de folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral; f) uso del suelo; g) área del terreno y de la construcción en metros cuadrados; h) la existencia o no de gravámenes, deudas o afectaciones de carácter jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de dominio; i) la existencia de contratos que afecten o limiten el uso, y j) la identiﬁcación del estado de ocupación del inmueble.

En el caso de bienes muebles el aviso debe señalar:

a) el municipio o distrito donde se ubican;

b) su localización exacta;

c) el tipo de bien;

d) la existencia o no de gravámenes o afectaciones de carácter jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de dominio, y

e) la existencia de contratos que afecten o limiten su uso.

Si las condiciones de los bienes requieren información adicional a la indicada en el presente artículo, la Entidad Estatal debe publicarla en el aviso de convocatoria o indicar el lugar en el cual los interesados pueden obtenerla.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.9. Contenido de los pliegos de condiciones. Además de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del presente decreto, los pliegos de condiciones deben indicar las condiciones particulares que deben tener los posibles oferentes y lo siguiente:

Forma de pago del

Formalidades para la suscripción del contrato de enajenación.

Término para otorgar la escritura pública, si hay lugar a

Término para el registro, si hay lugar a

Condiciones de la entrega material del

La obligación del oferente de declarar por escrito el origen de los recursos que utilizará para la compra del

La Entidad Estatal puede enajenar el activo a pesar de que tenga cargas derivadas de impuestos y contribuciones, deudas de consumo o reinstalación de servicios públicos y administración inmobiliaria, caso en el cual debe manifestarlo en los pliegos de condiciones y el oferente aceptar dichas condiciones pues debe asumir las deudas informadas.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.10. Requisito para la presentación de oferta o postura. Para participar en los procesos de enajenación de bienes del Estado, el oferente debe consignar a favor de la Entidad Estatal un valor no inferior al veinte por ciento (20%) del precio mínimo de venta, como requisito habilitante para participar en el Proceso de Contratación, valor que se imputará al precio cuando el interesado es el adjudicatario.

La Entidad Estatal debe devolver al oferente cuya oferta no fue seleccionada el valor consignado, dentro del término establecido en los pliegos de condiciones, sin que haya lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del impuesto a las transacciones ﬁnancieras.

Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como las condiciones de pago, la ﬁrma de documentos sujetos a registro, o cualquier otro asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor de la Entidad Estatal que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que la Entidad Estatal reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En consecuencia no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador.

El oferente que no resulte adjudicatario puede solicitar a la Entidad Estatal mantener el valor consignado para otro proceso de enajenación que adelante la Entidad Estatal, valor al cual puede adicionar recursos cuando sea necesario.

Ver concepto: (C-390 del 15/12/2023 )

SUBSECCIÓN 2

MECANISMO DE ENAJENACIÓN

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.2.1. Enajenación directa por oferta en sobre cerrado. La Entidad Estatal que enajene bienes con el mecanismo de oferta en sobre cerrado debe seguir el siguiente procedimiento.

La Entidad Estatal debe publicar la convocatoria, los estudios previos, el proyecto de pliegos de condiciones, en los cuales debe incluir la lista de bienes sometidos al proceso de enajenación.

Recibidas y respondidas las observaciones al proyecto de pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe expedir el acto administrativo de apertura y publicarlo en el SECOP junto con los pliegos de condiciones deﬁnitivos.

Una vez recibidas las ofertas, la Entidad Estatal debe veriﬁcar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los oferentes y publicar el informe correspondiente en el SECOP junto con la lista de los bienes sobre los cuales se recibieron ofertas.

La Entidad Estatal debe convocar la audiencia en el lugar, día y hora señalados en los pliegos de

En la audiencia la Entidad Estatal debe abrir las ofertas económicas de los oferentes habilitados e informar la mejor oferta para la Entidad Estatal.

La Entidad Estatal concede a los oferentes la oportunidad para mejorar la oferta por una sola

Surtido este paso, la Entidad Estatal debe adjudicar el bien al oferente que haya ofrecido el mejor precio para la Entidad

(Ver concepto C-674 del 18/11/2020

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.2.2. Enajenación directa a través de subasta pública. La Entidad Estatal que enajene bienes con el mecanismo de subasta pública debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del presente decreto, teniendo en cuenta que el bien debe ser adjudicado al oferente que haya ofrecido el mayor valor a pagar por los bienes objeto de enajenación y en consecuencia, el Margen Mínimo debe ser al alza.

Ver conceptos: C-572 del 12/10/2021 , C-022 del 16/02/23 , C-123 del 5/04/2021 , C-362 del18/09/2023 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.2.3. Enajenación a través de intermediarios idóneos. La venta debe realizarse a través de subasta pública, o mediante el mecanismo de derecho privado que se convenga con el intermediario.

SUBSECCIÓN 3

BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.3.1. Avalúo comercial del bien. La Entidad Estatal o su intermediario idóneo, debe avaluar el bien objeto de enajenación. El avalúo puede estar a cargo del Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi o a cargo de una persona especializada inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. Los avalúes tienen vigencia de un año.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.3.2. Precio mínimo de venta. La Entidad Estatal debe establecer el precio mínimo de venta con base en las siguientes variables:

Valor del avalúo. Valor arrojado por el avalúo comercial

Todos los recursos que recibe la Entidad Estatal provenientes del bien, tales como cánones de arrendamiento y rendimientos.

Todos los gastos en que incurre la Entidad Estatal derivados de la titularidad del bien, la comercialización, el saneamiento, el mantenimiento y la administración del mismo, tales como:

Servicios públicos.

Conservación, administración y

Impuestos y gravámenes.

Gastos de promoción en

Costos y gastos de

Comisiones ﬁduciarias.

Gastos de

Deudas existentes

Tasa de descuento. Es el porcentaje al cual se descuentan los ﬂujos de caja futuros para traerlos al valor presente y poder con ello determinar un valor equivalente del activo y estará determinada en función de la DTF.

Tiempo de comercialización: Corresponde al tiempo que la Entidad Estatal considera que tomará la comercialización de los activos con el ﬁn de calcular los ingresos y egresos que se causarían durante el mismo.

Factores que deﬁnen el tiempo de comercialización. Los siguientes factores, entre otros, afectan el tiempo de comercialización del activo y permiten clasiﬁcarlos como de alta, mediana o baja comercialización:

Tipo de

Características particulares del

Comportamiento del

Tiempo de permanencia del activo en el inventario de la Entidad

Número de ofertas

Número de visitas

Tiempo de comercialización establecida por el

Estado jurídico del

Estado de saneamiento de los activos. Se tendrá en cuenta:

Activo saneado transferible. Es el activo que no presenta ningún problema jurídico, administrativo o técnico, que se encuentra libre de deudas por cualquier concepto, así como aquel respecto del cual no exista ninguna afectación que impida su

Activo no saneado transferible. Es el activo que presenta problemas jurídicos, técnicos o administrativos que limitan su uso, goce y disfrute, pero que no impiden su transferencia a favor de

Cálculo del precio mínimo de venta. El precio mínimo de venta se calcula como la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos incluido el valor del avalúo del bien y el valor actualizado de los gastos a una tasa de descuento

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.3.3. Otorgamiento de la escritura pública. La escritura pública debe otorgarse en la notaría de reparto correspondiente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en la cual el adjudicatario acredite el pago total del precio de venta. Solamente puede otorgarse la escritura pública antes del pago total del saldo del inmueble cuando esto sea necesario para cumplir condiciones para el desembolso del precio de venta.

Si el oferente pretende pagar el precio con un crédito o un leasing, en la subasta debe acreditar esta circunstancia con la presentación de una carta expedida por la entidad ﬁnanciera en la cual conste la pre aprobación del crédito. Debe también indicar si requiere de la ﬁrma de una promesa de compraventa como requisito para el desembolso de un crédito o para el retiro de cesantías.

En el evento de presentarse alguna circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a las partes, estas pueden de común acuerdo modiﬁcar la fecha de otorgamiento de la escritura pública mediante documento suscrito por las partes.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.3.4. Gastos de registro y derechos notariales. Los derechos notariales, los gastos de fotocopias, autenticaciones y los impuestos de venta y registro se liquidarán y pagarán de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.3.5. Entrega material del bien inmueble. La Entidad Estatal debe entregar el inmueble dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del registro, previa presentación del certiﬁcado de tradición y libertad en el que conste la inscripción de la escritura pública de venta del inmueble.

Las obligaciones generadas sobre el inmueble con posterioridad al registro del bien están a cargo del comprador.

SUBSECCIÓN 4

BIENES MUEBLES

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.4.1. Precio mínimo de venta de bienes muebles no sujetos a registro. La Entidad Estatal debe tener en cuenta el resultado del estudio de las condiciones de mercado, el estado de los bienes muebles y el valor registrado en los libros contables de la misma.

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.4.2. Precio mínimo de venta de bienes muebles sujetos a registro. La Entidad Estatal debe tener en cuenta lo siguiente:

La Entidad Estatal debe obtener un avalúo comercial practicado por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, registrada en el Registro Nacional de Avaluadores, excepto cuando el bien a enajenar es un automotor de dos (2) ejes pues independientemente de su clase, tipo de servicio, peso o capacidad, de carga y de pasajeros, la Entidad Estatal debe usar los valores establecidos anualmente por el Ministerio de Transporte.

Una vez establecido el valor comercial, la Entidad Estatal debe descontar el valor estimado de los gastos en los cuales debe incurrir para el mantenimiento y uso del bien en un término de un (1) año, tales como conservación, administración y vigilancia, impuestos, gravámenes, seguros y gastos de bodegaje, entre

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.4.3. Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su página web.

La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justiﬁcan su solicitud.

Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés debe tener preferencia. Los representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega.

(Ver conceptos: 4201912000006293 del 6/11/2019 C-704 del 26/10/2022

ARTÍCULO 2.2.1.2.2.4.4. Enajenación de otros bienes. Para enajenar otro tipo de bienes como cartera, cuentas por cobrar, ﬁdeicomisos de cartera, las Entidades Estatales no obligadas a aplicar las normas mencionadas en el artículo 2.2.1.2.2.1.3 el presente decreto, deben determinar el precio mínimo de venta tomando en consideración, entre otros, los siguientes parámetros:

La construcción del ﬂujo de pagos de cada obligación, según las condiciones actuales del crédito y/o cuentas por cobrar.

La estimación de la tasa de descuento del ﬂujo en función de la DTF, tomando en consideración los factores de riesgo inherentes al deudor y a la operación, que puedan afectar el pago normal de la obligación.

El cálculo del valor presente neto del ﬂujo, adicionando a la tasa de descuento la prima de riesgo calculada.

Los gastos asociados a la cobranza de la cartera a futuro, las garantías asociadas a las obligaciones, edades de mora y prescripción de cobro.

El tiempo esperado para la recuperación de la cartera por recaudo directo o por vía

Las demás consideraciones universalmente aceptadas para este tipo de

Esta norma no es aplicable a la enajenación de cartera tributaria.

SECCIÓN 3

GARANTÍAS

SUBSECCIÓN 1

GENERALIDADES

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrirlas garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título.

(Ver conceptos: 4201912000007273 del 05/12/2019, C-034 del 02/03/2020, C-425 del 22/07/2020) C-500 del 15/09/2021 C-126 del 30/03/2022 C-584 del 26/10/2022, C-060 del 18/04/2023, C-060 del 18/04/2023, C-402 del 06/10/2023 , C-428 del 14/11/2023 , C-386 del 31/01/2024 , C-037 del 23/04/2024 , C-177 del 09/07/2024 ) C-287 del 15/7/2024 , C.123 del 24/07/2024 C-133 del 11/07/2024 C-356 del 22/7/2024, C-306 del 12/08/2024 , ) ,) C-505 del 01/10/2024, C-756 de 04/12/2924 , C-919 del 10/12/2024 , )

Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

Contrato de seguro contenido en una póliza

Patrimonio autónomo.

Garantía

(Ver conceptos: 4201912000007273 del 05/12/2019, C-425 del 22/07/2020, C-586 del 31/08/2020, C-627 del 16/09/2020, C-749 del 02/02/2021) C-584 del 26/10/2022 , C-037 del 23/04/2024 ) C-505 del 01/10/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantía. La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual así:

La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual o cada unidad funcional en el caso de las Asociaciones Público Privadas, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo.

La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional y de acuerdo con las reglas de suﬁciencia de las garantías establecidas en el presente título.

Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

(Ver concepto C-034 del 2/3/2020, C-036 del 28/02/2022 C-126 del 30/03/2022 C-584 del 26/10/2022 C-069 del 27 de mayo de 2024 , C-335 del 26/08/2024 ) ,) C-505 del 01/10/2024

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.4. Garantía del oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.

Ver conceptos C-584 del 26/10/2022 ,) C-505 del 01/10/2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.5. Cobertura del Riesgo de responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro.

C-754 del 11/09/ 2021 C-584 del 26/10/2022. C-289 del 16/08/2024, C-414 del 11/09/2024 , ) C-505 del 01/10/2024 ; C-756 de 04/12/2924 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

(Ver conceptos: 4201912000006289 del 03/10/2019, 4201912000006283 del 28/10/2019) C-036 del 31/03/2023 , C-583 del 16/09/2022 C-584 del 26/10/2022, C-060 del 18/04/2023, C-505 del 01/10/2024

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3)

(Ver concepto: C-391 del 11/08/2020, C-010 del 16/02/2021, C-184 del 29/07/2024 , C-164 del 22/07/2024 )

El retiro de la oferta después de vencido el plazo ﬁjado para la presentación de las ofertas.

(Ver concepto: 4201912000007420 del 13/12/2019)

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del

(Ver concepto: C-577 del 16/09/2020)

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir:

Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:

El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;

El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;

Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y

El pago del valor de las multas y de la cláusula penal

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato

La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

Calidad del Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deﬁciente calidad del servicio prestado.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un

Los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del

(Ver conceptos: 4201912000007273 del 05/12/2019, 4201912000007281 del 05/12/2019, C-143 del 08/03/2020, C-425 del 22/07/2020, C-625 del 28/09/2020, C-479 del 27/07/2020, C-078-del 17/3/2021 C-015 del 24/02/23 , C-583 del 16/09/2022 , C-584 del 26/10/2022 , C-060 del 18/04/2023 , C-158 del 06/06/2023, C-341 del 25/09/2023 , C-421 del 13/11/2023 , C-356 del 22/7/2024 , C-188 del 31/07/2024 , C-335 del 26/08/2024 ) C-505 del 01/10/2024 , C-562 del 18/10/2024 , C-736 del 18/10/2024 , C-756 de 04/12/2924, )

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.8. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual. La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

Ver conceptos C-583 del 16/09/2022 C-584 del 26/10/2022 ,) C-505 del 01/10/2024 , C-756 de 04/12/2924 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.9. Suﬁciencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta.

El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el Proceso de Contratación de un Acuerdo Marco de Precio debe ser de mil (1.000) SMMLV.

El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en la subasta inversa y en el concurso de méritos debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oﬁcial estimado del Proceso de Contratación.

Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contratación sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV se aplicarán las siguientes reglas:

Si el valor de la oferta es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV y hasta cinco millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor de la oferta.

Si el valor de la oferta es superior a cinco millones (5.000.000) de SMMLV y hasta diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal

puede aceptar garantías que cubran al menos el uno por ciento (1%) del valor de la oferta.

Si el valor de la oferta es superior a diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de la

(Ver conceptos: 4201912000007273 del 05/12/2019, C-229 del 16/04/2020, C-391 del 11/08/2020, C-010 del 16/02/2021) C-326 del 18/05/2022 C-583 del 16/09/2022 C-584 del 26/10/2022,C-184 del 29/07/2024 , C-164 del 22/07/2024 ) C-505 del 01/10/2024,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.10. Suﬁciencia de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. La Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.11. Suﬁciencia de la garantía de pago anticipado. La garantía de pago anticipado debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal veriﬁque el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.12. Suﬁciencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV, caso en el cual la Entidad Estatal aplicará las siguientes reglas:

Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV y hasta cinco millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato.

Si el valor del contrato es superior a cinco millones (5.000.000) de SMMLV y hasta diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el uno por ciento (1 %) del valor del

Si el valor del contrato es superior a diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del

Colombia Compra Eﬁciente debe determinar el valor de la garantía única de cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en

(Ver concepto: C-479 del 27/07/20 , C-625 del 28/09/2020 , C-126 del 30/03/2022 , C-335 del 23/05/2022 , C-769 del 16/11/2022 , C-015 del 24/02/23 , C-158 del 06/06/2023 , C-066 del 21/04/2024 , C-306 del 12/08/2024 , C-335 del 26/08/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.13. Suﬁciencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

(Ver conceptos: C-158 del 06/06/2023 , C-164 del 22/07/2024 C-306 del 12/08/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.14

Suﬁciencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor de esta garantía en los pliegos de condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justiﬁcación técnica de un experto en la materia objeto del contrato.

(Ver concepto: C-586 del 31/08/2020, C-627 del 16/09/2020, C-732 del 14/12/2020) C-335 del 23/05/2022 , C-060 del 18/04/2023 , C-158 del 06/06/2023 , C-184 del 29/07/2024 , C-164 del 22/07/2024 C-306 del 12/08/2024 , ))

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.15. Suﬁciencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. Ver: C-306 del 12/08/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.16. Suﬁciencia de la garantía de calidad de bienes. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos. Ver C-356 del 22/7/2024, C-306 del 12/08/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17. Suﬁciencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500)

Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)

Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000)

Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000)

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000)

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

(Ver conceptos: C-754 del 11/09 2021 , C-335 del 23/05/2022 , C-289 del 16/08/2024 , C-306 del 12/08/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliación de la garantía. Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía.

Cuando el contrato es modiﬁcado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

(Ver concepto: 4201912000006801 del 08/11/2019 , C-069 del 27 de mayo de 2024 , C-306 del 12/08/2024 , C-194 del 1/08/2024 , C-209 del 5/08/2024 , C-598 del 24/10/2024 , C-609 del 22/10/2024 , C-656 del 22/10/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.19. Efectividad de las garantías. La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así:

Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantiﬁcado. El acto administrativo de caducidad constituye el

Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el

Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de

(Ver concepto: C-034 del 02/03/2020 ,C-126 del 30/03/2022, C-060 del 18/04/2023 , C-386 del 31/01/2024 C-177 del 09/07/2024 ) C-287 del 15/7/2024 C.123 del 24/07/2024 C-133 del 11/07/2024, C-356 del 22/7/2024 C-306 del 12/08/2024 )

SUBSECCIÓN 2

CONTRATO DE SEGURO

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.1. Amparos. El objeto de cada uno de los amparos debe corresponder al deﬁnido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6, 2.2.1.2.3.1. 7 y 2.2.1.2.3.1.8 del presente decreto.

Los amparos deben ser independientes unos de otros respecto de sus Riesgos y de sus valores asegurados. La Entidad Estatal solamente puede reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor del amparo cubierto. Los amparos son excluyentes y no se pueden acumular.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.2. Cesión del contrato. Si hay lugar a cesión del contrato a favor del garante, este está obligado a constituir las garantías previstas en el contrato.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.3. Exclusiones. La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno:

Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al

Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la Entidad

El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como consecuencia del transcurso del

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.4. Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En el contrato de seguro que ampara el cumplimiento, la compañía de seguros no puede incluir la cláusula de proporcionalidad y tampoco otra cláusula similar en el sentido de que el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado pero frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente paga los perjuicios causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación garantizada. La inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.5. Improcedencia de la terminación automática y de la facultad de revocación del seguro. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.

ARTÍCULO 2.2.1.1.3.2.6. Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros. La compañía de seguros no puede oponerse o defenderse de las reclamaciones que presente la Entidad Estatal alegando la conducta del tomador del seguro, en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro o cualquier otra excepción que tenga el asegurador en contra del contratista.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.7. Prohibición a las compañías de seguros. Para la venta de alguno de los amparos de que trata la presente subsección, las compañías de seguros no pueden exigir a los proponentes ni a los contratistas adquirir amparos no exigidos por la Entidad Estatal.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.8. Sanción por incumplimiento de la seriedad de la oferta. En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad

La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneﬁciarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro

Cobertura expresa de perjuicios

Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí

Cobertura expresa de amparo

Cobertura expresa de vehículos propios y no

C-754 del2/08/ 2021

ARTÍCULO 2.2.1.3.3.2.10. Mecanismos de participación en la pérdida por parte de la Entidad Estatal asegurada. En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMML V. No serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.11. Protección de los bienes. La Entidad Estatal debe exigir a su contratista un contrato de seguro que ampare la responsabilidad cuando con ocasión de la ejecución del contrato existe Riesgo de daño de los bienes de la Entidad Estatal. La Entidad Estatal debe deﬁnir el valor asegurado en los pliegos de condiciones.

SUBSECCIÓN 3

PATRIMONIO AUTÓNOMO

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.3.1. Patrimonio autónomo como garantía. El contrato de ﬁducia mercantil por medio del cual se crea el patrimonio autónomo que sirve de garantía para la oferta o el cumplimiento del contrato en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1. 7 del presente decreto, debe cumplir con los siguientes requisitos e incluir los siguientes aspectos:

El ﬁdeicomitente debe ser el oferente o el contratista o quien esté dispuesto a garantizar sus obligaciones y tenga la facultad para hacerlo, y la sociedad ﬁduciaria, autorizada para el efecto por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces.

La Entidad Estatal que contrata debe ser el beneﬁciario del patrimonio autónomo.

La sociedad ﬁduciaria está obligada a realizar los actos necesarios para la conservación de los bienes ﬁdeicomitidos o adoptar las medidas necesarias para que quien los tenga garantice dicha conservación.

La sociedad ﬁduciaria debe periódicamente hacer las valoraciones y avalúas sobre los bienes que constituyen el patrimonio autónomo,para velar por la suﬁciencia e idoneidad de la garantía.

La sociedad ﬁduciaria debe avisar a la Entidad Estatal y al ﬁdeicomitente dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en la que tiene noticia de la insuﬁciencia del patrimonio autónomo para el pago de las obligaciones garantizadas, causada por la disminución del valor de mercado de los bienes que lo conforman y exigir al ﬁdeicomitente el remplazo o aumento de los bienes ﬁdeicomitidos para cumplir con las normas relativas a la suﬁciencia de la garantía.

La obligación del ﬁdeicomitente de remplazar o aumentar los bienes ﬁdeicomitidos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la solicitud que haga la sociedad ﬁduciaria.

El procedimiento para el remplazo de bienes o para la incorporación de nuevos bienes al patrimonio autónomo.

El procedimiento que debe seguirse frente al incumplimiento del oferente o del

Las obligaciones de la sociedad ﬁduciaria incluyendo sus obligaciones de custodia y administración de los bienes, veriﬁcación periódica del valor del patrimonio autónomo, rendición de cuentas e informes periódicos.

La forma como procede la dación en pago de los bienes ﬁdeicomitidos, para lo cual es necesario que haya trascurrido más de un (1) año desde la fecha en la cual la Entidad Estatal solicitó a la sociedad ﬁduciaria ejecutar la garantía y no ha sido posible realizar los bienes ﬁdeicomitidos. En este caso, la Entidad Estatal debe recibir la dación en pago por el cincuenta por ciento (50%) del avalúo actualizado de los bienes, sin perjuicio de que la Entidad Estatal persiga el pago del perjuicio causado que no haya sido íntegramente pagado.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.3.2. Admisibilidad de bienes para conformar el patrimonio autónomo. Los bienes o derechos ﬁdeicomitidos para crear el patrimonio autónomo que sirve de garantía en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1. 7 del presente decreto, deben ofrecer a la Entidad Estatal un respaldo idóneo y suﬁciente para el pago de las obligaciones garantizadas.

La Entidad Estatal solamente puede aceptar como garantía el patrimonio autónomo conformado con los siguientes bienes y derechos:

Valores que pueden conformar las carteras colectivas del mercado ﬁnanciero, o la participación individual del contratista en carteras colectivas. La Entidad Estatal reconocerá para efectos del cálculo del valor de la garantía hasta el noventa por ciento (90%) del monto de tales valores.

Inmuebles libres de limitaciones de dominio con un valor superior a dos mil (2.000) SMMLV, que generen rentas en un (1) año por valor mayor al cero punto setenta y cinco por ciento (0,75%) mensual del precio de realización establecido en el avalúo que debe realizar un experto, de acuerdo con el artículo siguiente del presente decreto. Estas rentas no pueden estar a cargo del contratista garantizado y deben hacer parte del patrimonio autónomo. La Entidad Estatal reconocerá para efectos del cálculo del valor de la garantía hasta el setenta por ciento (70%) del valor del avalúo de los bienes inmuebles ﬁdeicomitidos.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.3.3. Avalúo de los bienes inmuebles ﬁdeicomitidos. La sociedad ﬁduciaria debe ordenar el avalúo de los bienes inmuebles, el cual debe hacerse bajo el criterio de valor de realización a corto plazo para efectos de determinar la suﬁciencia de la garantía. La sociedad ﬁduciaria debe actualizar el avalúo con la frecuencia establecida en las normas aplicables. Si el avalúo disminuye en más de diez por ciento (10%) de año a año, el ﬁdeicomitente debe aportar nuevos bienes para que la garantía sea suﬁciente.

El avalúo debe estar a cargo de una institución especializada inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. La remuneración de los Avaluadores y de los costos del avalúo debe ser cubierta por la sociedad ﬁduciaria con cargo a los recursos del ﬁdeicomiso.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.3.4. Certiﬁcado de Garantía. La sociedad ﬁduciaria debe expedir a nombre de la Entidad Estatal un certiﬁcado de garantía en el cual conste la siguiente información:

La suﬁciencia de la garantía para cada una de las coberturas, en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 del presente decreto.

Los estados ﬁnancieros actualizados del patrimonio autónomo y una descripción de los bienes que lo conforman.

El procedimiento a surtirse en caso de hacerse exigible la garantía, el cual no podrá imponer a la Entidad Estatal condiciones más gravosas a las contenidas en este título.

Los Riesgos

La prelación que tiene la Entidad Estatal para el

Los mecanismos con tos cuales la sociedad ﬁduciaria puede hacer efectiva la garantía sin afectar su suﬁciencia.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.3.5. Excepción de contrato no cumplido. La sociedad ﬁduciaria no puede proponer la excepción de contrato no cumplido frente a la Entidad Estatal.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.3.6. Retención. De las rentas periódicas que produzcan los bienes o derechos que conforman el patrimonio autónomo, la sociedad ﬁduciaria puede retener el uno por ciento (1%) mensual hasta completar el valor equivalente al tres por ciento (3%) del avalúo del bien o valor, sumas que debe invertir en una cartera colectiva del mercado ﬁnanciero para la conservación, defensa y recuperación de los bienes ﬁdeicomitidos y los gastos necesarios para hacer efectiva la garantía.

SUBSECCIÓN 4

GARANTÍAS BANCARIAS

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.4.1. Garantías bancarias. La Entidad Estatal puede recibir como garantía, en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto, garantías bancarias y las cartas de crédito stand by, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones:

La garantía debe constar en documento expedido por una entidad ﬁnanciera autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, otorgado de acuerdo con las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad

La garantía bancaria debe ser

La garantía bancaria debe ser suﬁciente en los términos de los artículos 2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 del presente decreto.

El garante debe haber renunciado al beneﬁcio de excusión.

Ver conceptos: (C-525 del 27/09/2021 )

SUBSECCIÓN 5

GARANTÍAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TECNOLOGÍA SATELITAL

ARTÍCULO 2.2.1.2,3.5.1. Garantías para cubrir los Riesgos derivados de los procesos de contratación de tecnología satelital. En los Procesos de Contratación para el diseño, fabricación, construcción, lanzamiento, puesta en órbita, operación, uso o explotación de sistemas satelitales, equipos y componentes espaciales, la Entidad Estatal exigirá las garantías generalmente utilizadas y aceptadas en la industria, para cubrir los Riesgos asegurables identiﬁcados en los estudios y documentos previos.

SECCIÓN 4

APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN

SUBSECCIÓN 1

ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1.1. Aplicación de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. Las Entidades Estatales deben adelantar los Procesos de Contratación de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Comerciales, cuando estos les sean aplicables.

(Ver conceptos: 4201912000006940 del 06/11/2019, 4201912000007568 de 13/11/2019, C-465 del 07/08/2021, C-117 del 24/03/2022 C-303 del 16/05/2022 C-383 del 06/15/2022, C-335 del 17/08/2023 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1.2. Concurrencia de varios Acuerdos Comerciales. Si un mismo Proceso de Contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales.

Ver conceptos: C-117 del 24/03/2022 ,C-303 del 16/05/2022 C-383 del 06/15/2022 , C-335 del 17/08/2023 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certiﬁcado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (e) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certiﬁcado por medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se reﬁeren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eﬁciente, dentro de sus competencias legales.

Los certiﬁcados para acreditar la condición a la que se reﬁere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eﬁciente. La vigencia de los certiﬁcados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eﬁciente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certiﬁcado.

Colombia Compra Eﬁciente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certiﬁcado.

(Ver conceptos: 4201912000008003 del 23/12/2019, C-114 del 06/03/2020, C-460 del 14/07/2020, C-360 del 16/07/2020, C-417 del 16/07/2020, C- 058- del 11-03-2021 C-285 del 11/6/2021 ,C-684 del 20/12/2021), C-201 del 13/04/2022 C-352 del 02/06/2022 C-303 del 16/05/2022, C-327 del 23/05/2022, C-571 del 14/09/2022 C-102 del 08/07/2024

SUBSECCIÓN 2

INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratación pública. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de caliﬁcación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

(Ver conceptos: C-142 del 24/03/2020)

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando:

El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y

Ver concepto: C-498 del 27/09/2024, C-582 del 22/10/2024 , .

La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación.

(Ver conceptos: 4201912000007973 del 09/12/2019, CU-021 del 21/02/20, C-045 del 17/03/2020, C-142 del 24/03/2020, C-162 del 16/04/2020, C-258 del 17/04/2020, C-214 del 21/04/2020, C-285 del 04/05/2020, C-252 del 26/05/2020, C-364 del 04/06/2020, C-401 del 12/06/2020, C-413 del 30/06/2020, C-459 del 28/07/2020, C-492 del 23/07/2020, C-514 del 26/08/20, C-516 del 26/08/20, C-535 del 26/08/20, C-537 del 26/08/20, C-538 del 26/08/20, C-568 del 26/08/20, C-572 del 27/08/2020, C-610 del 14/09/2020, C-583 del 20/10/2020, C-651 del 29/10/2020, C-666 del 13/11/2020, C-687 del 24/11/2020, C-700 del 01/12/2020, C-705 del 07/12/2020, C-728 del 14/12/2020 C-151 del 12/04/2021, C-189 del 26/04/2021, C-050 del 25/02/2021, C-058 del 25/02/2020, C –083 del 11/03/2020, C-092 del 04/03/2020, C-252 del 26/05/2020, C-582 del 27/08/2020, C-757 del 04/01/2020 C-315 del 18/05/2022, C-330 del 23/05/2022, C-474 del 26/07/2022, C-662 del 14/10/2022, C-643 del 10/10/2022 C-585 del 14/09/2022 C-485 del 07/26/2022, C-639 del 10/10/2022 C-445 del 07/12/2022, C-095 del 4/05/2023, C-159 del 06/2023, C-302 del 14/09/2023 , C-335 del 17/08/2023 , C-430 del 18/10/2023 , C-432 del 23/10/2023 , C-017 del 26/02/2024 , C-227 del 24/07/2024 C-102 del 08/07/2024 , C-206 del 02/08/2024 , C-245 del 13/08/2024 , C-251 del 09/08/2024 , C-316 del 23/8/2024 , C-399 del 10/09/2024 , C-436 del 17/09/2024 , C-305 del 18/09/2024 , C-518 del 30/09/2024 , C-397 del 10/09/2024 , C-065 del 20/05/2024 , C-498 del 27/09/2024, C-532 del 10/10/2024 , ) C-571 del 22/10/2024 , C-569 del 21/10/2024 , C-623 del 30/10/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. Las Entidades Estatales pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certiﬁcado de existencia y representación legal de la empresa.

(Ver conceptos C-045 del 17/03/2020, C-142 del 24/03/2020, C-162 del 16/04/2020, C-258 del 17/04/2020, C-214 del 21/04/2020, C-285 del 04/05/2020, C-252 del 26/05/2020, C-364 del 04/06/2020, C-401 del 12/06/2020, C-413 del 30/06/2020, C-459 del 28/07/2020, C-492 del 23/07/2020, C-523 del 11/8/2020, C-514 del 26/08/20, C-516 del 26/08/20, C-535 del 26/08/20, C-537 del 26/08/20, C-538 del 26/08/20, C-568 del 26/08/20, C-572 del 27/08/2020, C-610 del 14/09/2020, C-651 del 29/10/202, C-666 del 13/11/2020, C-687 del 24/11/2020, C-700 del 01/12/2020, C-705 del 07/12/2020, C-728 del 14/12/2020, C-046 del 19/02/2020, C-050 del 25/02/2020, C-058 del 25/02/2020, C –083 del 11/03/2020, C-092 del 04/03/2020, C-252 del 26/05/2020, C-582 del 27/08/2020, C-050 del 07/03/2022 C-315 del 18/05/2022 , C-662 del 14/10/2022, C-643 del 10/10/2022, C-539 del 29/08/2022, C-159 de 06/2023

C-366 del 09/09/2023 , C-165 del 02/06/2023 , C-335 del 17/08/2023 , C-017 del 26-02-2024 , C-032 del 16/04/2024 , C-227 del 24/07/2024 , C-102 del 08/07/2024 , C-206 del 02/08/2024 , C-245 del 13/08/2024 , , C-222 del 6/08/2024 , C-316 del 23/8/2024 , C-399 del 10/09/2024 , C-305 del 18/09/2024 , C-518 del 30/09/2024 , C-065 del 20/05/2024 , C-498 del 27/09/2024, C-532 del 10/10/2024 , C-569 del 21/10/2024 , C-623 del 30/10/2024 , C-582 del 22/10/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certiﬁcado expedido por el representante legal y el revisor ﬁscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley.

En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, consorcios o uniones temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme.

(Ver conceptos: 4201913000006353 del 30/10/2019, CU-021 del 21/02/02, C-364 del 04/06/2020, C-377 del 13/06/2022, C-523 del 11/8/2020, C-757 del 04/01/2020 , C-978 de 24/03/2023 C-585 del 14/09/2022 C-445 del 07/12/2022, C-159 de 06/2023, C-017 del 06-02-2024 , C-048 del 23/04/2024 , C-178 del 29/07/2024 , C-227 del 24/07/2024, C-245 del 13/08/2024 , C-222 del 6/08/2024 , C-251 del 09/08/2024 , C-316 del 23/08/2024 , C-399 del 10/09/2024 , C-436 del 17/09/2024 , C-305 del 18/09/2024 , C-518 del 30/09/2024 , C-065 del 20/05/2024 , ) C-571 del 22/10/2024 , C-569 del 21/10/2024 , C-623 del 30/10/2024 C-582 del 22/10/2024, C-629 del 31/10/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.5. Desagregación tecnológica. Las Entidades Estatales pueden desagregar tecnológicamente los proyectos de inversión para permitir:

La participación de nacionales y extranjeros, y

La asimilación de tecnología por parte de los

En ese caso, las Entidades Estatales pueden adelantar varios Procesos de Contratación de acuerdo con la desagregación tecnológica para buscar la participación de la industria y el trabajo nacionales.

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesosde licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor ﬁscal, según corresponda, certiﬁcará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

(Ver conceptos: 4201913000007151 del 02/12/2019, 4201913000007738 del 06/12/2019, 4201913000007427 del 09/12/2019, 4201912000007835 del 09/12/2019; 4201912000007756 del 20/12/2019, C-026 del 11/02/2020, C-196 de 08/04/2020, C-335 de 29/05/2020; C-369 del 04/06/2020, C-302 del 12/06/2020, C-410 del 26/06/2020, C-420 del 24/07/2020, C-517 del 05/08/2020. C-565 del 31/08/2020, C-676 del 22/11/2020, C-427 del 20/08/2021, C-743 del 15/12/2020, C-119 30/03/2021, C – 802 del 1/02/2021, C-787 del 19/01/2021 C -114 del 23/03/2022, C-520 del 12/08/2022 , C-139 del 29/05/2023 )

Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certiﬁcado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Veriﬁcados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE	NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EXIGIDO
Entre 1 y 30	1
Entre 31 y 100	2
Entre 101 y 150	3
Entre 151 y 200	4
Más de 200	5

(Ver conceptos: 4201913000007151 del 02/12/2019, C-356 del 30/06/2020, C-481 del 27/07/2020, C-565 del 31/08/2020, C-676 del 22/11/2020, C-119 30/03/2021, C-647 del 22/10/2020 , C-139 del 29/05/2023 )

PARÁGRAFO . Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.

(Ver conceptos: 4201912000006258 del 23/10/2019, 4201913000007427 del 09/12/2019, C-037 del 26/03/2020, C-436 del 24/06/2020, C-397 del 30/06/2020, C-555 del 24/08/2020, C-676 del 22/11/2020, C-119 30/03/2021, C-308 de 29/06/2021, C-534 del 28/09/2021, C-629 del 09/12/2021 , C-139 del 29/05/2023 , C-520 del 23/09/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán veriﬁcar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.

Esta veriﬁcación se hará con el certiﬁcado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante veriﬁcará la vigencia de dicha certiﬁcación, de conformidad con la normativa aplicable.

PARÁGRAFO . La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

(Ver conceptos: , C-308 de 29/06/2021, C-534 del 28/09/2021, C-629 del 09/12/2021 , C273 del 06/12/2023 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.8. Sistema de preferencias. En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre dos o más ofertas, la entidad estatal debe aplicar los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 de este decreto, incluyendo el contemplado en el numeral 4 del mencionado artículo.

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

(Ver Conceptos: C-478 del 07/27/2022 , C-448 del 26/12/2023 , )

El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;
El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y
La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso.

(Ver Conceptos: C-623 del 30/10/2024 , )

(Adicionado por el Art. 2 del Decreto 680 de 2021)

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.10. Puntaje adicional para proponentes que sean empresas de vigilancia y seguridad privada o cooperativas de vigilancia y seguridad privada. En los procesos de licitación pública las Entidades Estatales otorgarán hasta el tres por ciento (3%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada que tengan dentro de su personal operativo mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de cuarenta y cinco (45) años vinculados a la planta de personal, con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, de acuerdo con los siguientes criterios:

Se otorgará hasta un uno por ciento (1%) al proponente o los proponentes que acrediten tener dentro de su personal operativo mujeres vinculadas, de la siguiente manera:

1.1 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten el mayor porcentaje de mujeres vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje = 0,5 % de los puntos (Porcentaje (%) acreditado de mujeres del proponente)

Mayor porcentaje (%) de mujeres acreditado

1.2 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten el mayor número de mujeres vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje = 0,5 % de los puntos (Numero (#) acreditado de mujeres del proponente)

Mayor número (#) de mujeres acreditado

Se otorgará hasta un uno por ciento (1%) al proponente o los proponentes que acrediten tener dentro de su personal operativo personas con discapacidad vinculadas, de la siguiente manera:

2.1 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten el mayor porcentaje de personas con discapacidad vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje = 0,5 % de los puntos (Porcentaje (%) acreditado de personas con discapacidad del proponente)

Mayor porcentaje (%) de personas con discapacidad acreditado

2.2 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten mayor número de personas con discapacidad vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje = 0,5 % de los puntos (Numero (#) acreditado de personas con discapacidad del proponente)

Mayor número (#) de personas con discapacidad acreditado

Se otorgará hasta un uno por ciento (1%) al proponente o los proponentes que acrediten tener dentro de su personal operativo personas que al momento de presentar oferta sean mayores de 45 años vinculadas, de la siguiente manera:

3.1 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten el mayor porcentaje de personas mayores de 45 años vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje = 0,5 % de los puntos (Porcentaje (%) acreditado de personas mayores de 45 años del proponente)

Mayor porcentaje (%) de personas mayores de 45 años acreditado

3.2 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten mayor número de personas mayores de 45 años vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje = 0,5 % de los puntos (Numero (#) acreditado de personas mayores de 45 años del proponente)

Mayor número (#) de personas mayores de 45 años acreditado

PARÁGRAFO 1. Las condiciones para otorgar el puntaje descrito serán verificadas por la entidad contratante mediante los siguientes documentos aportados por el proponente con su oferta de manera física o digital:

Constancia de la relación total del personal operativo publicado en el módulo de Acreditación del Personal Operativo dispuesto en la página web oficial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con una fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de la oferta.
Certificado con una fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de la oferta, suscrito por el representante legal de la empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada en el cual se deberá señalar el número de mujeres, de personas mayores de cuarenta y cinco (45) años cumplidos máximo a la fecha de presentación de la oferta y de personas con discapacidad que conforman su personal operativo.

Para el efecto, se deberá relacionar junto con la certificación, el nombre completo, el número de documento de identidad, género, fecha de nacimiento y condición de discapacidad del personal operativo.

Adicionalmente, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad y para acreditar la condición de discapacidad, el Certificado de Discapacidad de cada uno de los trabajadores de conformidad con la Resolución No. 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas normas que la complementen, desarrollen, modifiquen o sustituyan.

PARÁGRAFO 2. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta la sumatoria ponderada del personal operativo del proponente plural para cada uno de los criterios, de acuerdo con el porcentaje de participación de sus integrantes.

(Adicionado por el Art. 2 del Decreto 1279 de 2021) C-240 del 04/27/2022, C-787 del 19/11/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.11. Definiciones. Para efectos de la aplicación del incentivo contenido en el artículo 2.2.1.2.4.2.10. del presente Decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Personal Operativo: Se entiende como el conjunto de personas vinculadas a una empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada, que como mínimo han realizado y cumplido satisfactoriamente los requisitos del Curso de Fundamentación que compone la estructura de la capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, impartidos por las escuelas o departamentos de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cualquiera de los Ciclos de Formación, a saber:

Vigilante.
Escolta.
Operador de medios tecnológicos.
Manejador Canino.
Supervisor.
Tripulante.

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada: Es la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo objeto único es la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades, medios y servicios conexos establecidos en el Decreto Ley 356 de 1994 o aquellas normas que lo complementen, desarrollen, modifiquen o sustituyan.

Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada: Es la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, cuya actividad instrumental debe ser especializada. Es decir, solo podrá prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a terceros para generar y mantener puestos de trabajo para sus asociados.

(Adicionado por el Art. 2 del Decreto 1279 de 2021) C-240 del 04/27/2022, C-665 de 06/10/22 , C-787 del 19/11/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.12. Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las Entidades Estatales, a través del interventor o supervisor, deberán verificar durante la ejecución del contrato, que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen las condiciones de la oferta con el número de trabajadores (mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de cuarenta y cinco años) con las cuales obtuvieron el puntaje adicional. Para estos efectos, el contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante en cada pago, la documentación que así lo demuestre.

PARÁGRAFO . En el evento en que los porcentajes acreditados por el proponente para obtener el puntaje adicional se hayan reducido desde la presentación de la oferta hasta la terminación de la ejecución del contrato, dicha conducta constituye incumplimiento por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia del debido proceso y en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual, teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

(Adicionado por el Art. 2 del Decreto 1279 de 2021) C-240 del 04/27/2022, C-665 del 06/10/2022 , C-787 del 19/11/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.13. Mecanismo de seguimiento al porcentaje de puntaje adicional. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, a través de la metodología que defina la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, realizará un reporte donde conste la relación de una muestra aleatoria de los contratos publicados en el SECOP II que, en la modalidad de licitación pública, suscriban las empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad privada a partir del año 2021.

El mencionado reporte se publicará en la página web de Colombia Compra Eficiente en el mes de enero de cada año a partir del año 2022 y en él se adjuntará el detalle del porcentaje de la diferencia entre el puntaje del adjudicatario y el puntaje del proponente ubicado de segundo en el orden de elegibilidad en los contratos que celebren las empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad privada en la modalidad descrita, así como también una revisión estadística del incentivo otorgado en el artículo 2.2.1.2.4.2.10 del presente Decreto. C-240 del 04/27/2022 C-665 del 06/10/2022 , C-787 del 19/11/2024 , )

(Adicionado por el Art. 2 del Decreto 1279 de 2021)

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.

(Ver conceptos: C-454 del 07/13/2022 , C-467 del 05/12/2023 , C-001 del 25/01/2024 , C- 310 del 8/18/2023. , C-201 del 10/26/2023 , C- 310 del 18/8/2023 , C-031 del 26/03/2024 , C-234 del 9/8/2024 , C-156-2024 , C-328 de 26/08/2024 , C-126 del 19/6/2024 , C-401 del 04/09/2024 , C-471 del 24/09/2024 , C-585 del 22/10/2024 , C-565 del 21/10/2024 )

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.

Ver conceptos C-533 del 25/08/2022, C-548 del 01/09/2022 C-479 del 07/26/2022 C-438 del 07/11/2022, C-436 del 2410/2023 ,) C-591 de 24/10/2024 ,)

Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.

PARÁGRAFO . Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.

(Adicionado por el Art. 3 del Decreto 1860 de 2021)

(ver conceptos) C-504 del 08/08/2022 C-217 del 04/21/2022, C-527 del 12/08/2022 , C-048 del 12/04/2023, , C-201 del 26/10/2023 , C-297 del 03/10/2023 , C-001 de 2024 25/01/2024 C-479 del 24/09/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

Tiempo de experiencia.

Ver conceptos C-650 del 06/10/2022 C-438 del 07/11/2022, C-001 de 2024 25/01/2024 , C- 310 del 18/8/2023., C-401 del 04/09/2024 ,) C-591 de 24/10/2024 ,)

Número de contratos para la acreditación de la experiencia.
Índices de capacidad financiera.
Índices de capacidad organizacional.
Valor de la garantía de seriedad de la oferta.

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean empresas o emprendimientos de mujeres.

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.

Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes.

PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas.

(Adicionado por el Art. 3 del Decreto 1860 de 2021)

(ver conceptos) C-504 del 08/08/2022 C-217 del 04/21/2022 C-479 del 07/26/2022, C-048 del 12/04/2023, , C-201 del 26/10/2023 , C-297 del 03/10/2023 , C-114 del 25/06/2024 , C-314 del 22/08/2024 , C-479 del 24/09/2024 , )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.

PARÁGRAFO 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En ausencia de una condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el pliego de condiciones o documento equivalente.

(Ver conceptos: , C-117 del 02/08/2024 )

PARÁGRAFO 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por documentos tipo, con sujeción a la potestad prevista en este artículo, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje de sujetos de especial protección constitucional que el contratista destinará al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones para incorporarlos a la ejecución del contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de la obligación.

(Adicionado por el Art. 3 del Decreto 1860 de 2021)

Ver conceptos: (C-392 del 19/09/2023, C-179 del 08/06/2023, C-002 de 16/02/2024 , C-002 del 16/02/2024 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

Ver conceptos: ( C-468 del 07/21/2022 , C-322 del 14/08/2023 , C-227 del 24/07/2024 ,) C-591 de 24/10/2024 ,)

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Ver conceptos: ( C-750 del 2021 ,) C-591 de 24/10/2024

Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

(Concepto C-179 del 08/06/2023 , C-070 del 28/05/2024 )

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.

(Ver conceptos: , C-117 del 02/08/2024 )

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes numerales:
1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Ver concepto: C-017 del 26/03/2024 ) , C-591 de 24/10/2024

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo;

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces.

PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente señalarán en un Manual o Guía no vinculante los lineamientos para la aplicación de los factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de selección del Proceso de Contratación.

PARÁGRAFO 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

PARÁGRAFO 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

(Adicionado por el Art. 3 del Decreto 1860 de 2021)

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

Tiempo de experiencia.
Número de contratos para la acreditación de la experiencia.
Índices de capacidad financiera.
Índices de capacidad organizacional.
Valor de la garantía de seriedad de la oferta.

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean Mipyme.

Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima cuantía, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, teniendo en cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrán establecer puntajes adicionales para Mipyme. En ningún caso, estos podrán superar el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones.

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

PARÁGRAFO 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto.

(Ver conceptos: C-464 del 07/21/2022, C-129 del 18/05/23 , C-378 del 20/09/2023 , C-430 del 18/10/2023 , C-432 del 23/10/2023 C-017 del 26/02/2024 , C-032 del 16/04/2024 , C-114 del 25/06/2024, C-206 del 2/08/2024 , C-222 del 6/08/2024 , ,) C-526 del 04/10/2024

(Adicionado por el Art. 3 del Decreto 1860 de 2021)

SUBSECCIÓN 3

CONTRATOS EJECUTADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.3.1. Régimen aplicable a los contratos ejecutados en el exterior. Los Procesos de Contratación adelantados por las Entidades Estatales en el exterior para los contratos que deban ejecutarse fuera del territorio nacional pueden someterse a la ley extranjera.

SUBSECCIÓN 4

CONTRATOS O CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.4.1. Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación Internacional. Los contratos o convenios ﬁnanciados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso. En caso contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional se someterán al presente título.

Si el aporte de fuente nacional o internacional de un contrato o convenio de cooperación internacional es modiﬁcado o los aportes no se ejecutan en los términos pactados, las Entidades Estatales deben modiﬁcar los contratos o convenios para efectos de que estos estén sujetos a las normas del sistema de compras y contratación pública, si el aporte de recursos públicos es superior al cincuenta por ciento (50%) del total o de las normas internas de la entidad de cooperación si el aporte es inferior.

Cuando la variación de la participación de los aportes de las partes es consecuencia de las ﬂuctuaciones de la tasa de cambio de la moneda pactada en el convenio o contrato de cooperación internacional, este seguirá sometido a las reglas establecidas en el momento de su suscripción.

Los recursos generados en desarrollo de los contratos o convenios ﬁnanciados con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales no deben ser tenidos en cuenta para determinar los porcentajes de los aportes de las partes.

Los contratos o convenios ﬁnanciados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se reﬁere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.

Los contratos con personas extranjeras de derecho público se deben celebrar y ejecutar según se acuerde entre las partes.

(Ver conceptos: C-012 de 04/07/23 , C-039 de 29/03/23 , C-461 del 06/03/2022 , C-223 del 14/08/2023 , C-228 del 21/09/2023 , C-746 del 2/12/2024 )

SECCIÓN 5

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

ARTÍCULO 2.2.1.2.5.1. Implementación del modelo de Plan Anual de Adquisiciones. Colombia Compra Eﬁciente debe establecer los lineamientos y diseñará e implementará el formato que debe ser utilizado por las Entidades Estatales para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

(Ver conceptos: C-106 del 20/03/2020, C-167 del 30/03/2020, C-177 del 31/03/2020, C-232 del 24/06/2020, C-331 del 25/06/2020, CU-348 del 03/07/2020, C-109 del 25/03/2020 C-376 del 26/07/2021 C-709 del 2021, C-087 del 29/03/2022

ARTÍCULO 2.2.1.2.5.2. Estándares y documentos tipo. Sin perjuicio de la función permanente que el Decreto-Ley 4170 de 2011 le asigna, Colombia Compra Eﬁciente debe diseñar e implementar los siguientes instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario o sea solicitado por los partícipes de la contratación pública:

Manuales para el uso de los Acuerdos Marco de

Manuales y guías para: (a) la identiﬁcación y cobertura del Riesgo; (b) la determinación de la Capacidad Residual para los contratos de obra pública dependiendo del valor de los mismos; (c) la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones; y (d) el uso del Clasiﬁcador de Bienes y Servicios.

(Ver conceptos: 4201912000007641 del 24/12/2019, C-232 del 24/06/2020, C-331 del 25/06/2020, CU-348 del 03/07/2020, C-709 del 11/01/2021, C-505 del 08/08/2022 , C-364 del 06/09/2023 , CU-007 de 16/01/2024 , C- 336 del 27/08/2024 )

Pliegos de condiciones tipo para la contratación.

(Ver conceptos: 4201912000007641 del 24/12/2019, C-087 del 29/03/2022, C-185 27/03/2023

Minutas tipo de

ARTÍCULO 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eﬁciente.

(Ver conceptos: C-014 10/02/2021, C-170 del 20/04/2021

SECCIÓN 6

SUBSECCIÓN 1

DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.1.1. Objeto. La presente subsección tiene por objeto adoptar los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte.

(Ver conceptos: 4201912000007491 del 13/12/2019, 4201912000007641 del 24/12/2019, C-136 del 16/03/2020, C-102 del 18/03/2020, C-169 del 06/04/2020, C-189 del 08/04/2020, C-250 del 15/04/2020, C-240 del 16/04/2020, C-305 del 28/05/2020, C-645 del 06/11/2020) C-361 del 10/08/2021 C-464 del 13/09/2021 C-500 del 15/09/2021

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.1.2. Alcance. Los Documentos Tipo contienen parámetros obligatorios para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación Pública que adelanten procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte. Estos documentos son:

(Ver conceptos: C-056 del 28/01/2020, C-036 del 07/02/2020, C-069 del 25/02/2020, C-065 del 02/03/2020, C-141 de 03/03/2020, C-125 del 03/03/2020, C-080 del 05/03/2020, C-143 del 08/03/2020, C-033 del 13/03/2020, C-305 del 28/05/2020, C – 420 del 28/07/2020, C-117 del 27/02/2020, C-097 del 03/03/2020, C-141 de 03/03/2020, C ─ 103 del 03/03/2020, C-102 del 18/03/2020, C-169 del 06/04/2020, C-250 del 15/04/2020, C-240 del 16/04/2020, C-328 del 30/06/2020, C–645 del 06/11/2020) C-500 del 15/09/2021 c-451 del 07/05/2022

DOCUMENTO BASE DEL PLIEGO TIPO

ANEXOS

Anexo 1 – Anexo Técnico

Anexo 2 – Cronograma

Anexo 3 – Glosario

Anexo 4 – Pacto de Transparencia

Anexo 5 – Minuta del Contrato

FORMATOS

Formato 1 – Carta de presentación de la oferta

Formato 2 – Conformación de proponente plural

Formato 3 – Experiencia

Formato 4 – Capacidad ﬁnanciera y organizacional para extranjeros

Formato 5 – Capacidad residual

(Ver concepto: C-033 del 13/02/2020)

Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 – Factor de calidad

Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad

Formato 9 – Puntaje de industria nacional

MATRICES

Matriz 1 – Experiencia

(Ver concepto: C-036 del 07/02//2020)

Matriz 2 – Indicadores ﬁnancieros y organizacionales

Matriz 3 – Riesgos

FORMULARIOS

Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oﬁcial

PARÁGRAFO . Cuando la entidad estatal utilice SECOP 11, o el sistema que haga sus veces, debe adaptar el contenido de los Documentos Tipo a esta plataforma.

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.1.3. Desarrollo e implementación de los Documentos Tipo. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eﬁciente, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Transporte, desarrollará e implementará los Documentos Tipo. Para ello, deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

(Ver conceptos: C-041 del 27/01/2020, C-056 del 28/01/2020, C-036 del 07/02/2020, C-065 del 02/03/2020, C-067 del 02/03/2020, C-125 03/03/2020, C-141 de 03/03/2020, C-189 del 08/04/2020, C-305 del 25/08/2020, C-420 del 28/7/2020, C-501 de 29/07/2020) C-361 del 10/06/2021 C-464 del 13/09/2021 C-500 del 15/09/2021

Deﬁnir las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y la adjudicación del

Incluir las reglas de interpretación, causales de rechazo y demás elementos necesarios para la estructuración de los documentos del Proceso de Contratación.

Establecer los requisitos y documentos necesarios para la acreditación de la capacidad jurídica.

Señalar las actividades sobre las cuales recaerá la veriﬁcación de la experiencia de los proponentes, así como los documentos y criterios de acreditación y veriﬁcación de experiencia, teniendo en cuenta la cuantía y el tipo de intervención.

Incluir indicadores ﬁnancieros de acuerdo con el análisis del sector económico relativo a las obras de infraestructura de transporte.

Deﬁnir los métodos de ponderación de la oferta económica que deben incluir las entidades estatales dentro de sus procesos de contratación que procuren el desarrollo del principio de libre competencia, los cuales deberán ser seleccionados haciendo uso de un mecanismo

Fijar alternativas para la ponderación de los elementos de calidad con el ﬁn de que la entidad estatal contratante seleccione la opción adecuada para evaluar las condiciones técnicas de manera objetiva de acuerdo con el objeto de la contratación.

Ver conceptos: C-218 del 02/04/2020

Tener en cuenta las reglas contenidas en la Ley 816 de 2003 respecto del puntaje de apoyo a la industria nacional, y los artículos 2.2.1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4.2.7, Y 2.2.1.2.4.2.8 del presente Decreto, en lo relativo al puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad.

Implementar formatos, anexos, matrices o formularios necesarios para la presentación de las ofertas y descripción del proceso de contratación.

Establecer pautas generales para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que la entidad estatal es quien ﬁja las condiciones particulares del contrato, atendiendo a su autonomía.

Las disposiciones deﬁnidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eﬁciente son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación Pública.

PARÁGRAFO. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eﬁciente, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación n (DNP) y el Ministerio de Transporte revisará periódicamente el contenido de los Documentos Tipo, con el ﬁn de adaptarlos a la realidad de la contratación del país.

(Ver conceptos: 4201912000007500 del 14/11/2019, C-036 del 07/02/20, C-103 del 03/03/2020, C-141 de 03/03/2020, C-102 del 18/03/2020, C-097 del 03/03/2020, C-169 del 06/04/2020, C-250 del 15/04/2020, C-328 del 30/06/2020, C-064 del 08/03/2021)

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.1.4. Inalterabilidad de los Documentos Tipo. Las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modiﬁcar dentro de los Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo.

(Ver conceptos: 4201912000006928 del 21/10/2019, 4201912000006747 del 12/11/2019, 4201913000007312 del 12/11/2019, 4201912000006971 del 14/11/2019, 4201912000007176 del 14/11/2019, 4201912000007500 del 14/11/2019, 4201912000007294 del 12/11/2019, 4201912000006747 del 12/11/2019, 4201912000007571 del 06/12/2019, 4201912000007465 de 13/12/2019, 4201912000008166 del 23/12/2019, 4201913000008017 del 26/12/2019, C-036 del 07/02/2020, C-022 del 20/02/2020, C-097 del 03/03/2020, C–103 del 03/03/2020, C–125 del 03/03/2020, C–141 de 03/03/2020, C-033 del 13/03/2020, C–119 del 18/03/2020, C–129 del 24/03/2020, C–259 del 15/4/2020, C–244 del 27/4/2020, C–311 del 20/5/2020, C–316 del 29/5/2020, C-384 del 04/06/2020, C-342 del 09/06/2020, C-387 del 23/06/2020, C–328 del 30/06/2020, C–397 del 30/06/2020, C-415 del 07/07/2020, C-395 del 09/07/2020, C-427 del 09/07/2020, C-327 del 10/07/2020, C – 420 del 28/07/2020, C–485 del 29/07/2020, C–501 del 29/07/2020, C-665 del 11/11/2020 C-698 del 19/11/2020, C-064 del 08/03/2021, C-079 del 17/03/2021, C-083-18/3/2021 C-266 del 03/06/2021, C-268 del 3/06/2021, C-299 del 14/7/2021 C-450 del 31/08/2021) C-500 del 15/09/2021, C-400 del 25/08/2021, C-420 del 28/07/2020 C-451 del 07/05/2022 , C-445 del 05/12/2023 ,C-375 del 02/10/2023 ) C-283 del 11/7/2024 , C-219 de 06/08/2024 , C-730 27/11/2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.1.5. Bienes o servicios adicionales a la obra pública. Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte, la entidad estatal deberá aplicar los Documentos Tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra pública, deberá seguir los siguientes parámetros:

Demostrar en los estudios previos que ha veriﬁcado las condiciones de mercado para la adquisición de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de contratación.

Conservar los requisitos exigidos en los Documentos

Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en un territorio especíﬁco, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o cantidades de obra especíﬁca.

Clasiﬁcar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasiﬁcador de Bienes y Servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados directamente con el objeto a contratar.

(Ver concepto: C-288 del 14/09/2020, C-440 del 21/10/2020, C-630 del 21/10/2020, C-649 del 27/10/2020, C-736 del 15/12/2020,C-399 del 28/09/2021 C-580 del 13/10/2021), C-588 del 14/09/2020 C-247 del 05/02/2022 , C-375 del 02/10/2023 )

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.1.6. Declaratoria desierta del proceso de licitación: Ante la declaratoria de desierta de un proceso de contratación amparado por los Documentos Tipo, la entidad estatal que adelante el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, del que trata el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.22. del presente Decreto, deberá mantener las condiciones y requisitos de los Documentos Tipo.

(Ver concepto C-398 de 18/08/2021, C-604 del 28/10/2021

SECCIÓN 6

SUBSECCIÓN 2

Documentos Tipo para selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura de transporte

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.2.1 Objeto. La presente subsección tiene por objeto adoptar los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de obra pública de infraestructura de transporte que se adelanten por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

(Ver conceptos C-240 del 16/04/2020)

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.2.2. Alcance. Los Documentos Tipo contienen parámetros obligatorios para las Entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura de transporte. Estos documentos son:

DOCUMENTO BASE DEL PLIEGO TIPO

ANEXOS

Anexo 1 – Anexo Técnico

Anexo 2 – Cronograma

Anexo 3 – Glosario

Anexo 4 – Pacto de Transparencia

Anexo 5 – Minuta del Contrato

FORMATOS

Formato 1 – Carta de presentación de la oferta

Formato 2 – Conformación de proponente plural

Formato 3 – Experiencia

Formato 4 – Capacidad ﬁnanciera y organizacional para extranjeros

Formato 5 – Capacidad residual

Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 – Factor de calidad

Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad

Formato 9 – Puntaje de industria nacional

Formato 10 – Carta de Manifestación de Interés

MATRICES

Matriz 1 – Experiencia

Matriz 2 – Indicadores ﬁnancieros y organizacionales

Matriz 3 – Riesgos

FORMULARIOS

Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oﬁcial

PARÁGRAFO. Cuando la Entidad Estatal utilice SECOP II, o el sistema que haga sus veces, debe adaptar el contenido de los Documentos Tipo a esta plataforma.

(Ver conceptos: C–102 del 18/03/2020, C–240 del 16/04/2020, C-361 del 10/08/2021, C-464 del 13/09/2021

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.2.3 Criterios para selección abreviada de menor cuantía. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eﬁciente – en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Transporte, deberán tener en cuenta los parámetros deﬁnidos en el artículo 2.2.1.2.6.1.3. del presente Decreto para el desarrollo e implementación de Documentos Tipo en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura de transporte, salvo lo referente al puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad de que tratan los artículos 2.2.1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4.2.7, y 2.2.1.2.4.2.8 del presente Decreto.

(Ver concepto: C-102 del 18/03/2020, C-501 del 29/07/2020, C-219 de 06/08/2024 , C-730 del 27/1172024 ,)

Los artículos 2.2.1.2.6.1 .4. y 2.2.1.2.6.1.5. del presente Decreto aplican para la modalidad de selección abreviada de menor cuantía para la contratación obra pública de infraestructura de transporte.

(Ver conceptos: C-174 del 16/03/2020, C-173 del 16/03/2020, C-501 del 29/07/2020)

SECCIÓN 6

SUBSECCIÓN 3

DOCUMENTOS TIPO PARA MÍNIMA CUANTÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.3.1 Objeto. La presente subsección tiene por objeto adoptar los Documentos Tipo para los procesos de obra pública de infraestructura de transporte que se adelanten por la modalidad de mínima cuantía.

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.3.2 Alcance. Los Documentos Tipo contienen parámetros obligatorios para las Entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten procesos de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte. Estos documentos son:

INVITACIÓN PÚBLICA

ANEXOS

Anexo 1 – Pacto de Transparencia

Anexo 2 – Comunicación de Aceptación de la Oferta

FORMATOS

Formato 1 – Carta de presentación de la oferta

Formato 2 – Conformación de proponente plural

Formato 3 – Experiencia

Formato 4 – Capacidad financiera y/o organizacional

Formato 5 – Capacidad residual

Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales

MATRICES

Matriz 1 – Experiencia

Matriz 2 – Indicadores financieros y/o organizacional

Matriz 3 – Riesgos

FORMULARIOS

Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

Ver conceptos: C-361 del 10/08/2021 , C-464 del 13/09/2021 , C-500 del 15/09/2021

PARÁGRAFO. Cuando la Entidad Estatal utilice SECOP II, o el sistema que haga sus veces, debe adaptar el contenido de los Documentos Tipo a esta plataforma.

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.3.3 Desarrollo e implementación de los Documentos Tipo de mínima cuantía. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Transporte, desarrollará e implementará los Documentos Tipo para la modalidad de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte. Para ello deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

Definir las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y aceptación.

Incluir las reglas de interpretación, causales de rechazo y demás elementos necesarios para la estructuración de los documentos del Proceso de Contratación.

Establecer los requisitos y documentos necesarios para la acreditación de la capacidad jurídica.

Señalar las actividades sobre las cuales recaerá la verificación de la experiencia de los proponentes, cuando se exija este requisito, así como los documentos y criterios de acreditación y verificación de experiencia, teniendo en cuenta la cuantía y el tipo de intervención.

Fijar los criterios para verificar la capacidad financiera mínima cuando se exija este requisito conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del presente Decreto, así como los indicadores financieros de acuerdo con el análisis del sector económico relativo a las obras de infraestructura de transporte.

Fijar los criterios para verificar la capacidad organizacional, cuando se exija este requisito conforme al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Implementar formatos, anexos, matrices o formularios necesarios para la presentación de las ofertas y descripción del proceso de contratación.

Establecer pautas generales para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que la entidad estatal es quien fija las condiciones particulares, atendiendo a su autonomía.

Las disposiciones definidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Administración Pública.

PARÁGRAFO. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Transporte revisará periódicamente el contenido de los Documentos Tipo, con el fin de adaptarlos a la realidad de la contratación del país.

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.3.4 Inalterabilidad de los Documentos Tipo. Las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso, condiciones habilitantes y factores económicos de escogencia distintos a los señalados en los Documentos Tipo.

(Ver conceptos: C-774 del 11/12/2020, C-775 del 11/12/2020, C-266 del 03/06/2021, C-400 del 25/08/2021), C-299 del 14/7/2021., C-227 del 24/07/2024 , C-219 de 06/08/2024 , C-730 del 27/11/2024 ,)

ARTÍCULO 2.2.1.2.6.3.5. Bienes o servicios adicionales a la obra pública. Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte, la entidad estatal deberá aplicar los Documentos Tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra pública, deberá seguir los siguientes parámetros:

Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la adquisición de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de contratación.

Conservar los requisitos exigidos en los Documentos Tipo.

Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en un territorio específico, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o cantidades de obra específica.

TÍTULO 2

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

CAPÍTULO 1

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 1508 DE 2012

SECCIÓN 1

GENERALIDADES

ARTÍCULO 2.2.2.1.1.1. Objeto. El presente título reglamenta la estructuración y ejecución de los proyectos de Asociación Público Privada tanto de iniciativa pública como privada a los que se reﬁere la Ley 1508 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.2.1.1.2. Deﬁniciones.

Indicadores de gestión: Instrumento deﬁnido por la entidad estatal competente que permite medir el cumplimiento de los objetivos y vincular los resultados con la satisfacción de los mismos. El conjunto de indicadores deberá permitir contar con información suﬁciente para tomar decisiones informadas.

Estándar de Calidad: Características mínimas inherentes al bien o servicio objeto del contrato.

Nivel de Servicio: Condición o exigencia que se establece para un indicador de gestión para deﬁnir el alcance y las características de los servicios que serán provistos.

Especíﬁco: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que reﬂeja que el indicador de gestión es concreto y preciso.

Medibles: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que reﬂeja que el indicador de gestión es evaluable y cuantiﬁcable y que se reﬁere a algo observable y real.

Oportunos: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que reﬂeja que el indicador de gestión se mide en el momento apropiado.

Pertinentes: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que reﬂeja que el indicador de gestión es adecuado para cumplir su objetivo.

Viables: Característica de los niveles de servicio y estándares de calidad que reﬂeja que el indicador es susceptible de llevarse a cabo o concretarse.

Unidad funcional de infraestructura: Conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones indispensables para la prestación de servicios con independencia funcional, la cual le permitirá funcionar y operar de forma individual cumpliendo estándares de calidad y niveles de servicio para tal unidad, relacionados con la satisfacción de la necesidad que sustenta la ejecución del Proyecto de Asociación Público Privada.

Fondos Públicos: Son aquellos que comportan procesos de programación, aprobación y ejecución presupuestal deﬁnidos en una ley particular, diferentes de los contemplados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, como es el caso de los recursos provenientes del Sistema General Regalías.

ARTÍCULO 2.2.2.1.1.3. Oferentes en proyectos de Asociación Público Privada. Pueden presentar propuestas para ejecutar proyectos de Asociación Público Privada con las entidades estatales competentes, las personas naturales y jurídicas.

PARÁGRAFO . Las personas jurídicas podrán presentar propuestas respaldadas en compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado.

Los Fondos de Capital Privado a los que se reﬁere el inciso anterior deberán contar entre sus inversionistas con Fondos de Pensiones. En el caso de Fondos extranjeros de Capital Privado deberán cumplir los requisitos de admisibilidad de inversiones establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para los Fondos de Pensiones.

SECCIÓN 2

DISPONIBILIDAD, NIVELES DE SERVICIO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1. Disponibilidad de la infraestructura. Para efectos del presente título, la infraestructura está disponible cuando está en uso y cumple con los Niveles de Servicio y los Estándares de Calidad establecidos en el respectivo contrato.

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.2. Derecho a retribuciones en proyectos de Asociación Público Privada. En los proyectos Asociación Público Privada el derecho del asociado privado a recibir retribuciones está condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, cumplimiento Niveles de Servicio, y Estándares de Calidad.

En los contratos para ejecutar dichos proyectos podrá pactarse el derecho a retribución por unidades funcionales, previa aprobación del ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando el proyecto se encuentre totalmente estructurado y cumpla con las siguientes condiciones:

El proyecto haya sido estructurado contemplando unidades funcionales de infraestructura, cuya ejecución podría haberse realizado y contratado en forma independiente y autónoma y la unidad que se va a remunerar esté disponible y cumpla con niveles de servicio y estándares calidad previstos para la

El monto del presupuesto estimado de inversión de cada unidad funcional de infraestructura sea igual a superior a cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (100.000 SMMLV).

PARÁGRAFO 1º. Si en la Asociación Público Privada la entidad estatal entrega al inversionista privado una infraestructura existente en condiciones de operación, la entidad estatal podrá pactar el derecho a la retribución por la operación y mantenimiento de esta infraestructura existente condicionado a su disponibilidad y al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad.

PARÁGRAFO 2º. En los contratos para ejecutar proyectos de Asociación Público Privada de infraestructura educativa podrá pactarse el derecho a retribución por unidades funcionales de infraestructura que cumplan con los requisitos previstos en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 y el presupuesto estimado de inversión de cada unidad funcional sea superior a seis mil (6000 SMMLV). En los proyectos que cumplan con los anteriores requisitos podrá ser considerada cada sede o institución educativa como una unidad funcional de infraestructura, cuando producto de la estructuración del proyecto se evidencie la necesidad y conveniencia para ello y el inversionista privado sea responsable de la operación y mantenimiento de la correspondiente sede o institución educativa.

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3. Niveles de Servicio y Estándares de Calidad. Los niveles de servicio y los estándares de calidad deﬁnidos en los contratos para la ejecución de proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada deberán responder a las características de cada proyecto y ser:

Especíﬁcos

Medibles

Viables

Pertinentes

Oportunos

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.4. Actualización de la retribución. En los contratos para la ejecución de proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada, se deberá establecer de manera expresa el mecanismo de actualización del monto de los recursos públicos a desembolsar y demás retribuciones establecidas en la Ley 1508 de 2012, según corresponda.

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.5. Mecanismos de deducciones graduales por Niveles de Servicio y Estándares de Calidad. Los Niveles de Servicio y los Estándares de Calidad, estarán expresamente establecidos en el contrato, y podrán contemplar un esquema de gradualidad, en virtud del cual se efectuarán deducciones proporcionales sobre las retribuciones previstas.

En los contratos podrá establecerse la posibilidad de no aplicar las deducciones a las que hace referencia el presente artículo, cuando el Nivel de Servicio y Estándar de Calidad afectado fuere restablecido a los parámetros contemplados en el contrato en el plazo deﬁnido para dicho efecto.

Los valores a descontar estarán sujetos a mecanismos de actualización de la retribución.

En todo caso, en el respectivo contrato deberá deﬁnirse claramente aquellos eventos constitutivos de incumplimiento del contrato como consecuencia de no alcanzar el Nivel de Servicio y Estándar de Calidad previsto para el efecto.

En los contratos se establecerá expresamente el procedimiento para programar aquellas actividades o trabajos preventivos y rutinarios que sean contemplados previamente como necesarios para lograr un adecuado nivel de operación y mantenimiento de la infraestructura, que puedan alterar la prestación de servicios, sin que ello implique la realización de descuentos por no alcanzar Niveles de Servicio y Estándares de Calidad.

La entidad estatal competente exigirá la adopción de medidas, por parte del contratista, para minimizar las interferencias en el funcionamiento normal del servicio.

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.6. Estadísticas, mediciones y controles. El contrato podrá establecer la obligación del contratista de proveer, diseñar y operar un sistema de control de gestión para el adecuado monitoreo de disponibilidad de la infraestructura, Estándares de Calidad y Niveles de Servicio. Si el contrato establece esta obligación, el contratista estará obligado a permitir su libre acceso a la entidad estatal competente y a la interventoría. La entidad estatal competente determinará los parámetros y especiﬁcaciones mínimos que deberá cubrir el sistema de control de gestión para veriﬁcar el cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad.

SECCIÓN 3

APORTES PÚBLICOS

ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1. Desembolso de recursos públicos. Los desembolsos de recursos públicos a los que hace referencia la Ley 1508 de 2012, se entienden como erogaciones del Tesoro Nacional provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Presupuesto de las entidades territoriales, entidades descentralizadas o de otros Fondos Públicos, tales como el Sistema General de Regalías.

Los desembolsos de recursos públicos estarán condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de Niveles de Servicio y Estándares de Calidad de los servicios prestados y no a los insumos necesarios para la prestación de los mismos. Para los efectos previstos en la Ley 1508 de 2012, los recursos generados por la explotación económica del proyecto no son considerados desembolsos de recursos públicos.

Los recursos generados por la explotación económica por uso de la infraestructura, previo al cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad deﬁnidos contractualmente, no serán contabilizados en el Presupuesto General de la Nación durante la ejecución del contrato. Los rendimientos de estos recursos serán manejados de acuerdo con lo previsto en el contrato de asociación público privado, conforme con el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012 y harán parte de la retribución al concesionario.

ARTÍCULO 2.2.2.1.3.2. Aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos. Los aportes del Estado que no constituyen erogaciones del Tesoro Nacional provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Presupuesto de las entidades territoriales o de otros Fondos Públicos no son desembolsos de recursos públicos.

Los bienes objeto de aporte del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos deberán estar valorados a precios de mercado de conformidad con la normatividad vigente, monto que deberá reﬂejarse en la estructuración ﬁnanciera del proyecto como un esfuerzo ﬁnanciero realizado por las entidades estatales respectivas.

Los aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos deben estar relacionados directamente con la implementación y puesta en marcha del Proyecto de Asociación Público Privada.

SECCIÓN 4

DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.1. Procedimiento de selección en proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública. El procedimiento de selección para los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública será el de licitación pública, señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en sus normas reglamentarias, salvo lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y en el presente título, o las normas que lo sustituyan, modiﬁquen o adicionen.

(Ver conceptos: C-706 del 02/12/2020) , C-143 del 9/21/2023., C-186 del 31/07/2024, C-181 del 13/08/2024, C-215 del 05/08/2024 , C-183 del 29/07/2024 , ) C-763 del 5/12/2024

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.2. Factores de selección en proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública. La entidad estatal competente, dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones, veriﬁcará el cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en el numeral 12.1 de la Ley 1508 de 2012, para determinar cuáles de los oferentes pueden continuar en el proceso de selección. En caso de que se utilice el sistema de precaliﬁcación de que trata el presente título, la veriﬁcación de los factores de selección se realizará en dicha etapa.

La oferta más favorable para la entidad, será aquella que, de acuerdo con la naturaleza del contrato, represente la mejor oferta basada en la aplicación de los criterios establecidos en el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 1508 de 2012, o en la mejor relación costo-beneﬁcio para la entidad. La entidad estatal competente establecerá en el pliego de condiciones los criterios que utilizará para la selección.

El análisis para establecer la mejor relación costo-beneﬁcio para la entidad, tendrá en cuenta lo siguiente:

Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta sobre el proyecto de Asociación Público

Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad estatal competente representen ventajas en la disponibilidad de la infraestructura, en el cumplimiento de Niveles de Servicio o en Estándares de

Las condiciones económicas adicionales que para la entidad estatal competente, representen ventajas cuantiﬁcables en términos monetarios.

Los puntajes que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, deben permitir la comparación de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se cuantiﬁcará monetariamente, según el valor que represente el beneﬁcio a recibir.

Para la comparación de las ofertas, la entidad estatal competente calculará la relación costo- beneﬁcio de cada una de ellas, asignando un puntaje proporcional al valor monetario asignado a las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas.

PARÁGRAFO . La veriﬁcación de la capacidad ﬁnanciera o de ﬁnanciación y de la experiencia en inversión o estructuración de proyectos a las que se reﬁere el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 1508 de 2012, en el caso de las propuestas presentadas por personas jurídicas respaldadas mediante compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3 del presente decreto, se hará de la siguiente manera:

En cuanto a capacidad ﬁnanciera o de ﬁnanciación:

La capacidad ﬁnanciera podrá demostrarse mediante el compromiso irrevocable de aporte de recursos líquidos por parte del fondo.

Los administradores de los fondos deberán certiﬁcar: (i) que la inversión es admisible para el mismo; (ii) el monto de los recursos líquidos comprometidos, y (iii) que dicho compromiso es irrevocable.

En cuanto a experiencia en inversión o estructuración de proyectos:

Podrá acreditar la experiencia del gestor profesional o del comité de inversiones del Fondo de Capital Privado.

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.3. Valor del contrato en proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública. El valor de los contratos de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública comprende el presupuesto estimado de inversión que corresponde al valor de la construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto según corresponda. En el valor del contrato se deberá especiﬁcar el aporte de recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros Fondos Públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012, el valor de las adiciones de recursos y prórrogas sumadas no podrán ser superiores al veinte por ciento (20%) del valor del contrato inicialmente pactado.

Dentro de los límites establecidos en el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012, si el porcentaje de recursos púbicos adicionales respecto del valor total de las adiciones y prórrogas es superior al porcentaje de los desembolsos de recursos públicos inicialmente pactados respecto del valor inicial del contrato, las adiciones de recursos públicos deberán ser sometidas a consideración del Conﬁs o la instancia que haga sus veces a nivel territorial, para que esta instancia se pronuncie sobre el incremento de dicho porcentaje.

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.4. Estudios para abrir procesos de selección para la ejecución de proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública. La entidad estatal competente deberá contar con los estudios de que trata el numeral 5.1 del artículo 2.2.2.1.5.5 del presente decreto, de conformidad con lo previsto en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 1508 de 2012. Sin embargo, si la naturaleza y el alcance del proyecto hace que alguno de los estudios de que trata el numeral 5.1 del artículo 2.2.2.1.5.5 del presente decreto no sea requerido, la entidad estatal competente determinará los estudios con los cuales deberá contar para abrir el respectivo proceso de selección.

El cumplimiento de los requisitos a los que se reﬁere el artículo 11 de la Ley 1508 de 2012 y la autorización para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras, si es procedente, es suﬁciente para la apertura de la licitación. No será necesaria la elaboración de los estudios previos a los que se reﬁere el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.5. Sistemas de precaliﬁcación. Para aquellos proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública cuyo costo estimado sea superior a setenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (70.000 SMMLV), la entidad estatal competente podrá utilizar, previo a la apertura del proceso de selección, sistemas de precaliﬁcación. La entidad estatal podrá contratar con los integrantes de la lista de precaliﬁcados los estudios adicionales o complementarios que requiera el proyecto, a costo y riesgo de los precaliﬁcados.

La conformación de la lista de precaliﬁcados no obliga a la entidad estatal a abrir el Proceso de Contratación. Así mismo, la entidad estatal podrá desistir de utilizar la lista de precaliﬁcados y proceder a iniciar un proceso de selección abierto, si con posterioridad a la conformación de la lista se evidencia que no se cuenta con por lo menos cuatro (4) precaliﬁcados interesados en presentar oferta.

La entidad estatal no adquiere compromiso alguno de pago o retribución por los estudios complementarios requeridos por el proyecto que adelanten los integrantes de la lista de precaliﬁcados.

En caso de adjudicación, el adjudicatario del contrato deberá pagar a los integrantes de la lista de precaliﬁcados el valor de los estudios complementarios que haya acordado previamente con la entidad estatal competente.

En aquellos casos en que no se abra el proceso de selección, se desista del uso de la precaliﬁcación, o cuando el resultado del proceso de selección sea la declaratoria de desierta del mismo, la entidad estatal competente podrá adquirir aquellos insumos o estudios complementarios adelantados por los integrantes de la lista de precaliﬁcados, que le interesen o le sean útiles. Esta adquisición implicará la cesión de los derechos patrimoniales de autor y la libre disposición de los mismos.

PARÁGRAFO . El alcance de los estudios adicionales o complementarios, el valor máximo de los mismos, la experiencia y condiciones de idoneidad de quien los desarrolle, se deﬁnirán de mutuo acuerdo entre la entidad estatal competente y los precaliﬁcados.

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.6. Precaliﬁcación. La invitación a participar en la precaliﬁcación incluirá como mínimo la siguiente información:

Descripción del proyecto y estudios de prefactibilidad que lo soportan, en los términos establecidos del que trata el artículo 2.2.2.1.5.2 del presente

La fecha y hora límite así como el lugar físico o electrónico para presentar la manifestación de interés.

La indicación de los requisitos mínimos habilitantes que se exigirán para la precaliﬁcación, que serán al menos los indicados en el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 1508 de 2012.

La invitación deberá ser publicada en el SECOP y contemplar un plazo mínimo de quince (15) días calendario contados a partir de su publicación, para que los interesados presenten las respectivas manifestaciones de interés.

ARTÍCULO 2.2.2.1.4.7. Conformación de la lista de precaliﬁcados. La lista de precaliﬁcados se conformará con los interesados que presenten manifestación de interés y cumplan los requisitos señalados en el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 1508 de 2012.

Los interesados en conformar la lista expresarán su interés por escrito, dentro del término señalado para ello en la invitación a participar en la precaliﬁcación, y acompañarán dicha manifestación con la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

Si una vez revisadas las manifestaciones de interés por parte de la entidad estatal se establece que hay cuatro (4) o más interesados habilitados, se procederá a conformar la lista de precaliﬁcados. Cuando se establezca que hay entre dos (2) y tres (3) interesados habilitados, será opcional para la entidad estatal conformar la lista de precaliﬁcados, pero en todo caso se requerirá mínimo dos (2) interesados habilitados para conformar la lista de precaliﬁcados.

‘

En caso de no conformar la lista de precaliﬁcados de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, y si la entidad estatal considera conveniente continuar con el proceso, podrá adelantarlo mediante licitación pública abierta o podrá por una sola vez más intentar integrar la lista de precaliﬁcados.

SECCIÓN 5

DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.1. Condiciones para la presentación de iniciativas privadas. Los particulares interesados en estructurar proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada deben presentar sus propuestas en los términos establecidos en el presente título.

No podrán presentarse iniciativas privadas sobre proyectos que:

Modiﬁquen contratos o concesiones

Soliciten garantías del Estado o desembolsos de recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros Fondos Públicos, superiores a los establecidos en la Ley 1508 de

Para los cuales la entidad estatal haya adelantado la estructuración, y en consecuencia:

Cuente con los estudios e informes de las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, y

Según el caso:

Tratándose de proyectos cuyo monto estimado de inversión sea superior a 500.000 SMMLV: La entidad estatal haya elaborado y publicado en el SECOP los pliegos de condiciones deﬁnitivos para la contratación del proyecto de asociación público privada;

Tratándose de proyectos cuyo monto estimado de inversión sea inferior a 500.000 SMMLV: La entidad estatal haya contratado la estructuración del proyecto o se encuentre vigente la resolución de apertura del proceso de selección para la contratación de la estructuración.

PARÁGRAFO 1. Si se presenta una iniciativa privada para un proyecto para el cual la entidad estatal contrató su estructuración con terceros, la entidad estatal responsable de la contratación del proyecto de Asociación Público Privada debe continuar la estructuración que viene adelantado de forma paralela con el estudio de la iniciativa privada hasta que cuente con información suﬁciente que le permita compararlas en los términos de este artículo, sin perjuicio de lo indicado en el último inciso del presente parágrafo.

La entidad estatal debe informar de esta situación al originador de la iniciativa privada, quien deberá incluir en su propuesta la forma en la cual asumirá los costos ﬁjos y variables incurridas por la entidad estatal en el proceso de estructuración en curso y los términos y condiciones en los cuales propone que la entidad estatal le ceda los estudios realizados o los contratos suscritos para la estructuración.

La entidad estatal no podrá abrir el proceso de selección para la ejecución del proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa pública,ni responder al originador sobre la viabilidad de su iniciativa privada en la etapa de factibilidad, sin previamente haber comparado el proyecto de iniciativa pública y el proyecto de iniciativa privada, independientemente de la etapa en que se encuentra cada una de estas, considerando criterios que demuestren cuál de las iniciativas es la más conveniente, acorde con los intereses y políticas públicas.

Estos criterios objetivos deberán ser, entre otros:

Costo-beneﬁcio;

Alcance y especiﬁcaciones, y

Por lo cual la entidad estatal deberá exigirle al originador de la iniciativa privada y al tercero responsable de la estructuración pública que incluya en los análisis de factibilidad la información suﬁciente para realizar la comparación.

Entregada la iniciativa privada en la etapa de factibilidad, la entidad estatal tendrá un plazo máximo de 15 días para realizar esta comparación, con base en la información existente en ese momento. En todo caso la decisión deberá producirse con anterioridad a la realización de la audiencia pública prevista en el numeral del artículo 2.2.2.1.5.6 del presente decreto.

La decisión de escogencia de alguna de estas alternativas deberá adoptarse mediante acto administrativo motivado, que contenga los análisis solicitados en este inciso. El proyecto de acto administrativo deberá ser publicado mínimo por cinco días, hábiles, en la forma indicada en el numeral octavo del artículo octavo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO 2. Las propuestas de iniciativas privadas pueden incluir en su objeto infraestructura existente o en proceso de construcción, así como su explotación económica como fuente de retribución de la iniciativa presentada, siempre y cuando no modiﬁque contratos o concesiones existentes.

En este caso, la retribución correspondiente a la operación y mantenimiento de la infraestructura existente o en proceso de construcción en el momento de presentar el proyecto, podrá devengarse tan pronto la misma sea entregada en condiciones de operación al contratista, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.2.2 del presente decreto. Por su parte, la retribución destinada a retribuir la construcción de la nueva infraestructura por parte del contratista estará condicionada a su disponibilidad, al cumplimiento de Niveles de Servicio y Estándares de Calidad del proyecto.

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad. En la etapa de prefactibilidad, el originador de la iniciativa privada deberá contar entre otros, con información secundaria, cifras históricas, proyecciones económicas del Estado y realizará las inspecciones básicas de campo que sean necesarias. El propósito de esta etapa consiste en proponer, cuantiﬁcar y comparar alternativas técnicas que permitirán analizar la viabilidad del proyecto.

En esta etapa el originador de la iniciativa privada, presentará ante la entidad estatal competente como mínimo la siguiente información:

Nombre y descripción completa del proyecto que incluye:

Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico y representante

Documentos que acrediten su existencia y representación

Diagnóstico actualizado que describa la situación actual del bien o servicio público.

Descripción general del

Alcance del proyecto:

Descripción de la necesidad a

Población beneﬁciada.

Actividades o servicios que asumiría el

Estudios de demanda en etapa de

Cronograma general y plan de inversiones de las etapas de construcción y operación y mantenimiento del proyecto, según corresponda.

Diseño mínimo en etapa de prefactibilidad:

Descripción y estado de avance de los estudios disponibles de ingeniería, los cuales deberán estar mínimo en etapa de prefactibilidad. Los estudios deberán ser

Cronograma de desarrollo de estudios y diseños.

Especiﬁcaciones del proyecto:

Diseño conceptual de la estructura de la transacción propuesta identiﬁcando actores ﬁnancieros, operativos y administrativos involucrados.

Identiﬁcación de factores que afectan la normal ejecución del proyecto entre otros, factores sociales, ambientales, prediales o ecológicos y propuesta inicial de mitigación de la potencial afectación para darle viabilidad al

Costo estimado:

Estimación inicial de costos de inversión, operación y mantenimiento y sus proyecciones.

Fuente de ﬁnanciación:

Estimación inicial de los ingresos operacionales del proyecto y sus

Estimación preliminar de la necesidad de contar con desembolsos de recursos públicos.
Identiﬁcación y estimación de las potenciales fuentes de ﬁnanciación.

La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo considere pertinente.

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.3. Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP). El originador de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada deberá radicarlos a través de los medios electrónicos diseñados para el efecto en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). La constancia que expida el medio electrónico será constancia suﬁciente de su radicación. La Entidad Estatal deberá estudiar la primera iniciativa radicada sobre un proyecto en particular, las demás iniciativas sobre el mismo proyecto solo serán estudiadas en el orden de su radicación, solo si la primera iniciativa no es declarada viable. Una iniciativa privada versa sobre un mismo proyecto cuando comparte infraestructura física, estructura de ingresos u otros elementos, que hagan inviable su implementación simultánea o coexistencia con el proyecto que se compara.

El registro y actualización de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública estará a cargo de la entidad estatal competente. La entidad estatal deberá registrar la iniciativa pública en el RUAPP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de cualquier contrato que tenga por objeto la realización de alguno de los estudios a los cuales hace referencia el artículo 2.2.2.1.4.4 del presente decreto. Si la entidad estatal competente realiza la elaboración de dichos estudios con su personal, el registro deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la entidad estatal tenga disponible cualquiera de estos estudios.

PARÁGRAFO 1. El Departamento Nacional de Planeación utilizará la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) para la radicación, registro y consolidación de la información de los proyectos de Asociación Público-Privada, para lo cual la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eﬁciente-, brindará la colaboración pertinente en el marco de sus competencias.

PARÁGRAFO transitorio. Mientras entra en operación el Registro Único de Asociaciones Público Privadas en el SECOP, el registro en el RUAPP deberá hacerse a través del medio electrónico establecido por el Departamento Nacional de Planeación y la entidad estatal continuará encargada de registrar los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada en el RUAPP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del proyecto.

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.4. Evaluación de la etapa de prefactibilidad y respuesta. Para evaluar si existe, interés público en el proyecto presentado, la entidad estatal competente deberá consultar los antecedentes con otras entidades estatales involucradas y realizará las consultas con terceros que considere necesarias.

Dentro del plazo máximo de tres (3) meses contados desde la fecha de recepción del proyecto en etapa de prefactibilidad, o desde la recepción de la información adicional solicitada por la entidad estatal competente, esta enviará al originador de la propuesta, una comunicación indicando si la propuesta, al momento de ser analizada, es de interés de la entidad competente de conformidad con las políticas sectoriales, la priorización de proyectos a ser desarrollados y que dicha propuesta contiene los elementos que le permiten inferir que la misma puede llegar a ser viable.

Dicha comunicación no implica el reconocimiento de ningún derecho al originador, ni la aprobación de la misma, ni obligación alguna para el Estado en los términos del artículo 15 de la Ley 1508 de 2012.

La entidad estatal deberá indicar, en su respuesta, si:

Se considera o no de interés público el proyecto, en caso aﬁrmativo se incluiría la siguiente información:

Estudios mínimos a entregar en la etapa de factibilidad, su forma y especiﬁcaciones.

Estudios identiﬁcados en la etapa de prefactibilidad que deben ser elaborados o complementados obligatoriamente en la siguiente

La capacidad ﬁnanciera o de ﬁnanciación requerida.

La experiencia mínima en inversión o en estructuración de

Plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, el cual en ningún caso será superior a dos (2) años, incluidas prórrogas. Este plazo no podrá

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.5. Etapa de Factibilidad. En caso que, una iniciativa privada sea declarada de interés público, el originador de la propuesta deberá entregar el proyecto en etapa de factibilidad dentro del plazo establecido en la comunicación que así lo indicó.

En la etapa de factibilidad se profundizan los análisis y la información básica con la que se contaba en etapa de prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y levantamiento de información primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al proyecto, mejorando y profundizando en los estudios y ampliando la información de los aspectos técnicos, ﬁnancieros, económicos, ambientales y legales del proyecto.

Si el originador de la iniciativa privada no hace entrega de la información en etapa de factibilidad en este plazo, la iniciativa se considerará fallida y podrá estudiarse la iniciativa privada presentada posteriormente sobre el mismo proyecto, de conformidad con el orden de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP).

Para la presentación del proyecto en etapa de factibilidad, el originador del proyecto deberá presentar como mínimo la siguiente información:

Originador del proyecto

Documentos que acrediten su capacidad ﬁnanciera o de potencial ﬁnanciación, de acuerdo con lo deﬁnido por la entidad estatal competente.

Documentos que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración de proyectos para desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo deﬁnido por la entidad estatal competente.

Proyecto

Nombre deﬁnitivo, ubicación geográﬁca y descripción detallada del proyecto y sus fases.

Diagnóstico deﬁnitivo que describa la forma mediante la cual se satisface la necesidad mediante la provisión del bien o servicio público.

Identiﬁcación de la población afectada y la necesidad de efectuar consultas

Evaluación costo-beneﬁcio del proyecto analizando el impacto social, económico y ambiental del proyecto sobre la población directamente afectada, evaluando los beneﬁcios socioeconómicos esperados.

Descripción del servicio que se prestaría bajo el esquema de Asociación Público

Terreno, estudio de títulos, identiﬁcación de gravámenes, servidumbres y demás derechos que puedan afectar la disponibilidad del bien.

Riesgos del proyecto

Tipiﬁcación, estimación y asignación deﬁnitiva de los riesgos del proyecto de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 1998, la Ley 1150 de 2007, los documentos CONPES y las normas que regulen la materia.

Análisis de amenazas y vulnerabilidad para identiﬁcar condiciones de riesgo de desastre, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los términos del presente decreto.

Análisis ﬁnanciero

El modelo ﬁnanciero en hoja de cálculo, detallado y formulado que fundamente el valor y el plazo del proyecto que contenga como mínimo:

Estimación de inversión y de costos de operación y mantenimiento y sus proyecciones discriminando el rubro de administración, imprevistos y

Estimación de los ingresos del proyecto y sus

Estimación de solicitud de vigencias futuras, en caso que se requieran.

Supuestos ﬁnancieros y estructura de ﬁnanciamiento.

Construcción de los estados ﬁnancieros.

Valoración del

Manual de operación para el usuario del modelo ﬁnanciero.

Diseño deﬁnitivo de la estructura de la transacción propuesta identiﬁcando actores ﬁnancieros, operativos y administrativos involucrados.

Estudios actualizados

Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, ﬁnanciera y jurídica del proyecto y diseño arquitectónico cuando se requiera.

Cuantiﬁcación del valor de los estudios detallando sus

En todo caso, el originador especiﬁcará aquellos estudios que considera no se requieran efectuar o actualizar, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto o que se encuentran disponibles por parte de la entidad estatal competente y resultan ser suﬁcientes para la ejecución del mismo. En todo caso, la entidad estatal competente establecerá si la consideración del originador es válida y aceptada.

Minuta del contrato y anexos

Minuta del contrato a celebrar y los demás anexos que se

Declaración juramentada sobre la veracidad y totalidad de la información que entrega el originador de la

La entidad estatal competente podrá solicitar información adicional cuando lo considere pertinente.

PARÁGRAFO 1. Si en etapa de factibilidad el originador y la entidad evidencian que deben adelantar actividades junto con contratistas de proyectos aledaños encaminadas a la interacción o armonización para la efectiva coexistencia entre proyectos que así lo requieran, podrán convocar al contratista y coordinar las actividades a realizar siempre y cuando no impliquen la modiﬁcación a un contrato o concesión existentes.

PARÁGRAFO 2. De acuerdo con los términos del artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, el originador privado deberá presentar una propuesta de asignación de riesgos en el marco de: (i) el artículo 4 de la Ley 1508 de 2012 y (ii) los lineamientos de política de riesgos de los documentos CONPES para el sector especíﬁco de iniciativas públicas. Sin perjuicio de lo anterior, el originador privado podrá presentar una iniciativa más favorable en términos de asignación de riesgos para la entidad contratante.

Para efectos de este parágrafo se entenderá por asignación de riesgos, únicamente la asignación de riesgos entre la entidad pública, el originador privado y la compartida entre estos.

En caso de que no existan lineamientos de política de riesgos para el sector especíﬁco, el originador deberá presentar una propuesta de asignación de riesgos de acuerdo con el Documento CONPES 3107 «Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura» -y aquellos lo modiﬁquen o adicionen-, sin restringir aquellos casos en que el privado presente una iniciativa más favorable en asignación para la entidad contratante.

La entidad contratante competente deberá propender por la optimización de la asignación y distribución en los análisis que realice previo a la aceptación de la iniciativa.

Posterior a la adjudicación del contrato, no podrán presentarse nuevas asunciones de riesgo, ni podrán solicitarse responsabilidades adicionales en cabeza del Estado.

En las iniciativas privadas que no requieran desembolsos de recursos públicos, los mecanismos de compensación por la materialización de los riesgos asignados a la entidad estatal serán aquellos que se deﬁnan en la estructuración del proyecto, entre otros, pero sin limitarse: (i) la ampliación del plazo inicial de conformidad con la ley, (ii) la modiﬁcación del alcance del proyecto, (iii) el incremento de peajes y tarifas

(vi) subcuentas y excedentes del patrimonio autónomo.

Todas las iniciativas privadas que a la fecha de expedición del presente decreto no cuenten con la aceptación en la etapa de factibilidad en los términos del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012 deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.6. Evaluación de la etapa de factibilidad y respuesta. Entregada la iniciativa en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente deberá proceder a:

Convocar públicamente dentro del mes siguiente a la entrega en etapa de factibilidad a los terceros y autoridades competentes que puedan tener interés en el proyecto a una audiencia pública, con el propósito de recibir las sugerencias y comentarios sobre el

Efectuar la revisión y análisis de la iniciativa presentada, y solicitar si fuera el caso al originador, estudios adicionales o complementarios,ajustes o precisiones al proyecto, evento en el cual se podrá prorrogar el plazo establecido para dicho estudio en los términos del primer inciso del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012.

En el caso de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada adelantados por entidades del nivel nacional, cuyo presupuesto estimado de inversión, sumado a los aportes del Estado a los que hace referencia el artículo 2.2.2.1.3.2 del presente decreto, sea superior a setenta mil salarios mínimos mensuales vigentes (70.000 SMMLV), o cuando los ingresos anuales estimados del proyecto sean superiores a setenta mil salarios mínimos mensuales vigentes (70.000 SMMLV), la entidad estatal competente deberá presentar las conclusiones del estudio de factibilidad y la correspondencia de estos con las eventuales condiciones del contrato, y las sugerencias y comentarios a que se reﬁere el numeral 1 del presente artículo al ministerio sectorial respectivo. Corresponderá al ministro sectorial, presentar y sustentar ante el Consejo de Ministros las conclusiones de dicho estudio, con el propósito de obtener su concepto sobre el particular.

Las entidades del nivel territorial, deberán conformar un comité o consejo asesor integrado con funcionarios que posean conocimientos técnicos, ﬁnancieros y jurídicos, con el propósito que emitan concepto con relación a los análisis que hace referencia el presente artículo.

Emitir respuesta al originador de la iniciativa informando sobre:

Resultado: Viabilidad o rechazo de la iniciativa

Monto que acepta como valor de los estudios realizados y forma de

Condiciones bajo las cuales la entidad estatal competente aceptaría la iniciativa

Borrador de minuta del contrato y anexos que la entidad estatal competente tendría como base para la elaboración del borrador de pliego de

Deﬁnir y acordar con el originador de la iniciativa, si a ello hubiere lugar, las condiciones bajo las cuales sería aceptada la iniciativa de conformidad con lo previsto en el cuarto inciso del artículo 16 de la Ley 1508 de

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.7. Adquisición de estudios. De ser rechazada la iniciativa privada, la entidad pública competente podrá adquirir aquellos insumos o estudios que le sean útiles para el cumplimiento de sus funciones, valorados de conformidad con los costos soportados por el originador durante el trámite y evaluación de la iniciativa privada. La entidad estatal, en todo caso, deberá veriﬁcar que dichos valores se fundamentan en costos demostrados en tarifas de mercado.

La adquisición de insumos o estudios producto de la iniciativa privada rechazada, deberá constar por escrito, y contener entre otros, valor, forma de pago, manifestación de la cesión de derechos patrimoniales, identiﬁcación precisa de los estudios anexando la totalidad de soportes correspondientes a los mismos, y en general todos aquellos aspectos que permitan deﬁnir claramente el acuerdo de voluntades.

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.8. Presupuesto estimado de inversión en proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada. Corresponde al valor de la construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto.

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.9. Plazo para iniciación del proceso de selección. Dentro de los 6 meses siguientes a la expedición del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación de que trata el artículo 2.2.2.1.6.2 del presente decreto, la entidad estatal competente dará apertura a la licitación pública cuando se trate de iniciativas privadas que requieran desembolsos de recursos públicos, o realizará la publicación en el SECOP de la información establecida en el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, cuando se trate de iniciativas privadas que no requieren desembolsos de recursos públicos.

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.10. Boniﬁcación en las iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos. En caso de ser aprobada por parte de la entidad estatal competente una iniciativa privada que requiera desembolsos de recursos públicos a las que se reﬁere el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, dicha entidad otorgará al originador de la iniciativa una boniﬁcación sobre su caliﬁcación inicial en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo, de la siguiente manera:

Categoría	Monto de Inversión del proyecto – (SMMLV)	Porcentaje de boniﬁcación
A	Entre 6.000 y 40.000	10 %
B	Entre 40.001 y 120.000	6 %
C	Mayor a 120.000	3 %

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.11. Tiempo mínimo de duración de la publicación. En caso de ser aprobada por parte de la entidad estatal competente una iniciativa privada que no requiere desembolsos de recursos públicos a las que se reﬁere el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, dicha entidad estatal publicará en la página web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) el acuerdo de la iniciativa privada, los estudios y la minuta del contrato y sus anexos por el término de 2 meses, el cual podrá prorrogarse a solicitud de los interesados, si la entidad estatal competente lo estima conveniente hasta por 4 meses más.

ARTÍCULO 2.2.2.1.5.12. Manifestación de Interés por terceros. En caso de presentarse por parte de un tercero una manifestación de interés en la ejecución del proyecto, de conformidad con lo establecido en la publicación a la que hace referencia el artículo 20 de la Ley 1508 de 2012, esta deberá contener además de la expresión clara de su interés, las formas de contacto y los medios de comunicación eﬁcaces a través de las cuales la entidad estatal competente podrá comunicarse con el interesado y la garantía que respalda su interés, por el monto equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto estimado de inversión del proyecto. La garantía podrá consistir en una póliza de seguros, garantía bancaria a primer requerimiento, ﬁducia mercantil en garantía, depósito de dinero en garantía y en general cualquier medio autorizado por la ley, con un plazo de un (1) año, término que deberá prorrogarse para que se encuentre vigente hasta la fecha de ﬁrma del contrato.

Si se recibieren manifestaciones de interés dentro del término señalado en el artículo anterior y se cumple con los requisitos previstos en la publicación, la entidad estatal competente, sin consideración al presupuesto estimado de inversión, deberá proceder a conformar la lista de precaliﬁcados con quien o quienes manifestaron interés y cumplieron los requisitos establecidos por la entidad en la publicación de la iniciativa y el originador de la iniciativa privada, y con esta lista procederá a adelantar la selección del contratista a través del procedimiento de selección abreviada de menor cuantía con precaliﬁcación. En caso contrario, procederá a contratar con el originador de manera directa en las condiciones publicadas.

En caso de que se adelante el proceso de selección abreviada de menor cuantía, una vez conformada la lista de precaliﬁcados, se tendrán en cuenta las reglas previstas para la selección abreviada de menor cuantía establecidas en la Ley 1150 de 2007 y sus reglamentos, con las siguientes particularidades, sin perjuicio de otras que se señalaren en el presente decreto:

Los factores de selección en proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada, en desarrollo del proceso de selección abreviada de menor cuantía con precaliﬁcación serán los señalados en el artículo 2.2.2.1.4.2 del presente decreto.

El cumplimiento de los requisitos para la estructuración de proyectos por agentes privados y la aceptación de la iniciativa privada por parte de la entidad estatal competente, a los que se reﬁeren los artículos 14 y 16 de la Ley 1508 de 2012 en los términos previstos en el presente título y las aprobaciones de las que trata la Sección 6 del presente capítulo, serán suﬁcientes para la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía con precaliﬁcación.

Si como resultado de la evaluación, el originador no queda en primer orden de elegibilidad y siempre que haya obtenido como mínimo un puntaje igual o superior al ochenta por ciento (80%) del puntaje obtenido por la propuesta mejor caliﬁcada, este tendrá la opción de mejorar su oferta en la oportunidad establecida en los pliegos de condiciones por un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde la publicación del informe deﬁnitivo de evaluación de las propuestas. En caso que el originador mejore su propuesta, la entidad la dará a conocer a los demás oferentes para que realicen las observaciones que consideren necesarias, exclusivamente relacionadas con la mejora de la propuesta por parte del Originador, si a ello hubiere lugar, en la oportunidad establecida en los pliegos de condiciones y por un término máximo de cinco (5) días hábiles.

Para efectos de lo previsto en el presente numeral, se entiende que el originador mejora la oferta del proponente mejor caliﬁcado, cuando la nueva oferta del originador obtenga un puntaje que supere el puntaje obtenido por la propuesta mejor caliﬁcada.

Si el originador no hace uso de la opción de mejorar la oferta en los términos señalados en el presente numeral, la entidad estatal incluirá dentro del contrato que resulte del proceso de selección, la obligación de que el contratista adjudicatario reconozca al originador del proyecto el reembolso de los costos en que este haya incurrido por la realización de los estudios necesarios para la estructuración del proyecto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012.

PARÁGRAFO . Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica respaldada mediante compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3 del presente decreto, se regirá por lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.2.1.4.2 del presente decreto.

SECCIÓN 6

APROBACIONES DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

ARTÍCULO 2.2.2.1.6.1. Valoración de obligaciones contingentes. Una vez la entidad estatal competente haya realizado las consultas a terceros y autoridades competentes de las que trata el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012 y previo a la evaluación de viabilidad de la propuesta en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente presentará para aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la valoración de las obligaciones contingentes, de acuerdo con el procedimiento de que trata el presente título y en los términos deﬁnidos en la Ley 448 de 1998.

En el evento en el cual la valoración de obligaciones contingentes no fuere aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no fuere posible efectuar modiﬁcaciones o ajustes a la misma, la entidad estatal competente informará al originador que la iniciativa ha sido rechazada.

ARTÍCULO 2.2.2.1.6.2. Justiﬁcación de utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada. Una vez aprobada la valoración de obligaciones contingentes por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la entidad estatal competente presentará para concepto previo favorable al Departamento Nacional de Planeación o de la entidad de planeación respectiva en el caso de entidades territoriales, de conformidad con los parámetros que el Departamento Nacional de Planeación establezca, la justiﬁcación de utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto.

De emitirse concepto no favorable sobre la justiﬁcación presentada, la entidad estatal competente procederá a efectuar los ajustes correspondientes en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, si ello fuere posible, de conformidad con los lineamientos efectuados por el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del orden territorial, los cuales deberán ser expresamente aceptados por el originador de la iniciativa.

En caso de que dichas modiﬁcaciones no sean aceptadas por el originador, la iniciativa será rechazada por la entidad estatal competente.

En el evento en el que el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del orden territorial emita concepto no favorable sobre la justiﬁcación presentada y no fuere posible efectuar modiﬁcaciones o ajustes a la misma, la entidad estatal competente informará al originador que la iniciativa ha sido rechazada.

PARÁGRAFO 1. Cualquier modiﬁcación o ajuste que implique un cambio en los supuestos con fundamento en los cuales se efectuaron las aprobaciones de las que trata el presente capítulo, obligará a la entidad estatal competente a solicitar nuevamente dichas aprobaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en el cual la modiﬁcación o ajuste, no altere en más de un cinco por ciento (5%) el resultado de la aplicación de los parámetros empleados para justiﬁcar la utilización del mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto, no se requerirá que el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del orden territorial, emita un nuevo concepto favorable sobre el particular. Lo anterior, siempre y cuando, la respectiva modiﬁcación o ajuste no altere la asignación de riesgos anteriormente establecida y continúe siendo justiﬁcable la utilización del mecanismo de Asociación Público Privada bajo los mismos parámetros de evaluación.

PARÁGRAFO 2. Tratándose de proyectos cuya ejecución sea competencia de entidades territoriales, el concepto previo favorable al que hace referencia el presente artículo, será emitido por la entidad de planeación respectiva, o quien haga sus veces. En el caso de proyectos coﬁnanciados por la Nación o sus entidades descentralizadas, dicho concepto previo favorable deberá ser emitido por el Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.2.1.6.3. Autorización de vigencias futuras. Previo a la apertura de la licitación pública, se deberá contar con la autorización de vigencias futuras para amparar proyectos de Asociación Público Privada, en los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.2.1.6.4. Vigencias futuras para amparar proyectos de Asociación Público Privada. De conformidad con el artículo 23 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, el Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), deﬁnirá mediante resolución los requisitos, procedimientos y demás parámetros necesarios para el otorgamiento de las vigencias futuras de la Nación para amparar proyectos de Asociación Público Privada.

SECCIÓN 7

DE LOS RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

ARTÍCULO 2.2.2.1.7.1. Tipiﬁcación, estimación y asignación de riesgos. La entidad estatal competente es la responsable de la tipiﬁcación, estimación y asignación de los riesgos que se puedan generar en los proyectos de Asociación Público Privada. En el proceso de tipiﬁcación, estimación y asignación de los riesgos, las entidades deben realizar el análisis de acuerdo con los criterios establecidos en la ley y demás normas que regulen la materia.

ARTÍCULO 2.2.2.1.7.2. De las metodologías de estimación de obligaciones contingentes. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá las metodologías aplicables a los proyectos para estimar el valor de las obligaciones contingentes que en ellos se estipulen.

Si no existen metodologías de valoración desarrolladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la entidad estatal competente deberá diseñar sus propias metodologías y someterlas para aprobación de dicho ministerio.

ARTÍCULO 2.2.2.1.7.3. Procedimiento de aprobación de la valoración de obligaciones contingentes de las entidades estatales. La entidad estatal competente deberá solicitar ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes, anexando a la solicitud de aprobación los documentos necesarios de conformidad con la Ley 448 de 1998 y su decreto reglamentario, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicará en su página de internet la lista de documentación requerida.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunciará sobre la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de la radicación de la respectiva solicitud.

De no ser aprobada la valoración de obligaciones contingentes, la entidad estatal competente procederá a efectuar los ajustes correspondientes dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notiﬁcación respectiva, si ello fuere posible, de conformidad con los lineamientos efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una vez sea nuevamente radicada la solicitud para la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes con los ajustes solicitados, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunciará dentro del término establecido en el inciso anterior.

No se requerirá nueva aprobación de la valoración de obligaciones contingentes cuando la variación, positiva o negativa, en el esquema de estimación al plan de aportes de obligaciones contingentes sea inferior a 4.000 SMMLV. No obstante lo anterior, tratándose de cualquier cambio en el esquema de asignación y/o tipiﬁcación de riesgos que implique un cambio en el plan de aportes, obligará a entidad estatal competente a iniciar nuevamente el proceso valoración de obligaciones contingentes.

En todo caso, la entidad contratante mantendrá a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional informada de cualquier modiﬁcación.

La entidad contratante enviará anualmente a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional las valoraciones actualizadas y su información conexa para efectos de hacer seguimiento.

PARÁGRAFO . La valoración de obligaciones contingentes a la que hace referencia el presente título es aplicable a todos aquellos sectores bajo el ámbito de aplicación de la Ley 1508 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.2.1.7.4. Análisis de amenazas y vulnerabilidad. La entidad estatal competente deberá contar con los documentos que soporten el diligenciamiento de la información de análisis de riesgos de amenazas y vulnerabilidad, de acuerdo con la metodología de evaluación de proyectos establecida por el Departamento Nacional de Planeación.

SECCIÓN 8

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 2.2.2.1.8.1. Reducción de la tasa por adición o prórroga. Para efectos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 1508 de 2012, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), podrá incorporar en los documentos de política que expida sobre los distintos proyectos de desarrollo económico y social, la aplicación si fuere el caso, de la reducción de la tasa por adición establecida en la citada norma.

Constituye requisito indispensable para aplicar la reducción de la tasa por adición o prórroga, que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) se haya pronunciada de forma previa a la solicitud de la adición.

ARTÍCULO 2.2.2.1.8.2. Contratos para la elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las interventorías. De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012, la contratación de la elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las interventorías de los mismos, se realizarán bajo el procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía, salvo que su monto no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía para la entidad estatal competente, caso en el cual, se aplicará el procedimiento previsto para la mínima cuantía en el en el Libro 2, Parte 2, Título I del presente decreto.

Los factores de selección del contratista serán los establecidos en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y lo previsto en el Título 1 del presente decreto.

(Ver conceptos: C-706 de 02/12/2020)

ARTÍCULO 2.2.2.1.8.3. De la publicidad. La entidad contratante deberá garantizar la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación y precaliﬁcación de los proyectos de Asociación Público Privada, salvo el modelo ﬁnanciero estatal que está sometido a reserva legal.

La publicidad a que se reﬁere este artículo se hará en la página web de la entidad estatal competente correspondiente y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.

ARTÍCULO 2.2.2.1.8.4. Reversión de la infraestructura de proyectos de Asociación Público Privada. Con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación de servicios públicos en proyectos de Asociación Público Privada, la entidad estatal competente, en desarrollo de lo previsto en los artículos 31 y 34 de la Ley 1508 de 2012, pactará en el contrato la entrega y transferencia, de los elementos y bienes directamente afectados a la prestación de dicho servicio y el estado en el que los mismos revertirán al ﬁnalizar el plazo del respectivo contrato, sin que por ello deba efectuarse compensación alguna, y excluirá los elementos y bienes que por su estado o naturaleza no se considere conveniente su reversión.

Los bienes objeto de aporte del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos efectuado por la entidad estatal competente revertirán a la entidad contratante al término del contrato.

ARTÍCULO 2.2.2.1.8.5. De los acuerdos y tratados internacionales en materia de contratación pública. Las entidades estatales competentes, en desarrollo de los procesos de selección para proyectos de Asociación Público Privada, deberán observar las obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado colombiano.

ARTÍCULO 2.2.2.1.8.6. Elaboración y custodia del expediente del proyecto. La entidad estatal competente tiene la obligación de crear un expediente por cada proyecto. En los proyectos de iniciativa pública el expediente se deberá iniciar con los análisis que realiza la entidad competente en donde se justiﬁca la necesidad y viabilidad de cada proyecto y deberá contener toda la información relacionada con la adjudicación, ejecución y desarrollo del proyecto. El modelo ﬁnanciero estatal tendrá reserva legal. Será función de los interventores, cuando los hubiere, compilar y remitir a la entidad estatal competente toda la información que se produzca en el desarrollo de sus funciones.

En los proyectos de iniciativa privada el expediente se deberá iniciar una vez se reciba la primera propuesta del proyecto de parte del originador de la iniciativa privada. Los análisis ﬁnancieros que realice la entidad estatal competente en la evaluación del proyecto serán conﬁdenciales, y en consecuencia no harán parte del expediente.

SECCIÓN 9

IMPLEMENTACIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ARTÍCULO 2.2.2.1.9.1. Objeto. La presente sección regula aspectos relacionados con la implementación de esquemas de Asociaciones Público Privadas, de iniciativa pública o privada, que se desarrollen bajo la Ley 1508 de 2012 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

ARTÍCULO 2.2.2.1.9.2. Ámbito de aplicación. La presente sección aplica a las entidades estatales, inversionistas privados y prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

ARTÍCULO 2.2.2.1.9.3. Requisito en procesos de selección de proyectos de Asociaciones Público Privadas del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. En adición a los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 1508 de 2012, el inversionista privado que se presente a un proceso de selección para la ejecución de un proyecto de Asociación Público Privada, que no ostente la condición de empresa de servicio público, deberá acreditar la celebración de un contrato con un prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, con la experiencia indicada en el pliego de condiciones, en el que dicha empresa se comprometa a realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura, por el mismo tiempo de duración del contrato de Asociación Público Privada. Lo anterior, como requisito para la presentación de la oferta.

PARÁGRAFO 1. Para proyectos de Asociaciones Público Privadas de iniciativa pública, la entidad estatal competente veriﬁcará el cumplimiento del requisito establecido en el presente artículo, dentro del plazo previsto para ello en el pliego de condiciones o en la etapa de precaliﬁcación de la que trata el presente capítulo y sus normas modiﬁcatorias, en el caso que se utilice este sistema.

La veriﬁcación del cumplimiento del requisito establecido en el presente artículo, para proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada, se efectuará durante la etapa de factibilidad.

PARÁGRAFO 2. El prestador de los servicios públicos domiciliarios se encargará de la prestación del respectivo servicio, de conformidad con los requisitos previstos en el contrato de Asociación Público Privada suscrito y será responsable ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la prestación del servicio con el pleno cumplimiento de la normativa exigible para tal ﬁn.

ARTÍCULO 2.2.2.1.9.4. Retribución en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas. En los contratos de Asociaciones Público Privadas, se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacten, por el tiempo que se acuerde, con aportes del estado cuando la naturaleza del proyecto lo amerite.

En la estructuración ﬁnanciera se deberá diferenciar, qué actividades del proyecto se retribuirán a través de la explotación económica y qué parte mediante el desembolso de recursos públicos.

Dentro de las estipulaciones contractuales que se pacten, se deberán establecer las condiciones en que se realizará el giro de los recursos recaudados por concepto de la prestación del servicio y que hagan parte del proyecto, al patrimonio autónomo que se constituya para su ejecución de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1508 de 2012.

PARÁGRAFO 1. Para todos los efectos, los recursos asignados a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para cubrir las necesidades de subsidios de usuarios de los estratos 1, 2 y 3, de acuerdo con la Ley 1508 de 2012, constituyen desembolsos de recursos públicos.

PARÁGRAFO 2. El derecho a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier retribución, en proyectos de Asociación Público Privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto.

PARÁGRAFO 3. Dentro de los esquemas de Asociación Público Privada, se podrá hacer uso del giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones conforme a lo dispuesto en el Decreto 1484 de 2014 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ARTÍCULO 2.2.2.1.9.5. Niveles de Servicio y Estándares de Calidad en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas. Los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, deberán estar establecidos en el contrato de Asociación Público Privada y cumplir con los indicadores de gestión y metas que deﬁna la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, sin perjuicio que las partes puedan pactar estándares mayores a los exigidos por dicha regulación.

Las metas deﬁnidas en el contrato de Asociación Público Privada para los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad, deberán estar reﬂejados en el Contrato de Condiciones Uniformes que se celebre entre el prestador de servicios públicos y los usuarios del respectivo servicio.

Corresponderá a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el marco de sus competencias, realizar el desarrollo y las modiﬁcaciones regulatorias necesarias para garantizar la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones Público Privadas, a la luz de lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.2.1.9.6. Requisitos para la evaluación y viabilización de la estructuración de Asociaciones Público Privadas del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, adelantará la evaluación y viabilización de los proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que se adelanten bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas y que se ﬁnancien con recursos del Presupuesto General de la Nación o de otros Fondos Públicos del orden nacional y deﬁnirá los requisitos para su presentación, viabilización y aprobación.

En el caso de proyectos que requieran desembolsos de recursos públicos de las entidades territoriales, el concepto de viabilidad será emitido por la entidad competente, a través de la dependencia en la que asigne tal función, conforme con los requisitos que deﬁna el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la evaluación y viabilización de proyectos.

Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 1508 de 2012 y el presente decreto.

PARÁGRAFO 1. La viabilidad de los proyectos deberá emitirse previo a su presentación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO 2. El plazo que se adopte para la emisión del concepto de viabilidad del proyecto, no podrá superar los tiempos establecidos en el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.2.1.9.7. Áreas de Servicio Exclusivo en proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico bajo esquema de Asociaciones Público Privadas. En los proyectos de Asociaciones Público Privadas para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, se podrá solicitar el establecimiento de un Área de Servicio Exclusivo, conforme lo establecido en la normativa vigente.

SECCIÓN 10

REGLAMENTACIÓN DE LA FORMA EN QUE PODRÁN ESTABLECERSE EN PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, UNIDADES FUNCIONALES

DE TRAMOS DE TÚNELES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 1682 DE 2013

ARTÍCULO 2.2.2.1.10.1. Deﬁnición de Unidad Funcional de Tramos de Túneles. Es la actividad o conjunto de actividades de excavación, sostenimiento, revestimiento, pavimentación, equipos e instalaciones desarrolladas en un segmento longitudinal de un túnel, de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

Asimismo, los accesos de entrada y salida del túnel pueden ser parte de una Unidad Funcional de Tramo de Túnel, siempre y cuando no sea posible su incorporación en otra unidad funcional del proyecto.

Cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel debe tener un presupuesto estimado de inversión igual o superior a cincuenta y dos mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (52.500 SMMLV). Para los efectos de este cálculo no se tendrán en cuenta los costos de operación y mantenimiento.

Para la incorporación de una Unidad Funcional de Tramo de Túnel en un contrato para la ejecución de un proyecto de Asociación Público Privada, se requiere la aprobación del ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando el proyecto se encuentre totalmente estructurado y cumpla con las condiciones previstas en el presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.2.1.10.2. Derecho a la retribución. El derecho a la retribución en la Unidad Funcional de Tramo de Túnel que está contemplada dentro de un proyecto de Asociación Público Privada, estará condicionado a la veriﬁcación de la disponibilidad parcial de infraestructura y al cumplimiento de los Estándares de Calidad establecidos en el respectivo contrato.

Una vez ﬁnalizada la totalidad de las unidades funcionales a las que se reﬁere el artículo 2.2.2.1.10.1 del presente decreto, correspondientes a un túnel, dicha infraestructura se considerará como una unidad funcional de las establecidas en el artículo 2.2.2.1.1.2 del presente decreto, por lo que el derecho a la retribución estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de Niveles de Servicio y Estándares de Calidad, de conformidad con lo señalado en los artículos 2.2.2.1.2.1 y 2.2.2.1.2.2 del presente decreto, exceptuándose lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.2.1.2.2 antes mencionado.

ARTÍCULO 2.2.2.1.10.3. Disponibilidad parcial y estándares de calidad. Se entenderá que hay disponibilidad parcial de la Unidad Funcional de Tramo de Túnel, una vez ﬁnalizada la actividad o actividades que se contemplan en el respectivo contrato para la Unidad Funcional de Tramo de Túnel y estas cumplan con los Estándares de Calidad deﬁnidos en el respectivo contrato, estándares que deberán cumplir con las características deﬁnidas en el Capítulo 1 del presente título.

SECCIÓN 11

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1508 DE 2012

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.1. Ámbito de aplicación. La presente sección rige para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y las entidades estatales del orden nacional a las que se aplica la Ley 1508 de 2012, que requieran la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de la Nación y presupuestos de otras entidades de orden nacional, para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada.

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.2. Límite anual de autorizaciones, sectores y montos asignados a cada uno de ellos para comprometer vigencias futuras para los proyectos bajo el esquema de asociación público privada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, cada año, al momento de aprobarse la meta de superávit primario para el sector público no ﬁnanciero consistente con el programa macroeconómico, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), deﬁnirá la cuantía máxima anual por la cual se podrán otorgar autorizaciones para comprometer vigencias futuras para la ejecución de proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada. Para el efecto deberá tenerse en cuenta los plazos autorizados a este tipo de proyectos en el artículo 6 de la Ley 1508 de 2012. Las decisiones que se adopten deberán ser consistentes con las disposiciones establecidas en la Ley 1473 de 2011 y demás normas aplicables.

Con base en la cuantía máxima anual de qué trata el presente artículo, en la misma sesión o en reuniones posteriores, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), deﬁnirá los sectores a los que se podrán otorgar dichas autorizaciones y distribuirá la cuantía máxima anual entre cada uno de ellos. El ministerio u órgano cabeza de sector será responsable por la administración del monto límite anual sectorial y la priorización de proyectos bajo el esquema de asociación público privada.

Para efectos de la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), además de lo previsto en la Ley 819 de 2003 y las normas que la reglamentan, se deberán considerar las vigencias futuras autorizadas para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada de que trata el presente artículo, así como los aportes al Fondo de Contingencias previsto en la Ley 448 de 1998, sus decretos reglamentarios y las disposiciones que las modiﬁquen o adicionen, que demande la ejecución de los proyectos.

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.3. Priorización en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del cupo de vigencias futuras para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada. Los cupos de vigencias futuras, autorizados de acuerdo con el artículo anterior para la ejecución de los proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada, así como los planes de aportes aprobados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Fondo de Contingencias para el desarrollo de los proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada, harán parte del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), por lo que en el proceso de programación del mismo deben ser priorizados por el ministerio u órgano cabeza del sector.

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.4. Modiﬁcación a la distribución sectorial del límite anual de autorizaciones para comprometer vigencias futuras para los proyectos bajo el esquema de asociación público privada. En cualquier momento de la vigencia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), podrá redeﬁnir los sectores y el monto asignado a cada uno de ellos siempre y cuando no sobrepase el total del límite anual de autorizaciones deﬁnido en el artículo 2.2.2.1.11.2 del presente decreto, ni se afecten compromisos adquiridos.

PARÁGRAFO . El Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), podrá reasignar hasta el 20% del monto límite anual de cada sector, sin que se requiera de autorización previa por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.5. Concepto previo de disponibilidad en el cupo sectorial. La entidad ejecutora debe solicitar concepto previo de disponibilidad en el cupo sectorial ante el ministerio u órgano cabeza del sector, para que se veriﬁque si los recursos que demanda el proyecto se ubican dentro de los límites del cupo sectorial determinado en el artículo 2.2.2.1.11.2 del presente decreto, en las siguientes etapas:

Para aquellos proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada de iniciativa pública, de forma previa a que la entidad estatal competente haga uso de los sistemas de precaliﬁcación o de manera previa al inicio de los estudios a que hace referencia el numeral 5.1 del artículo 2.2.2.1.5.5, en concordancia a lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.4 del presente decreto;

Para los proyectos bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada que requieran desembolsos de recursos públicos, se deberá solicitar dentro del término establecido en el artículo 15 de la Ley 1508 de 2012.

PARÁGRAFO 1. Para efectos de emitir su concepto, el ministerio u órgano cabeza del sector competente podrá solicitar información adicional cuando lo considere pertinente.

PARÁGRAFO 2. La solicitud de concepto deberá radicarse en el ministerio u órgano cabeza del sector y se acompañará con los soportes que justiﬁquen el monto estimado de vigencias futuras requerido para la ejecución del proyecto.

PARÁGRAFO 3. El ministerio u órgano cabeza del sector debe emitir concepto sobre la disponibilidad del monto límite sectorial para la respectiva iniciativa, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la solicitud por parte de la entidad ejecutora.

PARÁGRAFO 4. Corresponderá al ministerio u órgano cabeza del sector competente, administrar el monto límite sectorial y llevar el control de los conceptos previos favorables de disponibilidad que emita al respecto.

PARÁGRAFO 5. El concepto favorable de disponibilidad es un mecanismo de seguimiento, control y planeación del gasto sectorial, por lo que en ningún caso se entenderá como un compromiso de la Nación a continuar con las siguientes etapas del proyecto.

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.6. Requisitos de la solicitud de Aval Fiscal y Autorización de vigencias futuras. Para solicitar aval ﬁscal y la aprobación de autorizaciones de vigencias futuras de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), la entidad competente deberá acompañar la petición con los siguientes documentos:

El registro en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN);

El concepto favorable del ministerio u órgano cabeza del sector establecido en el primer inciso del artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, el cual deberá incluir el concepto favorable de disponibilidad en el cupo sectorial de que trata el artículo 2.2.2.1.11.5 del presente decreto. Dicho concepto deberá haber sido refrendado por el ministerio u órgano cabeza del sector dentro de los tres meses anteriores a la solicitud de aval ﬁscal y autorización de vigencias futuras, y cuando sea el caso, deberá incluir la evaluación técnica favorable sobre el derecho a retribución por unidades funcionales de infraestructura, de tal forma que el proyecto cumpla con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.2 del presente decreto;

El concepto del Departamento Nacional de Planeación a que se reﬁere el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012;

La comunicación de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional informando la no objeción señalada en el inciso tercero del artículo 26 de la Ley 1508 de 2012 sobre las condiciones ﬁnancieras y las cláusulas contractuales del proyecto;

Las aprobaciones o conceptos favorables establecidos en los artículos 2.2.1.6.1, 2.2.2.1.6.2 y 2.2.2.1. 7.3 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.7. Otorgamiento de aval ﬁscal y autorización de vigencias futuras. El Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), podrá otorgar aval ﬁscal y autorización de vigencias futuras, consultando la naturaleza de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada, su consistencia ﬁscal y la evaluación de la solicitud del aporte presupuestal y disposición de recursos públicos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, en la sesión de estudio de aval ﬁscal y autorización de vigencias futuras se considerará, cuando haya lugar, lo dispuesto por el artículo 2.2.2.1.2.2 del presente decreto, sobre el derecho a retribución por unidades funcionales de infraestructura.

PARÁGRAFO . El Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), podrá modiﬁcar las autorizaciones otorgadas cuando considere que las condiciones ﬁscales o macroeconómicas así lo ameritan, salvo ante los casos de compromisos perfeccionados conforme lo establecido en el artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, o procesos de selección iniciados. Las modiﬁcaciones no requerirán concepto previo por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.8. Reprogramaciones y modiﬁcaciones a las vigencias futuras de los proyectos bajo el esquema de asociación público privada. Las entidades u órganos podrán solicitar al Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs) la reprogramación de vigencias futuras aprobadas, únicamente cuando se requiera variar el plazo inicialmente aprobado y ello no implique cambios al monto total ni a la distribución anual autorizados.

En los demás eventos, la entidad u órgano ejecutor debe solicitar al Consejo Superior de Política Fiscal (Conﬁs), una nueva autorización de vigencias futuras de proyectos bajo el esquema de asociación público privada que ampare las modiﬁcaciones requeridas, de manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la modiﬁcación de las condiciones de la obligación existente, observando los límites establecidos en la Ley 1508 de 2012 y lo dispuesto en la presente sección.

ARTÍCULO 2.2.2.1.11.9. Temporalidad para comprometer vigencias futuras para los proyectos bajó el esquema de asociación público privada. Los cupos anuales autorizados por el Consejo de Política Fiscal (Conﬁs), para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan en dicha fecha, con excepción de los casos especíﬁcos que expresamente determine el Conﬁs.

SECCIÓN 12

IMPLEMENTACIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.1. Objeto. La presente sección reglamenta las condiciones para la celebración de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) relacionados con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.2. Ámbito de aplicación. La presente sección, aplica a las entidades estatales que desarrollen proyectos bajo el esquema de APP, previsto por la Ley 1508 de 2012, para el sector de redes y servicios de telecomunicaciones.

Lo no previsto en la presente sección, se regirá por lo dispuesto en las demás disposiciones aplicables de la Ley 1508 de 2012 y del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.3. Asociaciones Público Privadas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para efectos de lo dispuesto en la presente sección, las Asociaciones Público Privadas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, recaerán sobre proyectos en los que, conforme lo deﬁnido en el artículo 3 de la Ley 1508 de 2012, se encargue a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. Para la aplicación de las reglas especiales dispuestas en la presente sección, el concepto de infraestructura será deﬁnido como el conjunto de estructuras de ingeniería y sus respectivas instalaciones que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de sus servicios asociados.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.4. Niveles de servicio y estándares de calidad. Los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad en proyectos de Asociación Público Privada de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deberán estar deﬁnidos en el contrato y contemplar la progresividad de los mismos en la medida en que se desarrollen nuevas infraestructuras, equipos y tecnologías que permitan el cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad superiores a los inicialmente previstos. Estos niveles de servicio y estándares de calidad no podrán ser inferiores a los que sean deﬁnidos por las normas aplicables ni por los lineamientos ﬁjados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.5. Tipiﬁcación, estimación, asignación y mitigación de riesgos. La entidad estatal competente es la responsable de la tipiﬁcación, estimación y asignación de los riesgos que se puedan generar en los proyectos de Asociación Público Privada de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El análisis para la tipiﬁcación, estimación, asignación y mitigación de riesgos, deberá realizarlo la entidad, tomando como referencia los lineamientos generales contenidos en los diferentes documentos CONPES que se expidan sobre la materia y las demás normas aplicables.

Tratándose de aquellos riesgos asignados a la entidad estatal, no serán admisibles como mecanismo de compensación o mitigación, la ampliación del plazo del contrato o la modiﬁcación de su alcance.

Los procedimientos relacionados con la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes se regirán por lo dispuesto en las demás secciones aplicables del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.6. Condiciones para la presentación de iniciativas privadas. Los particulares interesados en estructurar proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán tener en cuenta que no podrán presentar iniciativas privadas que versen sobre contratos ya adjudicados o en ejecución, o cuando la entidad estatal haya adelantado la estructuración del proyecto. De presentarse dicha propuesta, no será tomada en cuenta para su evaluación.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.7. Tiempo mínimo de la publicación. En caso de ser aprobada por la entidad estatal una iniciativa privada que no requiera desembolso de recursos públicos a las que se reﬁere el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, dicha entidad publicará en la página web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública {SECOP) el acuerdo de la iniciativa privada, los estudios y la minuta del contrato y sus anexos por un término de seis (6) meses.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.8. Obsolescencia tecnológica. La obsolescencia o deﬁciente desempeño de la infraestructura y de los activos utilizados para la prestación del servicio, que afecten el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad establecidos en el contrato en comparación con nuevas infraestructuras, equipos y tecnologías introducidas en el mercado, generará la necesidad de reposición o actualización de la infraestructura o del respectivo activo. La reposición o actualización de los activos, según sea el caso, deberá contemplarse en la etapa de estructuración del proyecto e incluir las disposiciones contractuales que así se requieran para cumplir con dicha obligación.

Durante la estructuración del proyecto, la entidad pública competente deberá realizar los estudios pertinentes para determinar la tasa de obsolescencia tecnológica de la infraestructura y de los activos más representativos afectos a esta, medida en años, así como evaluar el plazo óptimo del contrato tomando en consideración la tasa de obsolescencia calculada. En igual sentido, el riesgo asociado a dicha obsolescencia podrá asignarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.12.5. de este Decreto.

Anualmente, la entidad competente deberá evaluar el cumplimiento de los niveles de servicios y estándares de calidad pactados frente a la existencia de nuevas tecnologías, equipos o actualizaciones que permitan contar con niveles de servicios o estándares de calidad superiores o a menores costos y por ende veriﬁcar si la infraestructura o los activos utilizados para la prestación del servicio se ven afectados de obsolescencia, que dará lugar a la reposición o actualización de la infraestructura o del respectivo activo, según lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.9. Entrega de bienes. En aplicación del artículo 31 de la Ley 1508 de 2012, en los contratos de Asociaciones Público Privadas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se indicarán los bienes afectos a la prestación del servicio que se revertirán al Estado.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.10. Tratamiento de información. En los contratos de Asociaciones Público Privadas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que involucren la captura, procesamiento y aprovechamiento de datos, deberán incorporarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de todas las exigencias legales y reglamentarias de tratamiento de datos e información, incluyendo el protocolo que será deﬁnido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedición del presente Decreto, para la entrega de la información a la ﬁnalización del contrato y la estipulación expresa de la extinción del derecho de explotación de los datos por parte del contratista, si hubiere lugar a ello.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.11. Justiﬁcación de la utilización del mecanismo de Asociación Público Privada. Sin perjuicio de la aplicación de las metodologías expedidas por el Departamento Nacional de Planeación en desarrollo de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, la entidad pública competente, previa a la aceptación de la pre factibilidad en el caso de iniciativas privadas y/o en una etapa similar en el caso de iniciativas públicas, deberá aplicar la metodología prevista en la Resolución 3656 de 2012 expedida por el Departamento Nacional de Planeación o la norma que la sustituya o complemente, a ﬁn de justiﬁcar en una etapa temprana la utilización del mecanismo de Asociación Público Privada como una modalidad eﬁciente para el desarrollo del proyecto.

ARTÍCULO 2.2.2.1.12.12. Lineamientos y requisitos de viabilidad. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones emitirá los lineamientos y requisitos para la viabilidad de los proyectos que utilicen el mecanismo de Asociación Público Privada, cuya viabilidad y aprobación serán emitidas por la entidad competente de acuerdo con la fuente de recursos a invertir mediante este mecanismo.

TÍTULO 3

FONDO NACIONAL DE REGALÍAS – EN LIQUIDACIÓN

CAPÍTULO 1

REGLAMENTACIÓN PARCIAL DE LA LEY 141 DE 1994, LA LEY 756 DE 2002 Y LA LEY 781 DE 2002 Y OTRAS DISPOSICIONES

SECCIÓN 1

DE LOS PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS – EN LIQUIDACIÓN, RECURSOS DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA

(FAEP) Y RECURSOS DE REASIGNACIÓN DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES -ESCALONAMIENTO

ARTÍCULO 2.2.3.1.1.1. Ajustes en los proyectos. Los proyectos ﬁnanciados o coﬁnanciados con los recursos de que trata la presente sección, podrán ser ajustados con posterioridad a su aprobación en caso de presentar o requerir modiﬁcaciones de carácter técnico, manteniendo el alcance inicialmente previsto, ajustes que deberán ser comunicados oportunamente a la Dirección de Vigilancia de las Regalías, previo concepto favorable del ministerio respectivo quien deberá consultar el análisis de la interventoría administrativa y ﬁnanciera.

ARTÍCULO 2.2.3.1.1.2. Rendimientos ﬁnancieros generados con recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación y Saldos no Ejecutados. De conformidad con lo previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, los rendimientos ﬁnancieros obtenidos por la inversión o manejo de recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, deberán ser consignados en el mes siguiente de su recaudo por la entidad beneﬁciaria y/o ejecutora, en las cuentas de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De no ser consignados los rendimientos ﬁnancieros se comunicará este hecho a los órganos de control competentes y a la Fiscalía General de la Nación.

Una vez girados los recursos y la entidad beneﬁciaria y/o ejecutora omite reintegrar los rendimientos ﬁnancieros en el plazo establecido en el inciso anterior, así como los saldos no ejecutados dentro de los dos meses siguientes a la ﬁnalización del proyecto, los proyectos presentados por la misma entidad no serán elegibles para la priorización o ﬁnanciación hasta que sean reintegrados, sin perjuicio de las demás consecuencias que por tal omisión estén previstas en las normas vigentes.

ARTÍCULO 2.2.3.1.1.3. Rendimientos ﬁnancieros y saldos no comprometidos de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y escalonamiento. Los rendimientos ﬁnancieros obtenidos por la inversión o manejo de los recursos de que trata el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 781 de 2002, así como los artículos 49 a 55 de la Ley 141 de 1994 – escalonamiento, los saldos no comprometidos al ﬁnalizar cada proyecto, se podrán invertir en el proyecto aprobado o en proyectos contemplados en el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial.

Esto no aplica a los rendimientos ﬁnancieros de los recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación de que trata el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 781 de 2002.

SECCIÓN 2

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Control y vigilancia de los recursos de regalías. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación ejercer la vigilancia y el control ﬁnanciero y administrativo de la correcta utilización de los recursos provenientes de regalías y compensaciones causadas por la explotación de los recursos naturales no renovables, y de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, con el objeto de constatar que tales recursos se utilicen en las ﬁnalidades y porcentajes previstos en la ley.

En cumplimiento del control y vigilancia a que se reﬁere el presente artículo, el Departamento Nacional de Planeación, directamente o a través de las interventorías Administrativas y Financieras que se contraten para el efecto, podrá solicitar a las entidades territoriales o beneﬁciarias, la información relacionada con el manejo, utilización y ejecución de tales recursos, en materia presupuesta!, de contratación pública, de contabilidad pública, e información de carácter técnico, con el propósito de veriﬁcar el cumplimiento de las normas que regulan la administración y utilización de los recursos de regalías y compensaciones, sin que ello signiﬁque en ningún caso la asunción de funciones propias de las entidades competentes en materia ﬁscal, penal y disciplinaria.

El Departamento Nacional de Planeación dará traslado a las autoridades competentes de las informaciones que reciba, o de los hechos que por causa o con ocasión de su actividad de control y vigilancia llegare a conocer.

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.2. Atribuciones inherentes al control y vigilancia sobre la correcta utilización de los recursos. Con el ﬁn de ejercer las funciones de vigilancia y control en materia ﬁnanciera y administrativa, el Departamento Nacional de Planeación contará con las siguientes atribuciones:

Practicar, por sí mismo o a través de personas naturales o jurídicas, visitas de inspección con el ﬁn de veriﬁcar, dentro del ámbito de su competencia, la ejecución de los recursos de regalías. Dichas visitas se llevarán a cabo en los sitios donde se realicen las inversiones, así como en las sedes, oﬁcinas o lugares donde funcionan las entidades beneﬁciarías o ejecutoras o donde operan los terceros contratados por estas para ejecutar los recursos. En desarrollo de las visitas se podrá solicitar información de carácter técnico, administrativo, legal y ﬁnanciero y en general, la necesaria para la veriﬁcación de la correcta utilización de las regalías, compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación.

Las visitas pueden tener por objeto la revisión integral de la forma en que se están manejando y ejecutando las regalías y compensaciones por parte de las entidades beneﬁciarias o ejecutoras o de los terceros contratados por estas para tal efecto, o el control y vigilancia de un proyecto especíﬁco. Estas visitas serán anunciadas por el Director de Vigilancia de las Regalías mediante comunicación escrita dirigida a la entidad visitada, indicando los integrantes de la comisión de visita, el objeto de la visita y su duración.

La comisión de visita podrá solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su cometido. La comisión de visita rendirá un informe al Director de Vigilancia de las Regalías, quien evaluará la procedencia de adoptar medidas preventivas o de iniciar un procedimiento administrativo correctivo en los términos previstos en el presente decreto;

Disponer la contratación, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, la realización de las interventorías administrativas y ﬁnancieras que considere necesarias, supervisar la labor de esas interventorías, evaluar la información suministrada por las mismas y adoptar las medidas preventivas o correctivas pertinentes;

Solicitar a las entidades beneﬁciarias o ejecutoras de los recursos de regalías y compensaciones, de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) de que trata el numeral 7 del artículo 13 la Ley 781 de 2002 y de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento, la remisión oportuna de la información prevista en el presente decreto;

Realizar audiencias públicas de auditores visibles, en las cuales las interventorías administrativas y ﬁnancieras, los interventores técnicos y las entidades beneﬁciarias de regalías, compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, rindan cuentas públicamente a la comunidad sobre la administración y destino de los recursos;

Las demás previstas en las normas

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.3. Interventorías administrativas y ﬁnancieras. El Departamento Nacional de Planeación, con el ﬁn de vigilar la utilización de los recursos de regalías y compensaciones y de asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación y para garantizar la vigilancia y el control administrativos y ﬁnancieros adecuados e integrales, podrá disponer la contratación de interventorías administrativas y ﬁnancieras de los programas, proyectos, gastos y otras inversiones ﬁnanciadas con estos recursos, incorporados y ejecutados en los presupuestos de las entidades beneﬁciarias y/o ejecutoras. Para dicha contratación se atenderá lo siguiente:

Para la selección de los interventores que se contraten deberán seguirse los criterios que determine la ley y los que de acuerdo con ella indique el Departamento Nacional de Planeación;

Los interventores que se contraten desempeñarán su función de acuerdo con las obligaciones y alcance que para el efecto señale el Departamento Nacional de Planeación, tendientes al cumplimiento del objeto de esta contratación;

Los interventores que se contraten podrán apoyarse en las interventorías técnicas designadas o contratadas por las entidades beneﬁciarias de los programas, proyectos, gastos y otras inversiones, para ejercer el control y vigilancia administrativo y ﬁnanciero de la utilización de los recursos de las regalías y compensaciones y de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación. Para tal efecto, las entidades beneﬁciarias incluirán en los procesos de selección y en los contratos que se celebren con los interventores técnicos, estipulaciones en las cuales se señalen, como obligación a cargo de estos últimos, suministrar toda la información técnica, administrativa, ﬁnanciera y legal que les sea requerida por parte del Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este para realizar las interventorías sobre la correcta utilización de estos recursos;

Los interventores administrativos y ﬁnancieros entregarán informes al Departamento Nacional de Planeación, los cuales contendrán todos los aspectos administrativos y ﬁnancieros relativos al manejo, utilización y ejecución de los recursos objeto de interventoría. Adicionalmente, en los informes se incluirá un reporte en el que se precise la existencia o no de la interventoría técnica, el costo de dicha interventoría y un resumen de las conclusiones que hubiere presentado la respectiva interventoría técnica sobre la ejecución del proyecto o de los contratos ﬁnanciados o coﬁnanciados con recursos de regalías y compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación;

El Departamento Nacional de Planeación, con el ﬁn de vigilar la utilización de los recursos provenientes de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, podrá disponer la contratación de lnterventorías Administrativas y Financieras con cargo a las asignaciones del Fondo, destinando para el efecto y para sufragar los costos asociados a dicha función, hasta un cuatro por ciento (4%) de esas asignaciones. Con tal propósito, el Departamento Nacional de Planeación podrá ordenar el descuento de estos recursos a cada uno de los proyectos afectados. Estos porcentajes sólo se aplicarán para los recursos no reembolsables que el Consejo Asesor de Regalías asigne a las entidades beneﬁciarias;

El descuento para la contratación de las interventorías administrativas y ﬁnancieras con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para vigilar la utilización de las regalías y compensaciones con cargo a las respectivas entidades territoriales, será el consagrado en el parágrafo 4 del artículo 25 de la Ley 756 de 2002.

Las interventorías administrativas y ﬁnancieras deberán participar en las sesiones de auditorías visibles programadas por la Presidencia de la República, o la Vicepresidencia de la República, o el Departamento Nacional de Planeación, como mecanismo de control o rendición pública de cuentas.

PARÁGRAFO 1. Las interventorías administrativas y ﬁnancieras no podrán trasladar de forma alguna los costos de su ejecución a las entidades auditadas.

PARÁGRAFO 2. Los recursos destinados por la normatividad vigente a cubrir el costo de las interventorías administrativas y ﬁnancieras, se destinarán a sufragar los costos de las interventorías así como los asociados al cumplimiento de funciones de control y vigilancia, indistintamente del año en que se causen y perciban los ingresos con cargo a los cuales se deben contratar.

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.4. Suministro de información de los recursos de regalías y compensaciones. Las entidades beneﬁciarias de los recursos de regalías y compensaciones, deben presentar a la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, fa siguiente información:

Copia en medio físico y magnético del Plan de Desarrollo Territorial, incluyendo el Plan Plurianual de Inversiones y, en el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales, los instrumentos de Planiﬁcación Ambiental, así como de sus modiﬁcaciones, en el que se detallen la distribución y destinación que se dará a los recursos de regaifas y compensaciones en el respectivo período, aprobados por el órgano competente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su aprobación o expedición.

Copia en medio físico y magnético del acto administrativo de aprobación y liquidación del presupuesto de rentas y gastos de la entidad beneﬁciaria y del Plan Operativo Anual de Inversiones, así como de sus modiﬁcaciones, en el que se detalle la distribución y destinación que se dará a los recursos de regalías y compensaciones en la respectiva vigencia, aprobado por el órgano competente, dentro de los treinta

(30) días calendario siguientes a su aprobación o expedición.

Las metas de resultado en cada sector de inversión, con sus respectivos indicadores y línea base, así como la relación de los proyectos a ser ﬁnanciados o conﬁnanciados con recursos de regalías y compensaciones, que se orientan al cumplimiento de las metas deﬁnidas, indicando los siguientes elementos:

Denominación del

Identiﬁcación del programa y clasiﬁcación presupuestal

Descripción del problema o necesidad que pretende

Identiﬁcación de los beneﬁciarios.

Objetivos y metas con sus respectivos indicadores y línea

Descripción del

Justiﬁcación del impacto que tendrá la ejecución del proyecto en el cumplimiento de las metas de resultado deﬁnidas.

Esquema de ﬁnanciación.

Plazo de ejecución.

Las metas de resultado establecidas por la entidad beneﬁciaria deben ser coherentes con las ﬁjadas por el Gobierno Nacional en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico y con las previstas en el Plan de Desarrollo Territorial o en los instrumentos de Planiﬁcación Ambiental, en el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales.

La anterior información debe ser entregada en medio físico y magnético dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la aprobación o expedición del presupuesto de rentas y gastos de la entidad beneﬁciaria.

A través del Formulario Único Territorial (FUT), trimestralmente y de forma consolidada, en los términos y condiciones señalados en el artículo 6.4.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público, la siguiente información:

La ejecución presupuestal de ingresos y de

La relación de inversiones ﬁnanciadas o coﬁnanciadas con recursos de regalías y compensaciones, la cual debe ser consistente con los compromisos registrados en la ejecución presupuestal de gastos.

En el caso de las entidades beneﬁciarias con resguardos indígenas en su jurisdicción que les sea aplicable lo previsto en el artículo 11 de la Ley 756 de 2002, el reporte de la ejecución de los recursos de regalías y compensaciones que fueron asignados para inversión en las zonas donde estén asentadas las respectivas comunidades indígenas.

Para efectos de veriﬁcar lo previsto en el artículo 14 de la Ley 141 de 1994 modiﬁcado por la Ley 1283 de 2009, los departamentos presentarán el reporte de la ejecución de los recursos de regalías y compensaciones en los municipios de su jurisdicción.

Las Corporaciones Autónomas Regionales deben suministrar trimestralmente y de forma consolidada la ejecución de ingresos y de gastos, así como la relación de inversiones ﬁnanciadas con recursos de regalías y compensaciones en el formato que para el efecto deﬁna el Departamento Nacional de Planeación, dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada trimestre.

Copia de los extractos bancarios de la cuenta recaudadora y giradora de los recursos de regalías y compensaciones de la vigencia ﬁscal anterior, así como de la certiﬁcación emitida por la entidad bancaria de los rendimientos ﬁnancieros generados en dicha vigencia, a más tardar el 15 de marzo de cada vigencia ﬁscal.

Las entidades beneﬁciarias, en forma trimestral, deben reportar a la Dirección de Regalías dentro de los siguientes quince ( 15) días calendario y a través del Formulario Único Territorial (FUT) en los términos y condiciones señalados en el artículo 2.6.4.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público, la información correspondiente a las inversiones de los excedentes de liquidez realizadas y/o aquellas que se encuentren vigentes con recursos de regalías y compensaciones, en el Formato deﬁnido para tal ﬁn en el mencionado formulario. En el evento en que en el período a reportar la entidad beneﬁciaria no hubiese realizado y no tenga vigentes tales inversiones, debe enviar comunicación suscrita por el representante legal a la Dirección de Vigilancia de las Regalías donde lo certiﬁque.

Las entidades beneﬁciarías que tienen recursos de regalías y compensaciones orientados a acuerdos de reestructuración de pasivos o programas de saneamiento ﬁscal y ﬁnanciero, deben reportar copia en medio físico y magnético, de los actos administrativos de autorización y reorientación de los recursos, así como copia del mencionado acuerdo o programa y del escenario ﬁnanciero, con sus respectivas modiﬁcaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a su suscripción o expedición.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades beneﬁciarias de los recursos de regalías y compensaciones o los terceros que estas contraten para la ejecución de los respectivos proyectos o administración de los recursos, deben suministrar a la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación o a quien ejerza la labor de interventoría administrativa y ﬁnanciera, la información general o particular que se considere necesaria, con sus respectivos soportes, para efectos de ejercer el control y vigilancia a los recursos de regalías y compensaciones. En estos eventos, la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación o quien ejerza la labor de interventoría administrativa y ﬁnanciera, establecerán en cada caso, el plazo y condiciones para la remisión de la información solicitada.

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.5. Suministro de información de los recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, del Fondo de Estabilización Petrolera (FAEP), de que trata el numeral 7 del artículo 13 la Ley 781 de 2002 y de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento. Para el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia de la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, del Fondo de Estabilización Petrolera (FAEP), de que trata el numeral 7 del artículo 13 la Ley 781 de 2002 y de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento, el Departamento Nacional de Planeación, podrá exigir en cualquier momento a las entidades beneﬁciarias o ejecutoras o a los terceros contratados por estas para ejecutar proyectos ﬁnanciados o coﬁnanciados con los recursos a que se reﬁere el presente artículo, toda aquella información general o particular que considere conveniente, con sus respectivos soportes, a efectos de realizar adecuadamente el control y vigilancia del manejo, utilización y ejecución de los recursos. Para estos efectos, el Departamento Nacional de Planeación podrá establecer mediante acto administrativo los términos y condiciones para la remisión de la información solicitada.

Las entidades territoriales deberán mantener sus libros, registros y demás documentos relacionados con el manejo, utilización y ejecución de los recursos a que se reﬁere el presente artículo a disposición de los visitadores, interventores, funcionarios o contratistas del Departamento Nacional de Planeación comisionados para tal ﬁn.

Para los mismos efectos, el responsable de la práctica de la visita de inspección o la interventoría administrativa y ﬁnanciera, deberán suministrar al Departamento Nacional de Planeación toda la información, documentación y pruebas que puedan contribuir al cumplimiento de sus funciones.

SECCIÓN 3

DEL TRÁMITE PREVENTIVO

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.1. Suspensión preventiva de giros y desembolsos. El Director de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, en desarrollo de la función de control y vigilancia que le corresponde y previa la solicitud de explicaciones del caso, ordenará a la entidad recaudadora y giradora, con carácter preventivo, la suspensión de giros o desembolsos a aquellas entidades territoriales o beneﬁciarias que se encuentren en los siguientes eventos:

No haber entregado, dentro de los plazos y condiciones establecidos en los artículos anteriores, la información que se debe remitir al Departamento Nacional de Planeación, para efectos del control y seguimiento en el uso de los recursos de que trata el presente decreto;

No haber ajustado los presupuestos a los criterios establecidos en los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994, modiﬁcados por la Ley 1283 de 2009, y en las demás normas que reglamenten el uso de estos recursos, cuando, una vez analizada la información por la Dirección de Vigilancia de las Regalías, se establezca que no se cumplen las distribuciones de ley, se solicite su ajuste y no se realice dentro de los dos meses siguientes a la comunicación;

Haber remitido o entregado de forma incompleta o errónea cualquier información que deba ser enviada por las entidades beneﬁciarias de regalías en desarrollo del control y vigilancia que ejerce el Departamento Nacional de Planeación;

No haber suministrado a los encargados de las visitas realizadas por el Departamento Nacional de Planeación, directamente o por intermedio de las interventorías administrativas y ﬁnancieras, la información o soportes requeridos por ellos, y en los términos establecidos en el presente decreto;

Utilizar o haber utilizado una cuenta bancaria para el manejo de los recursos de regalías y compensaciones, diferente a la autorizada por el Departamento Nacional de Planeación;

En cualquier tiempo, cuando del análisis de la información obtenida, debidamente documentada, se desprenda la existencia de inminente peligro de desviación de los recursos, o que la entidad objeto del proceso respectivo esté haciendo uso indebido, ineﬁciente o inadecuado de los mismos, hasta tanto se conjuren los hechos indicativos del peligro inminente; para sustentar la adopción de la medida, se podrá solicitar previamente de las entidades e instancias competentes la información y los conceptos necesarios.

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.2. Levantamiento de la suspensión preventiva. La suspensión preventiva de giros se mantendrá vigente hasta tanto la entidad afectada entregue o allegue la información faltante, o subsane la causal de suspensión preventiva.

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.3. Aplazamiento de apropiaciones. Cuando se suspenda el giro de las Regalías, el representante legal de las entidades beneﬁciarias de los recursos de regalías y compensaciones, deberá proceder a aplazar la ejecución de las apropiaciones ﬁnanciadas con los recursos cuyo giro fue suspendido, medida que deberá adoptarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de la suspensión. Se levantará el aplazamiento de las apropiaciones afectadas, una vez se subsane la causal que generó la aplicación de la medida preventiva o correctiva. La omisión del aplazamiento de las apropiaciones generará las consecuencias ﬁscales, disciplinarias, penales y civiles previstas en las normas vigentes. Igualmente no se podrán adelantar procesos contractuales con recursos de regalías hasta que sea levantada la medida de suspensión de giros;

Para efectos de la suspensión de giros, la medida de aplazamiento de las apropiaciones presupuestales no surtirá efectos para aquellas apropiaciones presupuestales que respalden compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actual o con cargo a las vigencias futuras, debidamente perfeccionados antes de la fecha de expedición del decreto de aplazamiento de las apropiaciones;

Igualmente, la medida de aplazamiento de las apropiaciones no surtirá efectos, para aquellas apropiaciones presupuestales que se encuentren amparando licitaciones, concursos o cualquier proceso de contratación, que se haya iniciado formalmente con anterioridad a la fecha de expedición del decreto de aplazamiento de las apropiaciones. En el evento en que estos procesos se declaren desiertos o por cualquier motivo no se perfeccionen los compromisos, la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada.

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.4. Levantamiento de la medida de suspensión correctiva del desembolso de los recursos de regalías y compensaciones. La suspensión correctiva del desembolso se levantará cuando la entidad beneﬁciaria haya superado la situación de ineﬁciente o inadecuada administración y ejecución de los recursos de regalías y compensaciones y la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación lo haya veriﬁcado.

Se entiende que la situación de ineﬁciente o inadecuada administración y ejecución de los recursos de regalías y compensaciones se ha superado cuando la entidad beneﬁciaria acredite de manera soportada ante la Dirección de Vigilancia de las Regalías, lo siguiente:

Que la distribución y destinación de los recursos de regalías y compensaciones contenida en el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso, así como la ejecución presupuestal, se encuentran ajustadas a las disposiciones de la Ley 141 de 1994, modiﬁcada por las Leyes 756 de 2002 y 1283 de 2009 y demás normatividad aplicable.

Que la relación de inversiones a ﬁnanciar en la vigencia en curso, con recursos de regalías y compensaciones, contiene los elementos señalados en el numeral 3 del artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto, y que los respectivos proyectos de inversión, se encuentran evaluados y viabilizados por la autoridad competente y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Que el plan de compras e interventoría técnica y supervisión adoptado por la entidad beneﬁciaria se encuentra articulado y es coherente con el presupuesto de rentas y gastos y con la relación de inversiones a ﬁnanciar en la vigencia en curso.

Que se ha restablecido la solidez administrativa, ﬁnanciera y la capacidad institucional de la entidad para ejecutar correctamente los recursos de regalías y compensaciones. Para veriﬁcar lo anterior, la Dirección de Vigilancia de las Regalías podrá consultar a las entidades competentes sobre la culminación satisfactoria de los acuerdos de reestructuración de pasivos y de los programas de saneamiento ﬁscal y ﬁnanciero, así como los resultados de las evaluaciones a la gestión de las entidades territoriales que realicen autoridades del orden nacional.

Que las inversiones de los excedentes de liquidez de recursos de regalías y compensaciones sin sujeción a la ley, hayan sido redimidas y que los recursos provenientes de las mismas se hubiesen reintegrado a la entidad y se hayan ajustado a la normativa vigente.

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.5. De los efectos de la suspensión de giros de regalías. Para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 121 de la Ley 1151 de 2007, cuando se suspenda el giro de las regalías, el representante legal de la entidad beneﬁciaria de los recursos de regalías y compensaciones, debe proceder a aplazar la ejecución de las apropiaciones ﬁnanciadas con esta fuente de recursos, medida que debe adoptarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de la suspensión y se mantendrá hasta que la misma sea levantada. La omisión del aplazamiento de las apropiaciones generará las consecuencias ﬁscales, disciplinarias, penales y civiles previstas en las normas vigentes.

La medida de aplazamiento de las apropiaciones presupuestales no surtirá efectos para aquellas apropiaciones presupuestales que respalden compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actual o con cargo a las vigencias futuras, debidamente perfeccionados antes de la fecha de expedición del decreto de aplazamiento de las apropiaciones. En el caso de los contratos de ﬁducia mercantil estructurados y celebrados’ en desarrollo de lo previsto en el artículo 118 de la Ley 1151 de 2007 en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1176 del mismo año, la celebración o adhesión al respectivo contrato implicará el compromiso de las apropiaciones y/o la utilización del cupo autorizado para asumir compromisos de vigencias futuras; que amparen los aportes que las entidades estatales se obligan a realizar en desarrollo de dichos contratos, y por ende, sobre tales recursos no operara el aplazamiento presupuesta! previsto en el presente artículo.

Igualmente la medida de aplazamiento de las apropiaciones no surtirá efectos, para aquellas apropiaciones presupuestales que se encuentren amparando licitaciones, concursos o cualquier proceso de contratación, que se haya iniciado formalmente con anterioridad a la fecha de expedición del acto administrativo de aplazamiento de apropiaciones. En el evento en que estos procesos se declaren desiertos o por cualquier motivo no se perfeccionen los compromisos, la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada.

En los eventos previstos en los incisos 2 y 3 del presente artículo, los recursos de regalías disponibles en la entidad beneﬁciaria podrán destinarse a realizar los pagos derivados de los compromisos adquiridos con anterioridad a la medida de suspensión o de los contratos celebrados como consecuencia de los procesos de selección en curso a! momento de decretarse el aplazamiento. Cuando los recursos disponibles sean insuﬁcientes para atender dichos compromisos, la entidad beneﬁciaria podrá solicitar en forma sustentada a la Dirección de Vigilancia de las Regalías el giro de los recursos necesarios para atender dichos compromisos, quien surtirá los trámites ante las entidades giradoras respectivas. El presente inciso aplicará también para los pagos ﬁnanciados con recursos de regalías que deban efectuarse por las entidades territoriales que hayan suscrito acuerdos de reestructuración de pasivos o procesos de saneamiento ﬁscal y ﬁnanciero en los términos de las Leyes 550 de 1999 y 617 de 2000, respectivamente o las normas que los adicionen, modiﬁquen o sustituyan.

La aplicación de las excepciones al aplazamiento de las apropiaciones y la posibilidad de giro de recursos de regalías para su ﬁnanciación se sujetará a las siguientes condiciones y requisitos:

El compromiso o el proceso de selección en curso no debe haber sido la causa de la suspensión preventiva o correctiva de los giros de regalías.

El Secretario de Hacienda o quien haga las veces y el Tesorero de la entidad beneﬁciaria deben certiﬁcar la inexistencia de recursos disponibles de regalías y compensaciones para atender los compromisos excepcionados del aplazamiento presupuestal.

La solicitud de giro para el cumplimiento de los compromisos excepcionados del aplazamiento presupuestal debe ser solicitada por el representante legal de la entidad beneﬁciaria, quien certiﬁcará que en su debida oportunidad se cumplieron los requisitos legales necesarios para la celebración de los compromisos o iniciación de los procesos de selección. El Departamento Nacional de Planeación veriﬁcará la observancia de estos requisitos, y podrá abstenerse de ordenar el respectivo giro, en el caso de no darse cumplimiento de estos.

En el caso de los contratos de ﬁducia mercantil a que se reﬁere el inciso segundo de este artículo, el ﬁduciario o vocero del respectivo Patrimonio Autónomo solicitará reanudar el giro directo adjuntando la documentación que acredite la existencia y vigencia del contrato de ﬁducia mercantil y los montos comprometidos por la entidad beneﬁciaria que deben ser girados, sin sujeción a los requisitos antes previstos.

PARÁGRAFO . Entre la fecha de la suspensión de giros y el decreto de aplazamiento, no se podrán expedir certiﬁcados de disponibilidad presupuestal ni iniciar ningún proceso de selección contractual con cargo a recursos de regalías y compensaciones.

SECCIÓN 4

DE LAS IRREGULARIDADES, LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECTIVOS

ARTÍCULO 2.2.3.1.4.1. Irregularidades en la administración y ejecución de las regalías y compensaciones de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento y de los Fondos de Córdoba y Sucre. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos precedentes, se considerarán irregularidades en la administración y ejecución de los recursos de que trata el presente artículo, las siguientes conductas:

Abstenerse sin justa causa de iniciar la fase de ejecución de los proyectos ﬁnanciados de que trata el presente artículo, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del primer desembolso. Igualmente mantener suspendidos injustiﬁcadamente dichos proyectos, por un período superior a seis (6) meses en los últimos 12 meses;

Retener saldos y rendimientos ﬁnancieros de los proyectos ﬁnanciados con recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación y los recursos de este, de que trata el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 781 de 2002, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.1.1. 7 y en el inciso 2 de artículo 2.2.3.1.1.8 del presente decreto;

Ejecutar recursos de regalías y compensaciones o asignaciones de recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, con destinación diferente a la permitida por la ley y autorizada por el Consejo Asesor de Regalías en el acto de aprobación de los recursos;

Invertir los excedentes de liquidez de las regalías y compensaciones en condiciones diferentes a las previstas en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003;

Ejecutar el presupuesto sin sujeción a los porcentajes de que tratan los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994, modiﬁcados por la Ley 1283 de 2009;

Cuando se veriﬁque ausencia de procedimientos de selección en la contratación, incumplimiento de procedimientos presupuestales o de contabilidad pública en la utilización de los recursos de regalías y compensaciones o de asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, sin perjuicio de que los incumplimientos a las mencionadas normatividades sean reportados o informados a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación;

Omitir el aplazamiento de las apropiaciones ﬁnanciadas con regalías y compensaciones, cuando se encuentren suspendidos preventivamente los giros;

Ejecutar las partidas del presupuesto ﬁnanciadas con regalías y compensaciones, cuando se encuentren suspendidos preventivamente los giros.

PARÁGRAFO . Los reportes de presuntas irregularidades o traslados de información que se realicen a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación, deberán estar soportados.

ARTÍCULO 2.2.3.1.4.2. Del procedimiento correctivo. Se deberá dar inicio al procedimiento correctivo cuando de la información recaudada, de oﬁcio o a través de petición o queja, se advierta la existencia de indicios respecto de la comisión de una o varias irregularidades a que se reﬁere el artículo precedente, excepto el numeral 6 del artículo 2.2.3.1.4.1 caso en el cual se deberá remitir únicamente a los entes de control.

Los procedimientos administrativos correctivos tendrán por ﬁnalidad la adopción de medidas correctivas por el incumplimiento de las normas sobre la utilización y la ejecución de los recursos de regalías y compensaciones, así como de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, y se adelantarán respetando el debido proceso con arreglo a los siguientes requisitos:

Acto administrativo de iniciación del procedimiento. El Departamento Nacional de Planeación a través de la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías conformará el expediente con los soportes respectivos y la orden de pruebas en caso de

En cualquier estado de la actuación, cuando del análisis de la información recaudada se determine que no existe mérito suﬁciente para iniciar o proseguir procedimiento administrativo correctivo, ya sea porque los hechos objeto de la investigación no constituyen irregularidad; porque no existen indicios sobre la comisión de la irregularidad; porque la entidad se ha ajustado a los criterios de ley; o porque los hechos investigados ya han sido objeto de actuación, se archivarán mediante auto las diligencias adelantadas hasta el momento y no se continuará con el impulso de la actuación.

Acto administrativo de formulación de cargos. Mediante el acto de formulación de cargos se señalarán de manera clara: la fecha de ocurrencia de los hechos, la actuación presuntamente irregular, los fundamentos de hecho y de derecho y los cargos que aparecen en contra de la entidad sujeto de la actuación.

Para presentar descargos la entidad territorial dispondrá de un plazo de veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente a la comunicación del auto de formulación de cargos.

Los descargos se deberán presentar mediante escrito en el cual la entidad beneﬁciaria de regalías y compensaciones o asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, podrá solicitar la práctica de las pruebas que estime conducentes, pertinentes y útiles, así como allegar aquellas que pretenda hacer valer en el procedimiento.

Decreto y práctica de pruebas. En un término de treinta (30) días hábiles, prorrogable hasta por quince (15) días hábiles más, el Departamento Nacional de Planeación decretará y practicará las pruebas solicitadas y las que considere necesarias, siempre que sean conducentes, pertinentes y útiles para el

Decisión. Terminado el período de práctica de pruebas, previo el informe ﬁnal de la actuación correctiva conforme al cual existe mérito para adoptar una medida correctiva, el Director de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, según sea el caso, procederá a adoptar, mediante acto administrativo motivado, la respectiva decisión, imponiendo la medida correctiva, contra la cual únicamente procede el recurso de reposición.

De la decisión de fondo debidamente ejecutoriada mediante la cual se imponga una medida correctiva, se compulsarán copias a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación, cuando lo amerite.

En los aspectos del procedimiento administrativo correctivo no contemplados en este decreto, se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o el Código Contencioso Administrativo, según corresponda, y en su defecto el Código General del Proceso o el de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones aquí señaladas.

PARÁGRAFO . La Contraloría General de la República, en desarrollo de las auditorías que se realizan para el ejercicio del control posterior y selectivo, podrá solicitar que se adelanten los trámites preventivos y correctivos del caso, previa la remisión de las pruebas que soporten el requerimiento de conformidad con las competencias del Departamento Nacional de Planeación.

SECCIÓN 5

MANEJO DE RECURSOS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 2.2.3.1.5.1. Del manejo de los recursos de regalías y compensaciones a los que se reﬁere el artículo 360 de la Constitución Política. Las entidades territoriales y demás beneﬁciarios que reciban recursos de regalías y compensaciones, deberán administrarlos en una cuenta separada y autorizada por el Departamento Nacional de Planeación.

Así mismo, cuando a la entidad territorial le corresponda el recaudo de las regalías, deberá hacerlo en una cuenta única y no hará unidad de caja con ningún recurso de la misma.

La cuenta bancaria debe abrirse en entidades ﬁnancieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, generar rendimientos ﬁnancieros y permitir la disposición de los recursos en cualquier momento. Los rendimientos ﬁnancieros que generen las regalías directas se deberán destinar a las mismas ﬁnalidades del recurso de origen.

La información relacionada con la apertura, cancelación o sustitución de la cuenta bancaria, el nombre de la entidad ﬁnanciera, las personas autorizadas para su manejo y demás información que se requiera, deberá ser remitida a la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, para que le sea informada a las entidades giradoras.

Las inversiones temporales de liquidez, deberán realizarse de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003. En todo caso dichas inversiones deberán estructurarse de tal forma que se garantice que los recursos estén disponibles al momento en que deban atenderse las obligaciones de pago asumidas por las entidades territoriales.

PARÁGRAFO . Para el caso de los proyectos de inversión prioritarios deﬁnidos en los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994, modiﬁcados por la Ley 1283 de 2009, que involucren operaciones de crédito público externo para su ﬁnanciamiento, las entidades beneﬁciarias de los recursos de regalías y compensaciones podrán mantenerlos en depósito por un término ﬁjo que no genere rendimientos ﬁnancieros, en las condiciones ﬁjadas por la autoridad cambiaria y monetaria respectiva.

ARTÍCULO 2.2.3.1.5.2. Administración de los recursos de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) de que trata el numeral 7 del artículo 13 la Ley 781 de 2002, de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento y de los Fondos de Córdoba y Sucre. Las entidades territoriales que reciban los recursos a que se reﬁere este artículo, deberán tener una sola cuenta bancaria o producto ﬁnanciero para cada proyecto de inversión a través de la cual se manejen en forma exclusiva los recursos, una vez sean girados por el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida dicho Departamento.

La información relacionada con la apertura, cancelación, o sustitución de la cuenta, el nombre de la entidad ﬁnanciera, la identiﬁcación de las personas autorizadas para su manejo y demás información que se requiera, deberá ser remitida previamente para aprobación de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación.

CAPÍTULO 2

ESCALONAMIENTO

REASIGNACIÓN DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES

ARTÍCULO 2.2.3.2.1. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a la reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento pactadas a favor de los departamentos no productores y municipios a que se reﬁere el artículo 54 de la Ley 141 de 1994, modiﬁcado por el artículo 40 de la Ley 756 de 2002.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2. Mecanismos de control para la correcta utilización de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento. El Departamento Nacional de Planeación – Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías aplicará los mecanismos de control para la correcta utilización de los recursos por reasignación y compensaciones pactadas a favor de las entidades territoriales beneﬁciarias establecidos en la Resolución 1067 de 2004 o en las normas que la modiﬁquen o adicionen.

ARTÍCULO 2.2.3.2.3. Interventorías administrativas y ﬁnancieras. El Departamento Nacional de Planeación con el objeto de controlar y vigilar la correcta utilización de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento, pactadas a favor de las entidades territoriales beneﬁciarias a que se reﬁere el artículo 54 de la Ley 141 de 1994, podrá disponer la contratación de interventorías ﬁnancieras y administrativas con entidades públicas o con ﬁrmas o entidades privadas, con cargo a las respectivas entidades territoriales. El valor de estos contratos no podrá superar el uno por ciento (1 %) de estos recursos de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 756 de 2002 por el cual se adiciona el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 141 de 1994.

CAPÍTULO 3

REGLAMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REASIGNACIÓN DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES – ESCALONAMIENTO

PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN

ARTÍCULO 2.2.3.3.1. Criterio para la deﬁnición de Departamento Productor de Carbón. Para efectos de la distribución de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón, pactadas a favor de los departamentos, de que trata el artículo 54 de la Ley 141 de 1994, modiﬁcado por el artículo 40 de la Ley 756 de 2002, un departamento productor es aquel en cuya jurisdicción existen explotaciones de dicho mineral, siempre y cuando sus ingresos por concepto de regalías y compensaciones, incluyendo las de sus municipios productores, sean iguales o superiores al tres por ciento (3%) del total de regalías y compensaciones que por explotación de Carbón se generen en el país durante cada año.

ARTÍCULO 2.2.3.3.2. Criterio para la deﬁnición de Municipio Productor de Carbón. Para efectos de la distribución de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón, pactadas a favor de los municipios, de que trata el artículo 55 de la Ley 141 de 1994, un municipio productor es aquel en cuya jurisdicción existan explotaciones de dicho mineral siempre y cuando sus ingresos por concepto de regalías y compensaciones sean iguales o superiores al tres (3%) por ciento del total de las regalías y compensaciones que por explotación de Carbón se generen en el Departamento durante cada año.

ARTÍCULO 2.2.3.3.3. Criterios para determinar la distribución de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón, entre departamentos no productores. Los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento, provenientes de la explotación de Carbón, que corresponden a los departamentos no productores que pertenezcan a la misma región de planiﬁcación económica y social de aquel cuya participación se reduce, se distribuirán equitativamente entre estos, de acuerdo con los siguientes criterios y porcentajes:

Afectación que se genere con motivo del transporte del mineral de Carbón por los entes territoriales: 60%

Indicadores de desarrollo departamental establecidos por el Departamento Nacional de Planeación: 40%

PARÁGRAFO . Para efectos de la aplicación del criterio señalado en el numeral 1 del presente artículo, se tendrá en cuenta el volumen transportado del Carbón y la longitud de las vías habilitadas para ello. El Departamento Nacional de Planeación solicitará al Servicio Geológico Colombiano y al Ministerio de Transporte la Información correspondiente.

ARTÍCULO 2.2.3.3.4. Distribución de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón, entre municipios no productores. Los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento, provenientes de la explotación de carbón que corresponden a los municipios no productores, se distribuirán de manera igualitaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 141 de 1994.

ARTÍCULO 2.2.3.3.5. lnterventorías administrativas y ﬁnancieras. El Departamento Nacional de Planeación con el objeto de controlar y vigilar la correcta utilización de los recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón, podrá disponer la contratación de interventorías ﬁnancieras y administrativas con entidades públicas o con ﬁrmas o entidades privadas, con cargo a las respectivas entidades territoriales. El valor de estos contratos no podrá superar el uno por ciento (1 %) de estos recursos de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 756 de 2002 por el cual se adiciona el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 141 e 1994.

ARTÍCULO 2.2.3.3.6. Distribución de saldos de recursos de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento, provenientes de la explotación de carbón, existentes en depósito en el Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación. La distribución de los recursos que por concepto de reasignación de regalías y compensaciones – escalonamiento provenientes de la explotación de Carbón se encuentren en depósito en el Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación a la fecha de expedición del presente decreto, se efectuará siguiendo los criterios e indicadores señalados en el presente capítulo.

CAPÍTULO 4

INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 2.2.3.4.1. Interventorías técnicas a las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación. Las entidades ejecutoras de proyectos ﬁnanciados con recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación podrán disponer hasta de un diez por ciento (10%) de estos recursos para contratar interventorías técnicas. En el proceso de viabilización de los proyectos de inversión, el órgano competente veriﬁcará que exista ﬁnanciación para la interventoría técnica.

PARÁGRAFO . En todo caso, si el valor de las interventorías técnicas es mayor al porcentaje antes indicado, la diferencia será ﬁnanciada con recursos propios de las entidades beneﬁciarias de las asignaciones.

ARTÍCULO 2.2.3.4.2. De las lnterventorías técnicas designadas por las Entidades Ejecutoras. Las entidades ejecutoras de proyectos de inversión ﬁnanciados o coﬁnanciados con regalías y compensaciones y con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación, deben contratar las interventorías técnicas de los contratos a través de las cuales ejecuten los respectivos proyectos con estricta sujeción a las disposiciones de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, teniendo en cuenta el objeto de los contratos sujetos a interventoría, y por ende, el conocimiento, experiencia, y formación necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de los interventores. En tales contratos se establecerá como obligación a cargo del interventor, el suministro de la información técnica, administrativa, ﬁnanciera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este, con la periodicidad y calidad determinada por dicho Departamento. El contenido de los informes de los interventores técnicos se debe ajustar a la naturaleza y complejidad de cada contrato objeto de interventoría.

PARÁGRAFO . El incumplimiento de los deberes previstos en el presente artículo a cargo de la entidad ejecutora, constituye causal de suspensión preventiva de giros y desembolsos en los términos del artículo 2.2.3.1.3.1 del presente decreto.

CAPÍTULO 5

MANEJO DE LOS RECURSOS DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 2.2.3.5.1. Recaudo, manejo y administración de recursos. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 756 de 2002 recaudará, manejará y administrará los recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación.

ARTÍCULO 2.2.3.5.2. Cuentas Corrientes. Los recursos de la Nación con destino al Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación para cuya ejecución se requiere trámite presupuestal se recaudarán en cuentas corrientes abiertas por la. Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuentas a través de las cuales los entes recaudadores transferirán los recursos al citado Fondo.

Los recursos que ingresan al Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación a título de depósito y para cuya ejecución no se requiere trámite presupuesta!, se recaudarán en cuentas corrientes abiertas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para los conceptos de escalonamientos, compensaciones, impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos y retenciones de regalías directas, mientras mantengan la calidad de depósito, así como los recursos que en el futuro adquieran las características descritas en el presente inciso.

En todo caso, la gestión de recaudo, registro, contabilización y control de los recursos a que hace referencia el presente artículo corresponderá al Departamento Nacional de Planeación.

PARÁGRAFO 1. Los entes recaudadores deberán informar con una antelación no menor a diez (10) días a la fecha de transferencia, el monto de los recursos y la fecha del traslado a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tratándose de los recursos a que se reﬁere el inciso primero del presente artículo y al Departamento Nacional de Planeación, para el caso de los recursos descritos en el inciso segundo del mencionado artículo.

En la misma fecha de la transferencia los entes recaudadores deberán remitir la documentación que sustente la operación al Departamento Nacional de Planeación.

PARÁGRAFO 2. Además de lo previsto en el parágrafo anterior, los entes recaudadores deberán informar de manera detallada al Departamento Nacional de Planeación a más tardar en la fecha de la transferencia, los conceptos de pago o el origen de los recaudos, el período al cual corresponden, la cantidad de recursos naturales no renovables explotados, el precio base utilizado para la liquidación de regalías y la tarifa aplicada en el caso del impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos.

ARTÍCULO 2.2.3.5.3.Giros a cuentas corrientes. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Créditos Público, efectuará los giros de los recursos de que trata el inciso primero del artículo 2.2.3.5.2 del presente decreto a las cuentas corrientes autorizadas al Departamento Nacional de Planeación por cada objeto de gasto, con sujeción a las políticas y procedimientos establecidos por la citada Dirección a los órganos ejecutores del Presupuesto Nacional.

ARTÍCULO 2.2.3.5.4. Excedentes de liquidez. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manejará los excedentes de liquidez derivados de los recursos de que trata el inciso primero del artículo 2.2.3.5.2 del presente decreto, en un portafolio independiente. Con dichos recursos la citada Dirección podrá realizar las inversiones y operaciones ﬁnancieras que le hayan sido autorizadas por las normas legales vigentes.

ARTÍCULO 2.2.3.5.5. Préstamo de excedentes de liquidez. El Departamento Nacional de Planeación deberá ofrecer a la Dirección General de Crédito Público, y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los excedentes derivados de los recursos descritos en el inciso segundo del artículo 2.2.3.5.2 del presente decreto, en calidad de préstamo transitorio, el cual deberá instrumentarse mediante pagaré. Sobre estos recursos la citada Dirección reconocerá intereses a la tasa equivalente a la variación porcentual anual del índice de precios al consumidor, certiﬁcada por el DANE para el año respectivo, determinado con base en la última información conocida en la fecha del préstamo. El plazo de dichos préstamos no podrá ser inferior a treinta (30) días corrientes.

Sobre las operaciones a que hace referencia el presente artículo, se reconocerán intereses a partir de la fecha de radicación en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del oﬁcio mediante el cual el Departamento Nacional de Planeación señale el plazo del préstamo transitorio de los recursos.

CAPÍTULO 6

CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ASIGNACIONES DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 2.2.3.6.1. Cierre de proyectos de inversión. Los proyectos de inversión ﬁnanciados con recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación o administrados por este que a la fecha de expedición del presente decreto, hayan sido ajustados en cumplimiento de lo previsto en el Capítulo 1, Título 3, Parte 2 Libro 2 del presente decreto y el Decreto 4972 de 2011, y cuya ejecución se hubiere normalizado por haberse superado al menos uno de los dos supuestos de que trata el inciso 1 del artículo 142 de la Ley 1530 de 2012, pueden continuar recibiendo el giro de recursos, hasta tres (3) meses antes de la fecha prevista para la terminación de la labor de control y vigilancia a la inversión de los recursos del citado Fondo, tal como lo señala el inciso 2 del artículo 142 de la Ley 1530 de 2012.

CAPÍTULO 7

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 2.2.3. 7.1. Pérdida de fuerza ejecutoria. Para efectos de la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación o en depósito en el mismo, a que se reﬁere el artículo 142 de la Ley 1530 de 2012, las entidades ejecutoras deben suministrar la información necesaria, dentro de los 60 días siguientes a la solicitud efectuada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Vencido dicho plazo, se procederá de conformidad con el parágrafo del citado artículo y el liquidador del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación expedirá el acto administrativo correspondiente, con base en la información disponible.

ARTÍCULO 2.2.3.7.2. Suspensión y terminación de los procedimientos administrativos correctivos. En desarrollo del principio de economía procesal establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, los procedimientos administrativos correctivos que cursen en el Departamento Nacional de Planeación relacionados con los proyectos que cumplan con las condiciones establecidas en los artículos 140 y 142 de la Ley 1530 de 2012, que se encuentren para decisión, se suspenderán respecto de tales proyectos y se decidirán con las resoluciones de cierre que expida el liquidador del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación en ejercicio de las facultades establecidas en el Decreto 4972 de 2011.

PARÁGRAFO . Cuando con ocasión de los informes de cierre de estos proyectos realizados por la interventoría administrativa y ﬁnanciera, se establezca la existencia de irregularidades en el uso de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación o en depósito en el mismo, las medidas por su ocurrencia se adoptarán en la resolución de cierre que expida el Liquidador del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación.

Todo lo anterior sin perjuicio de la obligación de reportar a órganos de control y/o Fiscalía General de la Nación, las presuntas irregularidades a que haya lugar.

ARTÍCULO 2.2.3.7.3. Costo-beneﬁcio de los procesos judiciales. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 1530 de 2012, respecto de la determinación de la relación costo-beneﬁcio, se podrán expedir los lineamientos correspondientes por la autoridad liquidadora del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación.

TÍTULO 4

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CAPÍTULO 1

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

SECCIÓN 1

INICIATIVAS A FINANCIARSE CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

SUBSECCIÓN 1

DESTINACIONES DE GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.1.1. Recursos del Sistema General de Regalías. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y la Ley 1530 de 2012, los recursos del Sistema General de Regalías sólo se podrán destinar al ﬁnanciamiento de las funciones y los órganos encargados de la ﬁscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación; el funcionamiento del Sistema General de Regalías; a la distribución entre los fondos y beneﬁciarios previamente deﬁnidos por la Constitución y la ley; y a las asignaciones para las entidades receptoras de asignaciones directas.

Los recursos correspondientes a los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Compensación Regional y de Desarrollo Regional y demás beneﬁciarios, se ejecutarán a través de la ﬁnanciación de proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, aprobados por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD).

Las asignaciones para las entidades receptoras de asignaciones directas serán administradas directamente por éstas y giradas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa certiﬁcación del recaudo de la respectiva regalía proferida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, según corresponda, y la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías entre los fondos y los diferentes beneﬁciarios que adelante el Departamento Nacional de Planeación. Dichos recursos se ejecutarán a través de la ﬁnanciación de proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de las entidades territoriales para el Sistema General de Regalías, aprobados por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión.

PARÁGRAFO . Las entidades receptoras de asignaciones directas del Sistema General de Regalías diferentes a las entidades territoriales, implementarán Bancos de Programas y Proyectos en los términos establecidos por el presente capítulo, y las metodologías e instructivos que para el efecto deﬁna el Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.1.2. Pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011. Para efecto de dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 144 de la ley 1530 de 2012, se entiende por compromisos asumidos a 31 de diciembre de 2011 los siguientes:

El pago de las obligaciones asumidas con el lleno de formalidades que el Estatuto Orgánico del Presupuesto

El servicio de la deuda derivado de operaciones de crédito amparadas con regalías directas y compensaciones.

Cumplimiento de acuerdos de reestructuración de pasivos o programas de saneamiento ﬁscal y ﬁnanciero amparados con regalías directas y compensaciones.

La identiﬁcación y pago de los compromisos asumidos a 31 de diciembre de 2011, se adelantará dando observancia a la prelación de créditos previamente establecida en el presente artículo. Cuando se haga necesaria la utilización de asignaciones directas o de los recursos provenientes de los Fondos de Desarrollo Regional y de Compensación Regional, no se requerirá de la formulación de proyectos de inversión, siendo el órgano colegiado de administración y decisión respectivo la instancia encargada de aprobar la destinación de recursos necesarios para el pago de dichos compromisos.

SUBSECCIÓN 2

DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.2.1. Banco de programas y proyectos de inversión del Sistema General de Regalías. El Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías constituye la herramienta para el registro y disposición de proyectos de inversión considerados como viables para su ﬁnanciamiento con cargo a los recursos de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y demás beneﬁciarios, con excepción de los proyectos de impacto local ﬁnanciables con cargo a los recursos a que se reﬁere el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, que para efectos del presente capítulo se asimilan a asignaciones directas.

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías a que se reﬁere el presente artículo será administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.2.2. Banco de programas y proyectos de inversión de las entidades territoriales para el Sistema General de Regalías. Los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión de las entidades territoriales para el Sistema General de Regalías constituyen la herramienta para el registro y disposición de proyectos de inversión considerados como viables para su ﬁnanciamiento con cargo a los recursos de asignaciones directas y los proyectos de impacto local ﬁnanciables con cargo a los recursos a que se reﬁere el numeral 2 del artículo 34 de la ley 1530 de 2012.

En cada entidad receptora de asignaciones directas o de recursos para el ﬁnanciamiento de proyectos de impacto local existirá un Banco de Programas y Proyectos de Inversión para Sistema General de Regalías que será administrado por las secretarías de planeación de cada entidad territorial o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.2.3. Integración de los bancos de programas y proyectos del Sistema General de Regalías. El Departamento Nacional de Planeación deﬁnirá la metodología e instructivos para la integración de la información entre los Bancos de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías.

Dicha integración permitirá el acceso a la información necesaria para el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías y para la Plataforma Integrada del Sistema General de Regalías.

PARÁGRAFO . Los proyectos registrados en los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión de las entidades territoriales para el Sistema General de Regalías deberán migrarse, por parte de las secretarías de planeación de las entidades territoriales, al Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema que administra el Departamento Nacional de Planeación.

SUBSECCIÓN 3

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.3.1. Proyectos de inversión pública. Para los efectos de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional, de Compensación Regional, demás beneﬁciarios y las asignaciones directas, los proyectos de inversión pública son aquellas iniciativas que contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el ﬁn de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.

Los proyectos de inversión se formularán con observancia de los lineamientos y las metodologías deﬁnidas por el Departamento Nacional de Planeación; y el cumplimiento de los lineamientos para las etapas de viabilización, aprobación y ejecución deﬁnidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Los proyectos deberán registrarse, para el caso de los Fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y beneﬁciarios, en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías que administra el Departamento Nacional de Planeación, y para el caso de las asignaciones directas y asimiladas, en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la respectiva entidad receptora de asignaciones directas o de recursos para el ﬁnanciamiento de proyectos de impacto local, administrado por la secretaría de planeación departamental o municipal respectiva o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.3.2. Fases de los proyectos de inversión. Atendiendo lo dispuesto por la Ley 1530 de 2012, los proyectos susceptibles de ﬁnanciamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, se identiﬁcarán por fases, así:

Fase 1 – Perﬁl: En este nivel debe recopilarse la información de origen secundario que aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneﬁciarios. Esta información es fundamental para preparar y evaluar las alternativas del proyecto y calcular sus costos y beneﬁcios de manera preliminar. Aquí también se analiza la viabilidad legal e institucional del proyecto. Con esta información, se eligen las alternativas que ameritan estudios más detallados o se toma la decisión de aplazar o descartar el proyecto.

Fase 2 – Prefactibilidad: En este nivel se evalúan las alternativas que fueron seleccionadas en la fase precedente. Se realizan estudios técnicos especializados de manera que al mejorar la calidad de la información reduzcan la incertidumbre para poder comparar las alternativas y decidir cuáles se descartan y cuál se selecciona. Estos estudios deben incluir al menos los efectos producidos por cambios en las variables relevantes del proyecto sobre el Valor Presente Neto (VPN) sobre cambios en los gastos de inversión y de operación del proyecto, y las estimaciones de la demanda y de la oferta.

Fase 3 – Factibilidad: Este nivel se orienta a deﬁnir detalladamente los aspectos técnicos de la solución planteada con el proyecto. Para ello se analiza minuciosamente la alternativa recomendada en la etapa anterior, prestándole particular atención al tamaño óptimo del proyecto, su momento de implementación o puesta en marcha, su estructura de ﬁnanciamiento, su organización administrativa, su cronograma y su plan de monitoreo.

PARÁGRAFO . Toda iniciativa que busque ser ﬁnanciada con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías deberá disponer como mínimo de la información que permita su identiﬁcación a nivel de perﬁl. Igualmente, cuando sea presentada en Fase 1 o Fase 2 deberá contener la estimación de los costos del proyecto en cada una de sus fases subsiguientes con el ﬁn de que sean ﬁnanciadas con cargo al citado proyecto. Los proyectos de inversión que cumplan con el nivel mínimo previamente deﬁnido, serán veriﬁcados, conceptuados, viabilizados, registrados, priorizados y aprobados según las normas dispuestas en el presente capítulo y los lineamientos que deﬁna la Comisión Rectora.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.3.3. Ciclo de los proyectos de inversión pública. El ciclo de los proyectos de inversión abarca tres etapas. La primera, correspondiente a la viabilización y registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión; la segunda, correspondiente a la priorización y aprobación; y la tercera etapa, correspondiente a la de ejecución, Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.

PARÁGRAFO . Salvo lo previsto en el inciso 4 del numeral 2 del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, los proyectos de impacto local ﬁnanciables con cargo a los recursos a que se reﬁere el citado artículo, se asimilarán a los proyectos de asignaciones directas, excepto en cuanto a los rendimientos ﬁnancieros, los cuales son del Sistema General de Regalías.

SUBSECCIÓN 4

ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.1. Etapa de viabilización y registro de proyectos de inversión pública. La etapa de viabilización y registro de proyectos de inversión pública se surte a través de la formulación de proyectos de inversión; presentación; veriﬁcación de requisitos; concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, ﬁnanciera y ambiental; viabilización; y registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión respectivo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.2. Formulación de proyectos de inversión pública. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, podrá siguiendo la metodología y lineamientos deﬁnidos por el Departamento Nacional de Planeación, al igual que los lineamientos y requisitos deﬁnidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, formular ante las secretarías de planeación de las entidades territoriales, iniciativas que se enmarquen dentro de la deﬁnición de proyecto contenida en el presente capítulo, a ser ﬁnanciadas con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.

Siguiendo la metodología, lineamientos y requisitos señalados en el inciso anterior, las comunidades indígenas formularán los proyectos de inversión ante sus representantes, mientras que, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, los formularán ante sus representantes elegidos únicamente y de manera autónoma por las Organizaciones de Base de Comunidades Negras o Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras, debidamente inscritas en el registro único del Ministerio del Interior. Los representantes de las comunidades indígenas, así como los representantes de Base de Comunidades Negras o Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras podrán presentarlos directamente ante la secretaria técnica del órgano colegiado de administración y decisión respectivo o ante la secretaria de planeación respectiva.

PARÁGRAFO . Para la estructuración de proyectos estratégicos en los términos del artículo 141 de la Ley 1753 de 2015, además de lo previsto en el presente artículo y los artículos 2.2.4.1.1.4.3, 2.2.4.1.1.5.5, 2.2.4.1.1.5.6 y 2.2.4.1.1.5.7 del presente decreto, se deberá atender lo dispuesto en la Sección 1 del Capítulo 3 del Título 6 del Libro 2 de la Parle 2 del presente decreto

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.3. Revisión y presentación. Formulada una iniciativa de proyecto ante la secretaría de planeación de la entidad territorial o ante los representantes de las comunidades indígenas, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá a dichas instancias respectivamente revisar que el proyecto de inversión se hubiese formulado siguiendo la metodología, lineamientos y requisitos para la viabilización deﬁnidos por el Departamento Nacional de Planeación y la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, y que el mismo cumple con las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto, y articulación con los planes y políticas nacionales, territoriales y étnicos, en los términos del artículo 23 de la Ley 1530 de 2012

Cuando el proyecto no cumpla con las metodologías, lineamientos y requisitos de viabilización a que se reﬁere el primer inciso del presente artículo, la secretaría de planeación de la respectiva entidad territorial, cuando le corresponda, lo devolverá dentro los cinco (5) días hábiles siguientes al formulador para ajustarlo y presentarlo a la secretaría de planeación, señalándole los ajustes que el proyecto requiere.

Devuelta una iniciativa de proyecto al formulador, éste dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la devolución del proyecto para ajustarlo y presentarlo a la secretaría de planeación respectiva.

Los representantes legales de las entidades territoriales o los representantes de las comunidades étnicas minoritarias de que trata el artículo 25 de la Ley 1530 de 2012 presentarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción* el respectivo proyecto a la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión competente

Las secretarías de planeación municipales podrán presentar los proyectos a ser ﬁnanciados con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación ante secretarías de planeación departamentales, quienes realizarán la revisión del proyecto y la presentación ante la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión de acuerdo con lo establecido en el inciso 1 del presente artículo, o directamente a Colciencias como secretaría técnica del órgano colegiado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley 1753 de 2015, el Gobierno Nacional, por conducto del Departamento Nacional de Planeación, podrá presentar ante los OCAD, proyectos de inversión de impacto regional) a los que se reﬁere el artículo 155 de la Ley 1530 de 2012, siempre que concurran distintas fuentes de ﬁnanciación públicas o privadas.

Estos proyectos serán presentados con el pleno cumplimiento de las características y requisitos previstos para los proyectos de inversión en la Ley 1530 de 2012 y sus normas reglamentarias o las normas que las modiﬁquen o sustituyan.

PARÁGRAFO 1º. Cuando el Gobierno Nacional presente proyectos ante el OCAD Regional lo hará a través de la Ventanilla Única del Sistema General de Regalías, adjuntando la carta de presentación suscrita por el Director General del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.4. Veriﬁcación de requisitos. Una vez recibido un proyecto de inversión por la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión ésta lo remitirá a la instancia encargada de adelantar la veriﬁcación de requisitos dentro de los cinco

(5) días hábiles siguientes a su recepción, observando las siguientes reglas:

Corresponde al Departamento Nacional de Planeación adelantar la veriﬁcación de los proyectos de inversión susceptibles de ﬁnanciamiento con cargo a los recursos de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional y demás beneﬁciarios.

Corresponde al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) adelantar la veriﬁcación de los proyectos de inversión susceptibles de ﬁnanciamiento con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación.

Corresponde a la secretaría de planeación de la entidad territorial receptora de asignaciones directas y asimiladas veriﬁcar los proyectos de inversión susceptibles de ﬁnanciamiento con cargo a dichos recursos.

Las instancias de veriﬁcación se encargarán de deﬁnir el adecuado diligenciamiento de la metodología de formulación de proyectos ﬁjada por el Departamento Nacional de Planeación y el cumplimiento de los lineamientos y requisitos deﬁnidos por la Comisión Rectora.

Las instancias de veriﬁcación dispondrán de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción del proyecto para determinar que el mismo dispone de la información requerida para adelantar su revisión. De observarse que en atención a los lineamientos para veriﬁcación proferidos por la Comisión Rectora se requiere información adicional, deberá comunicarlo a la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión para que a través de ésta se remita, a más tardar dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, la respectiva información.

PARÁGRAFO 1. Cuando corresponda a la misma secretaría de planeación de una entidad territorial ejercer la revisión y presentación del proyecto a que se reﬁere el artículo 2.2.4.1.1.4.3 del presente decreto, y ser instancia de veriﬁcación del proyecto según lo dispuesto por el presente artículo, podrá emitir el concepto de veriﬁcación desde el momento en que recibe el proyecto y cumpla con los requisitos.

PARÁGRAFO 2. Corresponde a la oﬁcina de planeación de la corporación autónoma regional receptora de recursos del Sistema General de Regalías o de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena veriﬁcar los proyectos de inversión susceptibles de ﬁnanciamiento con cargo a dichos recursos.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.5. Instancia competente para realizar la veriﬁcación de requisitos en proyectos coﬁnanciados. La veriﬁcación integral de requisitos de que trata el artículo 26 de la Ley 1530 de 2012 la realizará la instancia correspondiente de acuerdo con las siguientes reglas:

Cuando en un proyecto de inversión concurran recursos de asignaciones directas municipales o departamentales o de las corporaciones autónomas regionales o del 40% del Fondo de Compensación Regional (Especíﬁcas) o de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, le corresponderá únicamente a la secretaría de planeación de la entidad o quien haga sus veces, que aporte la mayor fuente de recursos, realizar la veriﬁcación integral de requisitos de todos los ﬁnanciadores del proyecto de que trata el artículo 26 de la Ley 1530 de 2012.

En el evento en que en un proyecto de inversión concurran varios aportes de recursos del Sistema General de Regalías en la misma proporción, le corresponderá realizar la veriﬁcación de requisitos a la instancia de veriﬁcación que primero conoció del proyecto de inversión.

Cuando en un proyecto de inversión concurran recursos del 60% del Fondo de Compensación Regional o del Fondo de Desarrollo Regional con aportes de asignaciones directas municipales y departamentales o de las corporaciones autónomas regionales, del 40% del Fondo de Compensación Regional – Especiﬁcas, o de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, le corresponderá únicamente al Departamento Nacional de Planeación, realizar la veriﬁcación integral de requisitos de todos los ﬁnanciadores del proyecto de que trata el artículo 26 de la Ley 1530 de 2012.

Los proyectos de inversión a ser ﬁnanciados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación independientemente de la participación de dicho Fondo en el valor total del proyecto de inversión, le corresponderá únicamente al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) realizar la veriﬁcación integral de requisitos de todos los ﬁnanciadores del proyecto de que trata el artículo 26 de la Ley 1530 de 2012.

PARÁGRAFO . La instancia competente deberá remitir el certiﬁcado de veriﬁcación de requisitos a las correspondientes secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión, con el objeto de que se continúe con la viabilización, priorización y aprobación, según corresponda

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.6. Concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, ﬁnanciera y ambiental. Dentro del término de cinco (5) días señalado en el artículo anterior, la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión, remitirá el proyecto de inversión al comité consultivo determinado por este para que emita su concepto sobre la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, ﬁnanciera y ambiental de los proyectos de inversión.

Tanto las instancias de veriﬁcación como los comités consultivos dispondrán de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de los proyectos para emitir sus respectivos conceptos y remitirlos al órgano colegiado de administración y decisión a través de la secretaria técnica.

Cumplido el término anterior sin que el comité consultivo se haya pronunciado, se entenderá surtido el mencionado requisito.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.7. Órgano colegiado de administración y decisión competente para la viabilización. La determinación del órgano colegiado de administración y decisión competente para la viabilización y ordenación de registro de proyectos se adelantará teniendo en cuenta las siguientes reglas:

La identiﬁcación geográﬁca del proyecto, deﬁnida por la entidad territorial o conjunto de entidades territoriales en donde se desarrollen actividades especíﬁcas de intervención en el proyecto de inversión;

Fuente con la cual busca ser ﬁnanciado el proyecto de inversión (Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, demás beneﬁciarios, asignaciones directas, entre otros).

Cuando un proyecto de inversión disponga de diversas fuentes de ﬁnanciamiento, prevalecerá la que ostente mayor preponderancia según el monto de cada una de ellas. En todo caso, los proyectos que requieran coﬁnanciación del Presupuesto General de la Nación serán viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.8. Viabilización de proyectos de inversión. Una vez recibido por parte de la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión el concepto de veriﬁcación de requisitos, esta instancia procederá a convocar a sus miembros e invitados, remitiendo los documentos soporte del proyecto con una antelación no inferior al término de citación para la respectiva sesión.

El concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, ﬁnanciera y ambiental emitido por el comité consultivo deberá estar a disposición o haberse cumplido el plazo para su emisión, previo a la sesión en la cual se determine la viabilidad del respectivo proyecto de inversión. Los términos de citación a la sesión del respectivo órgano colegiado de administración y decisión y del comité consultivo podrán correr en paralelo.

La viabilidad de los proyectos de inversión se deﬁnirá mediante la votación que adelante el órgano colegiado de administración y decisión según las reglas deﬁnidas para tal efecto por la Ley 1530 de 2012 y los reglamentos que regulan la materia.

PARÁGRAFO . Cuando la instancia viabilizadora requiera apoyarse en el dictamen de personas jurídicas públicas o privadas, o personas naturales con experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad, respecto de los asuntos pertinentes con los respectivos proyectos, a través de la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión se adelantarán las gestiones pertinentes para su obtención. Dicho pronunciamiento debe allegarse al menos un (1) día hábil antes del inicio de la sesión del OCAD.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.9. Registro de proyectos de inversión. Cuando el órgano colegiado de administración y decisión determine que un proyecto es viable, la respectiva secretaría técnica procederá a registrarlo en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.4.1.1.2.1 y 2.2.4.1.1.2.2 del presente decreto.

El proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas y Proyectos mantendrá dicha condición siempre y cuando sea priorizado y aprobado con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías en los tres (3) presupuestos bienales siguientes a su registro. En caso contrario, a través de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión se procederá a cancelar el registro del respectivo proyecto en el Banco de Programas y Proyectos.

ARTÍCULO 2,2.4.1.1.4.10. Viabilización y registro de proyectos de inversión por parte del Departamento Nacional de Planeación El Departamento Nacional de Planeación será la instancia viabilizadora de los proyectos de inversión que requieran coﬁnanciación con cargo al gasto de inversión del Presupuesto General de la Nación.

Cuando esta característica se evidencie, la secretaria técnica del órgano colegiado de administración y decisión debe remitirlo al citado departamento administrativo con los conceptos de veriﬁcación de requisitos: de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, ﬁnanciera y ambiental, o cuando se haya cumplido el plazo para su emisión. El Departamento Nacional de Planeación dispondrá de un término de siete (7) días hábiles para deﬁnir la viabilidad del proyecto y realizar su registro.

La viabilización de proyectos adelantada por el Departamento Nacional de Planeación se adelantará en los términos deﬁnidos por el Título 6, Parte 2, Libro 2 del presente decreto para la instancia de control posterior de viabilidad.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.11. Viabilización de proyectos por parte de los miembros del OCAD. Para el cumplimiento de la viabilidad a que se reﬁere el numeral 2 del artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, bastará que los miembros de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) constaten que se haya emitido el concepto de veriﬁcación de requisitos por las secretarías de planeación de las entidades territoriales o quienes hagan sus veces como secretarías técnicas de los OCAD en el caso de proyectos ﬁnanciados con cargo a asignaciones directas o el 40% del Fondo de Compensación Regional – Especíﬁcas.

El Departamento Nacional de Planeación realizará la veriﬁcación de requisitos para los proyectos a ﬁnanciarse con cargo al Fondo de Desarrollo Regional y el 60% del Fondo de Compensación Regional, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) realizará la veriﬁcación de requisitos para los proyectos a ser ﬁnanciados con cargo al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.12. Remisión de proyectos a las instancias formuladoras. Cuando las instancias encargadas de adelantar el estudio de viabilidad de los proyectos de inversión determinen que alguno de ellos no es viable, ordenarán a través de la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión, su remisión a la instancia formuladora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su decisión informando la misma.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.13. Ajustes a los proyectos de inversión. Con posterioridad a su registro, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modiﬁcaciones introducidas no cambien el objeto, ni alteren sustancialmente las actividades y el alcance del mismo. Para tales efectos, el Departamento Nacional de Planeación, mediante los manuales operativos y de funcionamiento de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión, deﬁnirá las reglas particulares sobre la procedencia de ajustes a proyectos de inversión y el ﬂujo aplicable a estos desde su registro y en la etapa de ejecución.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.14. Requerimientos para la ejecución de las fases de los proyectos. Los proyectos de inversión viabilizados y registrados en Fase 1 o 2 requerirán para la implementación de sus fases posteriores, el ajuste del proyecto para la fase respectiva. El proyecto de inversión ajustado deberá volver a aprobación por parte del órgano colegiado de administración y decisión, si implica modiﬁcaciones a los montos aprobados por el mismo inicialmente, o si solicita vigencias futuras. En todo caso, se deberá veriﬁcar los requisitos señalados para cada fase.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.4.15. Veriﬁcación de requisitos de proyectos de inversión que se presenten al OCAD Paz. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dispondrá hasta de quince (15) días hábiles, para emitir el concepto de veriﬁcación de requisitos respecto de los proyectos de inversión susceptibles de ser ﬁnanciados con recursos de la Asignación para la Paz, que vayan a ser deﬁnidos por el OCAD Paz y que sean producto de las convocatorias de que trata el artículo 2 del Decreto 413 de 2018.

De observarse que en atención a lo señalado por la Comisión Rectora del SGR se requiere información adicional, el DNP podrá solicitarla para adelantar la revisión del proyecto de inversión, para lo cual, la entidad que presentó el respectivo proyecto de inversión tendrá cuatro (4) días hábiles para remitir la respectiva información.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los proyectos· de inversión que fueron remitidos para veriﬁcación de requisitos producto de la primera convocatoria del OCAD Paz, antes de la entrada en vigencia de la presente disposición, y sobre los cuales se haya emitido concepto de veriﬁcación de no cumplimiento, para efectos de una nueva veriﬁcación, se someterán al término previsto en el presente artículo.

SUBSECCIÓN 5

ETAPA DE PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.5.1. Órgano colegiado de administración y decisión competente para la priorización y aprobación de

proyectos. Los proyectos de inversión previamente registrados en los Bancos de Programas y Proyectos según lo dispuesto por los artículos 2.2.4.1.1.2.1 y 2.2.4.1.1.2.2 del presente decreto, serán priorizados y aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión en el marco de sus respectivas competencias.

Cuando un proyecto de inversión busque ser ﬁnanciado con diversas asignaciones del Sistema General de Regalías, o con cargo a los cupos departamentales de entidades territoriales que integren diferentes regiones, el proyecto deberá priorizarse y aprobarse por cada uno de los órganos colegiados de administración y decisión.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.5.2. Priorización de proyectos para la programación del presupuesto del sistema general de regalías. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional informará al órgano colegiado de administración y decisión para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como a los órganos colegiados de administración y decisión para los Fondos de Desarrollo Regional y el 60% del Fondo de Compensación Regional, a través de sus secretarías técnicas, la cuota indicativa de cada departamento y el Distrito Capital por tipo de fondo, según el Plan de Recursos del Sistema.

Corresponde a los órganos colegiados de administración y decisión enunciados en el inciso anterior adelantar, la priorización de recursos para proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías hasta por el monto de la cuota indicativa informada.

Para adelantar dicha priorización, el Departamento Nacional de Planeación implementará herramientas de apoyo a los órganos colegiados de administración y decisión, a través de las cuales se desarrollen los criterios referenciados por el artículo 27 la Ley 1530 de 2012.

Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión remitirán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 21 de septiembre del año en el cual se programe el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías, la priorización de recursos y un documento técnico que contenga los principales aspectos, objetivos y metas que se esperan cumplir con dicha priorización, de conformidad con los lineamientos que para el efecto se deﬁnan, que serán incluidos en el anexo del proyecto de ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías a presentarse al Congreso de la República.

PARÁGRAFO . Las cuotas indicativas que sean informadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, serán entendidas como estimaciones para adelantar la priorización de los proyectos, por lo que en ningún caso constituyen el reconocimiento de un derecho a percibir un monto especiﬁco de recursos.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.5.3. Aprobación de proyectos. Corresponderá a los órganos colegiados de administración y decisión aprobar los proyectos a ser ejecutados según los criterios establecidos por la Ley 1530 de 2012, para lo cual tendrán como insumo el Plan Bienal de Caja y el cronograma de ﬂujos por ellos deﬁnido, la identiﬁcación de proyectos de inversión susceptibles de ﬁnanciamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías contenida en los documentos anexos del Presupuesto Bienal del Sistema y la aplicación de las herramientas de apoyo a la priorización de proyectos que diseñe el Departamento Nacional de Planeación.

Corresponderá a la secretaría técnica de cada órgano colegiado de administración y decisión controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y el Plan Bienal de Caja.

La priorización y aprobación de proyectos respetará en todo momento la forma como cada uno de ellos se encuentre registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías. Así, en caso de que la ejecución de la fase del proyecto evidencie la necesidad de disponer de recursos en posteriores periodos bienales, se requerirá, previo a su aprobación, de la autorización de vigencias futuras que permitan su plena ﬁnanciación y la efectiva aplicación del principio de la continuidad dispuesto en la Ley 1530 de 2012 y de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.4.1.2.2.11 del presente decreto.

PARÁGRAFO . Los proyectos de inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus ejecutores en una sola sesión del órgano colegiado de administración y decisión. Para ello, la secretaría técnica procederá a adelantar el registro en el respectivo Banco de Programas y Proyectos dentro de la misma sesión.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.5.4. Apoyo a la supervisión e interventoría contractual Para efectos de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y concordante con el principio de programación integral señalado en el artículo 64 de la Ley 1530 de 2012, las labores de apoyo a la supervisión e interventoría contractual harán parte de los componentes del proyecto y se contratarán con cargo al mismo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.5.5. Modiﬁcaciones a los proyectos de inversión. Los miembros del órgano colegiado de administración y decisión podrán solicitar, en la sesión, la realización de modiﬁcaciones respecto de las fuentes de ﬁnanciación del Sistema General de Regalías que sean de su competencia, sin modiﬁcar el valor total del proyecto de inversión. Dichas modiﬁcaciones deben ser consignadas en el acta y el acuerdo e incluirse en el Banco de Programas y Proyectos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición.

PARÁGRAFO . Las modiﬁcaciones antes señaladas no requerirán veriﬁcación de requisitos.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.5.6. Reinversión de los recursos reconocidos por el SGR por la estructuración de proyectos de inversión. En cumplimiento de lo previsto en el inciso ﬁnal del artículo 197 de la Ley 1753 de 2015, las entidades ﬁnancieras del orden nacional con participación estatal e instituciones de educación superior acreditadas institucionalmente deberán reinvertir el valor de los costos de estructuración reconocidos por los OCAD, sin incluir aquellos que corresponden a la contraprestación por el servicio prestado, según detalle de costos previsto en el numeral 2.1 del artículo 2.2.4.1.1.5.5 y de conformidad con las condiciones del mercado.

Cuando los costos de estructuración hayan sido ﬁnanciados con recursos canalizados a través de entidades ﬁnancieras del orden nacional en los términos del artículo 2.2.6.3.1.3 del presente decreto o par una institución de educación superior acreditada institucionalmente, la obligación de reinversión se cumplirá con la estructuración de nuevos proyectos para el Sistema General de Regalías, por parte de la entidad que recibe el reconocimiento, quien podrá ﬁnanciarla o coﬁnanciarla.

En el evento en que las recursos hayan sido canalizados a través de un fondo especializado para la estructuración integral de los proyectos a los que se reﬁere el artículo 141 de la Ley 1753 de 2015, la obligación de reinversión se podrá cumplir con la incorporación de los recursos reconocidos par el OCAD en el respectivo fondo para la estructuración de nuevos proyectos para el Sistema General de Regalías, sin incluir aquellos que corresponden a la contraprestación por el servicio prestado.

PARÁGRAFO . En cumplimiento de la obligación de reinversión prevista en el presente artículo, la entidad que reciba el reconocimiento debe iniciar la estructuración integral de un nuevo proyecto dentro del ario siguiente a la recepción del reconocimiento correspondiente.

Asimismo debe publicar en su página web, a más tardar el 31 de diciembre de cada ano, informes anuales que den cuenta de los recursos que ha reinvertido».

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.5.7. Cese de la obligación de reinversión de los recursos reconocidos por el SGR por la estructuración de proyectos de inversión. La obligación de reinversión de que trata el artículo 2.2.4.1.1.5.6 del presente decreto cesara:

Cuando por las estructuraciones efectuadas con los recursos reconocidos por los OCAD no se realice un nuevo reconocimiento de los costos en que incurrió la entidad ﬁnanciera del orden nacional con participación estatal o la institución de educación superior para realizarlas.

Cuando la entidad estructuradora renuncie o no pretenda el reembolso de los costos, siempre que haya reinvertido la totalidad de recursos que le fueron reconocidos por el SGR y entregue a las entidades territoriales previstas como beneﬁciarias los documentos que conforman la estructuración integral del proyecto con sus componentes técnico, ﬁnanciero, ambiental, social y legal, acompañada de lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 2.2.4.1.1.5.5 del presente decreto.

SUBSECCIÓN 6

ETAPA DE EJECUCIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.6.1. Requisitos previos al inicio de la ejecución de proyectos de inversión. La ejecución de un proyecto de inversión se adelantará por la entidad pública designada para tal ﬁn por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión.

Los proyectos de inversión aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión requerirán para su ejecución e inicio de procesos de contratación, el pleno cumplimiento de los lineamientos y requisitos deﬁnidos para tales efectos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. La certiﬁcación del cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la ejecución será responsabilidad de la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión que haya aprobado el mayor monto de recursos del SGR

Si a los seis (6) meses de la aprobación del proyecto el ejecutor no ha cumplido los requisitos previos al inicio de la ejecución y no cuenta con el respectivo certiﬁcado de cumplimiento expedido por la Secretaría Técnica, los recursos aprobados para el proyecto deben ser liberados.

Tratándose de proyectos de inversión presentados en fase III que como requisito previo al inicio de la ejecución requieran licencias deﬁnitivas y permisos, se podrá solicitar, antes del vencimiento, la prórroga de dicho plazo, hasta por seis (6) meses adicionales. Corresponde al órgano colegiado de administración y decisión que haya aprobado el mayor monto de recursos del SGR decidir sobre dicha solicitud

PARÁGRAFO . En los proyectos de inversión donde concurran recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional, de asignaciones directas o de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena, se contará el término de seis (6) meses a partir de la suscripción del último acuerdo de aprobación.

SUBSECCIÓN 7

DEL PAGO DE DEUDAS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO SUSCRITOS HASTA 31 DE MARZO DE 2011

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.7.1. Uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para atender deudas reconocidas por contratos del régimen subsidiado. Únicamente las entidades territoriales, que en el marco de los Decretos 1080 de 2012 y 58 de 2015, compilados en el Decreto 780 de 2016, hayan reconocido deudas por contratos de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 de 2011 con las entidades promotoras de salud (EPS), que administran o administraban el régimen subsidiado, podrán utilizar los recursos del SGR, en los siguientes casos:

Para el pago de la deuda reconocida no pagada a las entidades promotoras de salud, en virtud de lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado mediante el Decreto 780 de

Para restituir los recursos pendientes de pago al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), en el marco del artículo 5 de la Ley 1608 de

PARÁGRAFO . Una vez agotadas las fuentes señaladas por la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1608 de 2013 para el pago de las obligaciones de las que trata el presente artículo, las entidades territoriales podrán solicitar a los órganos colegiados de administración y decisión respectivos, aprobación para el uso de los recursos del SGR

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.7.2. Certiﬁcación del Ministerio de Salud y Protección Social de las obligaciones por deudas reconocidas de contratos del régimen subsidiado. A solicitud de las entidades territoriales, el Ministerio de Salud y Protección Social certiﬁcará:

La EPS, el período de causación de la obligación y el valor de la deuda reconocida por contratos del régimen subsidiado suscritos hasta marzo 31 de 2011, que no cuenten con fuente de ﬁnanciación.

El monto de los recursos pendientes por restituir que no tienen fuente de ﬁnanciación, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1608 de 2013.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.7.3. Pago de deudas reconocidas por contratos del régimen subsidiado aprobados por el OCAD. Para efecto de dar aplicación a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5 de la Ley 1797 de 2016, la entidad territorial debe presentar a la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) la siguiente documentación:

Solicitud de recursos suscrita por el representante legal de la entidad territorial, en la que se señalen, en orden de mayor antigüedad, las deudas por pagar identiﬁcando sus valores, conceptos, periodos y entidades promotoras de salud o sí corresponde a restitución de los recursos a la ADRES. —

Certiﬁcación del Ministerio de Salud y Protección Social de la que trata el artículo 2.4.1.1. 7 .2 del presente decreto con una vigencia no mayor a treinta (30) días.

Certiﬁcación suscrita por el representante legal de la entidad territorial en la que conste que los recursos de la participación de propósito general del Sistema General de Participaciones, así como otras fuentes de ﬁnanciación, no están respaldando la obligación solicitada.

PARÁGRAFO . En el evento en que el órgano colegiado de administración y decisión apruebe la solicitud de recursos de que trata el presente artículo, corresponde a la entidad territorial informar al Ministerio de Salud y Protección Social dicha decisión en un plazo no superior a quince (15) días hábiles.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.7.4. Pago con recursos del SGR de deudas reconocidas pendientes de pago suscritas hasta marzo 31 de 2011. Previo al pago con recursos del SGR de las deudas reconocidas por contratos del régimen subsidiado suscritos hasta marzo 31 de 2011, la entidad territorial debe informar a la EPS el monto de los recursos aprobados, con el ﬁn de que esta mediante una certiﬁcación, señale el valor y las instituciones prestadoras de servicios de salud a las que se les realizará el desembolso. Para lo anterior, la EPS debe priorizar las deudas de mayor antigüedad y certiﬁcar que dichas obligaciones no están siendo respaldadas con otra fuente de ﬁnanciación.

Una vez se cuente con la señalada certiﬁcación, la entidad territorial debe realizar el pago de conformidad con lo señalado en dicho documento.

PARÁGRAFO. En ningún caso el valor pagado con recursos del SGR podrá ser superior al valor aprobado por el OCAD.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.7.5. Pago con recursos del SGR para la restitución de los recursos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 1608 de 2013. El Ministerio de Salud y Protección Social deﬁnirá junto con la ADRES, el procedimiento para que las entidades territoriales realicen la restitución de los recursos de la operación a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 1608 de 2013.

El término para la deﬁnición del procedimiento será de dos (2) meses una vez entre en vigencia el presente acto administrativo.

SUBSECCIÓN 8

TECNOLOGÍAS EN SALUD NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.8.1. Destinación de recursos del SGR para la ﬁnanciación de proyectos de inversión para tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneﬁcios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Los departamentos podrán utilizar los recursos del SGR para la ﬁnanciación de proyectos de inversión que tengan por objeto la adquisición de tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneﬁcios en Salud con cargo a la UPC, suministrados a los aﬁliados del régimen subsidiado.

PARÁGRAFO 1. No se ﬁnanciarán las exclusiones contenidas en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, ni aquellas excluidas a través del procedimiento técnico – cientíﬁco participativo, deﬁnido en la Resolución 330 de 2017 o en las normas que la modiﬁquen o sustituyan.

PARÁGRAFO 2. Las tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneﬁcios en Salud, de que trata el presente artículo, corresponde a los medicamentos no cubiertos en el Plan de Beneﬁcios con cargo a la UPC. ·

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.8.2. Viabilización de proyectos de inversión que tengan por objeto la ﬁnanciación de tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneﬁcios en Salud con cargo a la UPC. Para la ﬁnanciación con los recursos del SGR de tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneﬁcios en Salud con cargo a la UPC de los aﬁliados al régimen subsidiado, se debe presentar el proyecto de inversión al respectivo OCAD, de conformidad con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el DNP, los cuales deben estar acordes con la normativa del SGR, y serán incorporados en el Acuerdo Único de la Comisión Rectora del SGR.

SUBSECCIÓN 9

CAPITALIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.9.1. Destinación de los recursos del SGR para la ﬁnanciación de proyectos de inversión que tengan por objeto la capitalización y saneamiento de las EPS en las cuales tenga participación las entidades territoriales. Las entidades territoriales podrán hacer uso de los recursos del SGR, por una única vez, para la ﬁnanciación de proyectos de inversión que tengan por objeto la capitalización y saneamiento de las entidades promotoras de salud en las cuales tengan participación.

PARÁGRAFO . Con el ﬁn de presentar ante el correspondiente OCAD el proyecto de inversión de que trata el presente artículo, la entidad territorial debe contar con la totalidad de los recursos que determine la Superintendencia Nacional de Salud para asegurar las condiciones ﬁnancieras y de solvencia de la entidad, deﬁnidas en los Decretos 2702 de 2014 y 2117 de 2016 compilados en el Decreto 780 de 2016 o en las normas que lo modiﬁquen o sustituyan.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.9.2. Viabilización para proyectos de inversión que tengan por objeto la capitalización y saneamiento de las EPS en las cuales tengan participación las entidades territoriales con recursos del SGR. Para la capitalización y saneamiento de las EPS en las cuales tengan participación las entidades territoriales con los recursos del SGR, se debe presentar el proyecto de inversión al respectivo órgano colegiado de administración y decisión, de conformidad con los lineamientos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el DNP, los cuales deben estar acorde con la normativa del SGR, y serán incorporados en el Acuerdo Único de la Comisión Rectora del SGR.»

Además de los requisitos señalados por la Comisión Rectora del SGR, se debe presentar el proyecto de inversión con los siguientes documentos:

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud para la capitalización y saneamiento de las EPS, el cual dará cuenta de los montos a invertir de acuerdo con los requerimientos para el cumplimiento de las condiciones de estabilidad ﬁnanciera y de solvencia deﬁnidas en la normativa vigente. Así mismo, dicho concepto certiﬁcará la presentación y suscripción de capitalización soportada en el modelo de atención en salud basado en gestión integral del riesgo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 429 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, o en las normas que la modiﬁquen o sustituyan.

Certiﬁcación suscrita por el representante legal de la entidad promotora de salud en la que se discrimine las instituciones prestadoras de salud y proveedores, los valores, concepto y periodo de las deudas, iniciando con las de mayor antigüedad, a las cuales se aplicará el pago de cartera con recursos provenientes de la capitalización.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.9.3. Pago de las deudas reconocidas para la capitalización y saneamiento de las entidades promotoras de servicios de salud en las cuales tengan participación las entidades territoriales con los recursos del SGR. El pago con recursos del SGR de las deudas reconocidas para la capitalización y saneamiento de las entidades promotoras de salud. en las cuales tengan participación las entidades territoriales, debe realizarse priorizando la red pública y las deudas de mayor antigüedad, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 2.2.4.1.1.9.2 del presente decreto.

SUBSECCIÓN 10

(Numeración corregida por el artículo 1. del Decreto 1367 del 31 de julio de 2019) (Adicionada por el artículo 1 del Decreto 1467 del 6 de agosto de 2018)

CONVOCATORIAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.10.1. Convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Se entiende por convocatoria pública, abierta y competitiva el proceso a través del cual la Secretaría Técnica del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fondo de CTel) realiza la invitación a través de la página web de Colciencias, a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), para que se conforme un listado de proyectos elegibles, que deberán ser presentados a consideración del OCAD para ser viabilizados, priorizados y aprobados, en cumplimiento de la normativa del Sistema General de Regalías (SGR).

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.10.2. Entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para efectos de la participación en la convocatoria, y la presentación y ejecución de proyectos ﬁnanciados con recursos del Fondo de CTel, hacen parte del SNCTI:

Las entidades que cuenten con reconocimiento vigente por parte de

Las entidades que han sido reconocidas por otros entes del Gobierno nacional, y cuyo reconocimiento ha sido homologado previamente por Colciencias para ﬁnes de ciencia, tecnología e innovación.

Las entidades públicas, territoriales y privadas que hayan realizado actividades de ciencia, tecnología e innovación y que, sin contar con un reconocimiento previo por parte de Colciencias, cumplen los criterios de idoneidad y trayectoria especíﬁcos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

PARÁGRAFO 1. Colciencias habilitará, a través de su portal Web, un servicio de consulta permanente donde se puedan identiﬁcar las entidades a las que se reﬁeren los literales a) y b) del presente artículo.

En todo caso, para efectos de la presentación del proyecto ‘de inversión a consideración del OCAD de CTel, Colciencias certiﬁcará que la entidad pertenece al SNCTI, identiﬁcando el literal por el cual la entidad hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

PARÁGRAFO 2. Las entidades a las que hace referencia el literal c) del presente artículo se entenderán como parte del SNCTI únicamente para efectos de la convocatoria especíﬁca en las que participen y para la ejecución del programa o proyecto que resulte seleccionado de dicha convocatoria.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.10.3. Alianzas. Se entiende por alianza el acuerdo entre entidades del SNCTI y de estas con otras entidades, siempre y cuando la alianza tenga como objetivo cooperar en función de sus capacidades y fortalezas para el logro del cumplimiento de los objetivos del proyecto a ser presentado en la convocatoria.

Por lo anterior. para la presentación a la convocatoria, las entidades deberán manifestar su voluntad de conformar la alianza e identiﬁcar la entidad que pertenece al SNCTI que presentará el proyecto de inversión a consideración del OCAD. Así mismo, se anexará el modelo de gobernanza concertado para la ejecución de los proyectos.

PARÁGRAFO . Se entiende como modelo de gobernanza al conjunto de condiciones que regularán la toma de decisiones y ejecución de actividades entre los miembros de la alianza. Dicho modelo debe ser presentado como anexo del proyecto de inversión e incluir: a) estructura de coordinación y cooperación interinstitucional para el logro de los resultados esperados; b) deﬁnición del modelo de operación formal de la alianza a nivel legal, administrativo, ﬁnanciero y de la propiedad intelectual; c) deﬁnición de los mecanismos de coordinación técnica para la toma de decisiones, y de seguimiento y control; d) mecanismo de gestión de adquisiciones y transferencias de bienes y servicios entre la entidad ejecutora y las otras entidades de la alianza.»

Los términos deberán contener como mínimo:

El objeto y las entidades del SNCTI a las que se dirige la

Los rangos de ﬁnanciación de las propuestas de proyectos de acuerdo con los recursos disponibles y el alcance de los retos que aborda la convocatoria.

Los criterios de selección para la conformación del listado de elegibles de proyectos y los puntajes asociados a cada uno de ellos, entre los que se evaluarán:

Idoneidad y trayectoria de la entidad responsable de la presentación y ejecución del proyecto y demás participantes y los miembros de la alianza cuando

Vinculación de actores locales en la conformación de alianzas para la ejecución de los proyectos cuando

Calidad técnico-cientíﬁca de los proyectos.

Contribución al desarrollo

Contribución a la creación y fortalecimiento de las correspondientes capacidades propias en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Transferencia de conocimiento y tecnología en el nivel regional y

Contribución de los resultados esperados de los proyectos al desarrollo y cumplimiento de metas locales, de acuerdo con los recursos del Fondo de CTel del SGR aportados por cada departamento.

Los demás que se consideren pertinentes de acuerdo con la tipología de

Mecanismo para la evaluación de las propuestas de proyectos por parte de

La caliﬁcación mínima que deben alcanzar las propuestas de proyectos para ser incluidas en el listado de elegibles.

Estimación del presupuesto de la interventoría o apoyo a la supervisión del

La documentación para la presentación de las propuestas de proyectos:

Carta de presentación suscrita por el representante legal de la entidad del

Carta de compromiso de participación suscrita por el (los) representante(s) legal(es) de la entidad(es) participantes en el caso de las alianzas.

Documento técnico del

Presupuesto según la tipología de

Las demás mencionadas en los términos de

Los demás que se consideren pertinentes según el tipo de

PARÁGRAFO . Los términos de referencia deben ﬁjar una fecha límite para que los proyectos cumplan con el trámite de veriﬁcación de requisitos, a ﬁn de que el OCAD pueda tomar decisiones sobre cada convocatoria.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.10.4. Propuestas elegibles. Las propuestas de proyectos que cuenten con la caliﬁcación igual o superior a la establecida en los términos de referencia se incorporarán al listado de elegibles de la respectiva convocatoria, el cual será publicado en la página web de la entidad.

Las propuestas de proyectos incluidas en la lista de elegibles, una vez cumplan con el trámite de veriﬁcación de requisitos del que trata la normativa del SGR dentro de los plazos establecidos en los términos de referencia de las convocatorias, deberán ser sometidas a consideración del OCAD.

PARÁGRAFO 1. Las propuestas de proyectos que contemplen alianzas para su ejecución y que se incluyan en dicho listado, deben formalizar su conformación antes de iniciar el trámite de veriﬁcación de requisitos.

PARÁGRAFO 2. La inclusión de propuestas de proyectos en el listado de elegibles no implica la obligatoriedad de su ﬁnanciación. En caso de no agotar los recursos disponibles para la respectiva convocatoria y existiendo propuestas de proyectos que no completaron el trámite de veriﬁcación de requisitos durante el plazo inicial, el OCAD podrá establecer un nuevo plazo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.10.5. Vigilancia de los proyectos de inversión. En los casos en que el ejecutor sea de naturaleza jurídica privada, Colciencias vigilará la correcta ejecución del proyecto en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con cargo a los recursos del proyecto. Por lo anterior, los términos de referencia de la convocatoria deﬁnirán los criterios para establecer el valor de dicho componente y se establecerá si procede realizar interventoría o supervisión, de conformidad con el objeto del proyecto de inversión.

El ejecutor deberá seguir las normas establecidas sobre la incorporación, ejecución y giro de recursos del SGR y suministrar toda la información que le sea requerida por Colciencias.

PARÁGRAFO . En los eventos en los cuales Colciencias ejerza la vigilancia de los proyectos de inversión ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada, debe realizar la incorporación, ejecución y giro de los recursos de conformidad con lo señalado en la Ley 1530 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 y utilizar el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR).

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.10.6. Requisitos Proyectos de CTel. Colciencias en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación propondrá a la Comisión Rectora del SGR, los requisitos generales y sectoriales para la viabilización de los proyectos que se presenten a consideración del OCAD del Fondo de CTel en marco de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.10.7. Régimen Transitorio. Los proyectos que se pretendan ﬁnanciar con recursos del Fondo de CTel del SGR, que a la fecha de expedición de la Ley 1923 de 2018, se encontraban registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP- SGR), podrán continuar con su trámite hasta el 31 de diciembre de 2019.

Los representantes legales de los departamentos y el Distrito Capital informarán a la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTel, los proyectos que se encuentran registrados en el SUIFP que continuarán con el trámite de priorización y aprobación, en los treinta (30) días hábiles siguientes a la expedición del presente Decreto.

Los Departamentos que deseen iniciar el proceso de convocatorias públicas, abiertas y competitivas antes de la publicación del primer Plan Bienal de Convocatorias deﬁnido en el presente decreto, deberán comunicarlo a la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel quien solicitará a los respectivos CODECTI la información de los retos y el porcentaje del saldo de recursos disponibles para la aprobación de proyectos que podrán ser invertidos en cada línea programática. Los CODECTI deberán remitir esta información a la Secretaría Técnica durante los treinta

(30) días hábiles siguientes a la solicitud.»

SUBSECCIÓN 11

PLANEACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS, ABIERTAS Y COMPETITIVAS

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.11.1. Retos del desarrollo regional Para efectos de la planeación de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti) deﬁnirán los retos del desarrollo regional, entendidos estos como las oportunidades más promisorias o los problemas más relevantes que se deben aprovechar o resolver.

La deﬁnición de los retos del desarrollo regional debe enmarcarse en los focos y líneas programáticas establecidas en el Manual de Clasiﬁcación de la Inversión Pública para el sector de ciencia, tecnología e innovación, priorizados en los Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación (PAED) vigentes y considerar los procesos de planeación local y regional, el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas públicas en materia de CTel, las agendas integradas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario (PECTIA) y demás planes o agendas sectoriales de CTel.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.11.2. Recomendaciones para la inversión. Los Codecti recomendarán al OCAD del Fondo de CTel para cada línea programática, el porcentaje del saldo de recursos disponibles para la aprobación de proyectos. Este porcentaje será indicativo para la estructuración del Plan Bienal de Convocatorias.

Así mismo, los departamentos y el Distrito Capital podrán solicitar a la secretaría técnica del OCAD de CTel la realización de convocatorias, para que sean incluidas dentro del Plan Bienal de Convocatorias, de conformidad con lo indicado en el parágrafo de artículo 2 de la Ley 1923 de 2018.

PARÁGRAFO 1. Esta información debe ser remitida a la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTel (Colciencias) a más tardar el 31 de enero del primer año de cada bienio presupuestal del SGR, o al mes siguiente de la suscripción o actualización del respectivo PAED.

PARÁGRAFO 2. De no ser remitida la información por parte del Codecti dentro del plazo señalado, corresponde a la Secretaría Técnica elaborar y presentar para aprobación del OCAD del Fondo de CTel los retos de desarrollo regional y el porcentaje del saldo de recursos disponibles para la aprobación de proyectos.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.11.3. Plan Bienal de Convocatorias. El Plan Bienal de Convocatorias es el instrumento a través del cual el OCAD del Fondo de CTel, a través de la Secretaría Técnica, dará a conocer, entre otros aspectos, el cronograma de las convocatorias, los montos de ﬁnanciación y los territorios de inﬂuencia de los proyectos, que se realizarán para responder a los retos del desarrollo regional que deben ser abordados desde la ciencia, la tecnología y la innovación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.11.4. Elaboración y aprobación del Plan Bienal de Convocatorias. La Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTel, con base en la información remitida por el Codecti, elaborará el Plan Bienal de Convocatorias el cual será presentado para aprobación del OCAD del Fondo de CTel a más tardar el 30 de marzo del primer año de cada bienio presupuestal del SGR.

PARÁGRAFO . La Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTel velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Bienal de Convocatorias. Por lo anterior, propondrá para aprobación del OCAD del Fondo de CTel los ajustes o actualizaciones necesarios y presentará informes periódicos al OCAD sobre el avance del mismo.»

SUBSECCIÓN 12

GENERALIDADES Y CONDICIONES DE LAS CONVOCATORIAS

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.12.1. Modalidades de las convocatorias. Las convocatorias públicas, abiertas y competitivas para proyectos a ser ﬁnanciados con recursos del Fondo de CTel podrán realizarse bajo las siguientes modalidades:

Convocatoria con corte único: La presentación a la convocatoria se realiza dentro de un plazo deﬁnido.

Convocatoria con cortes parciales: La presentación a la convocatoria se mantiene vigente hasta que los proyectos aprobados por el OCAD hayan agotado los recursos disponibles o cuando ﬁnalice el bienio respectivo. Los términos de referencia deﬁnirán las fechas en que se realizarán los cortes.

Los términos de referencia de cada convocatoria determinarán su modalidad.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.12.2. Realización de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas. La Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTel realizará la invitación a través de la página Web de Colciencias, a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) para la participación en la convocatoria pública, abierta y competitiva, y elaborará los términos de referencia de las mismas, atendiendo al Plan Bienal de Convocatorias el recaudo de recursos y las condiciones ·para las convocatorias propuestas por los departamentos y el Distrito Capital, y conformará el listado de proyectos elegibles.

La Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTel establecerá el procedimiento para la presentación de las propuestas a la convocatoria.

PARÁGRAFO . Las convocatorias podrán ser estructuradas para más de un departamento a partir de la planeación de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, consolidando retos aﬁnes y líneas programáticas comunes a dichos departamentos, así como los recursos informados por los Codecti.

En estos casos, la Secretaría Técnica debe establecer en los términos de referencia las directrices necesarias para que los resultados, beneﬁcios y efectos esperados, así como la contribución al cumplimiento de las metas y retos locales de los proyectos sean proporcionales a los recursos dispuestos por cada departamento y el impacto regional esperado.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.12.3. Términos de referencia. La Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTel estructurará y someterá a aprobación del OCAD, los términos de referencia de cada convocatoria donde se establecerán las condiciones objetivas de participación y criterios de selección para la conformación de la lista de proyectos elegibles.

Los términos deberán contener como mínimo:

El objeto y las entidades del SNCTI a las que se dirige la

Los rangos de ﬁnanciación de las propuestas de proyectos de acuerdo con los recursos disponibles y el alcance de los retos que aborda la convocatoria.

Los criterios de selección para la conformación del listado de elegibles de proyectos y los puntajes asociados a cada uno de ellos, entre los que se evaluarán:

Idoneidad y trayectoria de la entidad responsable de la presentación y ejecución del proyecto y demás participantes y los miembros de la alianza cuando

Vinculación de actores locales en la conformación de alianzas para la ejecución de los proyectos cuando

Calidad técnico-cientíﬁca de los proyectos.

Contribución al desarrollo

Contribución a la creación y fortalecimiento de las correspondientes capacidades propias en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Transferencia de conocimiento y tecnología en el nivel regional y

Contribución de los resultados esperados de los proyectos al desarrollo y cumplimiento de metas locales, de acuerdo con los recursos del Fondo de CTel del SGR aportados por cada departamento.

Los demás que se consideren pertinentes de acuerdo con la tipología de

Mecanismo para la evaluación de las propuestas de proyectos por parte de

La caliﬁcación mínima que deben alcanzar las propuestas de proyectos para ser incluidas en el listado de elegibles.

Estimación del presupuesto de la interventoría o apoyo a la supervisión del programa o

La documentación para la presentación de las propuestas de proyectos:

Carta de presentación suscrita por el representante legal de la entidad del

Carta de compromiso de participación suscrita por el (los) representante(s) legal(es) de la entidad(es) participantes en el caso de las alianzas.

Documento técnico del

Presupuesto según la tipología de

Las demás mencionadas en los términos de

Los demás que se consideren pertinentes según el tipo de

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.12.4. Propuestas elegibles. Las propuestas de proyectos que cuenten con la caliﬁcación igual o superior a la establecida en los términos de referencia se incorporarán al listado de elegibles de la respectiva convocatoria, el cual será publicado en la página web de la entidad.

PARÁGRAFO 1. Las propuestas de proyectos que contemplen alianzas para su ejecución y que se incluyan en dicho listado deben formalizar su conformación antes de iniciar el trámite de veriﬁcación de requisitos.

PARÁGRAFO 2. La inclusión de propuestas de proyectos en el listado de elegibles no implica la obligatoriedad de su ﬁnanciación. En caso de. no agotar los recursos disponibles para la respectiva convocatoria y existiendo propuestas de proyectos que no completaron el trámite de veriﬁcación de requisitos durante el plazo inicial, el OCAD podrá establecer un nuevo plazo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.12.5. Vigilancia de los proyectos de inversión. En los casos en que el ejecutor sea de naturaleza jurídica privada, Colciencias vigilará la correcta ejecución del proyecto en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con cargo a los recursos del proyecto. Por lo anterior, los términos de referencia de la convocatoria deﬁnirán los criterios para establecer el valor de dicho componente y se establecerá si procede realizar interventoría o supervisión, de conformidad con el objeto del proyecto de inversión.

El ejecutor deberá seguir las normas establecidas sobre la incorporación, ejecución y giro de recursos del SGR y suministrar toda la información que le sea requerida por Colciencias.

PARÁGRAFO . En los eventos en los cuales Colciencias ejerza la vigilancia de los proyectos de inversión ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada, debe realizar la incorporación, ejecución y giro de los recursos de conformidad con lo señalado en la Ley 1530 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, y utilizar el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR).»

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.12.6. Requisitos Proyectos de CTel. Colciencias en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación propondrá a la Comisión Rectora del SGR, los requisitos generales y sectoriales para la viabilización de los proyectos que se presenten a consideración del OCAD del Fondo de CTel en marco de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.12.7. Régimen Transitorio. Los proyectos que se pretendan ﬁnanciar con recursos del Fondo de CTel del SGR, que a la fecha de expedición de la Ley 1923 de 2018, se encontraban registrados en el ·Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), podrán continuar con su trámite hasta el 31 de diciembre de 2019.

Los Departamentos que deseen iniciar el proceso de convocatorias públicas, abiertas y competitivas antes de la publicación del primer plan bienal de convocatorias deﬁnido en el presente decreto, deberán comunicarlo a la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel quien solicitará a los respectivos CODECTI la información de los retos y el porcentaje del saldo de recursos disponibles para la aprobación de proyectos que podrán ser invertidos en cada línea programática. Los CODECTI deberán remitir esta información a la Secretaría Técnica durante los treinta (30) días hábiles siguientes a la solicitud.»

SUBSECCIÓN 13

PRIORIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PARA LA PAZ DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 119 Y 281 DE LA LEY 1955 DE 2019

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.13.1. Proyectos susceptibles de ﬁnanciación con cargo a los recursos de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías. Serán susceptibles de ﬁnanciación con los recursos de la asignación para la Paz y del 70% de los ingresos que por rendimientos ﬁnancieros que se generen en la cuenta única del Sistema General de Regalías, con la excepción de los generados por las asignaciones directas, durante los 20 años siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 04 de 2017: i) los proyectos de inversión viabilizados por el OCAD Paz previo a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019; y ii) aquellos que contemplen dentro su alcance el desarrollo de las iniciativas relacionadas en la Hoja de Ruta, cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones en las que se adelantarán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, relacionados en el artículo 3 del Decreto Ley 893 de 2017 o la norma que lo modiﬁque, sustituya o adicione.

Tratándose de proyectos de inversión que extiendan su localización a municipios que no forman parte de las subregiones PDET, deberán cumplir con los requisitos de impacto y pertinencia que deﬁnan de común acuerdo, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la República, Consejería Presidencial para las Regiones de la Presidencia de la República, Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, Oﬁcina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación – DNP.

PARÁGRAFO . A partir de la entrada en vigencia de esta subsección, sólo se podrán transferir en el SUIFP-SGR, proyectos cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET. Mientras se implementan los desarrollos tecnológicos para el efecto, los proyectos de inversión que sean remitidos para veriﬁcación de requisitos y que no cumplan con dicha condición, serán devueltos por la instancia veriﬁcadora sin ningún tipo de revisión.

PARÁGRAFO 1 TRANSITORIO. Los proyectos de inversión que, al momento de la entrada en vigencia de esta subsección, se encuentren transferidos en el SUIFP SGR con cargo a la Asignación para la Paz, podrán someterse a consideración del OCAD Paz siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados en los incisos primero y/o segundo de este artículo.

PARÁGRAFO 2 TRANSITORIO. Los proyectos viabilizados por el OCAD PAZ con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019 continuarán su trámite con cargo a los recursos a los que hace referencia el inciso primero del presente artículo, a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.13.2. Priorización de la Asignación para la Paz de acuerdo con los artículos 119 y 281 de la Ley 1955 de 2019. Atendiendo lo dispuesto en el artículo anterior, durante la vigencia de la Ley 1955 de 2019, el OCAD PAZ deberá priorizar los recursos de la Asignación para la Paz y del 70% de los ingresos que por rendimientos ﬁnancieros haya generado el SGR con la excepción de los generados por las asignaciones directas, para la ﬁnanciación de proyectos destinados a mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento básico; así como para el desarrollo de vías terciarias y para la generación y ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica.

Para el efecto, del presupuesto bienal del SGR para los periodos 2019-2020 y 2021- 2022, respectivamente, y con cargo a los recursos antes mencionados, el OCAD PAZ priorizará iniciativas hasta por la suma de uno punto cinco (1.5) billones de pesos para cada bienio, en la proporción señalada en el artículo 119 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de la ﬁnanciación de proyectos de inversión en otros sectores, como por ejemplo salud, educación, vivienda, vías secundarias, entre otros. Para ello, la Secretaría Técnica del OCAD PAZ llevará el control a que haya lugar.

En el evento en que se agoten los recursos priorizados por sector de conformidad con lo establecido en este artículo, se podrán ﬁnanciar proyectos de estos mismos sectores aplicando las reglas generales para la priorización de proyectos ﬁnanciados con la Asignación para la paz.

Los recursos restantes, correspondientes a las partidas del presupuesto bienal del SGR ﬁnanciadas con las fuentes indicadas en el inciso primero del presente artículo, se destinarán a la priorización de proyectos de inversión en otros sectores.

Los proyectos de inversión que busquen ﬁnanciación con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, correspondientes a los saldos no aprobados del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a 31 de diciembre de 2016; excedentes del ahorro pensional territorial y el 30% de los ingresos que por rendimientos ﬁnancieros haya generado el SGR; serán aprobados atendiendo a las destinaciones y criterios de priorización deﬁnidos en el Acto Legislativo No. 04 de 2017.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.13.3. Deﬁnición de montos para la aprobación de proyectos de inversión por subregiones PDET. El OCAD Paz podrá adelantar un ejercicio de deﬁnición de montos de recursos en las 16 subregiones PDET, teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) Hectáreas de cultivos ilícitos, tomando en cuenta la reducción de cultivos y la producción del último año para el que se cuente con cifras fuente SIMCI;

Índice de incidencia del conﬂicto – deﬁnido por el DNP que se encuentre disponible;

Medición de desempeño municipal – deﬁnido por el DNP y que se encuentre disponible; iv) Índice de Pobreza Multidimensional – deﬁnido por el DANE.

La aprobación de proyectos de inversión atenderá a los montos de recursos que deﬁna el OCAD Paz para cada subregión, los cuales podrán ajustarse por dicho órgano en cualquier momento, propendiendo por la asignación de recursos a los proyectos que cumplan con los requisitos de veriﬁcación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.13.4. Priorización de proyectos. Las entidades territoriales potenciales beneﬁciarias de los recursos de la asignación para la Paz y del 70% de los ingresos que por rendimientos ﬁnancieros que se generen en la cuenta única del Sistema General de Regalías con la excepción de los generados por las asignaciones directas, se priorizarán teniendo en cuenta: i) el puntaje obtenido con la medición de criterios de priorización territorial de que trata el artículo 3º del Decreto Ley 413 de 2018, o la norma que lo modiﬁque, sustituya o derogue y ii) el puntaje obtenido en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes que para el efecto deﬁna el Departamento Nacional de Planeación -DNP.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.13.5. Aprobación de proyectos de inversión previstos en la Hoja de Ruta Única. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación con el apoyo del DNP coordinará el ejercicio de construcción de la Hoja de Ruta Única, la cual será adoptada mediante acto administrativo que expida la Agencia para la Renovación del Territorio ART, el cual se publicará en los términos del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y adicionalmente en la página WEB de dicha Agencia.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única, corresponderá a la ART certiﬁcar la concordancia de· los proyectos que se sometan a consideración del OCAD PAZ con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional-PATR; lo cual constituirá requisito de viabilización de estos proyectos.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.13.6. Instructivos para la presentación y viabilización de proyectos en el OCAD Paz. El OCAD Paz podrá, mediante acuerdo, establecer instructivos para la presentación de proyectos de inversión con cargo a los recursos de que trata el inciso primero del artículo 2.2.4.1. 1.13.4 de este decreto, incluyendo la operatividad para la viabilización, priorización y aprobación de dichos proyectos.

SUBSECCIÓN 14

OBRAS POR REGALÍAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.1. Ámbito de Aplicación. Lo dispuesto en la presente subsección aplica para la formulación, presentación y ejecución de proyectos de inversión a ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías para el desarrollo de las entidades territoriales, por la(s) persona(s) jurídica(s) que realicen actividades de explotación de recursos naturales no renovables, que hayan obtenido ingresos brutos superiores a 33.610 Unidades de Valor Tributario (UVT), durante la vigencia ﬁscal anterior.

Los proyectos de inversión aprobados a través de esta modalidad serán ﬁnanciados con recursos de la(s) persona(s) jurídica(s) que desarrolle(n) actividades de explotación de recursos naturales no renovables, las cuales deberán acreditar su entrega a satisfacción para el reconocimiento del pago de regalías en los términos a los que se reﬁere la presente subsección. Estos proyectos serán ejecutados en las entidades territoriales beneﬁciarias de los recursos de asignaciones directas y sólo se realizará el reconocimiento del pago de regalías con cargo a esta fuente.

PARÁGRAFO 1. Entiéndase por vigencia ﬁscal el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel en que se opta por la ﬁnanciación de proyectos de inversión bajo la modalidad de pago obras por regalías.

Para certiﬁcar los ingresos brutos superiores a 33.610 UVT bastará la declaración de renta de la vigencia ﬁscal del año inmediatamente anterior. Si para el momento en el que se opta por la modalidad de obras por regalías, la persona jurídica aún no ha presentado la declaración de renta correspondiente, será necesaria la entrega de un certiﬁcado ﬁrmado por el revisor ﬁscal o quien haga sus veces, que acredite el cumplimiento del requisito referido.

PARÁGRAFO 2. Se podrán presentar proyectos de inversión a ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías, entre dos o más personas jurídicas que exploten recursos naturales no renovables, siempre que cada uno cumpla con lo señalado en la presente subsección y se surta el proceso de acuerdo con la entidad territorial beneﬁciaria.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.2. Proyectos ﬁnanciables a través de obras por regalías para el desarrollo de las entidades territoriales. Los proyectos de inversión susceptibles de ser ﬁnanciados bajo la modalidad obras por regalías para el desarrollo de las entidades territoriales beneﬁciarias de asignaciones directas, deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades territoriales y ser formulados, estructurados y presentados de conformidad con lo señalado en la normativa del Sistema General de Regalías, en lo pertinente.

Se priorizará la ﬁnanciación bajo esta modalidad de aquellos proyectos de inversión que tengan por objeto la construcción de infraestructura en servicios públicos, vías terciarias, proyectos agrícolas y proyectos productivos en el sector urbano y rural, que cumplan con las características dispuestas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, para lo cual el Departamento Nacional de Planeación (DNP), determinará la metodología para la asignación de puntajes adicionales de estos proyectos.

PARÁGRAFO 1. Podrán ﬁnanciarse proyectos de inversión bajo la modalidad de obras por regalías, siempre y cuando se viabilicen y registren en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, para lo cual deberá seguir el proceso de aprobación ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) correspondiente, en cumplimiento de las normas del Sistema General de Regalías. En cualquier caso, podrán ﬁnanciarse proyectos ya viabilizados y registrados en el banco del que trata este parágrafo.

Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) determinará e implementará los ajustes al Sistema Uniﬁcado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP requeridos, dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente subsección. De igual manera, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desarrollará e implementará los ajustes correspondientes al Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR.

PARÁGRAFO 2. Los proyectos a los que se reﬁere la presente subsección no pueden hacer parte de aquellos que: (i) por mandato legal la(s) persona(s) jurídica(s) está(n) obligada(s) a realizar; (ii) los contemplados en sentencias judiciales; (iii) los relacionados con los pagos de compensaciones ambientales; y (iv) aquellos que tengan relación de causalidad con la actividad generadora de la renta.

PARÁGRAFO 3. En el caso de aquellos municipios productores que formen parte de los enlistados en el Decreto Ley 893 de 2017, se podrán ﬁnanciar mediante el mecanismo de obras por regalías, proyectos de inversión que estén alineados con las iniciativas contenidas en los Planes de Acción para la Transformación Regional de las 16 subzonas PDET.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.3. Selección de los proyectos a ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías para el desarrollo de las entidades territoriales. La entidad territorial beneﬁciaria de asignaciones directas publicará en su página web un listado de proyectos de inversión que podrán ser seleccionados por la(s) persona(s) jurídica(s), para ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías.

Corresponde a la(s) persona(s) jurídica(s) que desarrollen actividades de explotación de recursos naturales no renovables que cumplan con las condiciones señaladas en el artículo 2.2.4.1.1.14.1. del presente Decreto, establecer si optan por el desarrollo de uno de los proyectos publicados o si presentan a consideración de la entidad territorial una propuesta de proyecto.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.4. Acuerdo sobre los proyectos a ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías para el desarrollo de las entidades territoriales. Las entidades territoriales y la(s) persona(s) jurídica(s) interesada(s) en optar por la modalidad de pago de obras por regalías deberán llegar a un acuerdo en relación con el proyecto de inversión a ﬁnanciarse, el cual debe quedar consignado en un documento. El Ministerio de Minas y Energía determinará el contenido mínimo de este, el cual debe ser suscrito por el(los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s) y el representante legal de la entidad territorial. Las partes podrán acordar términos y condiciones adicionales, de conformidad con la Ley 1942 de 2018, el presente Decreto y las demás normas que lo modiﬁquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.5. Estructuración de Proyectos para ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías para el desarrollo de las entidades territoriales. Los proyectos de inversión para ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías deben ser formulados, estructurados y presentados de conformidad con lo señalado en la normativa del Sistema General de Regalías.

Los gastos administrativos y ﬁduciarios no harán parte del valor del proyecto, ni contarán como pago de las regalías. Dichos costos serán asumidos por la(s) persona(s) jurídica(s).

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.6. Presentación y aprobación del proyecto ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión. Los proyectos de inversión a ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías deben ser presentados por el representante legal de la entidad territorial ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) respectivo, para su viabilidad, priorización y aprobación, previo cumplimiento de los requisitos, de conformidad con la normativa del Sistema General de Regalías y los lineamientos deﬁnidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Adicionalmente se presentará:

Documento de acuerdo del proyecto de inversión.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, según corresponda, emitirá proyección de los pagos de regalías a cargo de la(s) persona(s) jurídica(s) por concepto de asignaciones directas a favor de la entidad territorial beneﬁciaria.

Cronograma de pagos de regalías que la(s) persona(s) jurídica(s) cruzará(n) con la entrega de la obra acordada, que no podrá ser superior a la proyección de pagos anteriormente

PARÁGRAFO 1. Para la presentación del proyecto ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) respectivo, el representante legal de la entidad territorial podrá invitar al(los) representante(s) de la(s) persona(s) jurídica(s).

PARÁGRAFO 2. Cuando la(s) persona(s) jurídica(s) requiera(n) un ajuste al proyecto de inversión deberá(n) realizar el procedimiento conforme con lo establecido en la normativa del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.7. Cupo de afectación. Para la aprobación del proyecto, se tendrá en cuenta el artículo 97 de la Ley 1530 de 2012 o la norma que lo modiﬁque o sustituya, cuando aplique.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.8. Incorporación presupuestal. Una vez aprobado el proyecto por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), de conformidad con la programación del proyecto y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior cuando aplique, la entidad territorial lo incorporará sin situación de fondos en su presupuesto, en el capítulo presupuestal independiente.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.9. Constitución de la ﬁducia. Una vez aprobado el proyecto de inversión por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), la(s) persona(s) jurídica(s) constituirá(n) dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes una ﬁducia mercantil irrevocable con destino exclusivo al desarrollo del proyecto aprobado, en la que se determine como beneﬁciario a la entidad territorial.

Esta ﬁducia será la responsable de realizar los pagos derivados de la ejecución del proyecto, previa aprobación de la interventoría.

La contratación que adelante la ﬁducia atenderá criterios objetivos de selección, así como los principios de pluralidad de oferentes y libertad de concurrencia.

Para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente artículo, se entiende por:

1 Fideicomitente: Es la(s) persona(s) jurídica(s) que explota(n) los recursos naturales no renovables, que opta(n) por la modalidad de pago de obras por regalías.

Beneﬁciario de la ﬁducia: Es la entidad territorial beneﬁciaria.

Destinatario de pago de la ﬁducia: Son aquellas personas naturales o jurídicas destinatarias de los pagos por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del proyecto.

Rendimientos ﬁnancieros: Corresponde al valor que pueda generarse por la inversión de los recursos depositados, que realice la ﬁduciaria, los cuales podrán ser reinvertidos en el proyecto y son propiedad de la(s) persona(s) jurídica(s), teniendo en cuenta que siguen la suerte de lo principal.

Saldos: el resultado obtenido de la diferencia entre los recursos depositados en la ﬁduciaria y lo ejecutado y son propiedad de la(s) persona(s) jurídica(s), teniendo en cuenta que siguen la suerte de lo principal.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.10. Depósito en la ﬁducia mercantil y pagos al Sistema General de Regalías. La(s) persona(s) jurídica(s) deberá(n) depositar en la ﬁducia el valor que corresponda al proyecto aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) bajo la modalidad de obras por regalías.

El depósito al que se reﬁere el inciso anterior se realizará atendiendo el plan de pagos acordado entre la ﬁduciaria y la(s) persona(s) jurídica(s), en concordancia con las necesidades ﬁnancieras del proyecto y garantizando los recursos para el pago total de la interventoría.

Sin perjuicio de lo anterior, la(s) persona(s) jurídica(s) continuará(n) efectuando los pagos al Sistema General de Regalías que le correspondan por concepto de regalías, sin descontar los depósitos efectuados a la ﬁducia, durante los períodos que transcurran en la ejecución del proyecto, hasta la entrega efectiva y recibo del mismo por parte de la entidad territorial en los términos del artículo 2.2.6.4.3 del Decreto 1073 de 2015.

PARÁGRAFO. La Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, según corresponda, informará al Departamento Nacional de Planeación (DlIP) en la determinación mensual de las asignaciones directas, el monto por beneﬁciario que será provisto para ser ejecutado bajo la modalidad de obras por regalías, a efectos de adelantar la identiﬁcación y comunicación en la instrucción de abono a cuenta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.11. Manejo separado de los recursos depositados en la ﬁducia. Los recursos provenientes de diferentes aportantes o fuentes de ﬁnanciación se manejarán en cuentas y contabilidad separadas al interior de la ﬁducia mercantil.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.12. Contratos derivados. La(s) persona(s) jurídica(s), emitirá(n) los lineamientos técnicos para la selección del contratista que ejecutará el proyecto de inversión.

Los contratos que deba suscribir la ﬁduciaria para la ejecución del proyecto, así como los bienes y servicios que incorpore serán valorados y realizados a precios de mercado y no vincularán a las entidades territoriales beneﬁciarias.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.13. Garantías. La entidad ﬁduciaria debe solicitar la constitución de garantías que amparen el cumplimiento de cada uno de los riesgos y contratos derivados, en particular las garantías a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la Sección 3, Capítulo 2, Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. La(s) persona(s) jurídica(s) remitirá(n) copia de las pólizas constituidas a la entidad territorial.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.14. Permisos y licencias. Los trámites de licencias, permisos y certiﬁcaciones estarán a cargo de la(s) persona(s) jurídica(s). No obstante, la entidad territorial deberá priorizar los trámites que sean de su competencia, en aras de garantizar oportunidad en los mismos.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.15. Ejecución del proyecto. La(s) persona(s) jurídica(s) asumirá(n) a su cuenta y riesgo la ejecución del proyecto seleccionado a través de la modalidad obras por regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.16. Inicio de ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto iniciará con la suscripción del acta de inicio correspondiente, previa presentación de las licencias deﬁnitivas y permisos previstos en la normativa vigente y aplicable, si a ellas hubiere lugar.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.17. Incumplimiento en la ejecución del proyecto. Si el proyecto no se ejecuta en las condiciones aprobadas por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), no habrá lugar al reconocimiento pactado.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.18. Cesión del proyecto. Los proyectos a los que se reﬁere la presente subsección podrán ser cedidos a otra(s) persona(s) jurídica(s), siempre y cuando esté(n) obligada(s) al pago de regalías en la misma entidad territorial y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2. 2.4.1.1.14.1. del presente Decreto, previa aprobación de la interventoría, del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y de la entidad territorial beneﬁciaria, la cual deberá constar en un documento de modiﬁcación al acuerdo.

El cedente y cesionario deberán remitir una comunicación a la Agencia Nacional de Hidrocarburos o a la Agencia Nacional de Minería, según corresponda, donde informen:

Nombre de la(s) persona(s) jurídica(s) cesionaria(s) y Número(s) de Identiﬁcación

Nombre del proyecto, código BPIN del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías con su correspondiente MGA y valor total del

Tratándose de coﬁnanciación entre personas jurídicas, el monto y porcentaje de los aportes de recursos al proyecto de inversión.

Período de regalías que se pretende pagar con el valor de asignaciones directas aportado para la ejecución del

La proyección de pagos de regalías a cargo del cesionario emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, según

De la misma manera deberán remitir los siguientes documentos:

Acta de aprobación de la Junta Directiva de la(s) persona(s) jurídica(s) cesionaría(s) o del (los) representante(s) legal(es) según corresponda, o quien haga sus veces, de optar por esta modalidad de pago.

Copia del documento de modiﬁcación del acuerdo suscrito entre la entidad territorial y la(s) persona(s) jurídica(s) cesionaria(s).

Copia del acuerdo de la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) en la que conste la aprobación del proyecto y de la respectiva cesión.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.19. Responsabilidad de la entidad territorial. La entidad territorial beneﬁciaria no será responsable directa, solidaria ni subsidiaria por el incumplimiento de lo pactado entre la(s) persona(s) jurídica(s), la ﬁducia y los contratistas.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.20. Sistema Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías. Una vez recibido el proyecto de inversión a satisfacción por la entidad territorial, este podrá ser objeto del componente de evaluación, así como de reparte a las Órganos de Control y de la Fiscalía General de la Nación por el componente de control, si ello fuera pertinente.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.21. interventoría en los proyectos de pago de regalías en la modalidad de obras por regalías. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Pública y el Ministerio de Minas y Energía, determinarán la entidad del arden nacional que emitirá los lineamientos técnicos para la contratación de la interventoría, según el tipo de proyecta, para la cual, mediante acto administrativo deﬁnirán la metodología para la correspondiente selección.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.22. Contratación de la interventoría en los proyectos de pago de Regalías en la modalidad de obras por regalías. La contratación de la interventoría se realizará par parte de la ﬁduciaria de la que trata el artículo 2.2.4.1.1.14.9 de este Decreto y con carga a los recursos del proyecto.

La(s) persona(s) jurídica(s) informarán a la entidad del orden nacional encargada de seleccionar la interventoría, la ﬁduciaria contratada para la entrega de los lineamientos técnicos que deben tenerse en cuenta en el proceso de selección.

La ﬁduciaria y la(s) persona(s) jurídica(s) presentarán para su aprobación, ante la entidad del arden nacional encargada de seleccionar la interventoría, la propuesta de condiciones generales y requisitos del proceso de selección del contrato de interventoría. La entidad del orden nacional encargada de la selección, tendrá diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la propuesta, para emitir concepto o solicitar modiﬁcaciones a aclaraciones, lo cual deberá ser informado a la ﬁduciaria y a la(s) persona(s) jurídica(s).

En casa de requerirse modiﬁcaciones a aclaraciones, la ﬁduciaria y la(s) persona(s) jurídica(s) deberán remitir a la entidad del orden nacional encargada la propuesta ajustada dentro de los siguientes diez (10) días hábiles a la recepción del concepto de la entidad. A partir del recibo de las subsanaciones, la entidad tendrá diez (10) días hábiles para emitir concepto de aprobación de la propuesta, o para requerir nuevos ajustes.

Los plazos dispuestos se mantendrán hasta la emisión del concepto de aprobación.

La ﬁduciaria deberá dar inicio al proceso de selección de la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del concepto de aprobación de la propuesta de condiciones generales y requisitos.

La entidad del orden nacional encargada, dará visto bueno a los informes de este, previo al desembolso de los pagos pactados.

ARTÍCULO 2.2.4.1.1.14.23. Aplicación de las normas del Sistema General de Regalías. Todo lo relacionado con la formulación, presentación y ejecución de proyectos de inversión a ser ﬁnanciados bajo la modalidad de obras por regalías para el desarrollo de las entidades territoriales que no esté reglamentado mediante disposiciones especiales en esta subsección, debe remitirse a las normas generales del Sistema General de Regalías, en lo que sea aplicable.

SECCIÓN 2

DEL RÉGIMEN PRESUPUESTAL

SUBSECCIÓN 1

DEL PLAN DE RECURSOS, EL PRESUPUESTO BIENAL Y LA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.1. Plan de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Política Macroeconómica, elaborará el Plan de Recursos del Sistema General de Regalías, el cual contendrá una proyección de las fuentes de ﬁnanciamiento a diez años, discriminada por cada uno de los ingresos, según lo dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.

Para lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía o las entidades delegadas, enviarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, las proyecciones de ingresos del Sistema General de Regalías para los próximos 1 O años y los supuestos utilizados para su elaboración, a más tardar el diez (10) de julio del año en el cual se programe el presupuesto bienal del sistema.

Dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pondrán a disposición del Departamento Nacional de Planeación la información que éste requiera para adelantar la distribución de los recursos del sistema entre fondos y beneﬁciarios.

A partir de la anterior información, y a más tardar el quince (15) de julio del año en el cual se programe el presupuesto bienal del sistema, el Departamento Nacional de Planeación calculará e informará al Ministerio de Minas y Energía el monto y porcentaje de asignaciones directas a distribuir entre los beneﬁciarios.

Con base en lo comunicado por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Minas y Energía o las entidades delegadas enviarán al Departamento Nacional de Planeación la determinación de las asignaciones directas entre beneﬁciarios para cada año del Plan de Recursos, a más tardar el veintiuno (21) de julio del año en el cual se programe el presupuesto bienal del sistema.

En concordancia con la información comunicada según lo dispuesto por los anteriores incisos, a más tardar el primero (1) de agosto del año en el cual se programe el presupuesto bienal del sistema, el Departamento Nacional de Planeación calculará e informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución de los recursos entre fondos y beneﬁciarios del sistema.

Los diferentes órganos del sistema deben suministrar la información que la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público requiera para la elaboración del mencionado plan.

Con fundamento en la anterior información provista por los órganos del sistema, la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público elaborará el documento técnico del Plan de Recursos y lo remitirá a la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías a más tardar el ocho (8) de agosto del año en el cual se programe el presupuesto bienal del Sistema, el cual servirá como insumo para la emisión del concepto de que trata el artículo 82 de la Ley 1530 de 2012.

El Plan de Recursos remitido podrá ser ajustado para su presentación como anexo al proyecto de ley de presupuesto a radicarse en el Congreso de la República.

PARÁGRAFO . En el evento en que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dentro del plazo deﬁnido en el presente artículo, no disponga de la información de proyecciones de las variables solicitadas, el Departamento Nacional de Planeación, con el ﬁn de garantizar la elaboración del Plan de Recursos, podrá usar proyecciones de dichas variables que éste elabore, las cuales serán utilizadas exclusivamente para garantizar la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.2. Variables para la distribución y ejecución entre fondos y beneﬁciarios. Las variables utilizadas para la distribución del plan de recursos entre fondos y beneﬁciarios, se mantendrán durante la ejecución del respectivo presupuesto bienal del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.3. Elaboración del proyecto de presupuesto del Sistema General de Regalías. En concordancia con el Plan de Recursos y la priorización de proyectos para la programación del presupuesto del Sistema General de Regalías adelantada por los órganos colegiados de administración y decisión regionales y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, elaborará el proyecto de Presupuesto del Sistema General de Regalías.

El proyecto a que hace referencia el inciso anterior será presentado a la Comisión Rectora a más tardar el veinticinco (25) de septiembre del año en que se esté programando el presupuesto bienal del Sistema, quien emitirá concepto del mismo, antes de la presentación al Congreso de la República. Con posterioridad a la emisión de concepto por parte de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, adelantará los ajustes pertinentes en los términos de las normas que regulan la elaboración del presupuesto del sistema.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.4. Ajustes al anexo de proyectos del proyecto de presupuesto del sistema general de regalías. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 88 de la Ley 1530 de 2012, el otorgamiento de aval por el Ministro de Hacienda y Crédito Público para ajustar el anexo en el cual se detallan los proyectos de inversión para las asignaciones a los fondos y beneﬁciarios del proyecto de ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías, durante el trámite del mismo en el Congreso de la República, se adelantará adicionando los proyectos contenidos en éste.

El otorgamiento de dicho aval, no podrá modiﬁcar los proyectos priorizados por los órganos colegiados de administración y decisión, y deberá corresponder a proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.5. Elaboración de los anexos para la ley de presupuesto bienal del sistema general de regalías. Previo a la sanción de la Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, elaborará los anexos deﬁnitivos que contendrán el detalle señalado en la Ley 1530 de 2012 para cada uno de los capítulos del presupuesto del sistema. Para tal efecto, tomará como base los anexos presentados con el proyecto de ley de presupuesto e incorporará las modiﬁcaciones que se hayan aprobado por el Congreso de la República durante su trámite.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.6. Cierre del presupuesto bienal del Sistema General de Regalías. A la terminación de cada presupuesto bienal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará el cierre del presupuesto que termina, que consistirá en la determinación de los montos ﬁnales de los recursos recaudados por el sistema y los pagos efectivos realizados, de conformidad con la distribución que la ley determina.

En dicho cierre se determinarán los saldos de recursos apropiados y no comprometidos, de recursos comprometidos y no pagados, y de recursos obligados y no pagados con cargo a la cuenta única del Sistema General de Regalías o a las asignaciones previamente adelantadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con el cierre adelantado, el Gobierno Nacional, mediante decreto, adelantará los ajustes al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el siguiente bienio, deﬁniendo un ajuste en los ingresos y gastos del mismo, e identiﬁcando las apropiaciones con las que se atenderán giros pendientes de realización.

Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión deﬁnirán los giros pendientes de realizarse a los ejecutores de los proyectos y lo informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con el Plan Bienal de Caja autorizado, dicho ministerio efectúe el cierre del presupuesto de que trata el presente artículo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.7. Rendimientos ﬁnancieros de la cuenta única del sistema general de regalías. Los rendimientos ﬁnancieros que generen los recursos del Sistema General de Regalías en la cuenta única, son propiedad del sistema y serán incorporados al presupuesto del sistema en la vigencia siguiente a aquella que les dio origen, conforme a la distribución establecida para los recursos del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.8. Plan bienal de caja del presupuesto del Sistema General de Regalías. El Plan Bienal de Caja constituye la herramienta a través de la cual se determinan los ﬂujos de recursos del Presupuesto del Sistema General de Regalías.

El Plan Bienal de Caja será informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a los órganos que conforman el sistema y a los órganos colegiados de administración y decisión dentro de los veinte (20) primeros días hábiles de cada bienio y cada vez que éste sea ajustado.

Para tal efecto, el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada realizará e informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, y al Departamento Nacional de Planeación, en los diez (10) primeros días hábiles del último mes del año en aquel que se programe el presupuesto del sistema y de conformidad con las apropiaciones deﬁnidas para el mismo, la estimación mensual del recaudo de la bienalidad siguiente y el cálculo de la determinación mensual de asignaciones directas entre los beneﬁciarios de éstas.

De conformidad con lo informado por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada, el Departamento Nacional de Planeación comunicará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, las asignaciones mensuales por fondos y beneﬁciarios, en los quince (15) primeros días hábiles del último mes del año en que se programe presupuesto del sistema. La estimación mensual del recaudo y las asignaciones mensuales integrarán el Plan Bienal de Caja.

Para efectos de que el Plan Bienal de Caja contenga los insumos necesarios y se constituya en una herramienta de apoyo para los órganos del sistema y los órganos colegiados de administración y decisión, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá solicitar información adicional al Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada y al Departamento Nacional de Planeación en el ámbito de sus competencias.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.9. Cronograma de ﬂujos. En concordancia con el Plan Bienal de Caja comunicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cada órgano colegiado de administración y decisión deberá manejar su cronograma de ﬂujos, con base en el cual establecerá los giros para cada uno de los proyectos que aprueba.

La priorización de giros entre los proyectos de inversión será deﬁnida por el órgano colegiado de administración y decisión, previa propuesta de la secretaría técnica respectiva.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1.10. Información para estimar las tasas de crecimiento total anuales de los ingresos del Sistema General de Regalías. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 361 de la Constitución Política, para efectos de estimar las tasas anuales de crecimiento del total de los ingresos del Sistema General de Regalías (SGR) y únicamente para la distribución del Plan de Recursos, el Departamento Nacional de Planeación usará la siguiente información:

El total de los ingresos comunicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Departamento Nacional de Planeación para las Instrucciones de Abono a Cuenta, de los recursos trasferidos a la cuenta única del sistema en el año 2014, por los conceptos de distribución señalados en los artículos 20 y 154 de la Ley 1530 de 2012, descontando de las asignaciones directas los recursos de que trata el inciso segundo del parágrafo 3º transitorio del artículo 361 de la Constitución Política.

El total de los ingresos corrientes anuales comunicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Departamento Nacional de Planeación para las Instrucciones de Abono a Cuenta, de los recursos trasferidos a la cuenta única del sistema para los años posteriores al 2014.

Las proyecciones de ingresos del SGR del segundo semestre del último año del presupuesto bienal en ejecución, las cuales deben ser enviadas por el Ministerio de Minas y Energía, o las entidades delegadas, al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el diez (10) de julio del año en el cual se programe el presupuesto bienal del

En concordancia con la información a que se reﬁeren los numerales 1, 2, 3 del presente artículo, el Departamento Nacional de Planeación estimará las tasas de crecimiento total anuales de los ingresos del SGR, y adelantará el procedimiento previsto en el artículo 2.2.4.1.2.1.1. del presente decreto.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de la distribución entre fondos y beneﬁciarios del Plan de Recursos 2017-2026 del SGR, el Ministerio de Minas y Energía enviará la información a más tardar el veintidós (22) de septiembre de 2016 y el Departamento Nacional de Planeación enviará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución del Plan de Recursos, a más tardar el veintitrés (23) de septiembre de 2016

SUBSECCIÓN 2

DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.1. Información del recaudo y transferencia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, según el recurso natural de que se trate, comunicarán, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de cada mes, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, el recaudo efectivo de regalías adelantado en el mes inmediatamente anterior, y el valor transferido por este concepto a la cuenta única del Sistema General de Regalías.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público veriﬁcará e informará al Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería, el valor efectivamente transferido a la cuenta única del Sistema General de Regalías a más tardar un día hábil después del plazo señalado en el inciso anterior.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería informarán al Departamento Nacional de Planeación la determinación de las asignaciones directas entre los beneﬁciarios de éstas, una vez recibida la comunicación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a efectos de proceder con la distribución de los recursos entre los diferentes fondos y beneﬁciarios.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.2. Instrucción de abono a cuenta. Con fundamento en la información comunicada por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada a que hace referencia el artículo anterior, y según lo dispuesto por el artículo 2.2.4.1.2.1.8 del presente decreto, el Departamento Nacional de Planeación adelantará la Instrucción de Abono a Cuenta de los recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos deﬁnidos por la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.3. Asignaciones y giro primer nivel. Dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo, previa Instrucción de Abono a Cuenta adelantada por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, adelantará la asignación para los Fondos de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y de Ciencia Tecnología e Innovación, entendida como el registro contable por entidad beneﬁciaria.

Dentro del mismo plazo, y hasta por el monto de las apropiaciones incorporadas en el Presupuesto del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará el giro de los recursos a los órganos del Sistema General de Regalías, a los beneﬁciarios de asignaciones directas, a los municipios beneﬁciarios del 40% del Fondo de Compensación Regional – Especíﬁcas, al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

Los giros a los ejecutores de proyectos con cargo a los recursos de los Fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, del 60% de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, se adelantarán hasta por el monto de las apropiaciones incorporadas en el Presupuesto del Sistema General de Regalías, conforme con el Plan Bienal de Caja del Sistema General de Regalías, con base en la disponibilidad de los recursos recaudados y de acuerdo con el cronograma de ﬂujos de que trata el artículo 2.2.4.1.2.1.9 del presente decreto.

Lo anterior siempre y cuando la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional cuente con la información suﬁciente y se disponga de los medios electrónicos necesarios para tal ﬁn.

Los órganos del sistema, las entidades a las que se transﬁeran recursos de funcionamiento del sistema, las entidades beneﬁciarias de asignaciones directas, los municipios beneﬁciarios del 40% del Fondo de Compensación Regional – Especíﬁcas, y las entidades públicas designadas como ejecutoras de proyectos, deberán registrar las cuentas únicas del Sistema General de Regalías como cuentas maestras para el manejo de los giros que a estas se adelanten.

Los recursos del 40% del Fondo de Compensación Regional – Especíﬁcas, se girarán a una cuenta maestra registrada por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación del Sistema General de Regalías.

PARÁGRAFO . El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional girará los recursos a la instancia de naturaleza pública designada para adelantar la contratación de la interventoría, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, siempre que en el respectivo acuerdo se especiﬁque dicha instancia y el valor correspondiente de la interventoría.

El giro se realizará en las mismas condiciones, regulaciones y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades de naturaleza pública que han sido designadas como ejecutoras por el órgano colegiado de administración y decisión correspondiente.

La entidad designada para realizar la contratación de la interventoría deberá cumplir con la normatividad que rige al Sistema General de Regalías, en especial la del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.4. Cumplimiento del Giro. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dará cumplimiento a la Instrucción de Abono a Cuenta comunicada por el Departamento Nacional de Planeación y adelantará las asignaciones y giros en los términos dispuestos por el artículo anterior, siempre y cuando exista la disponibilidad de recursos recaudados para tal ﬁn, y no medien medidas de suspensión de giro impuestas por el Departamento Nacional de Planeación.

Los giros con cargo a los recursos de los Fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, de Compensación Regional y de Desarrollo Regional se adelantarán siempre y cuando el proyecto a ser ﬁnanciado con éstos cumpla con la totalidad de requisitos que permitan su ejecución.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.5. Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías. En desarrollo de lo establecido en el artículo 92 de la ley 1530 de 2012, el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) es la herramienta de información a través de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará la gestión que le compete en el Sistema General de Regalías, de acuerdo con los criterios que para su implementación, administración, operatividad, uso y aplicabilidad deﬁna el reglamento que se expida para tales efectos.

PARÁGRAFO . Los órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del SGR podrán hacer uso del SPGR para realizar la gestión de ejecución de los recursos del SGR que le sean asignados por el órgano competente.

Para la ejecución de recursos provenientes de gastos de administración del SGR, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fondo de Desarrollo Regional, 60% del Fondo de Compensación Regional y de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique, los órganos del SGR y otras entidades públicas ejecutoras que se acojan al primer inciso de este parágrafo, podrán ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la Cuenta Única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios ﬁnales, debidamente registradas en el SPGR. Solamente en estos casos, no se aplicará el término establecido para el giro en el segundo inciso del artículo 2.2.4.1.2.2.3. del presente decreto ni se requerirá el registro de la cuenta maestra de que trata el inciso quinto del mismo artículo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.6. Giro de segundo nivel y reintegro de rendimientos ﬁnancieros. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, las entidades beneﬁciarias de asignaciones directas o del 40% del Fondo de Compensación Regional – Especíﬁcas podrán girar los recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para ﬁnanciar determinado proyecto de inversión a la entidad de naturaleza pública designada como ejecutora, en aquellos casos en que la entidad beneﬁciaria no sea quien ejecuta directamente dichos recursos, o a la instancia de naturaleza pública designada para adelantar la contratación de la interventoría, según lo decidido por el órgano colegiado de administración y decisión. Los rendimientos ﬁnancieros que se generen, una vez la entidad beneﬁciaria de asignaciones directas realice el giro de los recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión al ejecutor del proyecto de inversión, son de la entidad beneﬁciaria y deben ser reintegrados de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

La entidad ejecutora y la designada para realizar la contratación de la interventoría deberán cumplir con la normatividad que rige al Sistema General de Regalías, en especial la del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.7. Responsabilidades. Los órganos del sistema, las entidades a las que se transﬁeran recursos de funcionamiento del sistema y las designadas como ejecutoras de proyectos, serán responsables por la incorporación en un capítulo independiente de los recursos del Sistema General de Regalías en sus presupuestos y la ejecución de los mismos en los términos del artículo 93 de la Ley 1530 de 2012, y serán responsables por los mismos frente al contratista y a terceros, con las asignaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.8. Procedimiento. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, ﬁjará los procedimientos y requisitos generales para la transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías a la cuenta única del Sistema General de Regalías y el giro de éstos a los órganos del sistema, a los beneﬁciarios de asignaciones directas y a los ejecutores de proyectos designados.

En todo caso, los órganos colegiados de administración y decisión para los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación Regional, a través de la secretaria técnica respectiva, deberán enviar un listado con los ejecutores designados, indicando la priorización de giros de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.4.1.2.1.8 y 2.2.4.1.2.1.9 del presente decreto.

PARÁGRAFO . Corresponde a la secretaria técnica del respectivo órgano colegiado de administración y decisión certiﬁcar a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que los proyectos de inversión aprobados cumplen con los requisitos de ejecución deﬁnidos por la Comisión Rectora, con el objeto de proceder al giro de los recursos.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.9. De la ejecución del presupuesto de gastos. Las apropiaciones incorporadas en el presupuesto de gastos del Sistema General de Regalías se ejecutarán mediante el giro de recursos a los órganos del sistema, a las entidades beneﬁciarias de asignaciones directas y a las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administración y decisión.

Las apropiaciones que en sus presupuestos incorporen, según lo dispuesto por el presente capítulo, los órganos del sistema, las entidades beneﬁciarias de asignaciones directas y las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administración y decisión, se entenderán ejecutadas con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

Los órganos del Sistema General de Regalías, las entidades territoriales beneﬁciarias de asignaciones directas y las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administración y decisión, dispondrán de un sistema de registro y contabilización independiente para estos recursos, según su destinación y por cada proyecto aprobado, y su manejo se regirá por los principios presupuestales del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.10. Estados ﬁnancieros del Sistema General de Regalías. Los Estados Financieros del Sistema General de Regalías registrarán y revelarán la información relativa a los derechos e ingresos por regalías, así como los gastos y obligaciones por las asignaciones a las entidades beneﬁciarias y por los gastos del sistema establecidos legalmente.

Las entidades beneﬁciarias de las asignaciones serán responsables de la ejecución de los recursos girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como de los registros contables a los que haya lugar.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.11. Autorizaciones de vigencias futuras para órganos, fondos y beneﬁciarios del Sistema General De Regalías. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012, la asunción de compromisos con afectación de posteriores presupuestos bienales del Sistema General de Regalías, requerirá de la autorización proferida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando además de requerirse la afectación de presupuestos de posteriores bienalidades del Sistema General de Regalías, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, se requiera la afectación de presupuestos de posteriores bienalidades de las entidades designadas como ejecutoras para la recepción de bienes y servicios por fuera de la bienal id ad respectiva, dichas entidades deberán contar también, con la autorización del órgano colegiado de administración y decisión que aprobará el proyecto.

Las autorizaciones de vigencias futuras para la asunción de compromisos en los que se prevea la provisión de bienes y servicios en diversos periodos bienales por parte de las entidades ejecutoras, y éstas dispongan de apropiación suﬁciente con cargo al presupuesto del respectivo bienio del Sistema General de Regalías, serán proferidas por el órgano colegiado de administración y decisión a quien corresponda aprobar el respectivo proyecto.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.12. Autorización de vigencias futuras para proyectos ﬁnanciados con cargo al 40% del Fondo de Compensación Regional de que trata el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012. Para la autorización de vigencias futuras para proyectos de inversión que se ﬁnanciarán con cargo al 40% del Fondo de Compensación Regional de que trata el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, se requerirá únicamente la autorización del órgano colegiado de administración y decisión del respectivo municipio que apruebe el proyecto de inversión que se ﬁnanciará con cargo al 40% a que se reﬁere este inciso, observando los requisitos que se encuentran en el artículo 97 de la Ley 1530 de 2012, y los demás requisitos del artículo 12 de la Ley 819 de 2003 que le sean aplicables y que no le sean contrarios a las normas que regulan el Sistema General de Regalías, y las demás normas sobre vigencias futuras.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.13. Incorporación en los presupuestos de las entidades públicas. Mediante acto administrativo del jefe del órgano del sistema o entidad pública designada como ejecutora de proyecto por los órganos colegiados de administración y decisión, y mediante decreto del Gobernador o Alcalde para las entidades territoriales que reciban recursos de funcionamiento del sistema y designadas como ejecutoras de proyectos por los órganos colegiados de administración y decisión, se incorporará el respectivo presupuesto con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.

Dicha incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje destinado para el funcionamiento del sistema y cuando se acepte la designación como ejecutor de proyecto, designación que será adelantada por el órgano colegiado de administración y decisión.

Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de cada órgano o entidad tendrán para todos los efectos ﬁscales, una vigencia igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías.

El proceso de afectación de las apropiaciones incorporadas en los presupuestos de las entidades con base en el inciso anterior, será el que corresponda al régimen presupuestal de la respectiva entidad, salvo en lo relacionado con la vigencia de las apropiaciones que será igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.14. Ordenación de gasto de las apropiaciones. Corresponde al jefe del órgano respectivo o a su delegado del nivel directivo de la entidad ejecutora designada por el órgano colegiado de administración y decisión, ordenar el gasto sobre las apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad en desarrollo de los artículos anteriores, en consecuencia, serán responsables ﬁscal, penal y disciplinariamente por el manejo de tales apropiaciones, en los términos de las normas que regulan la materia.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.15. Del respaldo de los recursos del sistema general de regalías. Con cargo a los recursos previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión a un proyecto de inversión, las entidades territoriales beneﬁciarias de regalías directas y aquellas designadas ejecutoras de proyectos con cargo a los recursos del Fondo de Compensación Regional, del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, podrán celebrar operaciones de crédito público en los términos de la regulación que les sea aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 2681 de 1993, Ley 533 de 1999, Ley 781 de 2002 y las demás normas que las modiﬁquen, adicionen o sustituyan, con el ﬁn de disponer de los recursos para la realización del respectivo proyecto.

Las operaciones de crédito público que se adelanten en los términos descritos en el inciso anterior, podrán respaldarse con los recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para el respectivo proyecto, de acuerdo con la participación de cada entidad frente al proyecto, siendo responsable en la gestión y celebración de las operaciones de crédito público las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos ﬁnanciados con recursos del Fondo de Compensación Regional, del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.16. Saldos negativos. Si con posterioridad al giro de los recursos el recaudo de la entidad beneﬁciaria disminuye y, por lo tanto, la distribución mensual siguiente presenta saldos negativos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional Minera deberán hacer los ajustes correspondientes, deduciendo el excedente de la distribución que por concepto de asignaciones directas y compensaciones, comunica al Departamento Nacional de Planeación. Las respectivas agencias llevarán el control y comunicarán las cuentas a las entidades beneﬁciarias y al Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.17. Giros mayores a los valores liquidados según recaudo o presupuestados. En los casos en que el giro efectivamente realizado haya sido mayor al valor liquidado según recaudo o presupuestado de la vigencia 2012, la diferencia se descontará de los recursos presupuestados del respectivo fondo o asignación directa del bienio 2013-2014, según el caso.

En el evento en que los descuentos realizados no sean suﬁcientes para cubrir la diferencia, la entidad territorial deberá reintegrar los recursos a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.18. Compromisos y obligaciones pendientes de pago de la vigencia 2012. Los órganos, entidades y beneﬁciarios del Sistema General de Regalías, atenderán los compromisos no pagados de la vigencia ﬁscal 2012, con cargo al presupuesto ajustado del bienio 2013-2014.

En concordancia con el artículo 2.2.4.1.2.4.2 del presente decreto, los órganos colegiados de administración y decisión podrán aprobar proyectos hasta por el 80% del monto de las apropiaciones por entidad beneﬁciaria de regalías directas y por fondos. El 20% restante podrá ser utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto será compatible con el comportamiento de los recaudos, en el tercer semestre de la bienalidad, o cuando la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) veriﬁque que existe la disponibilidad de los recursos en caja, evento en el cual el OCAD podrá realizar la viabilización, priorización, y aprobación de los proyectos de inversión, de conformidad con dicha disponibilidad siempre y cuando no supere el monto total de la apropiación presupuestada.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.19. Compromisos y obligaciones pendientes de pago del bienio 2013-2014. los órganos, entidades y beneﬁciarios del Sistema General de Regalías, atenderán los compromisos no pagados del bienio 2013 – 2014, con cargo al presupuesto ajustado del bienio 2015 – 2016.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.20. Diferencias por ajustes a liquidaciones deﬁnitivas. En los casos en que respecto de liquidaciones deﬁnitivas de regalías de vigencias anteriores o la vigencia en curso, se encuentre que se requiere efectuar ajustes a las liquidaciones de distribución realizadas a los beneﬁciarios de asignaciones directas del Sistema General de Regalías, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional Minera, según corresponda, efectuarán los ajustes a que haya lugar en las liquidaciones de distribución siguientes que comuniquen al Departamento Nacional de Planeación, hasta ajustar la diferencia.

Las respectivas agencias llevarán el control y comunicarán los ajustes a las entidades beneﬁciarias de asignaciones directas y al Departamento Nacional de Planeación y en ningún caso, la distribución que las agencias informen al Departamento Nacional de Planeación, para efectos de las Instrucciones de Abono en a Cuenta, podrán incluir valores negativos.

El Departamento Nacional de Planeación, por fuera de las Instrucciones de Abono en a Cuenta y a solicitud de las agencias, podrá solicitar ajustes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la distribución entre los beneﬁciarios de asignaciones directas del Sistema General de Regalías, siempre y cuando la suma de los ajustes negativos y positivos solicitados sea cero y los recursos asignados objeto del ajuste se encuentren disponibles en caja.

En el evento en que las agencias evidencien que los ajustes efectuados en virtud del primer inciso del presente artículo, no fueron suﬁcientes para cubrir las diferencias negativas resultantes de los ajustes de liquidaciones deﬁnitivas de vigencias anteriores, podrán adelantar las acciones a que haya lugar en orden a obtener el reintegro de los recursos a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías por parte de los beneﬁciarios de asignaciones directas a quienes se les haya girado de más.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.21. Ajustes al cierre presupuestal del capítulo de regalías dentro del presupuesto de los beneﬁciarios y ejecutores. Con ocasión al cierre de que tratan los artículos 1 a 12 y 18 del Decreto 722 de 2015, en caso de existir diferencias que afecten las decisiones de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) sobre la viabilización, priorización o aprobación de proyectos o la ﬁnanciación de inﬂexibilidades de que trata el artículo 144 de la ley 1530 de 2012, la secretaría técnica respectiva debe informar a las entidades beneﬁciarias o ejecutoras para que se tramiten los ajustes pertinentes ante el OCAD.

Una vez aprobados los ajustes por el órgano colegiado, los beneﬁciarios y ejecutores del presupuesto del bienio 2013 – 2014 modiﬁcarán su capítulo presupuestal independiente para el bienio 2015 -2016.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.22. Giro de recursos a proyectos aprobados con cargo a las asignaciones de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, del 60% de Compensación Regional, de Desarrollo Regional y de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique. El representante legal de; (i) la entidad designada como ejecutora del proyecto; (ii) la entidad designada para contratar la interventoría o; (iii) la entidad territorial que debe transferir a una entidad estructuradora el reconocimiento correspondiente, deberá presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de giro parcial o total de los recursos que le fueron aprobados por el OCAD respectivo, en la que certiﬁque:

El nombre completo y NIT de la entidad solicitante, el número de identiﬁcación del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías (SUIFP – SGR), el nombre del proyecto y la relación de los Acuerdos del o los OCAD competentes en su aprobación, que registran las decisiones tomadas sobre el proyecto.

La suscripción de uno o más contratos con cargo a los recursos del SGR aprobados al ejecutor para el proyecto, o, cuando se trate del reconocimiento de recursos por la estructuración de proyectos en los términos de artículo 197 de la Ley 1753 de 2015, la suscripción del acto administrativo expedido por la entidad territorial en el que se reconocen los costos derivados de la estructuración de proyectos y en el que se hace responsable de transferir el reconocimiento correspondiente a la entidad estructuradora, conforme a lo aprobado por el

El valor del giro solicitado, discriminado por cada fuente de ﬁnanciación del SGR. Este valor en ningún caso podrá ser superior a la diferencia entre el monto total aprobado por el OCAD a la entidad solicitante para el proyecto por cada fuente, y los giros previamente realizados con cargo al proyecto por la misma fuente. Igualmente, el valor solicitado, sumado a los giros ya realizados con cargo al proyecto por la fuente de ﬁnanciación respectiva, no podrá ser superior al valor total de los compromisos registrados con cargo a dicha fuente en el sistema de información dispuesto por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR.

PARÁGRAFO 1. En concordancia con el artículo 2.2.4.1.1.5.1 del presente decreto, cuando un proyecto de inversión disponga de diversas fuentes de ﬁnanciamiento del SGR, solo se entiende aprobado cuando cada uno de los OCAD competentes lo haya priorizado y aprobado. En consecuencia, solo procederá la solicitud de giro una vez el proyecto cumpla dicha condición.

PARÁGRAFO 2. El acuerdo del OCAD que se registre y cargue en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías (SUIFP – SGR) debe especiﬁcar la identiﬁcación de la entidad ejecutora, de la entidad encargada de contratar la interventoría y de la entidad territorial que debe transferir a la entidad estructuradora el reconocimiento correspondiente, según sea el caso, así como la fuente y valor autorizado a ser ejecutado con cargo al proyecto por cada uno de ellos.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.23. Giro de recursos para pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011. Para el giro de los recursos para la ﬁnanciación de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011 de que trata el artículo 144 de la Ley 1530 de 2012, aprobados con cargo al Fondo de Desarrollo Regional y el 60% del Fondo de Compensación Regional, el representante legal de la entidad beneﬁciaria debe presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

Solicitud de giro en la que se certiﬁque el nombre completo y NIT de la entidad solicitante, el número y fecha del acuerdo del OCAD que aprobó los recursos, el valor aprobado discriminado por fuente de ﬁnanciación del SGR y la incorporación de los recursos en el capítulo independiente de su presupuesto.

Copia del acuerdo del OCAD en el que se señale el valor aprobado discriminado por fuente de ﬁnanciación del SGR y el tipo de compromiso a ﬁnanciar en los términos del artículo 2.2.4.1.1.1.2 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.24. Giro de recursos de diferendos limítrofes. Para el giro de los recursos de que trata el artículo 153 de la Ley 1530 de 2012, el representante legal de la entidad designada como ejecutora debe presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de giro en la que se certiﬁque el nombre completo y NIT de la entidad solicitante, el número de identiﬁcación en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías (SUIFP – SGR), el nombre del proyecto, el número y fecha de los Acuerdos expedidos por los OCAD competentes, en los cuales se debe especiﬁcar el monto aprobado con cargo a los recursos del diferencio limítrofe respectivo.

El valor del giro solicitado en ningún caso podrá ser superior al valor total retenido con ocasión de ese diferencio limítrofe, según certiﬁcación expedida por el Ministerio de Minas y Energía, ni al monto total aprobado por los OCAD para el proyecto respectivo con cargo a estos recursos.

PARÁGRAFO. En concordancia con el artículo 2.2.4.1.1.5.1 del presente decreto, cuando un proyecto de inversión disponga de diversas fuentes de ﬁnanciamiento del SGR, solo se entiende aprobado cuando cada uno de los OCAD competentes lo haya priorizado y aprobado. En consecuencia, solo procederá la solicitud de giro una vez el proyecto cumpla dicha condición.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.25. Información oportuna para el giro de los recursos. Previo a la solicitud de giro, las secretarías técnicas de los OCAD y de las entidades solicitantes, deberán actualizar la información que sobre los proyectos de inversión aprobados les corresponda diligenciar en los aplicativos dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación para la administración del Banco de Programas y Proyectos del SGR y del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.26. Reintegro de Recursos a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías. Los reintegros a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías deben realizarse de conformidad con los lineamientos que defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional.

Los rendimientos financieros generados con recursos del Sistema General de Regalías, entregados en administración por concepto de anticipos a las entidades fiduciarias deberán reintegrarse a la Cuenta Única del SGR, atendiendo los lineamientos definidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las entidades fiduciarias que reintegren rendimientos financieros deberán informar la fuente del Sistema General de Regalías que les dio origen

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.27. Del Pago y la Ordenación del Gasto. Los órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), para realizar la gestión de ejecución de los recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la Cuenta Única del Sistema General de Regalías (SGR) a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional atenderá los pagos de los recursos del Sistema General de Regalías observando los montos presupuestados, las disponibilidades de recursos en caja existentes y el cumplimiento de los requisitos de pago establecidos en la normatividad vigente.

Corresponde al jefe del órgano respectivo o al delegado del nivel directivo de la entidad ejecutora designada por el órgano colegiado de administración y decisión, ejecutar los recursos bajo su entera responsabilidad y autonomía, ordenar el gasto sobre apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad en desarrollo de los artículos anteriores, en consecuencia, serán responsables fiscal, penal y disciplinariamente por el manejo de tales apropiaciones, en los términos de las normas que regulan la materia.

PARÁGRAFO 1 TRANSITORIO. En el evento de existir saldos disponibles en las cuentas maestras de las entidades territoriales, estas de manera prioritaria atenderán con esos recursos los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2018.

Los proyectos de inversión aprobados para el bienio 2019 – 2020 deberán ejecutarse de manera prioritaria con cargo a los saldos disponibles en caja de las cuentas maestras que no estén amparando compromisos.

Los saldos en las cuentas maestras que estén respaldando proyectos de inversión aprobados e incorporados en el capítulo presupuestal independiente, continuarán siendo gestionados por la entidad ejecutora a través de sus herramientas tecnológicas.

Cuando los saldos en la cuenta maestra sean insuficientes para cubrir el valor total de un proyecto, se deberá hacer uso del SPGR para gestionar la diferencia. Este valor se ejecutará ordenando el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la Cuenta Única del Sistema General de Regalías a la cuenta bancaria del destinatario final.

PARÁGRAFO 2 TRANSITORIO. Los proyectos de investigación con cargo al Fondo de Desarrollo Regional, 60% del Fondo de Compensación Regional, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y Canal de Dique, que venían siendo ejecutados con giro a cuenta maestra y que a 31 de diciembre de 2018 cuenten con saldos no solicitados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se gestionarán haciendo uso del SPGR y efectuarán la ordenación del pago de las obligaciones legalmente adquiridas, desde la Cuenta Única del Sistema General de Regalías a las cuentas bancarias de los destinatarios finales. Las entidades designadas ejecutoras sujetas a esta condición continuarán reportando la información de la ejecución al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación en los términos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.28. Catálogo de Clasificación Presupuestal. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo establecido por el artículo 92 de la Ley 1530 de 2012 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, definirá el catálogo de clasificación presupuestal.

A partir del 1 de enero del año 2021 dicho catálogo deberá ser implementado por las entidades beneficiarias de asignaciones directas y las ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.29. Usuarios y campo de aplicación. Son usuarios del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) los órganos del SGR y demás entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías, quienes deberán hacer uso del SPGR para realizar la gestión de ejecución de los recursos

Las entidades ejecutoras de recursos ordenarán el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la Cuenta Única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios ‘finales, debidamente registradas en el SPGR.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2.30. Registro de Información en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías. Información que deberá ser registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR):

La distribución del plan de recursos por fondos y beneficiarios realizada por Departamento Nacional Planeación, para lo cual hará uso de la información registrada por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los ingresos del SGR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1.2.1.1. del presente Decreto.

La programación presupuestal realizada desde el proyecto hasta la Ley de Presupuesto bienal del Sistema General de Regalías, con los anexos que contienen el detalle señalado en la Ley, para cada uno de los capítulos del presupuesto por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Las modificaciones y ajustes del presupuesto del Sistema General de Regalías por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

El registro de las Instrucciones de Abono a Cuenta por parte del Departamento Nacional de Planeación;

Las asignaciones en el capítulo presupuestal independiente por parte de las Secretarías Técnicas, Secretarías de Planeación de las entidades habilitadas y el Departamento Nacional de Planeación;

El registro de las medidas de suspensión de giros y su levantamiento por parte del Departamento Nacional de Planeación;

La expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, la asunción de compromisos, el registro de obligaciones y el pago de los mismos con cargo a las apropiaciones autorizadas para los diferentes recursos del Sistema General de Regalías, por parte de los órganos, beneficiarios de asignaciones directas y entidades designadas como ejecutoras.

El Plan Bienal de Caja por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la información suministrada por el Departamento Nacional de Planeación;
El cronograma de flujos de cada proyecto de inversión con cargo al Plan Bienal de Caja por parte de la entidad ejecutora, para validación de Secretaria Técnica que corresponda;

El trámite de las órdenes de pago o giro para el abono a cuenta de los destinatarios finales, directamente desde la Cuenta Única del Sistema General de Regalías por parte de los órganos o entidades ejecutoras;

Los reintegros de los diferentes recursos del Sistema General de Regalías, por parte de los órganos o entidades ejecutoras;

La información contable por parte de los órganos, entidades beneficiarias de asignaciones directas y entidades ejecutoras, de conformidad con las normas expedidas y parametrización contable de la Contaduría General de la Nación;

Los demás procesos de información que definan las normas del Sistema General de Regalías.

PARÁGRAFO 1º. La expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, la asunción de compromisos, el registro de obligaciones y el pago de los mismos con cargo a las apropiaciones autorizadas para los diferentes recursos del Sistema General de Regalías, de que habla el numeral 7 del presente artículo, solo podrán hacerse a través del SPGR.

PARÁGRAFO 2º. El SPGR es una fuente válida para la obtención de información de la gestión financiera pública del Sistema General de Regalías con destino a las entidades ejecutoras, órganos del SGR, órganos de seguimiento y control, y demás autoridades que lo soliciten.

SUBSECCIÓN 3

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.3.1. Manejo presupuestal. Los órganos del Sistema General de Regalías dispondrán de los recursos en los porcentajes deﬁnidos por la Constitución y la ley para el ejercicio de las funciones a ellos asignadas en el marco del Sistema General de Regalías.

Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto del Sistema General de Regalías para cada uno de ellos le serán giradas según la Instrucción de Abono a Cuenta que se adelante en los términos del presente capítulo. Los ordenadores de gasto de las apropiaciones contenidas en el capítulo del presupuesto de gastos de los órganos del Sistema General de Regalías, atenderán la asunción de compromisos con cargo a los mismos, de acuerdo con los ﬂujos establecidos en el Plan Bienal de Caja.

El Departamento Nacional de Planeación será el encargado de ordenar la transferencia de los recursos que sean destinados al fortalecimiento de las oﬁcinas de planeación y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión. Una vez ordenadas las transferencias a que hace mención el presente inciso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional girará directamente dichos recursos a las entidades beneﬁciarias de las mismas, en los términos del presente capítulo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.3.2. Plantas de personal de carácter temporal para los órganos del Sistema General De Regalías. El Departamento

Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias), los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan funciones en el marco del Sistema General de Regalías, podrán disponer de plantas de personal de carácter temporal para el ejercicio de dichas funciones. La creación de las plantas de personal se sujetará a lo dispuesto por las normas que le sean aplicables.

SUBSECCIÓN 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FONDOS Y BENEFICIARIOS

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.4.1. Aprobación de proyectos y designación de ejecutor. La aprobación de proyectos y designación de ejecutor se adelantará en los términos establecidos en el artículo 2.2.4.1.1.5.3 del presente decreto.

Aprobado un proyecto de inversión por parte del órgano colegiado de administración y decisión y designado el ejecutor del mismo, corresponderá al designado aceptar la ejecución de la respectiva iniciativa en los términos del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.4.2. Límites para la aprobación de proyectos. Expedido el Presupuesto del Sistema General de Regalías, los órganos colegiados de administración y decisión podrán aprobar proyectos hasta por el 80% del monto de las apropiaciones por entidad territorial beneﬁciaria de regalías directas y por fondos. El 20% restante podrá ser utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto será compatible con el comportamiento de los recaudos, en el tercer semestre de la bienalidad.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.4.3. Rendimientos ﬁnancieros diferentes de los de las asignaciones directas y compensaciones. En desarrollo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1744 de 2014 y el artículo 2.2.4.1.2.4.4 del presente decreto, los rendimientos ﬁnancieros generados por los recursos destinados al funcionamiento del Sistema General de Regalías, del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, ﬁscalización y de los recursos provenientes de los Fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación Regional y los girados a los municipios del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique, deberán reintegrarse a la Cuenta Única del Sistema.

Para tal ﬁn, la entidad beneﬁciaria o ejecutora impartirá autorización a la entidad bancaria, en el marco del convenio de cuenta maestra suscrito para el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, para que trimestralmente realice el débito y giro automático de dichos rendimientos conforme a las instrucciones que para tal efecto imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.4.4. Recursos de los municipios ribereños del río grande de la magdalena y canal del dique. Los recursos del Sistema General de Regalías de que trata el artículo 154 de la ley 1530 de 2012, se rigen por las normas de los Fondos de Desarrollo Regional y del 60% del Fondo de Compensación Regional en lo relacionado con los temas presupuestales, de giro y de rendimientos ﬁnancieros.

SUBSECCIÓN 5

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.5.1. Ajustes al anexo de regalías directas y compensaciones. Para garantizar el cumplimiento de los giros a las entidades receptoras de asignaciones directas, el Gobierno Nacional podrá mediante decreto, adelantar ajustes al anexo de regalías directas y compensaciones del presupuesto del Sistema, cuando el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada evidencie cambios en la proyección de asignaciones, entendidas como la proyección de recursos por entidad beneﬁciaria.

Dicho ajuste procederá, siempre y cuando, no se modiﬁque el monto de ingresos del sistema presupuestado, en caso contrario se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1530 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.5.2. Límite de giro. Los giros a las entidades beneﬁciarias de asignaciones directas y a los municipios de que trata el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, se efectuarán hasta por el monto total de las apropiaciones de cada una de las entidades y beneﬁciarios deﬁnido en el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías, y conforme con la disponibilidad de recursos en la Cuenta Única del Sistema.

SUBSECCIÓN 6

MANEJO PRESUPUESTAL DE LAS REGALÍAS EN LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA, Y LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.6.1. Capítulo presupuestal independiente del Sistema General de Regalías. Los órganos del Sistema General de Regalías, aquellas entidades diferentes a las territoriales que reciban recursos de funcionamiento del sistema y las entidades públicas designadas como ejecutoras de proyectos por los órganos colegiados de administración y decisión, con cargo a recursos de asignaciones directas o provenientes de los Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, dispondrán en sus presupuestos de un capítulo independiente para el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.4.1.2.2.13 del presente decreto.

El capítulo independiente de presupuesto del Sistema General de Regalías contendrá los ingresos correspondientes a los recursos de funcionamiento del sistema que se asignen a cada entidad u órgano, y aquellos aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión con la designación de la respectiva entidad como ejecutora.

De igual forma, dicho capítulo contendrá las apropiaciones para adelantar la asunción de compromisos para el ejercicio de sus funciones y la ejecución de proyectos.

El manejo presupuestal de estos recursos estará sujeto a las reglas presupuestales del sistema contenidas en la Ley 1530 de 2012, en la ley bienal del presupuesto, en los decretos reglamentarios que para el efecto se expidan y en las normas que los modiﬁquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.6.2. Vigencia del capítulo de presupuesto independiente del Sistema General de Regalías. Tanto los ingresos como las apropiaciones incorporadas en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías dispondrán de la misma vigencia que los contenidos en el Presupuesto del Sistema General de Regalías aprobado por el Congreso de la República.

Los órganos del Sistema General de Regalías y las entidades que reciban recursos de funcionamiento del sistema o sean designadas como ejecutoras de proyectos, podrán adquirir compromisos contra la totalidad de recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para los proyectos de inversión, para lo cual se expedirá certiﬁcado de disponibilidad presupuesta! por el órgano o la entidad correspondiente, que garantiza la existencia de la apropiación en el presupuesto para atender el compromiso que se pretende adquirir.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.6.3. Cierre presupuestal. Al cierre de cada presupuesto bienal, cada órgano o entidad ejecutora diferente a las entidades territoriales adelantará el cierre de su capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías y mediante acto administrativo del jefe de la entidad, incorporará, dentro de los diez (10) primeros días de la vigencia inmediatamente siguiente, los saldos no ejecutados que corresponderán a la disponibilidad inicial de dicho presupuesto, así como los compromisos pendientes de pago.

SUBSECCIÓN 7

MANEJO PRESUPUESTAL DE LAS REGALÍAS EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.7.1. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas la presente subsección aplican para las entidades territoriales que sean receptoras de asignaciones directas de regalías, ejecutoras de proyectos aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión, o que perciban recursos para el fortalecimiento de las oﬁcinas de planeación y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.7.2. Capítulo de regalías dentro del presupuesto de las entidades territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades territoriales, se creará un capítulo independiente, en el que se incorporarán los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. El manejo presupuestal de estos recursos estará sujeto a las reglas presupuestales del sistema contenidas en la ley 1530 de 2012, en la ley bienal del presupuesto, en los decretos reglamentarios que para el efecto se expidan y en las normas que los modiﬁquen, adicionen o sustituyan. La vigencia de los ingresos y gastos incorporados en dicho capítulo será bienal, concordante con la vigencia del presupuesto del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.7.3. Capítulo presupuestal independiente del Sistema General de Regalías para entidades territoriales. El presupuesto de las entidades territoriales a las cuales les aplica este capítulo, contendrá un capítulo independiente de regalías compuesto por un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos.

El presupuesto de ingresos estará clasiﬁcado en:

Asignaciones directas;

Recursos provenientes de Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, y de Ciencia, Tecnología e Innovación;

Recursos para el funcionamiento del sistema, discriminados entre recursos asignados para el fortalecimiento de las oﬁcinas de planeación y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión;

Recursos de capital, dentro de los recursos de capital se encuentran los recursos del crédito adquiridos con fuente de pago en regalías, los rendimientos ﬁnancieros y los recursos del balance si se llegaren a presentar;

Recursos de regalías transferidos por otras entidades para su ejecución.

Asignación para la Paz;

Recursos excedentes del FONPET;

Parágrafo primero transitorio. Las entidades territoriales ejecutoras que reciban en las cuentas maestras recursos transferidos por las entidades beneficiarias de asignaciones directas, podrán utilizar la siguiente cuenta para la incorporación presupuestal: «Recursos de regalías transferidos por otras entidades para su ejecución».

El presupuesto de gastos estará clasificado en:

Gastos de inversión, en los cuales se discriminarán uno a uno los proyectos de inversión.

Gastos de funcionamiento, se incluirán las apropiaciones para el fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión o de las secretarías de planeación;

Pago por servicio de la deuda de la entidad beneficiaria de asignaciones directas.

Compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, detallados de manera individual. Esta categoría de gasto desaparecerá una vez se terminen de pagar dichos compromisos;

Transferencias de asignaciones directas para ser ejecutadas por otras entidades.

Parágrafo segundo transitorio. Las entidades beneficiarias de asignaciones directas, que tengan recursos en las cuentas maestras y que no sean ejecutoras de proyectos de inversión, podrán utilizar la siguiente cuenta para la transferencia de los recursos: «Transferencias de regalías para ser ejecutadas por otras entidades.»

Parágrafo. La clasificación prevista en este artículo regirá, hasta que entre en vigencia el catálogo presupuestal al que se refiere el artículo 2.2.4.1.2.2.28 del presente Decreto.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.7.4. Ejecución del capítulo de regalías del presupuesto de las entidades territoriales. En aplicación del artículo 96 de la ley 1530 de 2012, las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas, así como las entidades territoriales designadas como ejecutoras de un proyecto, incorporarán al presupuesto anual que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido por el alcalde o gobernador, el monto de los recursos de los proyectos de inversión aprobados por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión, que correspondan a la bienalidad del Sistema General de Regalías. Igualmente las entidades territoriales a quienes se les asignen recursos para el fortalecimiento de las oﬁcinas de planeación y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión, incorporarán estos recursos al presupuesto que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido por el alcalde o gobernador.

Las adiciones, modiﬁcaciones, reducciones, aplazamientos y en general las operaciones presupuestales correspondientes a partidas del Sistema General de Regalías del capítulo de regalías dentro de los presupuestos de las entidades territoriales se harán por decreto del alcalde o gobernador, y se soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente adoptadas por el órgano colegiado de administración y decisión.

La entidad territorial podrá adquirir compromisos contra la totalidad de recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para los proyectos de inversión que estén incorporados al presupuesto de la entidad, para lo cual la autoridad correspondiente en dicha entidad expedirá el certiﬁcado de disponibilidad presupuestal respectivo, que garantiza la existencia de la apropiación en el presupuesto para atender el compromiso que se pretende adquirir.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.7.5. Cierre presupuestal del capítulo de regalías. Al terminar cada bienalidad del presupuesto del Sistema General de Regalías, las entidades territoriales realizarán un ejercicio autónomo e independiente de cierre presupuestal para el capítulo de regalías y los saldos no comprometidos, así como aquellas partidas que respalden compromisos adquiridos o cuentas por pagar, se incorporarán mediante decreto del alcalde o gobernador, como ingresos al presupuesto de la siguiente bienalidad, al igual que las apropiaciones que se respaldarán con cargo a los mismos, distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen, y respetando la destinación del mismo.

Al terminar una vigencia fiscal que no corresponda a la bienalidad del Sistema General de Regalías no será necesario hacer cierre del capítulo de regalías y se continuará con la ejecución presupuestal; sin embargo, para efectos estadísticos deberán generarse cuando requiera informes del estado de la ejecución con corte a esa fecha.

Los recursos disponibles, una vez liquidados los contratos correspondientes a proyectos financiados con recursos excedentes del FONPET, deberán incorporarse al capítulo de regalías del presupuesto de la entidad territorial que servirá de fuente de financiación para otros proyectos de inversión, que en todo caso deberán ser previamente aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión correspondiente o por las entidades habilitadas para definir directamente proyectos de inversión para su ejecución.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los recursos disponibles una vez liquidados los contratos correspondientes a proyectos financiados con recursos de los Fondos de Compensación, de Desarrollo Regional, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique, deberán reintegrarse a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías.

Los recursos disponibles, una vez liquidados los contratos correspondientes a proyectos financiados con recursos de asignaciones directas y excedentes de FONPET, deberán incorporarse al capítulo de regalías del presupuesto de la entidad territorial, dentro de los ingresos de capital, como un recurso del balance, que servirá de fuente de financiación para otros proyectos de inversión, que en todo caso deberán ser previamente aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión correspondiente o por las entidades habilitadas para su ejecución.

Los rendimientos financieros de las asignaciones directas generados en las cuentas maestras son de la entidad beneficiaria y deberán incorporarse al capítulo de regalías del presupuesto de la entidad territorial, dentro de los ingresos de capital y servirán de fuente de financiación para otro proyecto de inversión, el cual en todo caso deberá ser previamente aprobado por el OCAD o la entidad habilitada.

Los rendimientos financieros generados con recursos de los Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regional y de Ciencia Tecnología e Innovación, deberán reintegrarse a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.7.6. Autorización de vigencias futuras para proyectos ﬁnanciados con asignaciones directas. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 1530 de 2012, se entiende que el órgano colegiado de administración y decisión competente, es el órgano colegiado de administración y decisión para asignaciones directas del nivel departamental, municipal o distrital, respectivo.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.7.7. Manejo de recursos destinados al fortalecimiento de las secretarias de planeación. Los recursos destinados al fortalecimiento de las secretarías de planeación y de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión no tendrán que ser aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión para su incorporación y ejecución.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.7.8. Rendimientos ﬁnancieros de las asignaciones directas y compensaciones. En desarrollo de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1744 de 2014, los rendimientos ﬁnancieros generados por las asignaciones directas y compensaciones del Sistema General de Regalías, con posterioridad a su giro son de propiedad de las entidades beneﬁciarias de dichos recursos. A estos rendimientos, que permanecerán en la cuenta autorizada por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, se debe dar la misma destinación prevista en las disposiciones vigentes para dichas asignaciones, surtir los trámites correspondientes ante el respectivo órgano colegiado de administración y decisión y, para su ejecución, se incorporarán en los presupuestos de la respectiva entidad territorial de acuerdo con lo establecido en inciso 5 del artículo 2.2.4.1.2.7.5 del presente decreto.

SUBSECCIÓN 8

CAPACIDAD DE PAGO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.8.1. Cómputo de las asignaciones en la capacidad de pago. De acuerdo con los artículos 40 y 133 de la ley 1530 de 2012, los ingresos por asignaciones directas y recursos asignados por los fondos del Sistema General de Regalías computan en la capacidad de pago de las entidades territoriales, solamente para contratar operaciones de crédito público destinadas a ﬁnanciar proyectos de inversión previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.8.2. Cálculo de la capacidad de pago de las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales designadas como ejecutoras. Para efectuar el cálculo de los indicadores de capacidad de pago de las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales ejecutoras, a los que se reﬁere la Ley 358 de 1997, se deben incluir dentro de los ingresos corrientes por regalías los ingresos por concepto de asignaciones directas y los asignados por los fondos del Sistema General de Regalías, previamente aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión correspondiente, conforme a las normas pertinentes ﬁjadas en la Ley 1530 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1530 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.8.3. Indicadores de capacidad de pago y normas de responsabilidad ﬁscal. De acuerdo con los artículos 40 y 133 de la Ley 1530 de 2012, para realizar operaciones de crédito público respaldadas con recursos del Sistema General de Regalías, las entidades territoriales deben cumplir los siguientes requisitos:

Utilizar ese tipo de recursos exclusivamente para ﬁnanciar proyectos de inversión previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión;

Incluir en el cálculo de capacidad de endeudamiento solamente las asignaciones directas y los recursos de los fondos, aprobados para estos ﬁnes por los órganos colegiados de administración y decisión; y

Dar pleno cumplimiento a todas las normas de endeudamiento y disciplina ﬁscal

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.8.4. Autorización de los cupos de endeudamiento. Para autorizar los cupos de endeudamiento, las asambleas y los concejos pueden incluir créditos apalancados con asignaciones del Sistema General de Regalías únicamente cuando este tipo de recursos se destine a ﬁnanciar proyectos de inversión previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.8.5. Excedentes de liquidez de los recursos del sistema general de regalías. De conformidad con el artículo 95 de la Ley 1530 de 2012, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá invertir los excedentes transitorios de liquidez de los recursos del Sistema General de Regalías en títulos de deuda pública de la Nación, en depósitos remunerados en el Banco de la República o en pagarés de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Para efectos de lo anterior, el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobará la política general de las inversiones de los excedentes transitorios de liquidez. Así mismo, el Comité de Tesorería autorizará previamente la inversión en pagarés del Tesoro Nacional.

SUBSECCIÓN 9

PLATAFORMA INTEGRADA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.9.1. Plataforma integrada de información del Sistema General de Regalías. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1530 de 2012, adóptese un sistema de información de largo alcance, interactivo, que permita visualizar en tiempo real el ciclo del recurso y los resultados de los proyectos de inversión que se ﬁnanciarán con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías. El sistema mostrará los resultados utilizando mecanismos de última tecnología en mapeo digital para evidenciar e indagar de forma profunda la información del Sistema General de Regalías que se cargue. El sistema deberá permitir ubicar los recursos y proyectos de forma geo referencial.

El sistema permitirá obtener toda la información sobre un proyecto especíﬁco en línea, mostrando los recursos invertidos hasta al momento, el número de beneﬁciarios, videos y fotos.

Este sistema de información permitirá subir información desde cualquier lugar y permitirá visualizar esta información mediante la integración de los bancos de programas y proyectos y de los órganos del Sistema General de Regalías, quienes trasladarán la información a una plataforma transversal de información.

Esta herramienta debe permitir hacer un seguimiento adecuado y completo a los recursos y proyectos del sistema, dando acceso a los datos más recientes sobre los recursos que se presupuestaron y cómo se están ejecutando.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.9.2. Deﬁnición de la plataforma integrada del sistema. La plataforma integrada del Sistema General de Regalías es un sistema que integra la información sobre los recursos naturales no renovables, las contraprestaciones económicas originadas por la explotación de éstos, su destinación con énfasis en los proyectos de inversión que se ﬁnancian con cargo al sistema, con el ﬁn de brindar mayor transparencia en el manejo de los recursos mediante la publicación de información recogida a partir de sistemas ya existentes sin que se intervengan bases de datos.

La plataforma permitirá acceso libre a las entidades territoriales, a los órganos del Sistema General de Regalías y a todos los ciudadanos para visualizar y monitorear los recursos naturales no renovables, las contraprestaciones económicas originadas por la explotación de éstos, su destinación con énfasis en los proyectos de inversión que se ﬁnancian con cargo al sistema.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.9.3. Administración de la plataforma integrada del sistema. La plataforma integrada del Sistema General de Regalías será administrada por la Comisión Rectora, quien ﬁjará las condiciones, características y estándares de calidad de la plataforma.

La Comisión Rectora expedirá un acuerdo en el que establecerá el método mediante el cual se uniﬁcará la información que presenten los diferentes actores que alimenten la plataforma.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.9.4. Componentes de la plataforma integrada del sistema. La plataforma integrada del Sistema General de Regalías será transversal y deberá exponer el ciclo completo del recurso y brindar un panorama detallado de la marcha del proyecto, para estos efectos, reﬂejará la siguiente información:

La ubicación del recurso natural no renovable que generó un porcentaje de regalía;

Los volúmenes de producción recaudados;

La distribución que se hace de los recursos a cada uno de los beneﬁciarios del Sistema General de Regalías;

El giro que se hace a cada uno de los beneﬁciarios del Sistema General de Regalías;

El registro de las iniciativas de proyectos de inversión presentadas ante los órganos colegiados de administración y decisión, clasiﬁcadas por cada uno de los fondos del sistema y asignaciones directas, y por sectores de inversión;

Veriﬁcación de requisitos para la aprobación de los proyectos viabilizados por los órganos colegiados de administración y decisión;

Los proyectos viabilizados por los órganos colegiados de administración y decisión y el Departamento Nacional de Planeación, con su respectivo cronograma de ejecución, fuentes de ﬁnanciación e indicadores de seguimiento, de acuerdo con la metodología deﬁnida para tal ﬁn;

La priorización y aprobación de los proyectos de inversión;

El monto de recursos de regalías que se destinó para la ﬁnanciación del proyecto;

Los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución o ya se han ejecutado;

Gestión administrativa, física y ﬁnanciera de la ejecución de los proyectos de inversión e inversiones ﬁnancieras efectuadas por los órganos del Sistema General de Regalías conectados o fuera de línea del sistema;

El ejecutor del proyecto de inversión;

El interventor del proyecto;

La región, departamento, distrito o municipio que se beneﬁcia con el proyecto de inversión;

El estado de los Fondos de Ahorro y Estabilización y de ahorro pensional de las Entidades

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.9.5. Registro de información. Las entidades territoriales, los ejecutores de los proyectos, los órganos del Sistema General de Regalías, el Fonpet, el Banco de la República, el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística deberán registrar la información en forma estandarizada, teniendo en cuenta los parámetros que para el efecto disponga la Comisión Rectora.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.9.6. Procedimiento para registro de información. La Comisión Rectora mediante acuerdo establecerá el procedimiento para registrar la información.

ARTÍCULO 2.2.4.1.2.9.7. Información del banco de programas y proyectos de inversión del sistema general de regalías. La plataforma recogerá información del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, y este, a su vez deberá recibir información de los proyectos de inversión registrados en los bancos de programas de las entidades territoriales.

CAPÍTULO 2

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN (SMSCE) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

SECCIÓN 1

GENERALIDADES

ARTÍCULO 2.2.4.2.1.1. Alcance del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), desarrollará procesos de recolección, consolidación, veriﬁcación, análisis de la información, imposición de medidas de control y retro alimentación de los resultados de las inversiones ejecutadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con el ﬁn de velar por el uso eﬁcaz, y eﬁciente de los mismos.

PARÁGRAFO 1. La veriﬁcación de los requisitos para la aprobación de los proyectos, señalada en el inciso 4 del artículo 26 de la Ley 1530 de 2012, se podrá adelantar en el marco del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), bajo el enfoque de acciones preventivas de éste.

PARÁGRAFO 2. En el marco de las acciones preventivas del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) y cuando a ello hubiere lugar, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en su calidad de administrador de este sistema, establecerá las acciones de mejora a cargo de los beneﬁciarios o ejecutores de recursos de inversión del Sistema General de Regalías, que propendan por el uso eﬁcaz y eﬁciente de los mismos.

PARÁGRAFO transitorio. En el ejercicio de las funciones a que hacen referencia los artículos 135 y 144 de la Ley 1530 de 2012, el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, podrá apoyarse para el seguimiento a las regalías causadas al 31 de diciembre de 2011, en los instrumentos previstos en la normativa vigente para esa fecha.

ARTÍCULO 2.2.4.2.1.2. Naturaleza de la labor del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Las labores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) son de naturaleza administrativa, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 361 de la Constitución Política.

Esta labor es diferente de la del control ﬁscal, disciplinario y penal que corresponde a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación y para su ejecución no ejerce funciones de policía judicial o de investigación.

ARTÍCULO 2.2.4.2.1.3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en el presente capítulo aplican a los siguientes órganos y actores del Sistema General de Regalías (SGR), señalados en la Ley 1530 de 2012, respecto de los recursos de este Sistema:

Comisión

Órganos colegiados de administración y decisión.

Secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión.

Secretaría técnica de la Comisión

Banco de la República, respetando su autonomía

Administrador del ahorro pensional de las entidades

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, quienes cumplen funciones en el ciclo de las regalías, y las entidades en quien delegue la función constitucional de ﬁscalizar la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y de adelantar las actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano.

Departamento Nacional de Planeación.

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias);

Departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y ﬂuviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, reconociendo su autonomía administrativa;

Cualquier entidad pública que sea designada por un órgano colegiado de administración y decisión, como ejecutora de un proyecto de inversión o la entidad pública designada como instancia para la contratación de la interventoría.

Cualquier entidad pública o privada ejecutora de un proyecto de inversión de CTel o entidad pública designada como instancia para la contratación de la interventoría o Colciencias en desarrollo de la vigilancia en atención a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1923 de 2018.

Los representantes legales y ordenadores del gasto de las entidades beneﬁciarías o ejecutoras de proyectos de inversión ﬁnanciadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Las personas designadas como gestores

PARÁGRAFO . Todos los actores del sistema deﬁnidos en el presente artículo estarán sujetos a las actividades de monitoreo y además, serán sujetos pasivos de seguimiento, control y evaluación por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), los señalados en los numerales 11, 12, 13, 14 y 15, cuando a ello hubiere lugar.

ARTÍCULO 2.2.4.2.1.4. Responsabilidad de los órganos y actores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE). En concordancia con la Sección 4, Gestión de Información, del presente capítulo, los órganos y actores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) son responsables del reporte de la información que demande el sistema en el marco de sus funciones, dentro de los 15 primeros días de cada mes y en las condiciones que deﬁna el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su calidad de administrador del SMSCE, conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley 1530 de 2012.

Las entidades administradoras, beneﬁciarias y ejecutoras son responsables de suministrar deforma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identiﬁcar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.

PARÁGRAFO 1. Las secretarías técnicas serán responsables del reporte de información de la totalidad de los proyectos de inversión radicados y de su presentación a los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD). Las oﬁcinas de planeación o la dependencia que haga sus veces, deben remitir a la secretaría técnica del OCAD correspondiente todos los proyectos radicados en la misma, que se pretendan ﬁnanciar o coﬁnanciar con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

PARÁGRAFO 2. Las entidades designadas por los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), como ejecutores de los proyectos aprobados por éstos, serán responsables de la recolección, custodia y reporte al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) de la información del proyecto desde la aprobación hasta su cierre; así como del expediente del proyecto formulado que será trasladado por la respectiva secretaría técnica a éste.

ARTÍCULO 2.2.4.2.1.5. Veriﬁcación, consolidación, análisis y evaluación de información. El Departamento Nacional de Planeación de forma trimestral efectuará la consolidación, análisis, evaluación y retroalimentación de la información reportada por los órganos y actores del Sistema señalados en el artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR).

ARTÍCULO 2.2.4.2.1.6. Control Social. El Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), propiciará espacios de control social, donde el ejecutor, contratista e interventor o supervisor, informan e interactúan con la sociedad civil sobre el alcance y la ejecución del proyecto de inversión; para ello señalará los mecanismos y las metodologías a ser utilizadas en concordancia con las disposiciones y políticas vigentes. Los resultados de este ejercicio se deben reportar al SMSCE conforme a los lineamientos que el Departamento Nacional de Planeación señale.

Se promoverá la creación y consolidación de grupos de auditores ciudadanos, y el desarrollo de auditorías ciudadanas, audiencias públicas de rendición de cuentas, comités de obra participativos o foros virtuales con organizaciones y otros instrumentos deﬁnidos en las normas de carácter general que reglamenten la materia.

Para el ejercicio de la participación ciudadana y control social se dispondrá la información sobre el proyecto formulado y su ejecución a través de reportes públicos que deben generar y publicar de forma mensual los ejecutores en la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías (SGR) o través de sus respectivas páginas web, hasta tanto esta se implemente.

PARÁGRAFO . Cuando los proyectos sean de impacto regional, conforme lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley 1530 de 2012, en los grupos de auditores ciudadanos tendrán derecho a participar integrantes de los departamentos o municipios que se beneﬁcien del proyecto.

SECCIÓN 2

MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

SUBSECCIÓN 1

MONITOREO

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.1.1. Alcance del monitoreo. En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 102 de la Ley 1530 de 2012, el monitoreo se llevará a cabo a través de indicadores deﬁnidos por el Departamento Nacional de Planeación respecto del manejo de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) que incluye: la presentación de las iniciativas a consideración de las instancias colegiadas, su aprobación y ejecución; los recursos orientados al funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR), Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), Ahorro Pensiona! Territorial, Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y actividades relacionadas con la ﬁscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía del subsuelo; así como las inversiones ﬁnancieras realizadas con los mismos, Se realizará de manera periódica sobre cada uno de los actores del Sistema General de Regalías (SGR), a través de las siguientes actividades:

Recolección: Consiste en la recopilación de la información generada por los diferentes actores del Sistema General de Regalías (SGR) a través del sistema de información al que se reﬁeren los artículos 2.2.4.1.2.9.1 a 2.2.4.1.2.9.7 del presente decreto.

Veriﬁcación: Comprobación selectiva de la información reportada en relación con las respectivas fuentes de información. Para tal efecto, se podrán adelantar visitas para la veriﬁcación de la información reportada.

Consolidación: Consiste en la agrupación de la información recopilada a partir de los criterios establecidos por el Departamento Nacional de Planeación y la Comisión Rectora para efectos de su análisis.

Análisis: Examen general o particular de la información recopilada y consolidada para el cálculo de indicadores especíﬁcos y estratégicos que permitan identiﬁcar acciones u omisiones de los órganos y actores del Sistema General de Regalías (SGR) que generen riesgo en el uso eﬁcaz y eﬁciente de los recursos del sistema.

Elaboración de informes de análisis y retroalimentación: Comprende la preparación de informes con el análisis de la información reportada por los órganos y actores señalados en el artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, para la toma de decisiones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.1.2. Metodologías del Monitoreo. El monitoreo se realizará a partir de metodologías diferenciadas de acuerdo con la labor de los órganos y actores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), sobre los siguientes hechos y aspectos:

Ciclo de las regalías.

Presentación, viabilidad, priorización y aprobación de

Ejecución de proyectos de inversión y el giro de recursos a los

Excedentes de liquidez y las inversiones ﬁnancieras derivadas de estos.

Administración de recursos destinados al ahorro pensional territorial y a los del Fondo de Ahorro y Estabilización.

Ejecución de asignaciones diferentes a la inversión.

Estas metodologías serán desarrolladas y expedidas por el Departamento Nacional de Planeación, en su condición de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) y deben incluir como mínimo los indicadores que permitan medir el avance en el cumplimiento de las metas programadas, y el resultado e impacto de las mismas; los procedimientos para la identiﬁcación de acciones u omisiones en la gestión de las entidades beneﬁciarías, ejecutoras o administradoras, que pongan en riesgo la adecuada utilización de los recursos; y la formulación, aprobación y seguimiento de los planes de mejora.

PARÁGRAFO 1. Los resultados derivados del monitoreo serán comunicados a los respectivos órganos y actores del Sistema General de Regalías (SGR) para la implementación de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los proyectos de inversión objeto de seguimiento o evaluación por dicho sistema.

PARÁGRAFO 2. Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y las entidades administradoras, beneﬁciarías y ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información requerida para realizar el monitoreo; identiﬁcar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.

PARÁGRAFO 3. El sistema de monitoreo podrá tener en cuenta los conceptos emitidos por los órganos consultivos y dictámenes de expertos, en el momento de realizar las recomendaciones e implementación de planes de mejora.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.1.3. Cuentas maestras. En las cuentas maestras sólo se podrá realizar operaciones débito que se destinen al pago de obligaciones generadas en la ejecución de dichos recursos o de la inversión ﬁnanciera de los mismos. Toda transacción que se efectúe con cargo a éstas se debe hacer por transferencia electrónica.

PARÁGRAFO . Las cuentas autorizadas por el Departamento Nacional de Planeación en virtud del artículo 44 de la Ley 1530 de 2012 o registradas para el manejo de los recursos de fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) o de las oﬁcinas de planeación territorial se deben identiﬁcar como cuenta maestra. Estas se podrán sustituir cuando haya transcurrido como mínimo un año de su autorización o registro, o cuando se demuestren deﬁciencias en el servicio prestado por la entidad bancaria.

SUBSECCIÓN 2

SEGUIMIENTO

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.2.1. Alcance del seguimiento. El seguimiento está orientado a la veriﬁcación de la ejecución física y ﬁnanciera de los proyectos de inversión ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) seleccionados como resultado del monitoreo, en términos de eﬁcacia, eﬁciencia y calidad en la gestión de los bienes o servicios objeto de los mismos, respecto de la información suministrada por los ejecutores y la recopilada por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), de acuerdo con los siguientes conceptos:

Eﬁcacia: Cumplimiento de las metas de los indicadores del proyecto de inversión establecidas en la formulación del mismo;

Eﬁciencia: Relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los logros obtenidos, en términos del cumplimiento de las metas en los plazos programados en el cronograma establecido en la formulación y en los estándares técnicos de los bienes o servicios alcanzados en el desarrollo del mismo;

Calidad: Cumplimiento de los estándares técnicos de los bienes o servicios logrados en el desarrollo del proyecto de conformidad con la formulación del

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.2.2. Instrumentos del seguimiento. En el seguimiento se utilizarán los siguientes instrumentos:

Visitas de veriﬁcación: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 102 de la Ley 1530 de 2012, con el ﬁn de veriﬁcar la ejecución de los proyectos ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), objeto de seguimiento, se podrán practicar visitas de veriﬁcación a los sitios donde se realicen las inversiones. En desarrollo de las visitas se podrá solicitar información de carácter técnico, administrativo, legal y ﬁnanciero, necesaria para su veriﬁcación.

Estas visitas serán anunciadas al ejecutor mediante comunicación escrita dirigida a la entidad visitada, indicando los integrantes, el objeto y duración de la misma. De esta se rendirá un informe que servirá de base para evaluar la procedencia de iniciar un procedimiento administrativo, en los términos previstos en la Ley 1530 de 2012 y en el presente capítulo, y la adopción de medidas preventivas, correctivas o sancionatorias.

En desarrollo de las visitas de veriﬁcación, los funcionarios o contratistas autorizados por el Departamento Nacional de Planeación, podrán solicitar al ejecutor, contratistas o interventores la presentación de documentos y los registros ﬁnancieros y contables pertinentes para establecer la conformidad de la ejecución física y ﬁnanciera del proyecto;

Pruebas técnicas o conceptos de expertos: Cuando a ello hubiere lugar y con cargo al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), se podrá disponer la práctica de pruebas técnicas o solicitar dictámenes de expertos para veriﬁcar la calidad de los bienes o servicios provistos en la ejecución de los proyectos de inversión o el avance físico de los mismos. Estas podrán practicarse directamente por el Departamento Nacional de Planeación o a través de terceros que cuenten con la experticia requerida certiﬁcada de acuerdo con el tipo de prueba o concepto a elaborar.

PARÁGRAFO . En los proyectos ﬁnanciados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se aplicarán los lineamientos que para el efecto se deﬁnan, conforme lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1530 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.2.3. Selección de proyectos para seguimiento. Con base en los resultados del monitoreo se determinará periódicamente la muestra de los proyectos objeto de seguimiento, atendiendo los criterios de selección y la metodología deﬁnida para tal ﬁn.

SUBSECCIÓN 3

EVALUACIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.3.1. Alcance de la evaluación. La evaluación se realizará sobre los proyectos de inversión seleccionados y se orientará a la veriﬁcación de la gestión, productos y resultados del proyecto deﬁnidos en la formulación del mismo, en términos de eﬁcacia, eﬁciencia y calidad. Periódicamente se efectuarán evaluaciones del impacto generado por la inversión de recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.3.2. Tipos de evaluación. Las evaluaciones podrán ser:

De gestión: Es aquella que se practica durante la ejecución del proyecto para veriﬁcar la eﬁcacia en la gestión del

De resultados: Es la veriﬁcación y análisis que se realiza al ﬁnalizar la ejecución del proyecto respecto del cumplimiento del propósito, metas, productos, resultados y beneﬁcios generados con la ejecución del proyecto en la población beneﬁciada.

De operación de las inversiones: Consiste en la veriﬁcación in situ de la operación del proyecto al ﬁnalizar su ejecución y dentro de los dos años siguientes a su terminación.

De impacto: Se reﬁere al análisis de los cambios en las condiciones de vida de la población objeto y en el desarrollo local y regional como consecuencia de la ejecución e implementación de proyectos ﬁnanciados con recursos de regalías, así como de los resultados cientíﬁcos que pueda realizar la comunidad académica y cientíﬁca del país en los proyectos ﬁnanciados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.3.3. Selección de proyectos para evaluación. Periódicamente, se determinará la muestra de los proyectos objeto de evaluación atendiendo criterios estratégicos deﬁnidos en la metodología que será utilizada para tal ﬁn.

SUBSECCIÓN 4

CONTROL

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.1. Alcance. De acuerdo con el numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1530 de 2012, el control se adelantará respecto de los sujetos pasivos señalados en el parágrafo del artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, soportado en informes derivados del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) o de otras fuentes de información en las cuales se identiﬁquen acciones u omisiones que afecten el uso adecuado, eﬁcaz y eﬁciente de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) o el cumplimiento de los requisitos de ley del mismo, observando lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 1530 de 2012.

Para la aplicación de las medidas de control se debe surtir el procedimiento preventivo o correctivo y sancionatorio establecido en la Ley 1530 de 2012, según sea el caso. Las causales que dan lugar a estas medidas son las establecidas en los artículos 109 y 113 de la mencionada Ley, respectivamente, que se identiﬁquen en la administración, inversión ﬁnanciera o ejecución de los proyectos de inversión ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.2. Información en el procedimiento preventivo. El Departamento Nacional de Planeación dictará los lineamientos que se tendrán en cuenta para la aplicación de la causal establecida en el literal a) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, especiﬁcando tipo de información y plazos para su entrega.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.3. Peligro inminente. Para efectos de la causal del literal c) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, el peligro inminente se entenderá como el inicio de la ejecución de acciones u omisiones que generen una amenaza cierta y cercana de destinar o invertir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en gastos diferentes a los establecidos en la ley o el proyecto aprobado por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), o la inexistencia de requisitos legales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 1530 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.4. Tasación de las multas. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 113 de la Ley 1530 de 2012, la multa prevista en el artículo 119 de la Ley 1530 de 2012, se impondrá al representante legal de la entidad beneﬁciaría o ejecutora, previo procedimiento correctivo y sancionatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas correctivas y sancionatorias a que haya lugar. La multa en ningún caso podrá exceder los 100 SMMLV y para su imposición se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Si se comprueba resistencia, negativa u obstrucción en el curso del procedimiento correctivo y sancionatorio, se impondrá multa desde cinco (5) SMMLV hasta diez (10) SMMLV;

Si hay reincidencia en la comisión de causales que ameritaron la imposición de medidas de control, se impondrá multa desde cinco (5) SMMLV hasta veinte (20) SMMLV;

Si se prueba beneﬁcio económico por parte del representante legal de la entidad beneﬁciaría o ejecutora, se impondrá multa desde veinte (20) SMML V hasta ochenta (80) SMMLV;

Si se prueba daño o peligro social, económico o ambiental se impondrá multa desde veinte (20) SMMLV hasta cien (100)

En el evento que concurran más de dos criterios de graduación de esta medida, la base para calcular la multa será la mayor entre ellas.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.5. Sobre la medida de suspensión de giros. Cuando la medida de control sea la de suspensión de giros, ésta no surtirá efectos para aquellas apropiaciones presupuéstales o recursos en cuenta que respalden compromisos adquiridos con anterioridad a ésta, incluyendo las vigencias futuras debidamente perfeccionadas, excepto cuando estos correspondan a la causal que dio origen a la suspensión.

Igualmente, la medida no surtirá efectos para las apropiaciones presupuéstales o recursos en cuenta que se encuentren amparando licitaciones, concursos o cualquier proceso de contratación, que se haya iniciado formalmente con anterioridad a la fecha de expedición del acto administrativo de aplazamiento de apropiaciones. En el evento en que estos procesos se declaren desiertos o por cualquier motivo no se perfeccionen los compromisos, la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada.

Los recursos de regalías disponibles en la entidad beneﬁciaría podrán destinarse a realizar los pagos derivados de los compromisos a los que hace referencia este artículo. Cuando los recursos disponibles sean insuﬁcientes para atender dichos compromisos, la entidad beneﬁciaría podrá solicitar en forma sustentada el giro de los recursos necesarios para atenderlos.

La aplicación de las excepciones al aplazamiento de las apropiaciones y la posibilidad de giro de recursos para su ﬁnanciación se sujetará a las siguientes condiciones y requisitos:

El compromiso o el proceso de selección en curso no debe haber sido la causa de la suspensión preventiva o correctiva de los giros de recursos.

El secretario de hacienda o quien haga las veces y el tesorero de la entidad beneﬁciaría deben certiﬁcar la inexistencia de recursos disponibles para atender los compromisos excepcionados del aplazamiento presupuestal.

La solicitud de giro para el cumplimiento de los compromisos excepcionados del aplazamiento presupuestal debe ser solicitada por el representante legal de la entidad beneﬁciaría, quien certiﬁcará que en su debida oportunidad se cumplieron los requisitos legales necesarios para la celebración de los compromisos o iniciación de los procesos de selección. El Departamento Nacional de Planeación veriﬁcará la observancia de estos requisitos, y podrá abstenerse de ordenar el respectivo giro, en el caso de no darse cumplimiento de estos.

Entre la fecha de la suspensión de giros y el decreto de aplazamiento, no se podrán expedir certiﬁcados de disponibilidad presupuestal ni iniciar ningún proceso de selección contractual con cargo a recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

PARÁGRAFO . Cuando proceda la medida de suspensión de giros sobre un proyecto ﬁnanciado con recursos de los Fondos de Desarrollo Regional, Compensación Regional o Ciencia, Tecnología e Innovación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 1530 de 2012, en lo que corresponda y lo señalado en este artículo.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.6. Levantamiento de la medida preventiva. Para el levantamiento de la medida de suspensión preventiva corresponde a la entidad demostrar ante el Departamento Nacional de Planeación:

Por la causal a) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, acreditar el registro de la información completa y consistente que responda a la solicitud de información que dio origen al procedimiento preventivo;

Por la causal b) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, acreditar el cumplimiento por parte de la entidad ejecutora del plan de mejora formulado en razón de las acciones u omisiones identiﬁcadas en el ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación;

Por la causal e) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, acreditar que se han detenido o cesado las acciones u omisiones que implicaban un uso inadecuado, ineﬁcaz, o ineﬁciente de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), o que se cumplió con el requisito legal que se había omitido.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.7. Levantamiento de las medidas correctivas y sancionatorias. Se ordenará el levantamiento de las medidas correctivas y sancionatorias, como se indica a continuación:

Cuando la medida impuesta corresponda a la suspensión de giros, una vez haya transcurrido el término establecido en el acto administrativo que la impuso, el cual no será inferior a un mes ni superior a doce meses;

Cuando se trate de la medida de no aprobación de proyectos con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, una vez haya transcurrido el término establecido en el acto administrativo que la impuso, el cual no será inferior a un mes ni superior a doce;

Cuando se imponga la medida sancionatoria de desaprobación del proyecto con su consecuente devolución de recursos, una vez se veriﬁque la devolución de los mismos;

Cuando se trate de imposición de multas, una vez se veriﬁque el respectivo pago;

Frente a la medida de designación de gestor temporal de asignaciones directas se ordenará su levantamiento una vez se cumpla el término establecido por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) o en su defecto, por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con el artículo 120 de la Ley 1530 de 2012. Si se trata de los recursos de los fondos se ordenará su levantamiento una vez se acredite ante el Departamento Nacional de Planeación la ejecución y cierre del proyecto que dio lugar a la imposición de la

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.8. Condiciones especiales de seguimiento y giro. Cuando la entidad beneﬁciaría o ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se someta a condiciones especiales de seguimiento y giro, estará sujeta a seguimiento permanente por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) durante el tiempo que se mantenga esta condición. El Departamento Nacional de Planeación, en calidad de administrador del SMSCE, expedirá los actos administrativos correspondientes para la aprobación de esta condición y el consecuente giro de los recursos.

PARÁGRAFO . Para atender las situaciones de desastre o calamidad pública, las entidades beneﬁciarías de regalías y compensaciones que se encuentren suspendidas en el giro de las mismas o en condiciones especiales de seguimiento y giro, podrán hacer uso de estos recursos para asumir compromisos estrictamente relacionados con la atención de la misma con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), previa solicitud al Departamento Nacional de Planeación, sustentada en la declaratoria de emergencia de acuerdo con la Ley 1523 de 2012, quien procederá con base en esta a gestionar la autorización de giro correspondiente. Lo anterior, en concordancia con los lineamientos de la Comisión Rectora del SGR.

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.4.9. Gestor Temporal. En virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 1530 de 2012, la designación del gestor temporal se hará de una lista de elegibles integrada y conformada a través de invitación pública realizada por el Departamento Nacional de Planeación. La invitación pública para integrar esta lista se realizará por primera vez en el año 2013 y su actualización se hará cada 2 años.

La designación del gestor temporal por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), se hará por sorteo. La duración de la medida de Gestor Temporal será establecida por el OCAD, de conformidad con el acto administrativo de imposición de medida sancionatoria proferido por el Departamento Nacional de Planeación.

El órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) informará por escrito al Departamento Nacional de Planeación sobre la inscripción o la cancelación de una persona como gestor temporal en la lista de elegibles.

Para la designación del gestor temporal, el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) tendrá en cuenta las• alertas generadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) sobre los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), así como lo previsto en el artículo 120 de la Ley 1530 de 2012.

El Gestor Temporal se ﬁnanciará con cargo a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR) a los que se reﬁere el artículo 11 de la Ley 1530 de 2012, en las condiciones que determine la Comisión Rectora.

La designación del gestor temporal y su costo mensual debe constar en acto administrativo motivado expedido por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD). La secretaría técnica del OCAD debe adelantar las gestiones presupuéstales ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el ﬁn de afectar el correspondiente rubro presupuestal del funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR), designado para estos efectos.

En todo caso, el Departamento Nacional de Planeación regulará lo atinente al funcionamiento del gestor temporal.

SECCIÓN 3

INFORMES DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN (SMSCE)

ARTÍCULO 2.2.4.2.3.1. Informes. Periódicamente el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), generará informes consolidados con los resultados obtenidos en el ejercicio del monitoreo, seguimiento, control y evaluación, los cuales serán objeto de divulgación en la Plataforma Integrada del Sistema General de Regalías (SGR) y en la página web del Sistema. Dichos reportes serán remitidos a los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) a través de sus secretarías técnicas para efectos de la deﬁnición, viabilización, priorización y aprobación de proyectos, así como para la designación de los respectivos ejecutores.

ARTÍCULO 2.2.4.2.3.2. Socialización y divulgación de información. Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) deben hacer pública y mantener actualizada a través del canal dispuesto en el menú principal del sitio web de la entidad que ejerza esta labor, y ﬁjar en un lugar público visible, la siguiente información:

Listado con la identiﬁcación de los miembros del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y los actos administrativos de delegación si hubiere lugar a ello.

Convocatoria a los miembros e invitados permanentes del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), actas y acuerdos de las diferentes sesiones del

Relación de proyectos presentados, viabilizados y aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), así como, el ejecutor designado para los

Para los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) regionales, dicha información se debe divulgar y mantener actualizada a través del canal dispuesto en el menú principal del sitio web y en un lugar público visible del departamento que ejerza como secretaría técnica. En los demás departamentos que lo conforman, se dispondrá de un vínculo a la página web del departamento sede de dicha secretaría.

Las entidades públicas designadas por los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), como ejecutores de los proyectos deben divulgar en sus respectivas páginas web y en un lugar público el avance en la ejecución física y ﬁnanciera del proyecto, así como los aspectos relevantes que estén afectando el desarrollo del mismo.

ARTÍCULO 2.2.4.2.3.3. Reportes a organismos de control. Cuando en el ejercicio de la labor de monitoreo, seguimiento, control y evaluación se evidencien hechos que afecten el uso eﬁcaz y eﬁciente de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), o contraríen la normatividad de este, se debe proceder con el registro y documentación de los mismos para adelantar los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios a que haya lugar y su posterior envío a los respectivos organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda y cuando ello fuere procedente.

ARTÍCULO 2.2.4.2.3.4. Otros reportes a organismos de control. Las acciones u omisiones relacionadas con la ausencia de procedimientos de selección en la contratación, incumplimiento de procedimientos presupuéstales o de contabilidad pública en la utilización de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se reportarán a las entidades de control y a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda para lo de su competencia y cuando ello fuere procedente.

SECCIÓN 4

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.2.4.1. Información para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE). La gestión de la información requerida para el desarrollo de las labores derivadas del monitoreo, seguimiento, control y evaluación será efectuada a través de la Plataforma Integrada del Sistema General de Regalías (SGR), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.4.1.2.9.1 a 2.2.4.1.2.9.7 del presente decreto.

PARÁGRAFO . Los actores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) entregarán al Departamento Nacional de Planeación (DNP) informes mensuales impresos, mediante archivos planos o aplicativos establecidos para tal ﬁn, dentro de los 15 primeros días de cada mes, conforme a las instrucciones que para el efecto se expidan.

Hasta que entre en operación la Plataforma Integrada del Sistema General de Regalías (SGR), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) determinará los instrumentos para el suministro de la información que permita realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del Sistema.

ARTÍCULO 2.2.4.2.4.2. Responsabilidad de la Información. En el marco de la normativa vigente, los sujetos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) deben establecer los procedimientos de control interno, administrativo y contable que garanticen el registro de la información requerida, bajo criterios de oportunidad, veracidad, conﬁabilidad e integridad. Igualmente, son responsables por la información registrada, los usuarios autorizados para tal ﬁn.

Las irregularidades en el registro de la información serán reportadas a las autoridades competentes y cuando a ello hubiere lugar conllevarán a la aplicación del procedimiento preventivo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 1530 de 2012, conforme a lo establecido para tal ﬁn.

ARTÍCULO 2.2.4.2.4.3. Alcance de la información Registrada en la Plataforma Integrada del Sistema General de Regalías (SGR). La información registrada en la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías (SGR) es fuente para:

Reporte de ejecución físico ﬁnanciera de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR);

Elaboración de informes de monitoreo, seguimiento y evaluación de la utilización de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y el control de resultados que realicen las autoridades públicas;

El seguimiento de los planes de mejora;

La obtención de los informes requeridos por las entidades de control;

La adopción de medidas de control;

Difusión pública de resultados a través de la página web del Sistema General de Regalías (SGR).

ARTÍCULO 2.2.4.2.4.4. Soportes documentales para el registro en la Plataforma Integrada del Sistema General de Regalías (SGR). Todo registro de información que realicen los usuarios en la Plataforma Integrada del Sistema General de Regalías (SGR), debe estar soportado en documentos legalmente expedidos. Para efectos del artículo 2.2.4.1.2.9.5 del presente decreto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) señalará a la Comisión Rectora los documentos mínimos que se deben considerar en cada una de las etapas de la gestión de los proyectos e inversiones ﬁnancieras.

Las entidades usuarias de la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías (SGR) deben designar los responsables del registro de información en cada una de las etapas de gestión de los proyectos.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en desarrollo de la labor de monitoreo, podrá adelantar procedimientos de veriﬁcación de la información registrada o reportada en la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías (SGR), a través de la inspección de los soportes utilizados para su registro o mediante cruces de información con otras entidades del Estado.

SECCIÓN 5

DISPOSICIONES COMUNES AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 2.2.4.2.5.1. Instrumentos de apoyo a la gestión. En desarrollo del artículo 104 de la Ley 1530 de 2012, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) promoverá la implementación de instrumentos de gestión para la obtención de resultados, el control de riesgos y el uso eﬁcaz y eﬁciente de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR); prestará asistencia técnica en áreas relacionadas con la formulación y gestión de proyectos de inversión, capacitación en las herramientas dispuestas para garantizar la administración, gestión y monitoreo de estos recursos; rendición pública de cuentas; y control social, en armonía con la normatividad vigente.

ARTÍCULO 2.2.4.2.5.2. Incentivos. Para asegurar el uso eﬁciente y eﬁcaz de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en desarrollo del artículo 105 de la Ley 1530 de 2012, implementará una metodología para la valoración, posicionamiento y reconocimiento de las entidades beneﬁciarías y ejecutoras de los recursos de regalías, atendiendo la eﬁcacia, eﬁciencia y oportunidad en el uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR); el desempeño integral, el índice de Gobierno Abierto, entre otros.

Los resultados de esta valoración podrán ser utilizados para la deﬁnición y priorización de los proyectos; designación de los ejecutores y el fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y de las oﬁcinas de planeación de las entidades territoriales y demás beneﬁciarías.

SECCIÓN 6

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 2.2.4.2.6.1. Cierre de proyectos ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6} meses siguientes a la ﬁnalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo. Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

ARTÍCULO 2.2.4.2.6.2. Comunicación electrónica. La información del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) generada, enviada, recibida, da o comunicada por medios electrónicos tendrá los efectos de la comunicación escrita, lo anterior de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o del Código Contencioso Administrativo, según corresponda.

CAPÍTULO 3

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD) Y DE LAS SECRETARÍAS

TÉCNICAS

SECCIÓN 1

NATURALEZA, FUNCIONES, DESIGNACIÓN Y ELECCIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.3.1.1. Conformación. Los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la ley están conformados por representantes del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal o Distrital. Para el caso del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación contarán además con representantes de universidades públicas y privadas. Los OCAD son órganos sin personería jurídica que desempeñan funciones públicas en los términos establecidos en la ley y en el presente decreto.

Los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) contarán con una secretaría técnica, un presidente designado por los miembros del respectivo órgano colegiado, y se regirán por el reglamento que expida la Comisión Rectora.

ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2. Funciones. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, son funciones de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), las siguientes, que se ejercerán así:

Deﬁnir los proyectos de inversión sometidos a su consideración para ser ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías.

Evaluar los proyectos deﬁnidos susceptibles de ser ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías.

Viabilizar los proyectos de inversión a ser ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías.

Priorizar los proyectos de inversión a ser ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías, de conformidad con el artículo 27 la Ley 1530 de 2012.

Aprobar los proyectos de inversión o los ajustes de estos a ser ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual tendrá en cuenta, entre otras, las alertas generadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de los recursos del Sistema General de Regalías.

Designar el ejecutor de los proyectos a ser ﬁnanciados con recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual tendrá en cuenta, entre otras, las alertas generadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de los recursos del Sistema General de Regalías.

Conformar los comités consultivos, a través de su secretaría técnica.

Decidir la instancia que adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión.

Las demás que señale la

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los efectos previstos en el parágrafo transitorio del artículo 26, entiéndase por proyecto viabilizado aquel que ha cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos por la normatividad anterior, pero que no alcanzó a ser puesto a consideración del Consejo Asesor de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.3.1.3. Designación de los representantes del Gobierno Nacional. El Presidente de la República, designará a los representantes del Gobierno Nacional que integrarán cada uno de los órganos colegiados de administración y decisión.

Para el caso especíﬁco de los órganos colegiados de administración y decisión de asignaciones directas municipales, el Presidente de la República mediante el presente inciso, delega el ejercicio de su función en los cargos de la planta global del Departamento Nacional de Planeación, en los términos del artículo 9 de la Ley 489 de 1998.

SECCIÓN 2

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 2.2.4.3.2.1. La secretaría técnica. La secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión será la encargada de proporcionar infraestructura logística, técnica y humana requerida para su funcionamiento.

Una vez designada la secretaría técnica, esta tendrá un período anual y deberá comunicar a todas las entidades territoriales que hagan parte del ámbito territorial de competencia del órgano colegiado de administración y decisión, que adelantará las funciones de secretaría técnica, para que los municipios, distritos y departamentos presenten los proyectos de inversión susceptibles de ser ﬁnanciados con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

ARTÍCULO 2.2.4.3.2.2. Funciones de la secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión. Son funciones de la secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), las siguientes:

Convocar los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), a más tardar el 15 de marzo de cada vigencia, para lo cual solicitará al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de secretaria técnica de la Comisión Rectora, el listado de los miembros del Gobierno Nacional, de los alcaldes elegidos en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo y de los representantes de las comunidades.

Proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión.

Recibir y registrar en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías los proyectos de inversión, presentados por las entidades territoriales o los representantes de las comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, susceptibles de ser ﬁnanciados o coﬁnanciados con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.

Presentar en todas las sesiones del órgano colegiado de administración y decisión, un informe de los proyectos sometidos a su consideración, en las diferentes etapas del ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión

Registrar los proyectos viabilizados y priorizados por los respectivos órganos colegiados de administración y decisión en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías.

Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la disponibilidad de recursos del Sistema General de Regalías para la priorización de proyectos, por instrucción de los integrantes del órgano colegiado de administración y decisión.

Convocar a las sesiones a los miembros de los órganos colegiados de administración y decisión y a los invitados permanentes, previa solicitud del presidente del

Ejercer la secretaría en las reuniones de los órganos colegiados de administración y decisión.

Veriﬁcar el quórum en las sesiones de los órganos colegiados de administración y decisión.

Levantar el acta de cada sesión y presentarla a consideración de todos los miembros del respectivo órgano colegiado de administración y decisión.

Suscribir los acuerdos y actas, conjuntamente con el presidente del respectivo órgano colegiado de administración y decisión.

Preparar y allegar toda la documentación necesaria para las sesiones, tales como los estudios, informes o documentos que deban ser objeto de examen, análisis o deliberación por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión.

Comunicar o notiﬁcar, según el caso, los acuerdos de aprobación de proyectos.

Convocar a los comités consultivos y otros actores relevantes para realizar los ejercicios de planeación regional de que trata el artículo 24 de la Ley 1530 de 2012,

Veriﬁcar el cumplimiento de los lineamientos y requisitos deﬁnidos por la Comisión Rectora para la aprobación del pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011

Realizar la custodia y archivo de la gestión documental, con ocasión de su labor, conforme a la normatividad vigente

PARÁGRAFO . La Secretaría Técnica del OCAD PAZ podrá presentar a consideración de esta instancia los proyectos por fuente de ﬁnanciación que cumplan con la veriﬁcación de requisitos efectuada por el Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.4.3.2.3. Fortalecimiento de las secretarías técnicas. El Departamento Nacional de Planeación, con cargo a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías que le sean asignados, podrá, entre otros gastos, suministrar apoyo para el fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) de acuerdo con lo establecido por la Comisión Rectora.

ARTÍCULO 2.2.4.3.2.4. Citación a sesión de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD). La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías deﬁnirá los términos para la citación a sesión de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD).

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías deﬁne, mediante acuerdo, los términos para la citación a sesión de los OCAD, la citación para la realización de las sesiones de los órganos colegiados de administración y decisión departamentales y municipales se realizará por escrito con una antelación no menor de siete (7) días hábiles antes de la fecha de realización de la sesión. Para los órganos colegiados de administración y decisión regionales y el del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se realizará por escrito con una antelación no menor de siete (7) días calendario antes de la fecha de realización de la sesión.

SECCIÓN 3

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ARTÍCULO 2.2.4.3.3.1. Conformación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 361 de la Constitución Política, la integración del órgano colegiado de administración y decisión para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, será la siguiente:

Tres (3) ministros o sus

Un (1) representante del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Un (1) representante del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), quien ejercerá la secretaría técnica.

Un (1) gobernador por cada instancia de planeación regional o sus delegados, por períodos

Cuatro (4) representantes de universidades públicas, por períodos bienales, sin posibilidad de reelección

Dos (2) representantes de universidades privadas, por períodos bienales, sin posibilidad de reelección

La elección de cinco de los representantes de las universidades, que cumplan con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 30 de la Ley 1530 de 2012, se realizará por ellas mismas, previa convocatoria por parte de Colciencias, en su calidad de secretaría técnica quien podrá apoyarse para tales efectos en agrupaciones universitarias legalmente reconocidas.

El representante de la universidad pública a que se reﬁere el parágrafo primero del mismo artículo, será elegido por la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, previa convocatoria realizada por parte de Colciencias, en su calidad de secretaría técnica, en coordinación con la Dirección de Asuntos para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 2.2.4.3.3.2. Impedimentos. Si durante el período en que una universidad haga parte del órgano colegiado, se llegare a presentar un programa o proyecto en el cual la universidad tiene interés ya sea en su formulación o en su ejecución, el representante de esta deberá declararse impedido para votar y abandonará la sesión del órgano colegiado hasta que sea tomada una decisión respecto de ese asunto.

ARTÍCULO 2.2.4.3.3.3. Periodo. El periodo de los gobernadores será de un (1) año. El período de designación para los representantes de las universidades será de dos (2) años sin posibilidad de reelección inmediata. Podrán volver a ser miembros, luego de dos períodos y una vez veriﬁcada su acreditación institucional.

SECCIÓN 4

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL Y DE DESARROLLO REGIONAL

ARTÍCULO 2.2.4.3.4.1. Conformación. En virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitución Política y los artículos 33, 34 y 159 de la Ley No 1530 de 2012, se establece la conformación de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, así:

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.

Tres (3) ministros o sus

El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

Los gobernadores de los departamentos que componen el órgano colegiado regional, por la totalidad de su período de

Dos (2) alcaldes por cada uno de los departamentos que componen el órgano colegiado regional, elegidos por cuociente electoral, por períodos anuales.

Un (1) alcalde adicional, elegido por los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos que componen el órgano colegiado regional, por períodos

La secretaría técnica será ejercida por la secretaría de planeación de uno de los departamentos que componen el órgano colegiado de administración y decisión regional, o por quien designe el órgano colegiado de administración y decisión, una vez este sea convocado e integrado, que en cualquier caso debe ser una entidad de carácter público.

Se someterán a su consideración. los proyectos de impacto regional que se ﬁnancien con cargo al Fondo de Compensación Regional, así como los proyectos de impacto regional del Fondo de Desarrollo Regional de los departamentos y municipios que conformen el correspondiente órgano colegiado de administración y decisión regional.

PARÁGRAFO . Para efectos de convocar e integrar a los miembros del órgano colegiado de administración y decisión a su primera sesión, los departamentos que lo conformen designarán como secretaría técnica, a la secretaría de planeación de uno (1) de los departamentos.

ARTÍCULO 2.2.4.3.4.2. Conformación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para el 40% del Fondo de Compensación Regional destinado a proyectos de impacto local. Los proyectos de inversión que se ﬁnancien con cargo al 40% del Fondo de Compensación Regional podrán ser deﬁnidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión municipales, cuya conformación será igual a la prevista para los OCAD de asignaciones directas municipales.

En el evento en que el alcalde municipal así lo decida, los proyectos de inversión podrán ser deﬁnidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión departamentales, cuya conformación será igual a la prevista para los OCAD de asignaciones directas departamentales.

ARTÍCULO 2.2.4.3.4.3. Participación regional en los órganos colegiados de administración y decisión. En desarrollo del artículo 159 de la Ley 1530 de 2012, los órganos colegiados de administración y decisión regionales de los Fondos de Compensación y Desarrollo Regional, deberán ser integrados por un mínimo de tres (3) departamentos o el Distrito Capital. Estos órganos colegiados corresponderán a la distribución regional propuesta por los departamentos a la Comisión Rectora, para su correspondiente análisis y estudio.

No obstante lo anterior, las entidades territoriales podrán asociarse entre sí y presentar proyectos de inversión de impacto regional a consideración de uno de los órganos colegiados de administración y decisión regional distinto de aquel que se conforme de acuerdo a lo previsto en el inciso anterior.

En el órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se entenderá por instancias de planeación regional las asociaciones departamentales que se conformen para efectos de los órganos colegiados de administración y decisión a los que se reﬁere el primer inciso de este artículo.

SECCIÓN 5

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN PARA ASIGNACIONES DIRECTAS

ARTÍCULO 2.2.4.3.5.1. Conformación. En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitución Política y el artículo 42 de la Ley 1530 de 2012, la conformación de los órganos colegiados de administración y decisión de las asignaciones directas, es la siguiente:

Para los departamentos beneﬁciarios de asignaciones directas:

Dos (2) ministros o sus

El gobernador del departamento beneﬁciario de asignaciones directas, por su período de gobierno.

El número equivalente al diez (10) por ciento de los alcaldes del departamento, o sus delegados, elegidos por cuociente En aquellos departamentos donde existen menos de diez (10) distritos y municipios, el número representativo de sus alcaldes es dos (2). El período de estos alcaldes será anual.

La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejercida por la secretaría de planeación del departamento beneﬁciario o la oﬁcina que haga sus veces.

Para las compensaciones de las que son beneﬁciarias las corporaciones autónomas regionales:

Dos (2) ministros o sus delegados, uno de los cuales será el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado. .

El gobernador del departamento en que la corporación autónoma regional tenga su jurisdicción o su delegado, por su período de gobierno. Si la corporación tiene más de un gobernador en su jurisdicción, los gobernadores elegirán entre ellos su

El número equivalente al diez (10) por ciento de los alcaldes del departamento o de cada departamento en el que la corporación autónoma regional tenga su jurisdicción, o sus delegados. Su elección se hará por cuociente electoral. En aquellos departamentos donde existen menos de diez (10) distritos y municipios, el número representativo de sus alcaldes es dos (2). El período de estos alcaldes será anual.

La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejercida por la corporación autónoma regional beneﬁciaria de asignaciones directas.

Para el caso de los municipios y distritos destinatarios de asignaciones directas con ingresos recibidos en el año inmediatamente anterior superiores a los 2.000 SMMLV:

Un (1) delegado del Gobierno

El gobernador del departamento al que pertenezca el municipio o distrito beneﬁciario de asignaciones directas o su delegado, por su período de

El alcalde del municipio o distrito beneﬁciario de asignaciones directas, por su período de gobierno.

La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejercida por la secretaría de planeación o la entidad que haga sus veces del respectivo municipio o distrito.

Para los municipios y distritos con ingresos recibidos en el año inmediatamente anterior inferiores a los 2.000 SMML V, la Comisión Rectora será la encargada de dar los lineamientos para la conformación de estos órganos colegiados de administración y decisión.

ARTÍCULO 2.2.4.3.5.2. Presentación de proyectos ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Departamental. En concordancia con el artículo 2.2.4.3.4.2 del presente decreto, los proyectos de inversión de impacto local podrán ser deﬁnidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión departamentales en caso que así lo considere la administración municipal.

SECCIÓN 6

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN PARA LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y DEL CANAL

DEL DIQUE

ARTÍCULO 2.2.4.3.6.1. Conformación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 1530 de 2012, para efectos de la aprobación de los proyectos de inversión de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y del Canal del Dique, se establece la conformación del órgano colegiado de administración y decisión, así:

Dos (2) ministros o sus

Un (1) representante del Departamento Nacional de Planeación o su

Dos (2) gobernadores en representación de los trece (13) departamentos que agrupan los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, por períodos anuales. Estos gobernadores serán elegidos, entre ellos, de acuerdo con el mecanismo que determinen para el efecto.

Dos (2) alcaldes en representación de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena. En todo caso, estos representantes serán elegidos de los departamentos cuyos gobernadores no hayan sido elegidos en los términos del numeral anterior, por períodos anuales. Estos alcaldes serán elegidos, entre ellos, por mayoría

La secretaría técnica será ejercida por la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena).

CAPÍTULO 4

PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN EN CUYA

CONFORMACIÓN PARTICIPAN DOS O MÁS MINISTROS Y/O DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 2.2.4.4.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar dentro de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) departamentales, de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional, y del 60% de Compensación Regional, de las corporaciones autónomas regionales y de los municipios ribereños del Río Grande de La Magdalena y del Canal del Dique, la ﬁgura del líder para el nivel de Gobierno Nacional, así como dictar disposiciones relacionadas con las funciones de los miembros de los OCAD.

ARTÍCULO 2.2.4.4.2. Designación del líder y funciones. El Presidente de la República, de conformidad con el artículo 22.4.3.1 del presente decreto, designará un líder para el nivel del Gobierno nacional en los órganos colegiados de administración y decisión, quien ejercerá bajo su responsabilidad las siguientes funciones:

Ser el único interlocutor, con los demás niveles de gobierno y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión.

Coordinar y deﬁnir el sentido del voto del Gobierno nacional en todos los asuntos que son competencia de los órganos colegiados de administración y decisión y dirimir las diferencias que se presenten entre los ministros y directores de departamentos administrativos o sus delegados.

Solicitar pronunciamiento al ministerio o departamento administrativo que encabeza el sector del proyecto de inversión sometido a consideración del órgano colegiado de administración y decisión, cuando se estime

PARÁGRAFO . El pronunciamiento a que se reﬁere el numeral 3 del presente artículo debe ser integral, es decir, incluir los componentes jurídico, técnico y ﬁnanciero. El pronunciamiento debe remitirse al ministerio líder dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud del mismo y por lo menos un (1) día hábil antes de la sesión del OCAD. La deﬁnición del voto del Gobierno nacional no está condicionado a la expedición de dicho pronunciamiento.

ARTÍCULO 2.2.4.4.3. Soporte de las posiciones de los ministerios y departamentos administrativos diferentes al líder. Los ministerios y departamentos administrativos, cuya posición sea distinta de la coordinada por el líder, deberán motivar por escrito, como mínimo un día antes del inicio de la sesión del órgano colegiado de administración y decisión, lo siguiente:

Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no es relevante para la entidad territorial o beneﬁciario.

Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no es pertinente para la entidad territorial o beneﬁciario.

Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no implica un impacto favorable para la entidad territorial o beneﬁciario.

Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo o con los planes de desarrollo de las entidades

ARTÍCULO 2.2.4.4.4. Responsabilidad de los miembros de los órganos colegiados de administración y decisión. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1744 de 2014, los miembros de los órganos colegiados de administración y decisión solamente son responsables de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión teniendo en cuenta su pertinencia, relevancia, impacto y coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo de las entidades territoriales. En ningún caso son responsables por la ejecución de los proyectos de inversión.

La correcta ejecución de los proyectos de inversión es exclusiva responsabilidad de las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administración y decisión.

CAPÍTULO 5

CRITERIOS Y CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL 10% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL, DEL AHORRO PENSIONAL

TERRITORIAL Y DE LOS QUE TRATA EL INCISO SEGUNDO DEL PARÁGRAFO 2 TRANSITORIO DEL ARTÍCULO 361 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 2.2.4.5.1 Criterios de distribución del 10% de los recursos del Fondo de Compensación Regional. El 10% de los recursos del Fondo de Compensación Regional serán distribuidos entre los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior o igual a 35%, para cada año, atendiendo los criterios que se señalan a continuación:

El 60% de acuerdo a la participación del municipio en la población total de los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior o igual a 35%, para lo cual se tomarán las proyecciones de población municipales certiﬁcadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para cada vigencia en que se realiza la distribución.

El 40% según la pobreza relativa, para lo cual se tomará el grado de pobreza de cada municipio, medido con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBl), dividido por el NBI nacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística certiﬁcará los valores del NBI a que se reﬁere este numeral para cada vigencia en que se realiza la distribución.

Los criterios señalados en los numerales 1 y 2 de este artículo se aplicarán de la siguiente manera:

La participación de cada municipio en la población total de los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior o igual a 35% del país, se elevará al exponente 60%, obteniéndose el factor de población.

El NBI de cada municipio dividido por el NBI nacional se elevará al exponente 40% para tener una medida del factor de

Se multiplicarán para cada municipio el factor de población y el factor de pobreza. El porcentaje del 10% del Fondo de Compensación Regional que le corresponderá a cada municipio será igual al producto de su factor de población y su factor de pobreza, dividido por la suma de estos productos para todos los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior o igual a 35%.

ARTÍCULO 2.2.4.5.2. Criterios de distribución de los recursos del Sistema General de Regalías destinados al ahorro pensional territorial. El porcentaje de los recursos del Sistema General de Regalías destinados al ahorro pensional territorial se distribuirá anualmente entre las entidades territoriales que en el año inmediatamente anterior a la vigencia en la cual se hace la distribución, tengan pasivo pensional, según certiﬁcación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a los siguientes criterios:

Se determinará la participación porcentual de cada grupo de entidades territoriales en el monto total de los pasivos pensionales no cubiertos que se encuentren registrados en el sistema de información del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet), así: i) un grupo correspondiente a los departamentos y al Distrito Capital, el cual se denominará el Grupo 1 y ii) un grupo correspondiente a los municipios y demás distritos, el cual se denominará el Grupo 2.

Al interior de cada uno de estos grupos, se distribuirán los recursos entre las entidades territoriales, atendiendo los siguientes criterios:

El 40% de acuerdo a la participación de la entidad territorial en la población total del grupo respectivo, para lo cual se tomarán las proyecciones de población de las entidades territoriales certiﬁcadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para cada vigencia en que se realiza la distribución.

El 60% según la pobreza relativa, para lo cual se tomará el grado de pobreza de cada entidad territorial del respectivo grupo, medido con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), dividido por el NBI nacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística certiﬁcará los valores del NBI a que se reﬁere este numeral para cada vigencia en que se realiza la distribución.

Los criterios señalados en los numerales 1 y 2 de este artículo se aplicarán de la siguiente manera, para cada Grupo por separado:

La participación de cada entidad territorial en la población total de las entidades que conforman el respectivo Grupo, se elevará al exponente 40%, obteniéndose el factor de población.

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de cada entidad territorial en cada Grupo respectivo dividido por el NBI nacional se elevará al exponente 60% para tener una medida del factor de

Se multiplicarán para cada entidad territorial en cada grupo respectivo el factor de población y el factor de pobreza. El porcentaje de los recursos del Sistema General de Regalías destinados al ahorro pensiona! territorial que le corresponderá a cada entidad territorial en cada grupo, será igual al producto de su factor de población y su factor de pobreza, dividido por la suma de estos productos para todas las entidades territoriales que conforman cada Grupo.

ARTÍCULO 2.2.4.5.3. Recursos del Fondo de Desarrollo Regional. Los recursos del Fondo de Desarrollo Regional que las entidades territoriales podrán destinar para alcanzar los porcentajes señalados en el inciso segundo del parágrafo 2 transitorio del Acto Legislativo 05 de 2011, se distribuirán en proporción al faltante que cada entidad territorial tenga con respecto al faltante consolidado de los municipios y departamento en el respectivo departamento, de la siguiente manera:

Se calculará el monto faltante que cada municipio y cada departamento tiene para alcanzar los porcentajes señalados en el parágrafo 2 transitorio del Acto Legislativo 05 de

Se consolidarán por departamento los montos faltantes calculados en el punto

Se obtendrá la proporción del faltante de cada municipio y cada departamento en el consolidado del respectivo departamento y esta proporción será el porcentaje que cada entidad territorial podrá destinar del Fondo de Desarrollo Regional asignada al respectivo departamento, para alcanzar los porcentajes señalados en el inciso segundo del parágrafo 2 transitorio del Acto Legislativo 05 de

CAPÍTULO 6

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ARTÍCULO 2.2.4.6.1. Del campo de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones del presente decreto el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), la Contraloría General de la República, así como los órganos encargados de la ﬁscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, del funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación y del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 2.2.4.6.2. De la constitución. Las cajas menores se constituirán para cada bienio, mediante resolución suscrita por el jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, en la cual se indique la cuantía, el responsable, la ﬁnalidad y la clase de gastos que se pueden realizar.

Para la constitución y reembolso de las cajas menores se deberá contar con el respectivo certiﬁcado de disponibilidad presupuestal. En la resolución de constitución de las cajas menores se deberá indicar la cuantía de cada rubro presupuestal.

Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de cada órgano, siendo responsabilidad de los ordenadores del gasto de dichos órganos el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las reglas que aquí se establecen.

ARTÍCULO 2.2.4.6.3. Del número de cajas menores. El jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, de acuerdo con los requerimientos, deberá establecer el número de cajas menores y autorizar su creación con base en las reglas aquí establecidas. La justiﬁcación técnica y económica deberá quedar anexa a la respectiva resolución de constitución de caja menor.

ARTÍCULO 2.2.4.6.4. Cuantía. La cuantía destinada para las cajas menores de cada entidad no podrá exceder el 0.5% del presupuesto asignado al respectivo órgano dentro de cada bienio.

Los órganos que requieran una mayor cuantía deberán justiﬁcarlo mediante escrito motivado por el jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, el cual deberá quedar anexo a la resolución.

ARTÍCULO 2.2.4.6.5. Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar los gastos previstos en Gastos Generales del Plan de Cuentas del Sistema General de Regalías que tengan carácter de urgente. De igual forma los recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y gastos de viaje, los cuales sólo requerirán autorización del Jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo.

PARÁGRAFO . Los dineros entregados para viáticos y gastos de viaje se legalizarán dentro de los diez (10) días siguientes a la realización del gasto y, en todo caso, antes del 29 de diciembre del ﬁnal del bienio.

ARTÍCULO 2.2.4.6.6. Fianzas y garantías. El jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo deberá constituir las ﬁanzas y garantías que considere necesarias para proteger los recursos del Sistema General de Regalías con cargo a los cuales se constituye la caja menor.

ARTÍCULO 2.2.4.6.7. Legalización de gasto. La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los diez (10) días siguientes a su realización.

No se podrán entregar nuevos recursos, hasta tanto no se haya legalizado el gasto anterior.

ARTÍCULO 2.2.4.6.8. De las prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de cajas menores las siguientes operaciones:

Fraccionar compras de un mismo elemento o

Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización.

Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública y normas que lo reglamenten deban constar por

Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.

Cambiar cheques o efectuar préstamos.

Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la

Efectuar gastos de servicios públicos.

Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de

PARÁGRAFO. Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su totalidad.

ARTÍCULO 2.2.4.6.9. Del manejo del dinero. El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, se podrá manejar en efectivo un monto equivalente de hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Estos recursos serán administrados por el funcionario facultado, debidamente aﬁanzado.

PARÁGRAFO . Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, licencia o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva caja menor, podrá mediante resolución, encargar a otro funcionario debidamente aﬁanzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación, para lo cual sólo se requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar en el libro respectivo.

ARTÍCULO 2.2.4.6.10. Registro en libros. Una vez suscrita la resolución de constitución de la caja menor, previa expedición del certiﬁcado de disponibilidad presupuestal, el órgano ejecutor procederá al registro de creación de la caja menor, así como el registro de la gestión ﬁnanciera que se realice a través de las mismas, en el libro que para tal ﬁn se establezca.

ARTÍCULO 2.2.4.6.11. Del primer giro. Se efectuará con base en los siguientes requisitos:

Que exista resolución de constitución expedida de conformidad con el presente

Que el funcionario encargado de su administración haya constituido o ampliado la ﬁanza de manejo y esté debidamente aprobada, amparando el monto total del valor de la caja menor.

ARTÍCULO 2.2.4.6.12. De la apertura de los libros. Los órganos procederán a la apertura de los libros en donde se contabilicen diariamente las operaciones que afecten la Caja Menor indicando: fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes que respalden cada operación.

Con el ﬁn de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oﬁcinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la veriﬁcación por parte de las dependencias ﬁnancieras de los distintos órganos y de las oﬁcinas de auditoría.

ARTÍCULO 2.2.4.6.13. Pagos de caja menor. Cada vez que se realiza un pago con cargo a la Caja Menor, el titular registra: a) el rubro presupuestal al que corresponde imputarlo y la cuenta contable respectiva, b) su monto bruto, c) las deducciones practicadas -concepto y monto-, d) el monto líquido pagado, e) la fecha del pago, f) el número del documento de identidad o el NIT del beneﬁciario, y g) los demás datos que se consideren necesarios.

ARTÍCULO 2.2.4.6.14. De la legalización para el reembolso. En la legalización de los gastos para efectos del reembolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican:

Que los gastos estén agrupados por rubros presupuestales, bien sea en el comprobante de pago o en la relación anexa, y que correspondan a los autorizados en la resolución de constitución.

Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren ﬁrmados por los acreedores con identiﬁcación del nombre o razón social y el número del documento de identidad o NIT, objeto y cuantía.

Que la fecha del comprobante del gasto corresponda al bienio que se está

Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la Caja Menor, según el

Que se haya expedido la resolución de reconocimiento del

La legalización deﬁnitiva de las cajas menores, se hará antes del 29 de diciembre del último año del bienio, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo sobrante y el respectivo cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna y del manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiese lugar.

ARTÍCULO 2.2.4.6.15. Del reembolso. Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.

En el reembolso se deberán reportar los gastos realizados en todos los rubros presupuestales, a ﬁn de efectuar un corte de numeración y de fechas.

ARTÍCULO 2.2.4.6.16. Cambio de responsable. Cuando se cambie el responsable de la caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con corte a la fecha.

ARTÍCULO 2.2.4.6.17. Cancelación de la caja menor. Cuando se decida la cancelación de una caja menor, su titular la legalizará en forma deﬁnitiva, reintegrando el saldo de los fondos que recibió. En este caso, se debe saldar la cuenta corriente.

ARTÍCULO 2.2.4.6.18. Responsabilidad. Los funcionarios a quienes se les entregue recursos del Sistema General de Regalías, para constituir cajas menores se harán responsables por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.

Los responsables de las cajas menores deberán adoptar los controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones y veriﬁcaciones que compete adelantar a las oﬁcinas de auditoría o control interno.

CAPÍTULO 7

COFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN EN LA COBERTURA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS QUE DESTINARON

REGALÍAS PARA DICHO RÉGIMEN

ARTÍCULO 2.2.4.7.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer la metodología, criterios y lineamientos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 145 del Decreto- Ley 4923 de 2011 y el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.4.7.2. Deﬁnición de cobertura en el régimen subsidiado de salud. El Ministerio de Salud y Protección Social determinará y certiﬁcará la cobertura media nacional y la cobertura en cada una de las entidades territoriales del régimen subsidiado de salud, así como la población total beneﬁciaria para lograr la cobertura universal, a partir de los aﬁliados estimados en la Base de Datos Única de Aﬁliados (BDUA) y del Sistema de Identiﬁcación de Potenciales Beneﬁciarios (Sisbén).

ARTÍCULO 2.2.4.7.3. Metodología para la determinación de los cupos a coﬁnanciar por parte de la nación. El Ministerio de Salud y Protección Social aplicará la siguiente metodología, para establecer los cupos que servirán de base para calcular la coﬁnanciación por parte de la Nación, así:

Identiﬁcar las entidades territoriales productoras que venían destinando recursos de regalías directas para ﬁnanciar el Régimen Subsidiado, que se encontraban por debajo o por encima de la media nacional en 2011.

Para efectos de estimar los cupos de las entidades territoriales beneﬁciarias que se encuentren por debajo de la media nacional, se multiplica la diferencia entre la cobertura de la entidad territorial y la cobertura media nacional por la población total beneﬁciaria del Régimen Subsidiado de la vigencia 2011 de la respectiva entidad territorial, así:

CAC_i = (CN – C_i ) * A_i

Dónde:

CAC_i = Cupos a coﬁnanciar en régimen subsidiado en cada entidad territorial.

CN = Cobertura media nacional en 2011.

C_i = Cobertura de cada entidad territorial en 2011.

A_i = Aﬁliados más potenciales beneﬁciarios de cada entidad territorial en 2011, para llegar a la media nacional.

Para estimar los cupos de las entidades territoriales beneﬁciarias que superen la media nacional, necesarios para mantener la media nacional más un cinco por ciento (5%) adicional, se aplicará la siguiente fórmula:

CAC_i = (CN + 5 % – COT_i ) * A_i

Si (CN + 5% – COT_i < 0, entonces CAC_i = 5% * A_i)

Dónde:

CAC_i = Cupos a coﬁnanciar en régimen subsidiado en cada entidad territorial.

CN = Cobertura media nacional en 2011.

COT_i = Cobertura con régimen subsidiado de la entidad territorial con recursos distintos a regalías en 2011.

A_i = Aﬁliados de cada entidad territorial 2011.

PARÁGRAFO 1. La cobertura media nacional más el 5%, en ningún caso podrá superar la cobertura de la población total que tendría derecho a ser aﬁliada al Régimen Subsidiado, de acuerdo con el corte del Sisbén deﬁnido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

PARÁGRAFO 2. Para el año 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el ﬁn de determinar las entidades territoriales objeto de coﬁnanciación, deberá cruzar el universo de las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables, con la información de los departamentos, distritos y municipios que ﬁnanciaron el régimen subsidiado de salud con recursos de regalías en la vigencia 2011.

ARTÍCULO 2.2.4.7.4. Montos a coﬁnanciar por parte de la nación. Para determinar el monto de la coﬁnanciación anual para cada entidad territorial, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá multiplicar los cupos estimados, de acuerdo con la metodología descrita en el artículo anterior, por la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado de cada entidad territorial, de la vigencia para la cual se realiza la coﬁnanciación.

Ninguna entidad territorial podrá recibir recursos de coﬁnanciación por un monto superior a los recursos de regalías que efectivamente fueron asignados por este concepto en 2011, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) anualmente, actualizado por el índice de precios al consumidor y al momento de la presentación del anteproyecto del presupuesto nacional, el monto de los recursos comprometidos con fuente regalías por las entidades territoriales a que se reﬁere el inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Política, y destinado a ﬁnanciar gastos de inversión en régimen subsidiado, que haya sido certiﬁcado por las Alcaldías y Gobernaciones en la categoría Inversión del Formulario Único Territorial (FUT) para el corte 31 de diciembre de 2011. En caso de que alguna entidad territorial no haya informado en el formulario de inversión FUT, la Dirección General de Apoyo Fiscal reportará a la DGPPN el valor certiﬁcado por las respectivas secretarías de hacienda como comprometido para los proyectos incluidos en la categoría Regalías 2 – Relación de Inversiones para el corte 31 de diciembre de 2011.

Los recursos apropiados se girarán al Ministerio de Salud y Protección Social, Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga); y se ejecutarán conforme a los decretos 971 y 4962 de 2011 y las demás normas que los compilen, modiﬁquen, adicionen o deroguen.

ARTÍCULO 2.2.4.7.5. Fuentes de Información. El Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, deberán certiﬁcar al Ministerio de Salud y Protección Social la información para identiﬁcar las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables, según corresponda.

Para identiﬁcar los departamentos, distritos y municipios que realizaron efectivamente inversiones en el régimen subsidiado de salud con recursos de regalías y compensaciones se tomará la información de los compromisos presupuestales, reportada a través del Formulario Único Territorial (FUT) consolidado para la vigencia 2011.

ARTÍCULO 2.2.4.7.6. Reconocimiento a las entidades territoriales. De acuerdo con la entrada en vigencia del Decreto-Ley 4923 de 2011 y de la Ley 1530 de 2012, la coﬁnanciación de la Nación será por un período de diez (10) años y se reconocerá por año completo a partir del año 2012, según la metodología, criterios y lineamientos previstos en el presente capítulo.

PARÁGRAFO 1. En el evento en que las entidades territoriales hayan girado recursos propios, para el pago de esfuerzo propio del régimen subsidiado que venían ﬁnanciando con regalías en el año 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social a través mecanismo ﬁnanciero previsto en el Decreto 4962 de 2011 girará estos recursos a la cuenta maestra del régimen subsidiado de la entidad territorial.

PARÁGRAFO 2. En el evento en que las entidades territoriales no hayan girado los recursos de coﬁnanciación de esfuerzo propio que venían destinando con regalías en el año 2011, deberán reportar al Ministerio de Salud y Protección Social los montos no pagados, y el ministerio a través mecanismo ﬁnanciero previsto en el Decreto 4962 de 2011 o la norma que lo compile, girará estos recursos a los prestadores de servicios de salud autorizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

CAPÍTULO 8

COFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN EN LAS COBERTURAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS QUE

DESTINARON REGALÍAS PARA DICHO PROGRAMA

ARTÍCULO 2.2.4.8.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer la metodología, criterios y lineamientos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.4.8.2. Deﬁnición de la cobertura media Nacional y Territorial para Alimentación Escolar. El Ministerio de Educación Nacional determinará la cobertura media nacional y territorial, a través de los recursos destinados para alimentación escolar por fuentes de ﬁnanciación reportados y consolidados por los municipios, distritos y departamentos en el Formato Único Territorial (FUT) en la vigencia 2011.

ARTÍCULO 2.2.4.8.3. Metodología para la estimación de la cobertura media nacional y territorial para alimentación escolar. El Ministerio de Educación Nacional aplicará la siguiente metodología:

Se estiman los cupos ofrecidos para el total nacional, dividiendo la inversión de municipios, distritos y departamentos en 2011¹, en programas de alimentación escolar, de manera proporcional a la participación de la matrícula de cada jornada dentro de la matrícula total del país para ese mismo año; luego, los recursos proporcionales se dividen entre el costo anual (180 días) de la modalidad correspondiente a la jornada, estimado y validado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 2011, para obtener los cupos por jornada escolar.

Sumando los cupos así obtenidos para cada jornada, se obtienen los cupos nacionales en 2011.

Para los departamentos la inversión propia no incluye la inversión realizada por sus

Se estima la cobertura total nacional del Programa de Alimentación Escolar para 2011, dividiendo los cupos estimados anteriormente con la matrícula oﬁcial total nacional de transición a media de 2011, reportada en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), así:

CN: Cobertura Nacional en Alimentación Escolar 2011

Se estiman los cupos ofrecidos para cada entidad territorial en 2011, dividiendo su inversión en programas de alimentación escolar en 2011, de manera proporcional a la participación de la matrícula de cada jornada dentro de la matrícula total de la entidad en el mismo año; luego, los recursos proporcionales se dividen entre el costo anual (180 días) de la modalidad correspondiente a la jornada, estimado y validado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 2011, para obtener los cupos por jornada escolar. Sumando los cupos de cada jornada se obtienen los cupos de la respectiva entidad en

Dónde:

C_i = Cupos por Entidad Territorial 2011;

l_i = Inversión Territorial en Alimentación Escolar 2011;

K_j = Costo por Modalidad 2011

M_ij = Matrícula Territorial en la Modalidad 2011;

M_i = Matrícula Territorial 2011

Se estima la cobertura por entidad territorial, dividiendo los cupos aquí estimados para 2011 con la matrícula oﬁcial de transición a media de 2011, reportada en el Simat, así:

Dónde:

CT_i = Cobertura Territorial en Alimentación Escolar 2011

Para determinar los cupos a coﬁnanciar, se procede a:

Identiﬁcar las entidades territoriales beneﬁciarias que se encuentren por debajo de la media nacional estimada, en 2011.

Estimar los cupos de las entidades territoriales beneﬁciarias que se encuentren por debajo de la media nacional estimada para 2011, necesarios para alcanzarla. Para esto, se realiza una sumatoria de la matrícula de cada jornada escolar de 2011 multiplicada por la diferencia entre la cobertura nacional y la cobertura territorial de la misma vigencia.

Dónde:

CAC_i = Cupos a coﬁnanciar para cada entidad territorial 2011

Identiﬁcar las entidades territoriales beneﬁciarias que superen el promedio nacional estimado en 2011.

Estimar los cupos de las entidades territoriales beneﬁciarias que se encuentren por encima del promedio nacional estimado en 2011, necesarios para mantener la cobertura media nacional de 2011, más cinco puntos porcentuales (5%). Para esto, se realiza una sumatoria de la matrícula de cada jornada escolar para 2011, multiplicada por la cobertura nacional de 2011, más cinco puntos porcentuales.

ARTÍCULO 2.2.4.8.4. Montos a coﬁnanciar por parte de la nación. Para determinar el monto de la coﬁnanciación anual para cada entidad territorial beneﬁciaria, se multiplican los cupos estimados anteriormente para 2011 por modalidad por el costo anual (180 días) de la modalidad correspondiente a la jornada (reportado por el ICBF para 2011). El costo para el cual se realiza la coﬁnanciación se indexa por el Índice de Precios de Alimentos de la vigencia anterior, certiﬁcado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Ninguna entidad territorial podrá recibir recursos de coﬁnanciación por un monto superior a los recursos de regalías que efectivamente fueron asignados por este concepto en 2011, indexado el valor por el Índice de Precios al Consumidor, a la vigencia anterior para la que se realiza la asignación.

La Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) anualmente, actualizado por el índice de precios al consumidor y al momento de la presentación del anteproyecto del presupuesto nacional, el monto de los recursos comprometidos con fuente regalías por las entidades territoriales a que se reﬁere el inciso segundo de artículo 361 de la Constitución Política, y destinado a ﬁnanciar gastos de inversión en alimentación escolar, que haya sido certiﬁcado por las Alcaldías y Gobernaciones en la categoría Inversión del Formulario Único Territorial (FUT) para el corte 31 de diciembre de 2011. En caso de que alguna entidad territorial no haya informado en el formulario de inversión FUT, la Dirección General de Apoyo Fiscal reportará a la DGPPN el valor certiﬁcado por las respectivas secretarías de hacienda como comprometido para los proyectos incluidos en la categoría Regalías 2 – Relación de Inversiones para el corte 31 de diciembre de 2011.

Para efectos de la coﬁnanciación a aplicar en la vigencia 2012, se tendrán en cuenta los recursos que la Nación asignó y giró para los ﬁnes dispuestos en la Resolución 3585 de 2012 del Ministerio de Educación Nacional. Estos recursos harán parte del monto global estimado que será distribuido en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 145 del Decreto-Ley 4923 de 2011 y 145 de la Ley 1530 de 2012.

ARTÍCULO 2.2.4.8.5. Fuentes de información. La información para identiﬁcar las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables será certiﬁcada, por parte del Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según corresponda. La información que permite identiﬁcar los departamentos, distritos y municipios que realizaron inversiones en alimentación escolar con recursos de regalías y compensaciones provendrá del Formulario Único Territorial (FUT) para la vigencia 2011.

ARTÍCULO 2.2.4.8.6. Reconocimiento a las entidades. De acuerdo con la entrada en vigencia del Decreto 4923 de 2011 y de la Ley 1530 de 2012, la coﬁnanciación de la Nación será por un período de diez (10) años y se reconocerá por año completo a partir del año 2012, según la metodología, criterios y lineamientos previstos en el presente capítulo.

ARTÍCULO 2.2.4.8.7. Uso de los recursos de alimentación escolar. Los recursos de la coﬁnanciación para alimentación escolar de que trata el presente capítulo serán destinados a ﬁnanciar las siguientes actividades, de acuerdo con los lineamientos técnicos deﬁnidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:

Compra de alimentos;

Contratación de personal para la preparación de alimentos;

Transporte de alimentos;

Menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar y reposición de dotación;

Aseo y combustible para la preparación de los alimentos;

Contratación con terceros para la provisión del servicio de alimentación

Construcción y mejoramiento de infraestructuras destinadas a la provisión del servicio de alimentación

Interventoría, supervisión, monitoreo y control de la prestación del servicio de alimentación

PARÁGRAFO 1. Los gastos previstos en los numerales 7 y 8 estarán sujetos al sostenimiento de las coberturas en condiciones de calidad, es decir que solo será posible hacer inversiones en infraestructura, interventoría, supervisión, monitoreo y control cuando la disponibilidad de recursos lo permita, después de garantizar las coberturas.

PARÁGRAFO 2. Los mencionados usos podrán ser modiﬁcados de acuerdo a los lineamientos técnicos que el Ministerio de Educación Nacional pueda llegar a formular, en desarrollo de las responsabilidades que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 le conﬁere respecto del Programa de Alimentación Escolar.

ARTÍCULO 2.2.4.8.8. Asignación de los recursos. Las entidades territoriales que sean beneﬁciarias de los recursos de que trata el presente capítulo serán aquellas resultantes del cruce del universo de las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables, con la información de los departamentos, distritos y municipios que ﬁnanciaron los programas de alimentación escolar con recursos de regalías en la vigencia 2011.

ARTÍCULO 2.2.4.8.9. Seguimiento a los recursos. Respecto a la ejecución de los recursos de coﬁnanciación para alimentación escolar de los que trata el presente decreto, corresponde a las entidades territoriales beneﬁciarias ejercer el control interno e informar a los entes de control competentes sobre las conductas y eventos de riesgo detectados en la ejecución de los recursos, así como gestionar el apoyo administrativo, contractual, ﬁnanciero, presupuesta! y contable de acuerdo con las normas vigentes para el desarrollo del programa en condiciones de calidad, eﬁciencia e impacto social positivo, teniendo como premisa que la asignación de la alimentación escolar se realiza por estudiante atendido en jornadas especíﬁcas.

Con la información reportada en el FUT, el Ministerio de Educación Nacional efectuará el monitoreo a la ejecución ﬁnanciera de los recursos e informará a los entes de control sobre eventos de riesgo detectados.

Eventualmente en los casos que se estime pertinente, el ministerio solicitará información y realizará las muestras aleatorias que sean procedentes a cualquier nivel operativo o a los clientes del Programa de Alimentación Escolar para validar la información oﬁcializada.

ARTÍCULO 2.2.4.8.10. Eventos del riesgo. Para efectos del artículo anterior se consideran los siguientes eventos del riesgo:

La no presentación de la información de la ejecución de los recursos para alimentación escolar en los términos y condiciones establecidas para tal ﬁn.

Reportar información inconsistente, errada, inexacta o

El no garantizar por parte de la entidad territorial la continuidad en el proceso de control interno y seguimiento al uso de los recursos para alimentación.

Todos los que se puedan comprobar y que estén contenidos en el libro segundo, título III del Código Penal colombiano referente a los delitos contra la administración pública.

Incumplimiento de los principios y técnicas presupuestales establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y sus decretos

Informar una cobertura inexistente, no comprobable o con ausencia de depuración que induzca a errores en la asignación de los recursos para la ﬁnanciación del programa.

Cambio en la destinación de los

Desﬁnanciar la prestación del servicio de alimentación

CAPÍTULO 9

FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA (FAEP)

SECCIÓN 1

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA (FAEP)

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.1. Reuniones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera deberá convocarse por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito dirigido a cada uno de los miembros con, por lo menos, cinco días hábiles de anticipación a la respectiva reunión, salvo que en el reglamento interno del comité directivo se prevea otro mecanismo.

Las reuniones del Comité Directivo se efectuarán en la ciudad de Bogotá D.C. o en el lugar que señale su reglamento interno.

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.2. Número de unidades que corresponde a cada una de las entidades partícipes. El número de unidades que corresponde a cada una de las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera se establecerá dividiendo las sumas de dinero aportadas por ellas, por el valor de la unidad vigente en la fecha en que se efectúe el aporte.

Se tendrá como valor vigente de la unidad, el que resulte al cierre del día hábil inmediatamente anterior a la fecha en referencia.

El Banco de la República ﬁjará el valor inicial de la unidad, previa aprobación del Comité Directivo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.3. Certiﬁcación. El Banco de la República certiﬁcará trimestralmente el número y valor de las unidades que correspondan a las entidades partícipes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.4. Giro de utilidades. Dentro del primer mes de cada año calendario, el Banco de la República girará la Agencia Nacional de Hidrocarburos las utilidades acumuladas en el año inmediatamente anterior que correspondan a cada una de las entidades participes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos girará en moneda nacional, las sumas correspondientes a cada entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que las reciba.

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.5. De las utilidades. Las utilidades equivalen a la valorización de cada unidad en el respectivo año.

La valorización de la unidad se deﬁne como la diferencia positiva entre el valor de mercado a diciembre 31 del año en consideración y el valor de costo.

El valor de costo será el que corresponda a la unidad a 1º de enero de cada año o en la fecha en que se hizo el aporte, cuando este fuere posterior.

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.6. De la afectación por las sumas retiradas del FAEP. Las sumas retiradas del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, por concepto de utilidades o reintegros, afectarán el número de unidades que corresponden a cada partícipe y no el valor de las mismas.

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.7. Normas contables aplicables. El Banco de la República, en el manejo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, se regirá por las normas contables aplicables a dicha entidad.

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.8. Presentación de estados ﬁnancieros. El Banco de la República deberá presentar los estados ﬁnancieros del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, para aprobación del comité directivo, dentro del primer trimestre del año, de acuerdo con lo previsto por el comité directivo.

ARTÍCULO 2.2.4.9.1.9. Ajustes por parte del administrador del FAEP. El Banco de la República como administrador del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, deberá realizar los ajustes que sean del caso, en los siguientes eventos:

Cuando los estados ﬁnancieros aprobados por el comité directivo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera presenten diferencias con aquellos que sirvieron de base para el giro de utilidades, de tal manera que existan discrepancias con las sumas distribuidas.

En general cuando por razones operativas se presenten diferencias que modiﬁquen la participación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera o la distribución de utilidades.

SECCIÓN 2

PROCEDIMIENTO DE GIRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA (FAEP)

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer los criterios para la realización de los descuentos y el procedimiento para el giro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) a las entidades partícipes en él, conforme a lo dispuesto en los artículos 118 y 275 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto-Ley 4972 de 2011, los artículos 137, 144 y 150 de la Ley 1530 de

2012 y el artículo 6 de la Ley 1608 de 2013.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.2. Vigencia y destinación del desahorro de los recursos del FAEP. El Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) continuará vigente, así como las normas que lo regulen en lo pertinente, hasta agotar los recursos incorporados en éste, en los términos establecidos en el artículo 150 de la Ley 1530 de 2012, adicionado por el artículo 6 de la Ley 1608 de 2013.

En virtud de lo anterior, el desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) se realizará con fundamento en el siguiente orden:

Pago de las deudas con las Entidades Promotoras de Salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011, según lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de

Inversiones en vías según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1450 de

Para atender compromisos adquiridos por las entidades territoriales partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) al 31 de diciembre de 2011, según lo establecido en el artículo 144 de la Ley 1530 de

Atendidos estos compromisos, cada entidad territorial podrá destinar el saldo restante, si lo hubiere, a ﬁnanciar proyectos de inversión incluidos en sus planes de desarrollo.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.3. Agotamiento de los Recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) para las deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con las Entidades Promotoras de Salud. Según lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011, en el evento en que las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) tengan deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con las Entidades Promotoras de Salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011, podrán adelantar la solicitud de desahorro hasta en un periodo de doce (12) meses. De conformidad con lo anterior, para el pago de dichas deudas se descontará el valor de la deuda reconocida del régimen subsidiado de salud del saldo de capital disponible al 31 de diciembre de 2011 por la entidad ahorradora en el FAEP. Una vez descontados estos recursos la Agencia Nacional de Hidrocarburos comunicará a los partícipes su saldo disponible.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.4. Determinación del saldo de capital disponible al 31 de diciembre de 2011. Para efectos de la determinación del saldo de capital disponible ahorrado por las entidades partícipes al 31 de diciembre de 2011, se incluirán los aportes y retiros solicitados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al Banco de la República y que no se hubieran tramitado con anterioridad a esta fecha.

En caso de que se presenten desahorros para el pago de deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con las Entidades Promotoras de Salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011, el saldo de capital aplicable para la fórmula descrita en el inciso segundo del artículo 2.2.4.9.2.5 del presente decreto, será la diferencia entre el saldo de capital disponible a 31 de diciembre de 2011 y la totalidad del desahorro para el pago de estas deudas.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.5. Agotamiento de los Recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) podrán desahorrar anualmente, en proporciones iguales y por el término de ocho (8) años los recursos de capital que les correspondan en dicho Fondo hasta desahorrar el ciento por ciento (100%).

El cupo máximo de desahorro para cada año por entidad partícipe corresponderá al resultado de multiplicar el saldo de capital disponible al 31 de diciembre de 2011 o el saldo establecido en el inciso 2 del artículo 2.2.4.9.2.4 del presente decreto cuando haya lugar, por el factor de liquidación presentado en el siguiente cuadro descontando posteriormente todos los retiros de capital que haya solicitado la Agencia Nacional de Hidrocarburos al Banco de la República para cada entidad partícipe a partir del 1 de enero de 2012 por conceptos diferentes a deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con la Entidades Promotoras de Salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011.

Año	Factor de Liquidación
2012	12,50%
2013	25,00%
2014	37,50%
2015	50,00%
2016	62,50%
2017	75,00%
2018	87,50%
2019	100,00%

Anualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comunicará a los partícipes el cupo máximo de desahorro para cada año, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.6. Término de los recursos ahorrados por el Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). En desarrollo de lo previsto en el artículo primero del Decreto-Ley 4972 de 2011, los recursos ahorrados por el Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), se someterán al término previsto en dicha norma.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.7. Utilidades en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) continuarán recibiendo las utilidades acumuladas durante el año inmediatamente anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 209 de 1995 y la sección 1 del presente capítulo. No obstante, el último desahorro se hará a más tardar en el octavo año establecido en el artículo 150 de la Ley 1530 de 2012 y comprenderá la entrega total de los saldos en el fondo, incluyendo las utilidades generadas en ese mismo año.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.8. Vigencia del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Las entidades participes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), no serán objeto de las retenciones previstas en la Ley 209 de 1995.

El Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) deberá liquidarse al término de los ocho (8) años, establecido en el artículo 150 de la Ley 1530 de 2012. Así mismo, el contrato celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el Banco de la República, para la administración del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) se dará por terminado y se procederá a su liquidación.

PARÁGRAFO . La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), o la entidad que haga sus veces, solicitará al Banco de la República el saldo disponible de los recursos ahorrados por las entidades partícipes al ﬁnalizar el octavo año y procederá a su entrega.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.9. Giro de los Recursos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), girará los recursos correspondientes a los desahorros a los que tengan derecho las entidades partícipes previstos en los artículos 118 y 275 de la Ley 1450 de 2011 y los artículos 137 y 144 de la Ley 1530 de 2012, directamente a las entidades partícipes o al mecanismo único de recaudo y giro implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, en el marco de la Ley 1608 de 2013, para que desde este mecanismo se giren a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de conformidad con las reglas establecidas en el presente capítulo.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.10. Procedimiento de Giro. El giro de los recursos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), y al mecanismo único de recaudo y giro implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, se hará de conformidad con el siguiente procedimiento:

Una vez recibida la solicitud de la entidad partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) o del Ministerio de Salud y Protección Social, en el caso de los recursos que se destinen al pago de deudas con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la misma, solicitará al Banco de la República el desahorro correspondiente, conforme a la disponibilidad de recursos a favor del respectivo ahorrador a la fecha en que se veriﬁque dicha operación, de acuerdo con la normativa correspondiente, y previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Recursos que se destinen al pago de deudas con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011, según lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011. De conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1080 de 2012 o aquél que lo compile, modiﬁque o sustituya, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el desahorro de los recursos para cada entidad territorial, por una sola vez, y ésta los girará directamente al mecanismo único de recaudo y giro implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, para que desde este mecanismo se giren a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de acuerdo con la información reportada por las Entidades Promotoras de Salud.

Las entidades territoriales que no hayan reportado al Ministerio de Salud y Protección Social deudas con las Entidades Promotoras Salud de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1080 de 2012 o aquél que lo compile, destinarán los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) de acuerdo con las prioridades deﬁnidas el artículo 2.2.4.9.2.2 del presente decreto, siguiendo el procedimiento dispuesto en los siguientes numerales:

Recursos para inversiones en vías según lo señalado en el artículo 118 de la Ley 1450 de 2011. Los departamentos y municipios, durante los años 2011 a 2014, solicitarán a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). el desembolso de los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), los cuales deberán destinarse en vías incluidas en el Plan Vial departamental aprobado por el Ministerio de Transporte o en vías municipales, atendiendo la priorización acordada con el Instituto Nacional de Vías (lnvías) para la inclusión de vías al Programa Caminos para la Prosperidad.

Al presentar la solicitud de desembolso ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los departamentos y municipios deberán incluir una certiﬁcación del Ministerio de Transporte o del lnvías, según corresponda, que demuestre que las vías que se ﬁnanciarán con estos recursos se encuentran incluidas dentro del respectivo Plan Vial Departamental o el Programa Caminos para la Prosperidad.

En caso de no requerir recursos para destinarlos a este concepto, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (lnvías), según se trate de vías departamentales o municipales, deberán certiﬁcarlo.

Giro de los recursos en virtud del artículo 144 de la Ley 1530 de 2012. Los departamentos y municipios solicitarán’ a la Agencia Nacional de Hidrocarburos – (ANH) el desembolso correspondiente de estos recursos, los cuales se girarán una vez se acrediten los requisitos que establezca el Gobierno Nacional, y en todo caso, una vez sea remitida la certiﬁcación expedida por el representante legal de la entidad en los términos del artículo 144 de la Ley 1530 de 2012.

Recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). El Liquidador del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación solicitará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el giro de los recursos del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP).

El Banco de la República efectuará el traslado de los recursos en dólares de los Estados Unidos de América, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud realizada por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la cuenta bancaria que ésta le indique.

El traslado de los recursos que corresponda a solicitudes de desahorro a favor del Fondo Nacional de Regalías – En Liquidación podrá efectuarse dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud realizada por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de los recursos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) los monetizará y girará directamente a las entidades partícipes correspondientes o al mecanismo único de recaudo y giro implementado conforme al artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, según el caso, el monto equivalente en pesos tomando como referencia la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha en que se efectúe el pago. En todo caso, si se presenta diferencia cambiaría en contra de la entidad partícipe, ésta será asumida por la misma y en caso contrario, el sobrante deberá ser destinado por parte de la entidad a los proyectos sobre los cuales se está realizando la inversión de los recursos o a otros proyectos de inversión.

Para el pago de deudas del régimen subsidiado de salud, los excedentes o faltantes, producto de la monetización de los recursos, respecto del monto de la obligación reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social, serán reintegrados o solicitados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en dólares de los Estados Unidos de América al Banco de la República, mediante abono o cargo a la cuenta del participe en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), según corresponda.

PARÁGRAFO 1. En el caso en que los recursos solicitados, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 de este artículo, sean superiores al saldo a favor de los departamentos y municipios en la fecha de la operación los recursos a desahorrar se limitarán al monto disponible a favor de la entidad territorial.

PARÁGRAFO 2. Los recursos previstos para el pago de cartera hospitalaria, cuya distribución se encuentre comprometida según la normativa vigente expedida por el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, continuarán girándose conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto 3668 de 2009 o aquél que lo compile, modiﬁque o sustituya.

ARTÍCULO 2.2.4.9.2.11. Manejo de los recursos generados por diferencia cambiaria. Los recursos generados por diferencia cambiaria antes de la entrada en vigencia del Decreto 1074 de 2012, como consecuencia del trámite de desahorros solicitados por partícipes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), serán reintegrados por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a sus correspondientes beneﬁciarios, cuyos rendimientos ﬁnancieros serán distribuidos en forma proporcional al margen cambiario reconocido.

CAPÍTULO 10

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ARTÍCULO 2.2.4.10.1. Fideicomiso Fondo de Ahorro y Estabilización. Los Ingresos del Sistema General de Regalías que se distribuyan al Fondo de Ahorro y Estabilización se destinarán al patrimonio autónomo denominado «Fideicomiso FAE» y será administrado por el Banco de la República. Para estos efectos, los recursos que se destinen al Fondo de Ahorro y Estabilización, de que trata la Ley 1530 de 2012, se podrán transferir y girar directamente en moneda extranjera, a la Cuenta Única Nacional abierta a nombre del Sistema General de Regalías que determine la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

En ningún caso se entenderá que los partícipes del fondo recibirán los recursos en una moneda diferente al peso colombiano.

El Banco de la República administrará los recursos que le sean transferidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como los rendimientos y demás ingresos que se generen en su administración.

Por cada giro al Fideicomiso FAE, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe enviar una comunicación formal al Banco de la República, en la que indique el monto en dólares de los Estados Unidos de América a transferir desagregado por partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización, la fecha en la que se realizará el giro y especiﬁcando de dónde provendrán los recursos. Esta comunicación debe enviarse como mínimo un (1) día hábil antes del giro.

PARÁGRAFO . Mientras se determina y recibe por parte del Departamento Nacional de Planeación la distribución de los recursos destinados a los partícipes del Fondo de Ahorro y Estabilización y se adelanta el proceso de giro al Banco de la República, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá mantener transitoriamente estos recursos en cuentas bancarias o depósitos remunerados en el exterior. Los rendimientos ﬁnancieros netos que se generen serán transferidos en su totalidad al Banco de la República junto con los recursos depositados, discriminados por partícipe. El ejercicio de la función de administración a la que se reﬁere el presente artículo, se realizará teniendo en cuenta que las obligaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público son de medio y no de resultado, razón por la cual el riesgo cambiaría no será asumido por ésta.

ARTÍCULO 2.2.4.10.2. Deﬁnición de Participe. Para efectos del presente capítulo, se entiende por partícipe los departamentos, municipios y distritos que conforme a los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sean deﬁnidos e informados por el Departamento Nacional de Planeación a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Así mismo, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará al Banco de la República los partícipes respectivos.

ARTÍCULO 2.2.4.10.3. Administración del Fideicomiso. Las inversiones del Fideicomiso FAE solamente se podrán realizar en instrumentos ﬁnancieros denominados en moneda extranjera, y emitidos en el exterior. Las inversiones podrán comprender títulos representativos de deuda externa colombiana de la Nación, siempre y cuando no sean adquiridos en el mercado primario. El riesgo cambiario será asumido por los partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización y en ningún caso por la Nación.

El Banco de la República deberá enviar a los miembros del Comité de Inversiones informes acerca del Fideicomiso FAE, en las condiciones y periodicidad que este señale. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público producirá un reporte trimestral sobre el ﬁdeicomiso dirigido al público.

ARTÍCULO 2.2.4.10.4. Desahorro. Si se presenta alguna causal de desahorro prevista en la normatividad aplicable, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitará los recursos mediante comunicación formal al Banco de la República, en la que indique, el monto del desahorro desagregado por partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización en dólares de los Estados Unidos de América y el fundamento legal que lo autoriza.

El Banco de la República tendrá diez (10) días a partir del momento en que reciba la comunicación, para girar los recursos a la DGCPTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de los 30 días posteriores a dicho giro, la DGCPTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público canalizará los recursos en moneda extranjera a través del mercado cambiario en condiciones de mercado.

Si el monto resultante de esta operación es inferior al requerido para el cumplimiento de la norma de desahorro que lo ordena, la DGCPTN solicitará cuantas veces sea necesario y en los mismos términos del primer inciso, el monto en dólares de los Estados Unidos de América que se requiera para completar el desahorro.

Cumplido el procedimiento anterior y previa instrucción de abono a cuenta enviada por el Departamento Nacional de Planeación, la DGCPTN asignará la caja a cada fondo y beneﬁciario del desahorro respectivo. El giro de los recursos se llevará a cabo conforme a las disposiciones vigentes en la materia para cada tipo de asignación y fondo.

Si el monto resultante de la operación prevista en el tercer inciso es superior al requerido para el cumplimiento de la norma de desahorro que lo ordena, dichos ingresos en exceso por diferencial cambiario deberán ser incorporados al partícipe que los originó en el presupuesto del Fondo de Ahorro y Estabilización, en la siguiente vigencia presupuestal.

PARÁGRAFO . La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público canalizará los recursos en moneda extranjera a través del mercado cambiarlo en condiciones de mercado. Los costos y efectos cambiarlos que ocasionen dichas operaciones se harán proporcionalmente con cargo a los beneﬁciarios del desahorro.

Mientras se determina la distribución de los recursos entre los partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización, por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá mantenerlos en cuentas bancarias o depósitos remunerados en el exterior y los rendimientos que se generen se distribuirán entre los partícipes en el Fondo en forma proporcional a los recursos recibidos.

ARTÍCULO 2.2.4.10.5. Comité de Inversiones. El Fideicomiso FAE contará con un Comité de Inversiones, que estará constituido de la siguiente manera: El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá; el Ministro de Minas y Energía o su delegado, y el Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. El Gerente General del Banco de la República o su delegado y quien ejerza la auditoría del Fideicomiso FAE asistirán a las sesiones del Comité de Inversiones con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO 1. Los miembros del Comité de Inversiones solo podrán delegar la asistencia en los funcionarios del nivel directivo de los ministerios y del Departamento Nacional de Planeación.

PARÁGRAFO 2. Al Comité de Inversiones establecido en el artículo 52 de la Ley 1530 de 2012 y el presente artículo serán invitados permanentes con voz pero sin voto, dos (2) gobernadores, de los cuales uno corresponderá a uno de los departamentos productores, elegidos por un período de un (1) año, y dos (2) alcaldes, de los cuales uno corresponderá a uno de los municipios productores, elegidos por un periodo de un (1) año.

ARTÍCULO 2.2.4.10.6. Facultades y Funcionamiento del Comité de Inversiones. El Comité de Inversiones cumplirá las siguientes funciones:

Determinar la política de inversión del Fideicomiso

Deﬁnir las clases de activos

Deﬁnir la asignación estratégica de activos, es decir, la distribución de las clases de activos y la composición cambiaría.

Deﬁnir los criterios generales para la selección de las inversiones, las operaciones con derivados, repos, simultáneas y transferencia temporal de

Establecer los límites máximos e individuales de inversión para los instrumentos ﬁnancieros y las contrapartes.

Establecer las condiciones generales de los depósitos de margen o garantía para la realización de las operaciones con derivados, repos, simultáneas y transferencia temporal de

Establecer los criterios generales para la selección, aprobación y evaluación de contrapartes, corresponsales bancarios, administradores externos, mandatarios, custodios, agentes, apoderados y asesores de inversión y establecer el alcance de la delegación, consistente con los propósitos del Fideicomiso FAE y las políticas de

Establecer los procedimientos a seguir en los eventos en que se presenten excesos o defectos en los límites de inversión.

Hacer seguimiento al desempeño del Fideicomiso FAE y a las políticas

Determinar la periodicidad y el contenido de los informes periódicos que le presentará el Banco de la República sobre el ﬁdeicomiso.

Aprobar dentro del primer trimestre de cada año los estados ﬁnancieros anuales del Fideicomiso FAE.

Aprobar las modiﬁcaciones a la comisión de administración establecida en el contrato de administración.

Estudiar y pronunciarse sobre las propuestas que presente el Banco de la República en caso de desviaciones a las políticas de inversión, conforme a lo previsto en el contrato de administración.

Las demás funciones necesarias para la administración del Fideicomiso FAE y la inversión de sus

Darse su propio

PARÁGRAFO 1. El Comité de Inversiones se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez cada trimestre del año y en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el presidente del comité. Sesionará con la asistencia de todos sus miembros y las decisiones las adoptará por mayoría simple. Los invitados al comité participarán en las reuniones con voz y sin voto.

Las decisiones del Comité de Inversiones considerarán las capacidades operativas del Banco de la República para su implementación, sin que ello en ningún caso implique el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso décimo del artículo 361 de la Constitución Política.

El comité, de acuerdo con la periodicidad que determine, podrá consultar a expertos internacionales idóneos con experiencia en el manejo de portafolios de fondos soberanos, cuya remuneración se ﬁjará con cargo a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías asignados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará la contratación directamente o a través de terceros.

PARÁGRAFO 2. La secretaría del comité estará a cargo del Banco de la República y cumplirá las siguientes funciones:

Convocar a las sesiones ordinarias del Comité de Inversiones y a las sesiones extraordinarias por solicitud del presidente del comité.

Elaborar y conservar las actas de las reuniones del Comité de

Remitir a los miembros del comité los informes y estados ﬁnancieros que se requieran para las deliberaciones y adopción de las decisiones que le correspondan.

PARÁGRAFO 3. El Comité de Inversiones contará con un Grupo Financiero Asesor, integrado por el Viceministro Técnico, el Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y el Subdirector de Riesgos, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se podrá invitar a formar parte del grupo a dos (2) personas externas, las cuales no podrán tener conﬂictos de interés en relación con los asuntos que se vayan a debatir. El Director de Reservas del Banco de la República podrá asistir como invitado permanente a las sesiones del grupo.

PARÁGRAFO 4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público creará un Grupo Técnico de Apoyo para el Comité de Inversiones y el Grupo Financiero Asesor, con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías que se destinan anualmente para su funcionamiento, el cual se encargará, además de las funciones que se le asignen en el acto de su creación, de elaborar y conservar las actas de las reuniones del Grupo Financiero Asesor y los informes y demás documentos que se requieran para el funcionamiento del Comité de Inversiones y de los grupos.

PARÁGRAFO 5. El Comité de Inversiones no responderá por la valorización o desvalorización del portafolio o de alguno de los activos o derivados que lo componen, ni por la rentabilidad efectivamente alcanzada o de pérdidas asimilables.

ARTÍCULO 2.2.4.10.7. Valoración y Manejo Contable del Fideicomiso FAE. El Fideicomiso FAE será valorado de acuerdo con el método que reﬂeje los objetivos y características de los instrumentos ﬁnancieros que conforman el ﬁdeicomiso.

El valor del Fondo de Ahorro y Estabilización se debe determinar en forma diaria y expresarse en dólares de los Estados Unidos de América y en unidades. Las unidades miden el valor de los aportes de los partícipes y representan cuotas partes del valor patrimonial del Fondo de Ahorro y Estabilización. El cambio en el valor de la unidad representa los rendimientos o pérdidas que se han obtenido.

Los recursos recibidos y los retiros del Fondo de Ahorro y Estabilización, se deben efectuar al valor de la unidad calculado al cierre del día hábil inmediatamente anterior.

Se tendrá como valor vigente de la unidad el que resulte al cierre del día hábil inmediatamente anterior a la fecha de la operación de ahorro o de desahorro, para lo cual se deben considerar todos los ingresos y gastos que se deriven del manejo del Fideicomiso FAE. La unidad de inversión para el día en que se inicie la operación del Fideicomiso FAE será de US$1.000, el cual corresponderá a la fecha en que el Banco de la República reciba y registre el primer giro de los recursos destinados al Fideicomiso FAE.

La contabilidad del Fideicomiso FAE se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y de manera separada por cada partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización en los libros de contabilidad del Banco de la República a través de cuentas de orden ﬁduciarias. En la preparación y emisión de los estados ﬁnancieros, y en general su manejo contable se regirá por las normas de contabilidad aplicables al Banco de la República.

El Banco de la República como administrador del Fideicomiso FAE deberá realizar los ajustes que sean del caso, de acuerdo con las normas contables vigentes y en general cuando por razones operativas se presenten diferencias que modiﬁquen el valor patrimonial de los partícipes en el Fideicomiso FAE o la determinación de los resultados.

PARÁGRAFO . El Banco de la República enviará mensualmente a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público información sobre el valor del Fondo de Ahorro y Estabilización en dólares de los Estados Unidos de América, así como el saldo en unidades y su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América para cada partícipe.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Banco de la República prepara y ajusta los sistemas informáticos para el manejo de los aportes, retiros y capitalización de resultados por partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización, su registro contable se realizará provisionalmente de manera global

ARTÍCULO 2.2.4.10.8. Auditoría del Fideicomiso FAE. El Gobierno Nacional delega la auditoría del Fideicomiso FAE en la Auditoría del Banco de la República, quien desarrollará las siguientes funciones:

Examinar los estados ﬁnancieros del Fideicomiso FAE con la ﬁnalidad de establecer su razonabilidad y expresar una opinión profesional sobre si estos están preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con las normas contables de aceptación general;

Veriﬁcar que las operaciones del Fideicomiso FAE se ajustan a las prescripciones legales, contractuales y a las decisiones correspondientes del Comité de Inversiones;

Velar porque se lleven regularmente y de acuerdo con la ley, la contabilidad del Fideicomiso FAE y las Actas del Comité de Inversiones, y porque se conserven debidamente la correspondencia y comprobantes de los movimientos de las cuentas del Fideicomiso FAE;

Procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los bienes del Fideicomiso FAE;

Evaluar el sistema de control interno de los procesos del Banco de la República relacionados con la administración del Fideicomiso FAE y presentarle a este el resultado de las evaluaciones y sus recomendaciones;

Aplicar, en sus intervenciones de control y comprobación, las normas de auditoría generalmente aceptadas y velar por el cumplimiento de las normas y principios contables;

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las

ARTÍCULO 2.2.4.10.9. Contrato para la Administración del Fideicomiso FAE. El contrato para la administración del Fideicomiso FAE será suscrito por el Representante Legal del Banco de la República y por el Ministro de Hacienda y Crédito Público en nombre de la Nación.

La comisión inicial de administración del Fideicomiso FAE, que devengará el Banco de la República, se acordará en el contrato que se celebre entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República. Esta comisión será pagada con cargo a los rendimientos de los recursos ﬁdeicomitidos y en subsidio, con cargo a estos últimos.

PARÁGRAFO . Los costos y gastos derivados de la comisión de administración y de la comisión por servicios por el manejo de los recursos en el Fideicomiso FAE no tendrán efectos presupuestales para el Sistema General de Regalías; por consiguiente, no serán imputables al presupuesto de gastos de administración del mismo.

ARTÍCULO 2.2.4.10.10. Comunicaciones. Las comunicaciones relacionadas con el Sistema General de Regalías, deberán ser resueltas por la entidad del sistema según la naturaleza de la solicitud y de acuerdo a las competencias otorgadas a cada una de ellas de conformidad con las normas aplicables.

TÍTULO 5

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

CAPÍTULO 1

RECURSOS DEL SGP PARA SALUD

ARTÍCULO 2.2.5.1.1. Información para la aplicación de los criterios y mecanismos de distribución. En la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud, se tomará la información requerida de conformidad con los artículos 48, 49, 52, 66, 70 y 71 de la Ley 715 de 2001, teniendo en cuenta lo siguiente:

La población aﬁliada al régimen contributivo será la deﬁnida por el Ministerio de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel para el cual se efectúa la distribución por cada municipio, distrito y departamento en el caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, conforme a la metodología que dicho ministerio deﬁna.

La población aﬁliada al régimen subsidiado será aquella deﬁnida por el Ministerio de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel para el cual se efectúa la distribución inicial del Sistema General de Participaciones para la vigencia siguiente, por cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés. Para el efecto, se deberá discriminar la población coﬁnanciada con recursos de las cajas de compensación familiar, la cual será igualmente certiﬁcada por dicho ministerio. Lo anterior conforme a la metodología que el mencionado ministerio deﬁna.

La población aﬁliada a regímenes de excepción, salvo la de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, en cada municipio, distrito o departamento en el caso de las áreas no municipalizadas, será certiﬁcada por el Ministerio de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquél para el cual se efectúa la distribución. Para estos efectos, las entidades que administran regímenes de excepción deberán informar al Ministerio de Salud y Protección Social en los términos que dicho Ministerio deﬁna.

Para los recursos destinados a ﬁnanciar las acciones de salud pública deﬁnidas como prioritarias para el país, se tomarán en cuenta, en todo caso, los siguientes criterios de conformidad con lo señalado en el artículo 52 de la Ley 715 de 2001:

Para la población por atender, se tomará la participación de la población de cada entidad territorial en el total

Para el criterio de equidad, se tomarán en cuenta los siguientes indicadores:

Nivel de pobreza: deﬁnido corno la participación de la población con necesidades básicas insatisfechas de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, en el total de población con necesidades básicas insatisfechas del país.

Riesgo de Dengue: deﬁnido como la participación de la población expuesta al riesgo de dengue de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, en el total de población expuesta al riesgo de dengue del país.

Riesgo de Malaria: deﬁnido como la participación de la población expuesta al riesgo de malaria de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, en el total de población expuesta al riesgo de malaria del país.

Población susceptible de ser vacunada: es la participación de la población objetivo para el Programa Ampliado de Inmunizaciones de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, deﬁnida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el total de población objetivo del Programa Ampliado de Inmunizaciones del país.

Accesibilidad geográﬁca: deﬁnida por la dispersión geográﬁca resultado de dividir la extensión en kilómetros cuadrados de cada municipio, distrito o área no municipalizada de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, entre la población urbana y rural del mismo. Los recursos serán asignados entre aquellas entidades territoriales con una dispersión poblacional superior al promedio nacional y en proporción a su área geográﬁca.

Para el criterio de eﬁciencia administrativa se deﬁnen como indicadores trazadores, el cumplimiento de los niveles de coberturas útiles establecidas para cada biológico del Programa Ampliado de Inmunizaciones por cada municipio, distrito o área no municipalizada de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, de acuerdo con las metas ﬁjadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de octubre del año inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO 1. Para efectos de la distribución del Sistema General de Participaciones en el componente de prestación de servicios de salud para Población Pobre No Asegurada (PPNA) y actividades no cubiertas con subsidio a la demanda, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá hacer uso de la última base nacional disponible del Sistema de Identiﬁcación de Potenciales Beneﬁciarios de Programas Sociales (Sisbén), certiﬁcada por el Departamento Nacional de Planeación, conforme a las normas vigentes sobre la materia.

PARÁGRAFO 2. Para aquellas entidades territoriales que no hayan suministrado la información de la última base del Sistema de Identiﬁcación de Potenciales Beneﬁciarios de Programas Sociales (Sisbén) al Departamento Nacional de Planeación, el Conpes Social deﬁnirá la metodología e imputará la PPNA.

ARTÍCULO 2.2.5.1.2. Fuentes y términos para el suministro de la información. Además de lo establecido en los artículos 48, 52 y 66 de la Ley 715 de 2001, se debe tener en cuenta lo siguiente:

La información correspondiente a población total, urbana y rural, discriminada por grupos de edad y el índice de necesidades básicas insatisfechas para cada municipio, distrito y área no municipalizada de los Departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, será certiﬁcada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de cada año.

La información correspondiente a la extensión en kilómetros cuadrados de cada municipio, distrito y área no municipalizada de los Departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, será certiﬁcada por el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi (IGAC) al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de cada año.

Para efectos de la distribución de la participación de salud del Sistema General de Participaciones, el Ministerio de Salud y Protección Social y el DNP certiﬁcará la información de que trata la Parte .4 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, a más tardar el 10 de enero del año en el cual se efectúa la distribución, considerando los datos disponibles con corte máximo al 30 de noviembre de la vigencia inmediatamente anterior a la que se realiza a distribución.

La información que no sea reportada en las fechas señaladas no será tomada en cuenta para efectos de la aplicación de las fórmulas de distribución.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de la distribución de la vigencia 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social certiﬁcará al DNP la información de que trata el inciso tercero del presente artículo, dentro de los (5) días hábiles siguientes a la expedición del presen e decreto”.

ARTÍCULO 2.2.5.1.3. De los recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios de demanda. Para efectos de la aplicación del artículo 69 de la Ley 715 de 2001, se entiende como recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios de demanda en el año 2001 aquellos que resultan de sumar los recursos del situado ﬁscal y de las participaciones municipales destinadas a la oferta en esa vigencia, incluyendo en el cálculo lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 70 de la misma ley.

Para el año 2003 y las vigencias subsiguientes, los recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, son los destinados en el año 2002, de conformidad con el inciso anterior, incrementados por la inﬂación causada.

PARÁGRAFO 1. Con el ﬁn de evitar que la eventual disminución en pesos constantes de los recursos que ﬁnancian la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, pueda afectar la atención de dicha población en algunas entidades territoriales, durante los dos primeros años de implementación de la Ley 715 de 2001 y de manera transitoria conforme al artículo 69 de la misma ley, se compensará la diferencia a precios constantes en el monto de dichos recursos.

PARÁGRAFO 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 715 de 2001, los distritos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena administrarán los recursos para la atención en salud de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda que les correspondan en todos los niveles de complejidad y deberán articularse a la red de prestación de servicios de salud de los respectivos departamentos. El Distrito Capital administrará los recursos para la atención en salud en todos los niveles de complejidad de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda que le correspondan y la red de prestación de servicios de salud de su jurisdicción.

ARTÍCULO 2.2.5.1.4. De los recursos para el pago de aportes patronales. Si una vez efectuada la distribución de qué trata el artículo 49 de la Ley 715 de 2001, se estableciere que los recursos que se asignen para aportes patronales a que se reﬁere el parágrafo 2 del artículo 49 y el artículo 58 de la citada ley, éstos deberán ser asumidos directamente por cada institución prestadora de servicios de salud pública con cargo a sus ingresos corrientes, dándoles prioridad sobre cualquier otro gasto.

Estos recursos deberán ser girados por la institución prestadora de servicios de salud pública a los respectivos fondos de pensiones y cesantías, administradoras de riesgos profesionales y a las entidades promotoras de salud a las cuales se encuentren aﬁliados los trabajadores, dentro de los plazos establecidos en las normas vigentes.

En ningún caso la Nación asumirá el valor de dichos aportes con recursos del Presupuesto General de la Nación, ni lo cargará a los recursos que ﬁnancian la atención en salud mediante subsidios a la demanda, ni con cargo a los recursos que ﬁnancian las acciones de salud pública.

ARTÍCULO 2.2.5.1.5. Ajuste a distribución. Cuando para ajustar la distribución debido a deﬁciencias de información, y conforme al artículo 86 de la Ley 715 de 2001, no existan en la vigencia en la cual corresponda realizar el ajuste recursos suﬁcientes del Sistema General de Participaciones para la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, correspondientes a aquellas entidades que recibieron recursos de más, el ajuste a la distribución se hará hasta por el monto que los recursos de la respectiva vigencia lo permitan, en forma proporcional.

CAPÍTULO 2

RECURSOS DEL SGP PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ARTÍCULO 2.2.5.2.1. Información para la distribución de los recursos por el criterio de déﬁcit de cobertura de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio de déﬁcit de cobertura se tendrá en cuenta la siguiente información:

Población total del país, por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en zona cabecera y resto. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), enviará esta información debidamente certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

Porcentaje de coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada por zona urbana y rural. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios enviará esta información debidamente certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de octubre de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

El diferencial de los costos de provisión entre los servicios de acueducto y alcantarillado y entre la zona urbana y rural, disponible para el nivel nacional, el cual será informado por la Dirección de Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de septiembre de cada año para la distribución de la siguiente

ARTÍCULO 2.2.5.2.2. Información para la distribución de los recursos por el criterio de población atendida y balance del esquema solidario de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. Para la distribución de las recursos del criterio de población atendida y balance del esquema solidario, a partir del 2016, se tornara en cuenta la estructura de las usuarios par estrato y la información de subsidios y contribuciones de cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, teniendo en cuenta lo siguiente:

La distribución de estratos por municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés reportada en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), la cual deberá ser validada y certiﬁcada par la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta información será enviada al Departamento Nacional Planeación, a más tardar el 10 de enero de cada ano, para distribución de la vigencia.

Cuando no exista información disponible de la distribución por estratos para un municipio, distrito o área no municipalizada, o cuando producto de la validación se evidencien inconsistencias, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certiﬁcara el promedio correspondiente a los municipios del respectivo departamento que tengan, para la vigencia anterior a la distribución, la misma categoría de qué trata el artículo 6 de la Ley 1551de 2012. Si en el departamento no existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma categoría no tienen la información, certiﬁcara el promedio correspondiente a los municipios del país, que tengan, para la vigencia anterior a la distribución, la misma categoría de qué trata el artículo 6 de la Ley 1551de 2012.

Población total del país, por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en zona urbana y rural. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), enviara esta información debidamente certiﬁcada al Departamento Nacional Planeación, a más tardar 10 de enero cada aria para la distribución de vigencia correspondiente.

Porcentaje de coberturas de las servicios de acueducto y alcantarillado par municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada por zona urbana y rural. La Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios enviara esta información debidamente validada y certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación a más tardar 10 enero de cada ano para la distribución de la vigencia.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de la distribución de los recursos para la vigencia 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios remitirá, de acuerdo con la metodología establecida en el presente artículo, la información debidamente certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación antes del 12 de febrero de 2016, esto es, dentro de las plazas establecidos en el artículo 81 de la Ley 715 de 2001.

ARTÍCULO 2.2.5.2.3. Información para la distribución de los recursos por el criterio de esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio de Esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas se tomarán en cuenta los porcentajes de cobertura de Acueducto y Alcantarillado por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, certiﬁcados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 2 del artículo 2.2.5.2.1 de este decreto, en lo relacionado con el período inmediatamente anterior.

Para efectos de la distribución de los recursos del criterio de Esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas de la Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones se tendrá en cuenta la siguiente información certiﬁcada con anterioridad a la aprobación por parte del Conpes Social:

Población total del país de los años 1993 y 2005, por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en zona urbana y rural, certiﬁcada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Porcentaje de ampliación de cobertura entre los Censos de 1993 y 2005 por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, certiﬁcada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para calcular este porcentaje se aplicará la metodología deﬁnida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el cálculo de coberturas del 2007 y con la información del DANE de los Censos de 1993 y 2005 y lo establecido en el artículo 2.2.5.7.1 del presente decreto. Desde el año 2009 en adelante, este porcentaje será calculado y certiﬁcado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con la metodología que para estos efectos deﬁna.

Cuando por razones de disponibilidad y características de la información certiﬁcada por el DANE no sea posible determinar para un municipio y distrito, incluyendo las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, el porcentaje de ampliación de cobertura se procederá como se indica a continuación:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certiﬁcará el porcentaje de ampliación de coberturas que resulta del promedio ponderado de las coberturas de los municipios del respectivo departamento, que tengan para el 2007 la misma categoría de qué trata la Ley 617 de 2000. Si en el departamento no existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma categoría no tienen la información, certiﬁcará el porcentaje de ampliación que resulta del promedio ponderado de las coberturas de los municipios del país, que tengan para el 2007 la misma categoría de qué trata la Ley 617 de 2000. En el caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certiﬁcará el porcentaje de ampliación que resulta del promedio ponderado de las coberturas correspondientes a las áreas no municipalizadas.

ARTÍCULO 2.2.5.2.4. Información para la distribución de los recursos por el criterio de Nivel de pobreza de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio de Nivel de pobreza se tomará en cuenta el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) enviará esta información debidamente certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

ARTÍCULO 2.2.5.2.5. Información y metodología para la distribución de los recursos por el criterio de eﬁciencia ﬁscal y administrativa de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. La información y metodología para el cálculo del criterio de distribución de eﬁciencia ﬁscal y administrativa de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones, tendrá en cuenta la información presupuestal/ﬁscal reportada por los municipios y/o distritos a través del Formato Único Territorial (FUT), y el cumplimiento de indicadores administrativos (Sectorial-Metas), veriﬁcables a partir de la información reportada por los municipios y/o distritos a través del Sistema Único de Información (SUI).

Para la distribución de los recursos del criterio de eﬁciencia ﬁscal y administrativa se utilizará lo siguiente:

Indicadores, Variables y Ponderadores: Los indicadores, variables y ponderadores serán deﬁnidos a más tardar el 31 de agosto de cada año para la distribución de la siguiente vigencia, mediante acto administrativo debidamente motivado expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Porcentajes de Participación: Los porcentajes de participación de cada una de las variables serán deﬁnidos por el Conpes para la Política Social.

PARÁGRAFO 1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certiﬁcará la información reportada al SUI y la Contaduría General de la Nación suministrará la información reportada por las entidades territoriales en el Formato Único Territorial (FUT), y con base en ella, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio certiﬁcará los resultados del criterio de eﬁciencia ﬁscal y administrativa de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a más tardar el 10 de enero de cada año.

ARTÍCULO 2.2.5.2.6. Efectos de los cambios metodológicos y de información sobre la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico. A partir de 2016, cuando se realicen modiﬁcaciones metodológicas a la fórmula de distribución de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico relacionadas con cambios de fuente de información, actualización de la vigencia de las fuentes de información o de la vigencia de las variables, deﬁnidas para los criterios 1, 2, 3 y 4 del artículo 7º de la Ley 1176 de 2007, frente a las usadas en el año inmediatamente anterior, la asignación por el criterio ajustado de los municipios y/o departamentos solo podrá disminuir en máximo un diez por ciento (10%) nominal frente a la asignación para dicho criterio en la vigencia inmediatamente anterior.

CAPÍTULO 3

RECURSOS DEL SGP PARA PROPÓSITO GENERAL Y DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

ARTÍCULO 2.2.5.3.1.Certiﬁcación de información. Para efectos de la evaluación, seguimiento y monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones, de la distribución de la Participación de Propósito General y de la asignación especial para los programas de alimentación escolar de que tratan los artículos 2, 3, 4 y 76 numeral 17, de la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los municipios, distritos y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberán enviar la siguiente información debidamente certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación, en los siguientes términos:

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística suministrará las estimaciones hechas, a más tardar el 30 de junio de cada año, sobre:

La población total del país, por municipios y distritos, incluyendo la del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los datos de población por corregimientos de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en población urbana y rural;

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas por municipio, distrito y del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Apoyo Fiscal certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de junio de cada año, los departamentos, distritos y municipios que en el marco de las Leyes 550 de 1999 y 617 de 2000 hayan suscrito Acuerdos de Reestructuración de Pasivos y/o Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, que hubiesen estado vigentes al 31 de diciembre del año anterior a la fecha de expedición de la certiﬁcación de que trata el presente numeral, y conceptuará sobre el cumplimiento o incumplimiento del respectivo Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y/o Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte de cada una de las entidades territoriales. Esta información se utilizará para el cálculo de los indicadores de cobertura y eﬁciencia de la Participación de Propósito General.

Según lo establecido en el artículo 49 de la Ley 863 de 2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Apoyo Fiscal certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de junio de cada año, los departamentos, distritos y municipios que estén destinando recursos de la Participación de Propósito General para ﬁnanciar los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999 o las normas que la sustituyan o modiﬁquen.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 863 de 2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de junio de cada año, los departamentos, distritos y municipios que a 31 de diciembre del año anterior no cuenten con pasivos pensionales.

Acorde con lo señalado en el artículo 49 de la Ley 863 de 2003, el Ministerio del Interior certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 20 de diciembre de cada año, la categoría de los distritos y municipios adoptada por estas entidades territoriales para el año siguiente.

Con fundamento en el artículo 49 de la Ley 863 de 2003, la Contaduría General de la Nación certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 20 de diciembre de cada año, la categoría asignada a los distritos y municipios por esa entidad para el año siguiente, en los casos en que estos no se hayan categorizado de conformidad con lo previsto por la Ley 617 de 2000.

PARÁGRAFO 1. Si entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de cada año se presentase la creación de nuevos municipios, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación los ajustes a los datos suministrados.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la evaluación y seguimiento de que trata el inciso 2 del artículo 89 de la Ley 715 de 2001 y de la elaboración del informe semestral previsto por el artículo 90 de la misma ley, las secretarías de planeación departamental tomarán la información reportada por los municipios en el Formulario Único Territorial (FUT).

PARÁGRAFO 3. A partir de la entrega de la información en los términos del presente artículo y para efectos del desarrollo de la evaluación del desempeño integral en los componentes de eﬁcacia, eﬁciencia, asistencia técnica y capacidad administrativa, los municipios, distritos y departamentos deberán continuar reportando la información en el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con los lineamientos que este deﬁna, hasta que dicha información se integre al Formulario Único Territorial (FUT).

ARTÍCULO 2.2.5.3.2. Información para la distribución de los recursos de la asignación especial para alimentación escolar. Para efectos de la distribución de los recursos de la asignación especial de Alimentación Escolar del Sistema General de Participaciones, el Ministerio de Educación Nacional deberá enviar debidamente certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación la siguiente información a más tardar el 30 de noviembre de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

Matrícula oﬁcial por municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés de la vigencia

Tasa de deserción oﬁcial interanual por municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés de la vigencia

ARTÍCULO 2.2.5.3.3. Transición en la distribución de los recursos de la Participación de Propósito General correspondientes a la eﬁciencia ﬁscal y administrativa. En la asignación de los recursos correspondientes a la eﬁciencia ﬁscal y administrativo de la participación de Propósito General, el Departamento Nacional de Planeación incluirá anualmente una compensación nominal con el ﬁn de garantizar las recursos asignados en la vigencia inmediatamente anterior y en las porcentajes señalados en el presente decreto para los municipios beneﬁciarios de esta participación, que compense la diferencia para los sectores de deporte y recreación y cultura de la siguiente manera:

En 2016 se reconocerá el 100% de los recursos asignados en la vigencia anterior para deporte y recreación y cultura.

En 2017 se reconocerá el 80% de los recursos asignados en la vigencia anterior para deporte y recreación y cultura.

En 2018 se reconocerá el 60% de los recursos asignados en la vigencia anterior para deporte y recreación y cultura.

En 2019 se reconocerá el 40% de los recursos asignados en la vigencia anterior para deporte y recreación y cultura.

En 2020 se reconocerá el 20% de los recursos asignados en la vigencia anterior para deporte y recreación y cultura.

A partir de 2021 no habrá compensación.

CAPÍTULO 4

RECURSOS DEL SGP DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

ARTÍCULO 2.2.5.4.1. Información para la distribución de los recursos adiciona/es destinados a la atención integral de la primera infancia del Sistema General de Participaciones. Para efectos de la distribución de los recursos adicionales destinados a la atención integral de la primera infancia del Sistema General de Participaciones, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) deberá enviar debidamente certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación la información correspondiente a la población de O a 6 años y el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas por municipios, distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, a más tardar el 30 de junio de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

CAPÍTULO 5

RECURSOS DEL SGP DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA

ARTÍCULO 2.2.5.5.1. Certiﬁcación de información. Para efectos de la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones asignados a los distritos y municipios ribereños del Río Grande de La Magdalena, el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi (IGAC) deberá enviar al Departamento Nacional de Planeación la información certiﬁcada sobre la longitud total del río Magdalena y de los kilómetros de ribera de cada municipio y distrito, a más tardar el 30 de junio de cada año.

PARÁGRAFO 1. Si entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del año en el cual se realiza la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para la vigencia siguiente se presenta la creación de uno o más municipios ribereños del río Magdalena, el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi (IGAC) deberá certiﬁcar al Departamento Nacional de Planeación los ajustes a la información suministrada.

CAPÍTULO 6

RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS

ARTÍCULO 2.2.5.6.1. Certiﬁcación de información. Para efectos de la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones asignados a los resguardos indígenas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación la información sobre la población de los resguardos indígenas legalmente constituidos por municipio y departamento a más tardar el 30 de junio de cada año.

Para establecer los resguardos indígenas constituidos legalmente, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (lncoder), deberán prestar el apoyo requerido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

PARÁGRAFO 1. Si entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del año en el cual se realiza la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para la vigencia siguiente, se presenta la creación de uno o más resguardos indígenas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación los ajustes a los datos suministrados.

PARÁGRAFO 2. Cuando un resguardo indígena se encuentre ubicado en jurisdicción de dos o más municipios o en las divisiones departamentales deﬁnidas por el Decreto 200 de 2003 o la norma que lo compile, en la certiﬁcación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se establecerá la población del resguardo ubicada en cada uno de los municipios y divisiones departamentales.

SECCIÓN 1

PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y/O BUENAS PRÁCTICAS DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS COMO REQUISITO PARA LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto deﬁnir los parámetros y el procedimiento que los Resguardos Indígenas o las asociaciones de resguardos deberán cumplir para acreditar la experiencia y/o buenas prácticas como requisito para la ejecución directa de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, de conformidad de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 29 del Decreto 1953 de 2014.

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.2. Deﬁnición de experiencia. Para los efectos del presente decreto, ténganse en cuenta las siguientes deﬁniciones de experiencia:

Experiencia Administrativa: La existencia de una estructura administrativa (técnica y humana), con la que cuentan los Resguardos o las Asociaciones de Resguardos, la cual se certiﬁcará por las autoridades del Resguardo o de los Resguardos Asociados de que habla el numeral 4 del artículo 29 del Decreto 1953 de 2014, según el caso.

Experiencia Financiera: Es la existencia de antecedentes de administración y ejecución de recursos ﬁnancieros por parte de los Resguardos Indígenas o de las asociaciones de Resguardos, en el marco de contratos o convenios que se han suscrito y ejecutado con entidades públicas o privadas, que demuestren su efectiva ejecución y desarrollo de procesos contables.

PARÁGRAFO . Para los efectos de esta sección entiéndase por fuente de ﬁnanciamiento cualquier recurso ﬁnanciero proveniente del presupuesto de entidades de derecho público de cualquier nivel de gobierno, y/o privado de carácter nacional o internacional.

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.3. Deﬁnición de buenas prácticas. Son aquellas actividades desarrolladas por los Resguardos Indígenas o por la Asociación de Resguardos, relacionadas con el manejo e inversión de recursos ﬁnancieros para el desarrollo de proyectos de inversión en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, orientadas según la Ley de Origen, Derecho Mayor o el Derecho Propio.

Las actividades deberán corresponder a uno o varios sectores de inversión, y serán acreditadas conforme a lo que establecido en el artículo 2.2.5.6.1.5 de este decreto.

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.4. Soportes de acreditación de experiencia. Los Resguardos Indígenas y las asociaciones de resguardos demostrarán la experiencia administrativa y ﬁnanciera, con los siguientes documentos:

Certiﬁcación expedida por el representante legal del Resguardo o de la asociación de resguardos en que se indiquen el equipamiento institucional y administrativo con que cuentan, que como mínimo debe incluir una sede administrativa (acta que determine la ubicación y funcionamiento de la sede), equipos de oﬁcina (inventario actualizado) y acceso a servicios de comunicación, tales como teléfono e internet (comprobante de último pago realizado a nombre del órgano de gobierno del Resguardo o de uno de los Resguardos asociados).

Certiﬁcación expedida por el representante legal del Resguardo o de la asociación de Resguardos en que se indiquen los integrantes del equipo humano especiﬁcando sus perﬁles y funciones que como mínimo deberán atender funciones en materia de contratación, contable, tesorería, planeación y labores asistenciales, para lo cual se adjuntará las hojas de vida respectivas con los soportes de formación académica y experiencia relacionada, y el organigrama del equipo administrativo.

Documento suscrito por el representante legal del Resguardo o de la asociación de Resguardos en que se relacione los convenios o contratos suscritos y ejecutados con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, en el que certiﬁque que se encuentran en el marco de su plan de vida o documento equivalente, describiendo partes, beneﬁciarios, objeto, plazo y cuantía. Para estos efectos deberán adjuntar copia de cada uno de los convenios o contratos relacionados y certiﬁcación de cumplimiento del objeto, expedida por parte de la entidad contratante, así como Acta de Asamblea comunitaria del Resguardo o de Asambleas de los Resguardos asociados certiﬁcando el beneﬁcio de dichos convenios y contratos en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

Documento ﬁrmado por el representante legal y el contador del Resguardo o de la asociación de Resguardos que reporte el estado ﬁnanciero (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondiente a cada vigencia ﬁscal de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.5. Soportes de acreditación de buenas prácticas. Los Resguardos Indígenas y las asociaciones de Resguardos demostrarán las buenas prácticas con los siguientes soportes:

Certiﬁcación expedida por el representante legal del Resguardo o de la asociación de Resguardos en que se indique el equipamiento institucional y administrativo con que cuentan, que como mínimo debe incluir una sede administrativa (un acta que determine la ubicación, el funcionamiento de la sede y el acceso a servicios de comunicación, tales como teléfono e internet), equipos de oﬁcina (inventario actualizado).

Certiﬁcación expedida por el representante legal del Resguardo o de la asociación de Resguardos en que se indiquen los integrantes del equipo humano especiﬁcando sus perﬁles y funciones que como mínimo deberán atender funciones en materia de contratación, contable, tesorería, planeación y labores asistenciales, para lo cual se adjuntará las hojas de vida respectivas con los soportes de formación académica y experiencia relacionada, y el organigrama del equipo administrativo.

Documento suscrito por el representante legal del Resguardo o de la asociación de Resguardos en que se relacione los proyectos ejecutados con recursos propios o provenientes de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, en el que certiﬁque que se encuentran en el marco de su plan de vida o documento equivalente, describiendo partes, beneﬁciarios, objeto, plazo y cuantía de cada proyecto. Para estos efectos deberán adjuntar copia de cada uno de los proyectos relacionados, Acta de Asamblea Comunitaria del Resguardo o de Asambleas de los Resguardos asociados certiﬁcando el beneﬁcio del o los proyectos en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad e indicando la entidad externa que acompañó dicho proceso o procesos, cuando haya lugar.

Informe ﬁnanciero del Resguardo o la asociación de Resguardos ﬁrmado por el respectivo representante legal, correspondiente a cada vigencia ﬁscal de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.6. Rangos presupuestales. Se establecen los siguientes rangos presupuestales para efectos de acreditar la experiencia o buenas prácticas, según corresponda, para administrar directamente la asignación especial del SGP, así:

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: Podrán acreditar experiencia los Resguardos Indígenas o asociaciones de Resguardos que cumplan con lo siguiente:

Para aquellos con una asignación especial del SGP para resguardos indígenas igual o superior a $1.000.000.000 en la vigencia en la cual se realiza la solicitud de veriﬁcación, que hayan ejecutado de manera acumulada en los últimos tres años, con recursos de cualquier fuente, como mínimo el equivalente al 80% de dicha asignación, conforme a los soportes de experiencia ﬁnanciera de que trata el presente decreto.

Para aquellos con una asignación especial del SGP para resguardos indígenas iguales a $500.000.000 e inferiores a $1.000.000.000 en la vigencia en la cual se realiza la solicitud de veriﬁcación, que hayan ejecutado de manera acumulada en los últimos tres años, con recursos de cualquier fuente, como mínimo el equivalente al 60% de dicha asignación, conforme a los soportes de experiencia ﬁnanciera de que trata el presente decreto.

ACREDITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS: Podrán acreditar buenas prácticas los Resguardos Indígenas o asociaciones de Resguardos que cumplan con lo siguiente:

Para aquellos con una asignación especial del SGP para resguardos inferiores a $500.000.000 en la vigencia en la cual se realiza la solicitud de veriﬁcación, que hayan ejecutado durante los últimos tres años o en uno de estos, con recursos de cualquier fuente, el equivalente al 30% de dicha asignación conforme a los soportes de buenas prácticas de que trata el presente decreto.

PARÁGRAFO . Cuando se trate de una Asociación de Resguardos, para la determinación del rango presupuestal se tendrá en cuenta la sumatoria de recursos asignados a cada uno de los Resguardos que hacen parte de la Asociación.

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.7. Asociación de Resguardos. Cuando se trate de la Asociación de Resguardos se deberán acreditar los requisitos a que se reﬁere el artículo 4 del Decreto 1953 de 2014, a través de su representante legal.

Para efectos de la veriﬁcación de los requisitos para la administración y ejecución de recursos de la asignación especial del SGP, de que trata el artículo 29 del Decreto 1953 de 2014, se tendrá en cuenta el conjunto de la información aportada por la asociación que corresponde a cada uno de los Resguardos que hacen parte de la misma. En este sentido, la información aportada por uno de los resguardos se entenderá como aportada por la asociación.

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.8. Radicación de la solicitud. Para efectos del trámite de la veriﬁcación de requisitos para la administración de los recursos de la asignación especial del SGP, los resguardos o asociaciones de resguardos interesados deberán radicar la solicitud y los soportes respectivos en medio físico en la oﬁcina de correspondencia del Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de julio de la vigencia anterior a la cual se pretende la administración y ejecución de dichos recursos, en jornada laboral.

El representante legal del resguardo indígena o de la Asociación de Resguardos Indígenas será el único responsable de la información, los documentos y soportes presentados al momento de radicar la solicitud, sin perjuicio de las veriﬁcaciones y requerimientos que pueda adelantar el Departamento Nacional de Planeación.

PARÁGRA FO TRANSITORIO. Los Resguardos Indígenas que decidan presentar la solicitud de veriﬁcación de requisitos para la administración de los recursos de la asignación especial, podrán abstenerse de suscribir contrato de administración hasta tanto sea resuelta la solicitud por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Si el pronunciamiento del DNP es desfavorable, una vez el correspondiente acto administrativo quede en ﬁrme, el Resguardo podrá suscribir el contrato de administración con la entidad territorial correspondiente.

ARTÍCULO 2.2.5.6.1.9. Comunicación al representante legal del Resguardo o de la asociación de resguardos. Una vez expedida la resolución con la decisión sobre la solicitud de la administración directa de los recursos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) comunicará al representante legal del Resguardo o de la asociación de resguardos, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al alcalde del municipio en que se encuentre ubicado el Resguardo, para que se adelanten los trámites correspondientes para el giro de los recursos de la respectiva vigencia.

CAPÍTULO 7

RECURSOS DEL SGP DE LA ASIGNACIÓN PARA LOS NUEVOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 2.2.5.7.1. Cálculo de variables para los nuevos municipios con información insuﬁciente. Para los efectos de la determinación de la asignación que corresponde a los nuevos municipios que hayan sido creados y reportados al Departamento Nacional de Planeación hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la vigencia ﬁscal para la cual se realiza la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, se aplicarán los mismos indicadores del municipio del cual hubiere sido segregado, o el promedio si se hubiere segregado de varios en el evento de información certiﬁcada sobre una o más variables; con excepción de los datos de población e índice de necesidades básicas insatisfechas para el nuevo municipio y el segregante, para la vigencia, los cuales deberán ser certiﬁcados en todo caso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin la certiﬁcación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no se podrá realizar la asignación de recursos para el nuevo municipio.

Si el nuevo municipio no ha sido creado por segregación de otro u otros, o si no se dispone de la información necesaria para alguno o algunos de los factores de distribución del Sistema General de Participaciones, se aplicará el promedio de las variables para su cálculo, de todos los municipios con una población superior o inferior en un 5% a la del municipio respecto del cual se efectúa el cálculo para los años anteriores a su creación hasta el año en que se creó; con excepción de la población y el índice de necesidades básicas insatisfechas para el nuevo municipio, que en todo caso deberá ser certiﬁcada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Para el cálculo de los criterios que incluyen datos poblacionales se aplicará la proporcionalidad de la población segregada, para el año en el cual se creó el nuevo municipio y para los anteriores.

PARÁGRAFO . Se tendrán como reportados los nuevos municipios respecto de los cuales haya llegado la información correspondiente por escrito, debidamente radicada en la oﬁcina de correspondencia del Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de diciembre del año en el cual se realiza la distribución inicial de los recursos del Sistema General de Participaciones para la vigencia siguiente.

CAPÍTULO 8

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2.2.5.8.1. Pérdida de calidad de beneﬁciario del Sistema General de Participaciones. Cuando una entidad territorial o un resguardo indígena pierda la calidad de beneﬁciario del Sistema General de Participaciones los recursos pendientes de giro serán redistribuidos entre los demás beneﬁciarios.

ARTÍCULO 2.2.5.8.2. Giro de los recursos. La transferencia de los recursos del Sistema General de Participaciones se hará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley 715 de 2001.

ARTÍCULO 2.2.5.8.3. Deﬁciencias de Información. Para efectos de la aplicación del primer inciso del artículo 86 de la Ley 715 de 2001, no se consideran deﬁciencias de la información el cambio de fuente de información para determinadas variables utilizadas en la distribución del Sistema General de Participaciones.

Cuando al momento de efectuar la distribución, fuera certiﬁcada al Departamento Nacional de Planeación una nueva fuente de información para determinadas variables, esta sólo se aplicará en la distribución de los recursos apropiados en el Presupuesto General de la Nación pendientes por distribuir. En tal circunstancia, las distribuciones efectuadas con anterioridad en la respectiva vigencia ﬁscal, con base en otras fuentes de información certiﬁcadas al momento de la distribución, no serán modiﬁcadas.

PARÁGRAFO . Entiéndase por fuente de información la base de información generadora de los datos correspondientes a cada variable y entidad territorial para el total de entidades territoriales del país. Las entidades responsables de certiﬁcar las fuentes de información, deberán suministrarlas integralmente al Departamento Nacional de Planeación, en los términos previstos en las normas vigentes.

ARTÍCULO 2.2.5.8.4. Distribuciones parciales de los recursos del Sistema General de Participaciones. Con el propósito de mejorar la eﬁciencia y la equidad en la asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones mediante la disponibilidad y veriﬁcación de la información necesaria, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), podrá realizar distribuciones parciales de estos recursos durante la vigencia ﬁscal atendiendo los criterios de las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.

La distribución deﬁnitiva se efectuará previa evaluación y veriﬁcación de la información por parte de las entidades responsables de su certiﬁcación.

Estas distribuciones serán aprobadas por el CONPES para la Política Social y los giros correspondientes se programarán y ajustarán con base en dichas distribuciones.

ARTÍCULO 2.2.5.8.5. Ajustes por cambio en certiﬁcaciones. Los ajustes a la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones a que haya lugar por efecto de las modiﬁcaciones a las variables de distribución reportadas por las entidades competentes después del 15 de septiembre de la vigencia para la cual se distribuyen los recursos, se efectuarán con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones de la vigencia siguiente. Para el efecto, la entidad que reporte un cambio de la información certiﬁcada, deberá explicar en la certiﬁcación las razones que motivan la expedición de nuevos datos.

ARTÍCULO 2.2.5.8.6. Certiﬁcación de municipios en educación. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 715 de 2001, los municipios que fueron certiﬁcados para administrar autónomamente la prestación de los servicios educativos, de conformidad con lo señalado por la Ley 60 de 1993, mantendrán dicha certiﬁcación.

ARTÍCULO 2.2.5.8.7. Competencias del Departamento Nacional de Planeación en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley 1753 de 2015, en los procedimientos descritos en las disposiciones reglamentarias sobre la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, donde se señale el CONPES entiéndase que la competencia corresponderá al Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.5.8.8. Medidas de transición para mitigar los efectos negativos derivados de las variaciones censales en la distribución del Sistema General de Participaciones. Para efectos de la distribución de los criterios que utilicen datos censales para el Sistema General de Participaciones para las doce doceavas de la vigencia 2020, se garantizará a todos los beneficiarios como mínimo lo asignado por concepto de las doce doceavas de la vigencia 2019.

PARÁGRAFO 1. El Departamento Nacional de Planeación expedirá los documentos de distribución de ajuste a que haya lugar, con el fin de garantizar la consistencia entre las distribuciones ya realizadas en la vigencia 2020 y lo dispuesto por este artículo.

PARÁGRAFO 2. Para los municipios cuya población total proyectada para la vigencia 2020 con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 sea superior o igual a 25.000 habitantes y la proyección para la vigencia 2019 con base en el Censo General de Población 2005 fuese inferior a 25.000 habitantes, únicamente se les aplicará la medida contemplada en el presente artículo para la bolsa del 83% de la Participación para Propósito General del Sistema General de Participaciones.

PARÁGRAFO 3. La distribución de la participación para educación, el subcomponente de subsidio a la oferta de la participación para salud y la Asignación Especial del 2.9% al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET del Sistema General de Participaciones, se exceptúan de las disposiciones contenidas en este artículo.

PARÁGRAFO 4. Para la vigencia 2020, se suspende temporalmente la aplicación del artículo 2.2.5.2.6 de este Decreto.

CAPÍTULO 9

RECURSOS DEL SGP PARA EL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (FONPET)

ARTÍCULO 2.2.5.9.1. Beneﬁciarios de los recursos de la Asignación Especial del 2.9% del Sistema General de Participaciones para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Serán beneﬁciarios de los recursos de la Asignación Especial del 2.9% del Sistema General de Participaciones (SGP) para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) los departamentos, distritos y municipios, existentes a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al cual se realiza la distribución.

ARTÍCULO 2.2.5.9.2. Distribución de los recursos. Le corresponde al Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizar la distribución de los recursos de la Asignación Especial del 2.9% del Sistema General de Participaciones para el FONPET, de acuerdo con las reglas y criterios establecidos en el presente Decreto.

ARTÍCULO 2.2.5.9.3 Criterios de distribución de los recursos. El Departamento Nacional de Planeación distribuirá los recursos de la Asignación Especial del 2.9% del Sistema General de Participaciones (SGP) para el FONPET entre todas las entidades territoriales existentes a diciembre 31 de la vigencia anterior a la que se hace la distribución.

Para la distribución de los recursos de la Asignación Especial del 2.9% del Sistema General de Participaciones (SGP) para el FONPET se conformarán dos grupos con la totalidad de entidades territoriales del país: i) un grupo correspondiente a los departamentos y Distrito Capital, que se denominará Grupo Departamental; y ii) un grupo correspondiente a los municipios y demás distritos, que se denominará Grupo Municipal.

A cada uno de estos grupos se asignarán los recursos teniendo en cuenta su participación en el monto total del pasivo pensional que se encuentre registrado en el sistema de información del FONPET, según certiﬁcación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos de cada grupo, se distribuirán entre las entidades territoriales, atendiendo los siguientes criterios:

Un 30% en proporción a su participación en el total del pasivo pensional no cubierto en su respectivo grupo, con base en la certiﬁcación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Un 30% de acuerdo a su participación en el total de los recursos de las doce doceavas del SGP distintos de Asignaciones Especiales distribuidos en la vigencia anterior, al interior del grupo.

Un 30% en proporción al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas {NBI) de cada entidad territorial en relación con el NBI nacional, para lo cual se tomará el NBI certiﬁcado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para cada vigencia en la que se realiza la distribución.

Un 10% en proporción a su participación en el total de población del Grupo respectivo, para lo cual se tomarán las proyecciones de población de las entidades territoriales certiﬁcadas por el DANE para cada vigencia en que se realiza la distribución.

ARTÍCULO 2.2.5.9.4. Certiﬁcación de la información. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación la información para cada uno de los departamentos, distritos y municipios, con el detalle y las fechas indicadas a continuación:

Para la distribución de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones:

Para la distribución de las once doceavas, la certiﬁcación se expedirá a más tardar el 10 de junio de la vigencia respectiva, conforme con la actualización de las variables del sistema de información del FONPET con corte a 31 de mayo de la vigencia a distribuir, e incluirá el detalle de la siguiente información:

Pasivo pensional

Los aportes valorizados en

El porcentaje de cobertura del pasivo pensional en los términos del artículo 3 del Decreto 055 de 2009, o las normas que las modiﬁquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

El monto total del pasivo pensiona! no

El valor requerido para alcanzar el cubrimiento del 125% del pasivo pensional

Para la distribución de la última doceava, la certiﬁcación se expedirá a más tardar el 30 de noviembre de la vigencia respectiva, conforme a la actualización de las variables del sistema de información del FONPET con corte a 31 de octubre del año en que se realiza la distribución, e incluirá el detalle de la siguiente información:

Pasivo pensional

Los aportes valorizados en

El porcentaje de cobertura del pasivo pensionar en los términos del artículo 3 del Decreto 055 de 2009, o las normas que las modiﬁquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

El monto total del pasivo pensional no

El valor requerido para alcanzar el cubrimiento del 125% del pasivo

Para la distribución de los recursos de la Asignación de Propósito General para el FONPET. Para las entidades territoriales que deben destinar recursos al FONPET con cargo a las once doceavas de la vigencia, según lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1176 de 2007, la certiﬁcación se expedirá a más tardar el 10 de enero de la vigencia respectiva con base en el último corte de actualización de las variables del sistema de información del FONPET, las cuales se mantendrán para la distribución respectiva. Para la distribución de última doceava se tomará la información con corte al 31 de octubre del año en el que se realiza la distribución.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la distribución de los recursos de las doce doceavas de la vigencia 2015 de la Asignación Especial del 2.9% del SGP para el FONPET, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público certiﬁcará la información prevista en el numeral 1 del presente artículo, conforme a la actualización de las variables del sistema de información del FONPET, con corte a 31 de octubre del año 2015.

ARTÍCULO 2.2.5.9.5. Comunicación de la distribución. El Departamento Nacional de Planeación comunicará los resultados de la distribución de los recursos de la Asignación Especial del 2.9% del Sistema General de Participaciones para el FONPET al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a las entidades territoriales beneﬁciarias. Los recursos se abonarán a la cuenta individual del departamento, distrito o municipio en el FONPET desagregando los destinados al cubrimiento del pasivo pensiona! y el saldo de recursos no requeridos a la fecha de distribución para el cubrimiento del pasivo pensiona(, desagregados previamente por el Departamento Nacional de Planeación, en función de la composición sectorial de los recursos del Sistema General de Participaciones, prevista en el artículo 4 de la Ley 715 de 2001, modiﬁcado por el artículo 2 de la Ley 1176 de 2007, según destinatarios de dichas asignaciones.

ARTÍCULO 2.2.5.9.6. Uso de los recursos no requeridos por haber alcanzado la cobertura de su pasivo pensional registrado en el FONPET. Las entidades territoriales a las que se les comunique distribución de recursos por sector, de la Asignación Especial del 2,9% del Sistema General de Participaciones para el FONPET, a título de no requeridos para el cubrimiento del pasivo pensional por haber alcanzado la cobertura de su pasivo pensional, los destinarán exclusivamente en el caso del sector salud a la ﬁnanciación del régimen subsidiado, de conformidad con lo establecido en el artículo. 147 de la Ley 1753 de 2015. Los recursos de los demás sectores se destinarán exclusivamente a gastos de inversión, en el marco del ejercicio de sus competencias.

Para el caso de los departamentos, los recursos se destinarán a las competencias en materia de educación, salud y agua potable, de conformidad con las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 y en el caso de los municipios y distritos, a las competencias en materia de educación, salud, agua potable, primera infancia y las demás asignadas en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 y por la Ley 1176 de 2007.

CAPITULO 10

COMPLEMENTO A LA POBLACIÓN ATENDIDA

ARTÍCULO 2.2.5.10.1. Deﬁnición del complemento a la población atendida. Corresponde a la asignación adicional de recursos de la participación de Educación por el criterio de población atendida de que trata el artículo 16 de la Ley 715 de 2001, que se distribuye a las Entidades Territoriales Certiﬁcadas en las que se identiﬁque insuﬁciencia de recursos para garantizar el costo mínimo de la prestación del servicio educativo.

PARÁGRAFO . Los costos de la prestación del servicio educativo en los territorios de las Entidades Territoriales No Certiﬁcadas se tendrán en cuenta en la asignación prevista para el respectivo departamento, de conformidad con los términos del artículo 16 de la Ley 715 de 2001.

ARTÍCULO 2.2.5.10.2. Fórmula de cálculo del complemento a la población atendida. La asignación complementaria a la población atendida corresponde a deducir de lo asignado en la vigencia respectiva por el criterio de población atendida, más excedentes netos de las Entidades Territoriales Certiﬁcadas en educación en la vigencia inmediatamente anterior; los gastos de nómina docente y directiva docente, incluidos los prestacionales, gastos administrativos, contratación de la prestación del servicio ajustada por ineﬁciencia, costo derivado del mejoramiento de calidad, y los costos derivados de la conectividad en establecimientos educativos oﬁciales. Lo anterior, calculado anualmente con la siguiente fórmula:

BALANCE PROYECTADO:

Suma (asignación por participación de población atendida + excedentes netos de la vigencia anterior)

MENOS (-)

Suma (valor de la nómina docente y directiva docente + gastos administrativos + contratación de la prestación del servicio ajustada por ineﬁciencia + costo derivado del mejoramiento de calidad + conectividad en establecimientos educativos oﬁciales)

PARÁGRAFO . El cálculo de la asignación por población atendida incluye todas las asignaciones destinadas a reconocer los costos derivados de la prestación del servicio educativo oﬁcial para necesidades educativas especiales, internados, capacidades excepcionales, sistema de responsabilidad penal adolescente, jornada única, cancelaciones de prestaciones sociales del magisterio en los términos del parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 715 de 2001 y asignaciones de conectividad.

ARTÍCULO 2.2.5.10.3. Certiﬁcación de la información para el cálculo de complemento a la población atendida. Para la distribución de la asignación complementaria se tendrá en cuenta la siguiente información, la cual deberá certiﬁcar el Ministerio de Educación Nacional al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 01 de noviembre de la respectiva vigencia:

Costos de personal docente y directiva docente. Corresponde a la proyección de la nómina docentes, directiva docente, teniendo en cuenta la información de la nómina liquidada, ajustada por eﬁciencia de acuerdo con el resultado de las auditorías que practique el Ministerio de Educación Nacional. Para ello, se considerarán la nómina con todos los costos asociados, incluyendo primas, horas extras y boniﬁcación por zonas de difícil acceso.

Gastos administrativos. Corresponde al porcentaje deﬁnido por el Ministerio de Educación Nacional que se podrá destinar a ﬁnanciar el pago de personal administrativo y a los gastos administrativos conexos a la prestación del servicio en los establecimientos educativos tales como contratación de servicios de aseo y vigilancia de la educación en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 1176 de 2007.

Cancelaciones prestaciones sociales del Magisterio. Corresponde a los recursos que se transﬁeren a las cajas departamentales de previsión social o a las entidades que hagan sus veces, con el ﬁn de atender el pago de las prestaciones del personal nacionalizado por la Ley 43 de 1975, que en virtud de la Ley 91 de 1989 no quedaron a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Costo de la contratación de la prestación de; servicio ajustada por ineﬁciencia. Corresponde al valor de la contratación de la prestación del servicio educativo previo descuento por ineﬁciencia realizado por el Ministerio de Educación Nacional.

El descuento por ineﬁciencia corresponderá al costo de la contratación de la prestación del servicio que la entidad territorial certiﬁcada en educación haya asumido con cargo al Sistema General de Participaciones para la atención del número de estudiantes que supere la matricula mínima por atender con educadores oﬁciales, deﬁnida anualmente por el Ministerio de Educación Nacional.

Costo derivado del mejoramiento de calidad. Corresponde a los costos que se deriven del reconocimiento a la calidad educativa establecido en el artículo 2.3.8.8.2.4.2. del Decreto 1075 de

Conectividad en establecimientos educativos oﬁciales. Corresponde a los recursos necesarios para garantizar la continuidad y ampliación del servicio de conectividad de las sedes educativas, atendiendo a los siguientes criterios:

Sedes urbanas con mayor cobertura de matrícula.

Exclusión de las sedes que actualmente están cubiertas con programas de conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).

Mantenimiento de la conectividad de las sedes beneﬁciadas del Programa Conexión Total.

Costo del servicio, deﬁnido en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eﬁciente (CCE).

Ampliación del porcentaje de matrícula oﬁcial con conexión a Internet, establecida para la vigencia respectiva.

Excedentes de la vigencia anterior. Corresponde a los excedentes netos del Sistema General de Participaciones al cierre de la vigencia ﬁscal inmediatamente anterior a la que se realiza la distribución, reportados por las Entidades Territoriales Certiﬁcadas en el Formulario Único Territorial (FUT), previa deducción del monto de las deudas laborales provenientes de vigencias anteriores que hayan sido validadas y certiﬁcadas por el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 2.2.5.10.4. Reglas para la determinación del costo derivado del mejoramiento de calidad. Este costo se calculará siguiendo las reglas señaladas en los artículos 2.3.8.8.2.4.1 y 2.3.8.8.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015. El Ministerio de Educación Nacional certiﬁcará al Departamento Nacional de Planeación las variables necesarias para este cálculo.

ARTÍCULO 2.2.5.10.5. Balance y distribución de recursos disponibles de cada vigencia. Una vez que el Ministerio de Educación Nacional certiﬁque haber completado la distribución de los recursos necesarios para garantizar los costos mínimos de la prestación del servicio educativo, con base en las asignaciones realizadas por concepto de población atendida, cancelaciones prestaciones sociales del Magisterio y conectividad, así como el complemento a la población atendida de que trata el presente decreto, y los recursos distribuidos por los componentes de calidad matricula oﬁcial y gratuidad educativa, el saldo de los recursos por distribuir de la participación para educación será distribuido por el Departamento Nacional de Planeación, previo análisis técnico, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, entre las Entidades Territoriales Certiﬁcadas en educación para la provisión de la canasta educativa deﬁnida por el artículo 15 de la Ley 715 de 2001 o para población por atender en los términos del artículo 16.2 ibídem.

En todo caso dentro del análisis de los recursos a distribuir, deberá considerarse el mayor costo de alimentación escolar derivados de la implementación de la jornada única, y los demás costos de la canasta educativa de calidad, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los numerales 16.2. y 16.3 de artículo 16 de la Ley 715 de 2001.

PARÁGRAFO . El Ministerio de Educación Nacional deﬁnirá la canasta educativa de calidad a proveer.

TÍTULO 6

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO 1

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.6.1.1. Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública. A través del Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública se coordinarán los procesos y operaciones que deben surtir las entidades a las cuales aplica el presente capítulo, para la formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior de los proyectos de inversión, con el propósito de contar con la información necesaria para la adopción de decisiones y presentación de informes asociados a la inversión pública.

ARTÍCULO 2.2.6.1.2. Campo de aplicación. Forman parte del Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación y deben suministrar la información sobre los proyectos de inversión que demande el sistema.

ARTÍCULO 2.2.6.1.3. Integración y articulación del Sistema El Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública integrará la información del Banco Nacional de Programas y Proyectos al que hacen referencia el artículo 27 de la Ley 152 de 1994 y el artículo 9 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y del Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública de que tratan los artículos 2.2.6.1.1.1 a 2.2.6.1.1.3 del presente decreto, y se articulará al Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública la información del Sistema Nacional de Seguimiento a la Gestión y Evaluación de los Resultados, del Sistema de Seguimiento a Documentos CONPES del Departamento Nacional de Planeación, del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

El sistema permitirá incorporar, mantener actualizada y disponible la información necesaria para realizar los análisis previos asociados a los procesos de elaboración del Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, del Marco de Gasto de Mediano Plazo, del Plan Operativo Anual de Inversiones, del anexo del decreto de liquidación del presupuesto en lo que atañe a la inversión pública, de la regionalización y priorización del presupuesto de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, de las estrategias de inversión prioritarias y transversales del Plan Nacional de Desarrollo y de los informes de seguimiento de la inversión, entre otros.

ARTÍCULO 2.2.6.1.4. Administración del Sistema .La administración del Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública le corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en consecuencia, deﬁnirá los requisitos, las metodologías y los procedimientos que se requieran, en los términos señalados en el presente título.

SECCIÓN 1

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1. Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública. Créase el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública, como un conjunto integrado de procesos automatizados que permita evaluar la gestión y realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública.

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.2. Ámbito de aplicación. El Sistema de Información al cual hace referencia la presente sección, se aplica a todos los órganos y entidades del sector público que comprometan apropiaciones del Presupuesto de Inversión del Presupuesto General de la Nación, así como a las entidades descentralizadas del orden nacional. La aplicación de la presente sección es extensiva a los proyectos de inversión ejecutados, a través de entidades ﬁduciarias, instituciones ﬁnancieras, organismos de cooperación y asistencia técnica, contratos de administración de recursos y en general a través de cualquier negocio jurídico que implique que la ejecución se realice con el concurso de un tercero.

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.3. Administración funcional y técnica del sistema. En cumplimiento de la función de seguimiento a los programas y proyectos ﬁnanciados con recursos públicos a cargo de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, dicha Dirección realizará la administración funcional y técnica del sistema de información de que trata este Decreto, para lo cual desarrollará las siguientes actividades:

Adecuar la infraestructura tecnológica que sea necesaria para el funcionamiento y mantenimiento del

Elaborar un manual de procedimientos para acceso y actualización del Sistema de Información.

Brindar el soporte técnico y la capacitación que se requiera para la correcta utilización del sistema y tomar las medidas necesarias para aclarar las inquietudes o dudas que surjan en la implementación del

PARÁGRAFO . El Departamento Nacional de Planeación deberá mantener disponible en su página web, la información de seguimiento a los proyectos de inversión pública para ser consultada permanentemente con ﬁnes de control social por todos los interesados, quienes podrán efectuar los comentarios, observaciones, solicitudes o recomendaciones que consideren conducentes en la dirección electrónica www.dnp.gov.co.

CAPÍTULO 2

DEL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.6.2.1. Proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el ﬁn de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.

Los proyectos de inversión se clasiﬁcarán de acuerdo con los lineamientos que deﬁna el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo las competencias de las entidades y las características inherentes al proyecto. Con fundamento en estos criterios, se determinarán los requerimientos metodológicos que deberá atender cada proyecto de inversión para su formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior.

ARTÍCULO 2.2.6.2.2. Ciclo de los proyectos de inversión pública. Es el período que inicia con la formulación del proyecto de inversión pública y termina cuando el proyecto cumpla con los objetivos y metas propuestas, cuando los análisis de conveniencia de las entidades ejecutoras de los proyectos así lo establezcan, o cuando se cancele el registro de los proyectos de inversión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.3.9 del presente decreto.

El ciclo de los proyectos de inversión comprenderá las operaciones y procesos relacionados con la formulación, la evaluación previa, el registro, la programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación posterior de los proyectos de inversión cuando esta evaluación así se determine, acorde con las previsiones contenidas en las nomas orgánicas de planeación, en las normas orgánicas de presupuesto, en las normas que establecen las funciones del Departamento Nacional de Planeación y en las disposiciones contenidas en el presente decreto.

El Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública deberá incorporar la información correspondiente a todas las operaciones surtidas durante el ciclo del proyecto de inversión pública.

ARTÍCULO 2.2.6.2.3. Calidad de la información durante el ciclo de los proyectos de inversión pública. La información de los proyectos de inversión que se incluyan en el Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública por parte de las entidades, cumplirá con los siguientes principios:

Autoevaluación. El responsable en cada entidad de suministrar información del Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública velará por la veracidad, precisión y cumplimiento de los estándares exigidos a la información que le corresponda suministrar al sistema, de conformidad con la normatividad aplicable al sector y con lo establecido en el presente decreto.

Cada entidad será responsable por la información que ingrese al Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública.

Generación de valor. El responsable en cada entidad aportará información y análisis adicionales sobre los proyectos de inversión pública, de modo que agreguen valor para la toma de decisiones relacionadas con los

Respeto a las competencias. Las entidades intervendrán durante el ciclo de los proyectos de inversión, respetando las competencias, las funciones y el objeto de la evaluación que corresponde a cada una de

Las competencias de las dependencias y entidades intervinientes durante cada etapa del ciclo de inversión pública se ﬁjarán en manuales expedidos por el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo los principios, deﬁniciones y lineamientos que establece el presente título.

CAPÍTULO 3

DE LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN PREVIA Y REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.6.3.1. Banco Nacional de Programas y Proyectos. El Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN), es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos de inversión pública viables, previamente evaluados social, técnica, ambiental y económicamente, susceptibles de ser ﬁnanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación.

La formulación de los proyectos y la evaluación previa que se realiza a los mismos en el marco del ciclo de los proyectos de inversión concluirá con el registro y sistematización en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.

El funcionamiento del Banco Nacional de Programas y Proyectos, la clasiﬁcación de los proyectos de inversión, las metodologías para su formulación, los procedimientos y demás requisitos para el registro de los mismos, la actualización y modiﬁcación de proyectos, y todo lo inherente a la sistematización del BPIN será responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación y se ﬁjaran en los manuales que para el efecto se expidan

ARTÍCULO 2.2.6.3.2. Iniciativa de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión pública podrán ser presentados por iniciativa de cualquier entidad pública cumpliendo con lo establecido en el presente título.

En todo caso, los proyectos de inversión deberán ser presentados a través de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, atendiendo sus funciones y competencias, con el ﬁn de que estas evalúen su pertinencia, y si así surge de la evaluación, adelanten las actividades previstas en los artículos 2.2.6.3.5, 2.2.6.3.6 y 2.2.6.3.7 del presente decreto para su registro en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.

ARTÍCULO 2.2.6.3.3. Formulación. Durante esta fase de formulación de los proyectos se hará la identiﬁcación del título de gasto que atiende el proyecto de conformidad con lo establecido en los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, así como la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la deﬁnición de las actividades y de las estrategias que los soportan, lo indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identiﬁcación de la población beneﬁciaria de la totalidad de sus fuentes de ﬁnanciación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto.

Estas actividades serán realizadas en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.

ARTÍCULO 2.2.6.3.4. Evaluación previa. Una vez formulado el proyecto de inversión pública continuará la fase de evaluación previa del mismo, la cual se surtirá de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes y comprenderá la veriﬁcación del cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión; la viabilización de los proyectos de inversión y el control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión, actividades que se adelantarán en los términos que señala el presente título.

ARTÍCULO 2.2.6.3.5. Veriﬁcación del cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión. El cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión pública será responsabilidad de la oﬁcina de planeación de la entidad ejecutora o quien haga sus veces, con el ﬁn de avalar:

Que la propuesta cuenta con el título de gasto a que hacen referencia los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del Estatuto Orgánico del Presupuesto;

Que se relaciona con la misión, objetivo y funciones de la entidad;

Que las evaluaciones realizadas son conﬁables técnica, social y económicamente, y que se encuentran en trámite las evaluaciones ambientales y demás autorizaciones requeridas por el proyecto;

Que se atendieron los estándares técnicos y metodológicos para la formulación y sostenibilidad económica, ﬁnanciera, social y ambiental, del mismo;

Que se incluye la totalidad de la información requerida para que el proyecto de inversión continúe el trámite ante las demás

Veriﬁcando el cumplimiento de estas condiciones por la oﬁcina de planeación, se entenderá debidamente surtida la veriﬁcación del cumplimiento de requisitos para la formulación y se procederá a la remisión del proyecto de inversión por parte del jefe de dicha oﬁcina, o quien haga sus veces en la entidad respectiva, a la entidad a la cual se encuentre adscrita o vinculada en los términos previstos en el artículo siguiente. La remisión del proyecto implica, además del aval de la entidad al proyecto, el compromiso técnico con el mismo.

Las entidades que no hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional surtirán la veriﬁcación establecida en este artículo a través de quien sea designado por el jefe de la entidad para tal propósito.

Los ministerios y departamentos administrativos podrán surtir esta veriﬁcación a través de quien sea designado por el jefe de la entidad.

ARTÍCULO 2.2.6.3.6. Viabilización de los proyectos de inversión. Surtida la veriﬁcación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión, este continuara para análisis de la oﬁcina de planeación o quien haga sus veces en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público.

El concepto de viabilidad, que en forma exclusiva se emitirá en esta instancia comprenderá:

La veriﬁcación de que se hubiere cumplido con los requisitos para la formulación contenidos en los numerales 1 al 5 del artículo 2.2.6.3.5 del presente decreto.

Un análisis de coherencia, pertinencia y sostenibilidad del proyecto de inversión propuesto en el marco de la política

La priorización del proyecto de inversión en el marco de la planiﬁcación del sector, velando por la calidad de la información

Una vez surtido el análisis anterior, si el proyecto cumple con los parámetros anteriormente deﬁnidos se entenderá veriﬁcado el cumplimiento de los requisitos del proyecto de inversión y procederá la emisión del concepto de viabilidad correspondiente.

En caso de que el responsable de la viabilización determine que el proyecto sujeto a su examen no cumple con los requisitos establecidos, deberá abstenerse de emitir concepto de viabilidad favorable y lo devolverá a la instancia formuladora con la información necesaria para que aquella pueda adelantar los ajustes a que haya lugar.

De igual forma el responsable de la viabilización deberá rechazar aquellos proyectos que no cuenten con título de gasto en los términos que señalan los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, hasta que se enmarque el proyecto en alguno de los eventos que la norma señala.

Los ministerios y departamentos administrativos, en aquellos proyectos de inversión en los cuales sean ejecutores, podrán cumplir lo dispuesto en este artículo a través de quien sea designado por el jefe de la entidad para tal propósito.

ARTÍCULO 2.2.6.3.7. Control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión. Una vez emitido el concepto de viabilidad, la entidad remitirá el proyecto de inversión al Departamento Nacional de Planeación con el ﬁn de que se realice el control posterior de viabilidad del proyecto y se proceda al registro del mismo. Para este ﬁn las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación a quienes corresponda el sector serán responsables de:

Veriﬁcar la consistencia del proceso desarrollado por las instancias que formularon y viabilizaron el proyecto de inversión;

Veriﬁcar que el proyecto cumpla con los requerimientos técnicos y metodológicos señalados por el Departamento Nacional de Planeación;

Analizar la relación del proyecto con los lineamientos de política pública deﬁnidos en el Plan Nacional de Desarrollo, las orientaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la relación del mismo frente a la legislación vigente para el sector o las decisiones judiciales ejecutoriadas;

Evaluar la calidad de la información consignada del proyecto, de forma que permita adelantar la regionalización de la inversión y permita realizar el seguimiento a la inversión propuesta de acuerdo con la dinámica propia del

Realizado el análisis de los aspectos señalados para el proyecto de inversión y cumplidas las exigencias, el Departamento Nacional de Planeación procederá a emitir control posterior favorable. Cumplida esta condición se procederá al registro del proyecto de inversión en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.

En caso contrario, las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación podrán emitir conceptos favorables de control posterior de viabilidad con condicionamientos, registrándolo en el Banco Nacional de Programas y Proyectos con la leyenda «Previo concepto DNP». De igual forma, podrá abstenerse de emitir concepto de control posterior de viabilidad, remitiéndolo a revisión y ajuste, indicando a la instancia correspondiente aquellos aspectos cuyo ajuste se requiera.

No se podrá ejecutar proyecto de inversión alguno que cuente con la leyenda «Previo concepto DNP» hasta tanto el levantamiento de esta se realice en el sistema por la dirección técnica encargada del control posterior de viabilidad, previo cumplimiento de los criterios de condicionamiento señalados al momento de emitir su concepto.

PARÁGRAFO. En el marco del proceso de programación y ejecución presupuestar, la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación podrá imponer la leyenda «Previo concepto DNP» a aquellos proyectos de inversión que, entre otras razones, tenga pendiente de perfeccionamiento su fuente de ﬁnanciamiento.

ARTÍCULO 2.2.6.3.8. Registro de los proyectos de inversión. Se registrarán en el Banco Nacional de Programas y Proyectos todos aquellos proyectos de inversión en los cuales se haya veriﬁcado el cumplimiento de los requisitos señalados previamente, y que cuenten con el concepto de control posterior favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación.

El registro de los proyectos se hará a través del diligenciamiento de las ﬁchas de estadísticas Básicas de Inversión (EBI). Cada proyecto de inversión contará con una ﬁcha diligenciada que incluirá la información básica necesaria para identiﬁcar los principales aspectos del proyecto de inversión, en los términos que señale el Departamento Nacional de Planeación.

Una vez se cumpla dicho registro, los proyectos de inversión serán susceptibles de ser ﬁnanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación, e incorporados al Plan Operativo Anual de Inversiones y al respectivo proyecto de ley anual.

En todo caso, los proyectos de inversión pública que se incorporen en el proyecto de ley anual de presupuesto de la Nación deben estar registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de manera previa a la aprobación de la respectiva ley.

ARTÍCULO 2.2.6.3.9. Oportunidad del registro. Durante el transcurso del año se podrán registrar proyectos de inversión en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. Para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones sólo se tendrán en cuenta aquellos proyectos de inversión que hayan sido registrados a más tardar el 1º de junio del año anterior al que se está programando.

Las instancias responsables de otorgar concepto de viabilidad a los proyectos de inversión deberán remitirlos a Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se está programando. A partir de esa fecha y hasta el 1º de junio el Departamento Nacional de Planeación, a través de las direcciones técnicas respectivas, cumplirá con el control posterior de viabilidad y registro de los proyectos en los términos previstos en este título.

ARTÍCULO 2.2.6.3.10. Cancelación del registro de proyectos en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. En el mes de septiembre de cada vigencia ﬁscal, el Departamento Nacional de Planeación hará la relación de aquellos proyectos que tengan más de cuatro años de antigüedad desde la fecha de su registro en el Banco Nacional de Programas y Proyectos, y que no hubieren contado con apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación, ni con autorización para comprometer presupuesto de vigencias futuras.

Dicha relación se remitirá a la respectiva entidad, comunicándole la cancelación del registro de los proyectos en el banco.

La entidad podrá solicitar al Departamento Nacional de Planeación que se mantenga el registro de algunos de los proyectos de inversión, previo concepto favorable de la oﬁcina de planeación del ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, presentando las justiﬁcaciones técnicas o de conveniencia que estime pertinentes, en los términos y condiciones que señale el Departamento Nacional de Planeación.

En caso de que se conceptúe favorablemente a la solicitud de la entidad, esta deberá proceder al ajuste de la información del proyecto de acuerdo con el procedimiento que señale el Departamento Nacional de Planeación mediante reglamento, y en todo caso dentro de los términos establecidos en el presente título.

SECCION 1

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ARTÍCULO 2.2.6.3.1.1. Estructuración de Proyectos. Para efectos de la presente sección la estructuración integral comprende la formulación del proyecto de inversión.

Por formulación se entenderá la identiﬁcación de una necesidad, la articulación con las metas previstas en los Planes de Desarrollo, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la recomendación de aquella que sea la más adecuada.

Por estructuración integral se entenderá el conjunto de actividades y estudios de orden técnico, ﬁnanciero, ambiental, social y legal que se deben realizar en la etapa de preinversión de un proyecto y la deﬁnición del esquema más eﬁciente de ejecución.

Se asumirá que la formulación y estructuración son dos acciones inherentes a los proyectos de inversión, siendo la formulación un insumo necesario para avanzar en la estructuración integral de los proyectos. La formulación y estructuración de un proyecto podrán llevarse a cabo en las fases de perﬁl, prefactibilidad y factibilidad, conforme con el alcance que a tales fases le atribuye el artículo 2.2.4.1.1.3.2 del presente decreto, o las normas que lo modiﬁquen, sustituyan o adicionen.

PARÁGRAFO . Siempre que el Departamento Nacional de Planeación disponga de proyectos tipo, las entidades públicas deberán utilizarlos en la etapa de preinversión, incluyendo los pliegos de condiciones y contratos tipo diseñados por Colombia Compra Eﬁciente para tal efecto. En el evento en que esto no sea viable deberá justiﬁcarse y en todo caso tenerse en cuenta dichos insumos para la estructuración integral de los proyectos de inversión:

Cuando se presenten proyectos ante los órganos colegiados de administración y decisión haciendo uso de los proyectos tipo, se solicitara el pronunciamiento técnico al Departamento Nacional de Planeación y no habrá lugar al pronunciamiento de que trata el numeral 3 del artículo 2.2.4.4.2 del presente decreto. El Departamento Nacional de Planeación emitirá el respectivo pronunciamiento dentro de los cinco

(5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.»

ARTÍCULO 2.2.6.3.1.2. Destinación y asignación de recursos. De conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la Ley 1753 de 2015, la Nación y las entidades descentralizadas del orden nacional podrán destinar y asignar recursos para la estructuración integral de proyectos estratégicos, nacionales o territoriales, que serán aquellos necesarios para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, así:

Canalizados a través de entidades públicas de carácter ﬁnanciero del orden nacional que deﬁna el Departamento Nacional de Planeación, mediante cualquiera de los siguientes mecanismos:

Acuerdo de voluntades, suscrito en los términos del artículo 2.2.6.3.1.3 del presente

Incorporación de los recursos en fondos especializados de las entidades públicas de carácter ﬁnanciero del orden nacional, para la estructuración de proyectos.

PARÁGRAFO , El Departamento Nacional de Planea clon deﬁnirá mediante resolución las entidades ﬁnancieras que podrán canalizar los recursos, entre otros, con base en los siguientes criterios:

La capacidad jurídica, conforme a su régimen legal aplicable, para estructurar

Los modelos de negocio implantados para la contratación y ejecución de los

Ser vigiladas por la Superintendencia Financiera de «

ARTÍCULO 2.2.6.3.1.3. Canalización de recursos a través de las entidades ﬁnancieras. Para que la Nación o una entidad descentralizada .del orden nacional puedan destinar y asignar recursos, a título de ﬁnanciación o coﬁnanciación, para la estructuración integral de proyectos, deben acordar con la entidad pública de carácter ﬁnanciero del orden nacional, por lo menos los siguientes aspectos:

Descripción general de los proyectos que serán formulados y estructurados

Descripción de las actividades y estudios que se ejecutaran en cada una de las fases que componen la formulación y estructuración integral.

Obligación de la entidad ﬁnanciera de rendir informes que den cuenta de la ejecución de lo acordado.

El plazo para la ejecución.

El valor del acuerdo y condiciones de ejecución.

Las reglas en materia de derechos de

El acuerdo suscrito constituirá el título con fundamento en el cual se efectuara el desembolso de los recursos y el pago de las prestaciones acordadas.

Cuando las estructuraciones se vayan a realizar con recursos de un fondo especializado para la estructuración de los proyectos con que cuente una entidad pública de carácter ﬁnanciero del orden nacional, para que la Nación o sus entidades descentralizadas puedan efectuar los desembolsos que correspondan, suscribirán únicamente las contratos establecidos para la incorporación de recursos al respectivo fondo.»

ARTÍCULO 2.2.6.3.1.4. Portafolio de iniciativas. Las entidades ﬁnancieras conformaran portafolios de iniciativas, con las siguientes características:

Tener la vocación de proyectos nacionales o territoriales necesarios para dar cumplimiento al Plan Nacional de

Estar clasiﬁcadas

Tener determinados las estudios que se requieren para culminar su formulación y estructuración integral, y

Tener estimados los costos de cada una de las fases de la estructuración integral de los

PARÁGRAFO . Las entidades ﬁnancieras establecerán formatos con la información mínima que deben aportar los interesados para incluir nuevas iniciativas en sus portafolios.»

ARTÍCULO 2.2.6.3.1.5. Entrega de las estructuraciones. Cuando la entidad pública de carácter ﬁnanciero del orden nacional culmine la estructuración integral, entregara el producto debidamente documentado y soportado a las entidades públicas que destinaron y asignaron recursos para tal ﬁn o que se hayan previsto coma beneﬁciarias de la estructuración, según lo pactado, y de manera informativa, al Departamento Nacional de Planeación.»

ARTÍCULO 2.2.6.3.1.6. Recursos complementarios. Las entidades públicas de carácter ﬁnanciero del orden nacional, de acuerdo con las normas que los rigen, podrán incorporar recursos propios o de otras fuentes públicas o privadas para coﬁnanciar la estructuración de proyectos. Los recursos pueden provenir entre otros, de entidades públicas, organismos multilaterales, de cooperación internacional, capital de riesgo de entidades privadas o donaciones de particulares.

PARÁGRAFO . Los aportantes de recursos y las entidades públicas de carácter ﬁnanciero del orden nacional, en cuanto no concurran causales de incompatibilidad o inhabilidad, podrán ejecutar los proyectos que fueron estructurados en los términos de la presente sección, de conformidad con su objeto social y la normativa aplicable.

CAPÍTULO 4

DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.6.4.1. Programación presupuestal de los proyectos de inversión. El Departamento Nacional de Planeación elaborará el Plan Operativo Anual de Inversiones para su aprobación por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Una vez aprobado por el CONPES, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo incluirá en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley 152 de 1994, y por los artículos 8, 37 y 49 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

ARTÍCULO 2.2.6.4.2. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. El Plan Operativo Anual de Inversiones, se elaborará con base en la información de los proyectos de inversión que se hubieren registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos a más tardar el 1º de junio del año anterior al que se está programando, atendiendo la disposiciones del presente título.

ARTÍCULO 2.2.6.4.3. Procedimiento para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. Para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones, el Departamento Nacional de Planeación tendrá en cuenta los cupos máximos de inversión por sector administrativo cuando así proceda, y por entidad, acorde con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

Con base en los cupos deﬁnidos y comunicados, cada entidad elaborará una propuesta de distribución entre los proyectos registrados, la cual será remitida al Departamento Nacional de Planeación en la fecha que este señale, por el jefe de la oﬁcina de planeación o quien haga sus veces en la respectiva entidad, previo aval del ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada, o de la instancia designada para emitir dicho aval cuando se trate de entidades que no hagan parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Con fundamento en el anteproyecto de presupuesto y la propuesta remitida por las entidades y considerando las restricciones presupuestales, las orientaciones de política deﬁnidas y el contenido del Plan de Inversiones Públicas del Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento Nacional de Planeación procederá a elaborar la propuesta de Plan Operativo Anual de Inversiones que será sometida a aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), a más tardar el 15 de julio de la vigencia anterior a la que se programa.

En caso de que la entidad no remita al Departamento Nacional de Planeación la propuesta de distribución del cupo de inversión correspondiente en la fecha deﬁnida, este ajustará la propuesta de distribución de acuerdo con las prioridades deﬁnidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

ARTÍCULO 2.2.6.4.4. Modiﬁcaciones a la propuesta de inversiones de la entidad. Si desde el momento en que la entidad remite la propuesta de distribución al Departamento Nacional de Planeación y hasta la presentación del proyecto de Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), surgieran restricciones presupuestales o de política que impliquen una modiﬁcación a la propuesta de inversiones, el Departamento Nacional de Planeación podrá adelantar los ajustes requeridos, considerando las prioridades propuestas por la entidad.

ARTÍCULO 2.2.6.4.5. Regionalización del proyecto de presupuesto de inversión. Para cumplir con la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos, según lo dispuesto por el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y el artículo

2.8.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público, las entidades a las cuales aplica el presente título deberán identiﬁcar en sus proyectos de inversión desde la fase de formulación, el monto de la inversión a realizar en los departamentos. Durante las fases previas a la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), deberán realizar los ajustes a la información sobre regionalización que se requieran.

Una vez sea expedido el decreto de liquidación del presupuesto, las entidades actualizarán la regionalización acorde con las apropiaciones. De igual forma este ejercicio procederá en cualquier otro momento durante el ciclo del proyecto de inversión, cuando se realicen modiﬁcaciones a las condiciones iniciales del proyecto a las apropiaciones correspondientes al mismo, y en consecuencia se requiera ajustar la regionalización.

El Departamento Nacional de Planeación tendrá a disposición de la ciudadanía la información sobre regionalización.

ARTÍCULO 2.2.6.4.6. Modiﬁcaciones al proyecto de presupuesto de inversión. Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 60 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, las propuestas de modiﬁcación que realicen las entidades al componente de inversión del proyecto de Ley Anual de Presupuesto serán suscritas por el representante legal y remitidas al Departamento Nacional de Planeación para su evaluación, concepto favorable y trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En estos casos, corresponderá a la entidad solicitante la actualización de la información de los proyectos de inversión.

CAPÍTULO 5

DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.6.5.1. Actualización de los proyectos de inversión. La actualización de los proyectos de inversión tiene como propósito garantizar la consistencia entre la estructuración de los proyectos de inversión que han sido registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos y las apropiaciones contenidas en la Ley Anual del Presupuesto o en las autorizaciones para comprometer presupuesto de vigencias futuras aprobadas.

La actualización procederá durante el ciclo del proyecto de inversión cuando se determinen cambios en las condiciones iniciales del proyecto que impliquen ajustes al mismo. Para este ﬁn se realizará un análisis de coherencia técnica y presupuestal con el ﬁn de establecer si el proyecto ajustado a las condiciones presupuestales deﬁnidas para su ejecución cumple con los objetivos y las metas propuestas, si demanda ajuste en el tiempo y/o requerimiento futuro de recursos, para proceder a la reprogramación física y ﬁnanciera del proyecto así como a la reprogramación de las metas anuales, entre otros aspectos.

En todo caso, cualquier actualización a un proyecto de inversión requerirá del cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 2.2.6.3.5, 2.2.6.3.6 y 2.2.6.3. 7 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.6.5.2. Actualizaciones obligatorias de los proyectos de inversión. Procederá la actualización de los proyectos de inversión en los siguientes eventos:

Cuando al momento de iniciar la ejecución de los proyectos de inversión se requiera adelantar el ajuste de las condiciones deﬁnidas en el Banco Nacional de Programas y Proyectos frente a las apropiaciones contenidas en la Ley Anual de Presupuesto y su respectivo Decreto de Liquidación.

De manera previa a la realización de modiﬁcaciones a las apropiaciones presupuestales que afecten los proyectos de inversión.

Cuando se considere que la ejecución de los proyectos de inversión se extenderá a otras vigencias ﬁscales y se espere recibir recursos del Presupuesto General de la Nación durante las mismas.

Cuando se requiera adelantar el ajuste de los proyectos de inversión cuya ejecución se encuentre sujeta al cumplimiento de lo previsto por el inciso ﬁnal del artículo 2.2.6.3.7 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.6.5.3. Ajustes que implican la formulación de un nuevo proyecto de inversión. Cuando la variación en las condiciones de un proyecto de inversión en ejecución en el Banco Nacional de Programas y Proyectos implique la revisión y ajuste del nombre del proyecto, de sus objetivos, o la inclusión de nuevas actividades que no sean coherentes con el objetivo del mismo, corresponderá a la entidad responsable de su ejecución formular y adelantar la evaluación previa de un nuevo proyecto de inversión en los términos que señala el presente título.

CAPÍTULO 6

DEL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.6.6.1. Seguimiento a los proyectos de inversión pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, corresponde al Departamento Nacional de Planeación hacer el seguimiento a los proyectos de inversión pública, para lo cual utilizará el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública de que tratan los artículos 2.2.6.1.1.1 al 2.2.6.1.1.3 del presente decreto, y que se integra al Sistema Uniﬁcado de Inversión Pública.

El seguimiento a los proyectos de inversión se basará como mínimo en los indicadores y metas de gestión y de producto, en el cronograma y en la regionalización, de conformidad con la información contenida en el Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN), para la formulación del proyecto, ¡así como en la información de ejecución presupuesta! registrada en el SIIF. Esta información permitirá reﬂejar los avances físicos, ﬁnancieros, cronológicos y regionales, y conocer el estado del proyecto frente a los objetivos deﬁnidos.

La información que se suministre sobre los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal será responsabilidad de la entidad ejecutora del mismo.

ARTÍCULO 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión. Las entidades ejecutoras deberán reportar mensualmente al sistema que administra el Departamento Nacional de Planeación el avance logrado por el proyecto durante ese período.

Las oﬁcinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de veriﬁcar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.

CAPÍTULO 7

DE LA EVALUACIÓN POSTERIOR A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 2.2.6.7.1. Evaluación posterior de los proyectos de inversión pública. Con el propósito de garantizar la asignación y ejecución eﬁciente y efectiva de los recursos de inversión, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, se realizarán evaluaciones posteriores de los proyectos de inversión en que se requiera, de acuerdo a los criterios deﬁnidos por el Departamento Nacional de Planeación.

CAPÍTULO 8

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 2.2.6.8.1. Suministro de información por parte de las entidades territoriales. De conformidad con lo establecido en el Título 4, Parte 6, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito, las entidades territoriales suministrarán la información que demande el sistema frente a los recursos de inversión pública transferidos del Presupuesto General de la Nación por concepto de regalías, del Sistema General de Participaciones, u otros conceptos.

ARTÍCULO 2.2.6.8.2. Suministro de información por parte de las Empresas Industriales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, suministrarán la información que demande el sistema frente a los recursos de inversión pública.

ARTÍCULO 2.2.6.8.3. Red Nacional de Bancos de Proyectos. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 152 de 1994, el Departamento Nacional de Planeación podrá organizar las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los bancos de programas y proyectos y los sistemas de información con que cuenten las entidades territoriales a una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, siempre que dichos sistemas hayan cumplido con los requisitos necesarios para su integración o articulación.

TÍTULO 7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CAPÍTULO 1

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS (SINERGIA)

SECCIÓN 1

OBJETO Y COBERTURA DEL SISTEMA

ARTÍCULO 2.2.7.1.1.1. Objeto. El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) tiene como objetivo generar información de calidad para la toma de decisiones que permitan mejorar la efectividad de la formulación y ejecución de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), especíﬁcamente a través del seguimiento a los avances de este y los principales programas de Gobierno, así como la evaluación de las políticas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las estrategias que lo complementen.

El sistema integra un conjunto de lineamientos de política, instancias, herramientas, procedimientos y metodologías de seguimiento y evaluación para orientar la gestión del Estado al logro de resultados.

ARTÍCULO 2.2.7.1.1.2. Cobertura del Sistema. La cobertura del sistema está dada por las políticas, programas, entidades y niveles agregados del Gobierno que hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

SECCIÓN 2

PRINCIPIOS

ARTÍCULO 2.2.7.1.2.1. Principios. Para el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), se aplicarán los siguientes principios:

Coordinación: se requiere de una gestión coordinada al interior y entre las instituciones responsables de desarrollar las políticas, programas, planes y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Responsabilidad: cada entidad u organismo público debe constituirse en una organización basada en responsabilidad y dirigir su gestión al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los ámbitos participativos de planeación, respecto al logro conjunto e individual de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Autonomía: cada entidad y organismo público del nivel nacional es autónomo dentro del marco de los principios y procedimientos de Sinergia así como en la realización de sus procesos de autoevaluación, según el ámbito de su misión, competencias y capacidad institucional.

Transparencia: la información generada por los procesos de seguimiento y evaluación realizados en cumplimiento de los principios, acciones, procedimientos e instrumentos de Sinergia será de conocimiento público.

SECCIÓN 3

COMPONENTES E INTEGRANTES DEL SISTEMA

ARTÍCULO 2.2.7.1.3.1. Componentes del Sistema. El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) se estructurará en torno a tres componentes misionales y complementarios entre sí: i) Seguimiento a Metas de Gobierno; ii) Evaluación de Políticas Públicas y iii) Sinergia Territorial.

ARTÍCULO 2.2.7.1.3.2. Integrantes del Sistema. El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) estará integrado por las siguientes instancias:

La Presidencia de la República a través de su Secretaría

El Departamento Nacional de Planeación como coordinador técnico y administrador de Sinergia.

Los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios responsables de los programas y políticas objeto de seguimiento y evaluación.

PARÁGRAFO 1. La ciudadanía, el Congreso de la República y los organismos de control son usuarios de Sinergia, en virtud de sus derechos y funciones de control social y político.

PARÁGRAFO 2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. actuará como integrante del sistema en doble naturaleza; con el Departamento Nacional de Planeación coordinará el fortalecimiento de los indicadores de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el marco de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1649 de 2014 y, por otra parte, como entidad responsable de los programas y políticas objeto de seguimiento y evaluación.

CAPÍTULO 2

SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

SECCIÓN 1

GENERALIDADES

ARTÍCULO 2.2.7.2.1.1. Deﬁnición. Es un proceso continuo y sistemático de recolección y análisis de información que permite determinar el grado de avance de las políticas públicas frente a las metas establecidas.

ARTÍCULO 2.2.7.2.1.2. Actores. Los actores del proceso de Seguimiento a Metas de Gobierno son:

La Presidencia de la República a través de su Secretaría

Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) y otras direcciones técnicas.

Ministerios y departamentos

Ciudadanía.

ARTÍCULO 2.2.7.2.1.3. Función de los actores. Los actores del proceso de Seguimiento a Metas de Gobierno tienen las siguientes funciones:

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) (en cabeza de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) y con el apoyo de otras direcciones técnicas): es el coordinador técnico, operativo y tecnológico del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, lo que da consistencia a la recolección y análisis de la información.

Presidencia de la República: es el encargado de coordinar al Alto Gobierno para el cumplimiento de las metas de gobierno establecidas, utilizando la información contenida en Sinergia para la rendición de cuentas al interior del

Ministerios y departamentos administrativos: son los responsables de proveer la información a Sinergia. La función de coordinación para el reporte de la misma está en cabeza del jefe de planeación de cada ministerio y/o departamento administrativo quien, a su vez, es el canal formal de interlocución entre su sector y los administradores de Sinergia. Ellos son los responsables directos ante Sinergia de la información y los que garantizan que esta sea coherente y se encuentre al día, en virtud de su papel transversal dentro de las entidades adscritas al ministerio y/o departamento administrativo.

Ciudadanía: son los principales usuarios de información producida por Sinergia. Por tal razón esta se encuentra disponible en la página web de Sinergia, facilitando la veriﬁcación de los avances de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cumpliendo así con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

SECCIÓN 2

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 2.2.7.2.2.1. Pasos para la construcción del sistema de seguimiento. Se deberán realizar los siguientes pasos para la construcción del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno:

Formulación estratégica con base en la cadena de valor

Selección de indicadores para el seguimiento

Deﬁnición de tipos de acumulación, líneas base y metas

Deﬁnición de la estructura del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno

Deﬁnición de roles en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno

Elaboración de ﬁchas técnicas de programas e indicadores.

ARTÍCULO 2.2.7.2.2.2. Paso 1. Formulación estratégica con base en la cadena de valor. Las metas de gobierno deberán construirse por las diferentes entidades con base en la Formulación Estratégica, entendida esta como el proceso en el cual se identiﬁcan y relacionan los resultados con los productos, así como los medios y acciones necesarias para alcanzarlos. Este proceso será parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

ARTÍCULO 2.2.7.2.2.3. Paso 2. Selección de indicadores para el seguimiento. Tomando como referencia los objetivos y estructura del Plan Nacional de Desarrollo (PND), al igual que la Formulación Estratégica (paso 1), se seleccionan las baterías de indicadores a las que se les harán seguimiento. Estas deberán ser entregadas por las entidades responsables al Departamento Nacional de Planeación (DNP), aprobadas por las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y avaladas por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

ARTÍCULO 2.2.7.2.2.4. Paso 3. Deﬁnición de tipos de acumulación, líneas base y metas. Todos los indicadores seleccionados deberán contar con identiﬁcación y medición del tipo de acumulación, línea base y meta a nivel nacional: si el indicador puede ser territorializado deberá tener las metas a nivel territorial. Esta información deberá ser entregada por las entidades responsables al Departamento Nacional de Planeación (DNP), aprobada por las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y avalada por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas {DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

ARTÍCULO 2.2.7.2.2.5. Paso 4. Deﬁnición de la estructura del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno. La estructura del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno debe estar acorde con la estructura y escalabilidad que se deﬁna en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

ARTÍCULO 2.2.7.2.2.6. Paso 5. Deﬁnición de roles en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno. Los actores del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno tienen las siguientes funciones:

Actores que reportan la información

Coordinador sectorial: este rol lo tiene el jefe de planeación de la entidad cabeza de cada sector, quien es el responsable directo ante Sinergia de la información y el que garantiza que esta sea coherente y se encuentre al día. El coordinador sectorial deberá revisar los datos ingresados por otros miembros de su sector y es el encargado de solicitar cambios en las metas, indicadores o contenidos al Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Gerente de programa: es el encargado de mantener actualizado el estado cualitativo de avance de los programas incluidos en el Sistema de Seguimiento a metas de Este debe revisar los avances de los indicadores que contiene el programa.

Gerente de meta: cumple con la función de reportar los avances cualitativos de los indicadores mensualmente y cuantitativos según la periodicidad establecida para cada

Administradores del Sistema de Seguimiento a metas de Gobierno

Coordinador político: ejercido por el Secretario General de la Presidencia de la República o en quien delegue para tal efecto, responsable de la coordinación del Alto Gobierno para el cumplimiento de las metas establecidas, de manera que utiliza la información contenida en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, para la rendición de cuentas al interior del Gobierno

Coordinador técnico: ejercido por el Director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que se encarga de liderar el proceso de construcción de la batería de indicadores del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno y validar la información que se carga en el sistema y aprueba las actualizaciones para que estas queden correctamente publicadas en la plataforma web de Sinergia. Además, administra operativa y tecnológicamente la plataforma del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, garantizando la funcionalidad de sus componentes.

ARTÍCULO 2.2.7.2.2.7. Paso 6. Elaboración de ﬁchas técnicas de programas e indicadores. Las ﬁchas técnicas de los programas estratégicos y los indicadores requieren la aplicación de los estándares establecidos por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) así como la revisión y aprobación de las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

PARÁGRAFO . Las ﬁchas técnicas de los indicadores que son territorializables deberán anexar la metodología de territorialización del indicador, que deberá cumplir con los mínimos establecidos por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la guía metodológica publicada para tal efecto.

SECCIÓN 3

ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 2.2.7.2.3.1. Pasos para el seguimiento a metas de gobierno. Se deberán realizar las siguientes tareas para el seguimiento a metas de gobierno:

Registrar la información en el Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno y realizar

Establecer rutinas de Seguimiento a Metas de

Generar información complementaria de indicadores y

Revsión y

ARTÍCULO 2.2.7.2.3.2. Paso 1. Registrar la información en el Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno y realizar capacitaciones. Cada profesional encargado del seguimiento sectorial de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) deberá cargar los indicadores, metas anuales y de cuatrienio, ﬁchas técnicas y responsables de programas, metas e indicadores. Así mismo, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) realizará capacitaciones a los gerentes de programa, meta y jefes de las oﬁcinas de planeación, para instruirlos en la tarea de reporte tanto de la información cualitativa y cuantitativa como del comportamiento de cada programa, meta e indicador al Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno.

ARTÍCULO 2.2.7.2.3.3. Paso 2. Establecer rutinas de Seguimiento a Metas de Gobierno. Las oﬁcinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores) Los avances cualitativos deberán ser reportados mensualmente, por su parte los avances cuantitativos, tanto nacionales como territoriales, deberán ser reportados teniendo en cuenta la periodicidad establecida para cada indicador en su ﬁcha técnica. El límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte.

ARTÍCULO 2.2.7.2.3.4. Paso 3. Generar información complementaria de indicadores y programas. Las oﬁcinas de planeación de los ministerios y departamentos administrativos así como los gerentes de programa y gerentes de meta tienen la responsabilidad de incluir documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los resultados alcanzados en el corte para cada programa o indicador.

ARTÍCULO 2.2.7.2.3.5. Paso 4. Revisión y ajustes. Las oﬁcinas de planeación de las entidades cabeza de sector son las encargadas de enviar a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, las solicitudes de cambio en el contenido de los programas, metas y/o indicadores, acompañadas de su debida argumentación técnica. La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas dará respuesta a estas solicitudes, previa consulta con las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Presidencia de la República.

CAPÍTULO 3

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SECCIÓN 1

EVALUACIONES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 2.2.7.3.1.1. Deﬁnición del proceso de evaluaciones estratégicas. Es un proceso estandarizado y participativo, a través del cual se evalúan las políticas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las estratégicas que lo complementen, mediante la aplicación de herramientas y técnicas que permitan generar información que sirva como insumo para el mejoramiento de las intervenciones públicas.

ARTÍCULO 2.2.7.3.1.2. Deﬁnición de evaluación. Es una investigación sistemática y objetiva aplicada en alguno de los diferentes eslabones de la cadena de valor (procesos, productos, resultados) que tiene como ﬁnalidad generar evidencia que sirva como insumo para mejorar e! diseño, la implementación, la ejecución y los efectos de políticas, planes, programas o proyectos (en adelante intervenciones públicas) del Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 2.2.7.3.1.3. Actores. Los actores del proceso de evaluaciones estratégicas de intervenciones públicas son: Los ministerios, departamentos administrativos, sus entidades vinculadas y adscritas.

ARTÍCULO 2.2.7.3.1.4. Funciones de los actores. Los actores del proceso de evaluaciones estratégicas de intervenciones públicas del Gobierno Nacional tienen las siguientes funciones:

Ministerios, departamentos administrativos, sus entidades vinculadas y adscritas: son los encargados, junto con las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de apoyar la discusión en la fase de diseño y acompañar la ejecución de las evaluaciones desde el punto de vista técnico. Igualmente, están a cargo de proporcionar la información requerida para el buen desarrollo de las evaluaciones, que deben ser consistentes con lo deﬁnido en el diseño y estudios previos de las mismas. Finalmente, deben generar los espacios de socialización de los resultados y recomendaciones de las evaluaciones ante las diferentes instancias directivas de sus entidades, así como propender por el uso de ambos como insumo para la toma de decisiones.

PARÁGRAFO . El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estará a cargo de la coordinación de todo el proceso de evaluaciones estratégicas en sus diferentes fases: i) Selección de la intervención pública a evaluar; ii) Diseño de la evaluación; iii) Contratación de la evaluación; iv) Ejecución de la evaluación; y v) Socialización de los resultados y recomendaciones de la evaluación.

SECCIÓN 2

PROCESO DE EVALUACIONES ESTRATÉGICAS

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.1. Agenda Anual de Evaluaciones. Es la relación de las intervenciones públicas de carácter estratégico que podrían iniciar el proceso de evaluación, bajo los protocolos de priorización establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en una vigencia ﬁscal determinada.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.2. Fases del proceso de evaluaciones estratégicas. El proceso de evaluaciones de las intervenciones públicas de carácter estratégico tiene las siguientes fases: selección, diseño, ejecución, socialización y uso de las mismas.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.3. Selección de la intervención pública a evaluar. Esta fase comprende la construcción y deﬁnición de la Agenda Anual de Evaluaciones de intervenciones de carácter estratégico mediante un proceso de discusión con todos los sectores de la administración pública que participan en la intervención, donde se prioriza aquellos temas que podrían iniciar su proceso de evaluación en la vigencia ﬁscal correspondiente. Se deberá seguir el siguiente procedimiento para la construcción de la Agenda Anual de Evaluaciones:

En el segundo semestre de cada vigencia la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP), junto con las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), identiﬁcará las intervenciones públicas con alta incidencia en los objetivos estratégicos del país de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, documentos CONPES y empréstitos adquiridos con la banca multilateral, que son susceptibles de ser evaluadas en la siguiente vigencia.

Las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) enviarán los temas propuestos para incluir en la Agenda, Justiﬁcando su pertinencia y oportunidad.

A partir de la información recibida de las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) construye una propuesta de Agenda que es presentada a la alta dirección de la entidad.

Una vez hecha la presentación de la propuesta, el Director General del Departamento Nacional de Planeación (DNP) o su delegado(a) aprueba la Agenda Anual de Evaluaciones en concordancia con las prioridades identiﬁcadas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

La Agenda Anual de Evaluaciones aprobada se adjuntará como anexo al Balance de Resultados, el cual es presentado al CONPES en el mes de abril de cada año.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.4. Diseño de la evaluación. Esta fase se desarrolla para las intervenciones públicas incluidas en la Agenda Anual de Evaluaciones y tiene como ﬁn especiﬁcar el alcance de la evaluación, a través del uso de herramientas y técnicas que garanticen la pertinencia, oportunidad y la eﬁcacia del proceso de evaluaciones estratégicas.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.5. Comité de Diseño de la evaluación. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) conformará un Comité de Diseño de la evaluación que estará integrado, como mínimo, por un delegado de cada una de las siguientes instancias: i) La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP), ii) direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP); y iii) entidad ejecutora de la intervención pública a evaluar.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.6. Funciones del Comité de Diseño de la evaluación. El Comité diseñará la evaluación de la intervención pública de acuerdo con el proceso de evaluaciones estratégicas consignado en el Sistema de Gestión de Calidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.7. Ejecución de la evaluación. Durante el desarrollo de la evaluación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) debe propender por la calidad técnica de las evaluaciones que se lleven a cabo, garantizando tanto el rigor metodológico como la pertinencia de los resultados y su relación con las necesidades deﬁnidas en el diseño. El desarrollo de esta tarea, será realizado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) en coordinación con la dirección técnica relacionada con la intervención pública sujeta a evaluación.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.8. Comité Técnico de Seguimiento de la Evaluación. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuando lo considere, podrá conformar un Comité Técnico de Seguimiento (CTS) de la Evaluación, integrado, como mínimo, por una persona designada de cada una de las siguientes instancias: i) La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP), ii) direcciones técnicas del DNP; y iii) entidad ejecutora de la intervención pública a evaluar.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.9. Funciones del Comité Técnico de Seguimiento. El Comité Técnico de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

Apoyar en el seguimiento técnico a los productos de las evaluaciones

Emitir recomendaciones sobre la calidad técnica de los productos

Recomendar parámetros de calidad para la ejecución efectiva de las

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.10. Secretaría Técnica del Comité Técnico de Seguimiento. La secretaría técnica del Comité Técnico de Seguimiento será ejercida por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que estará encargada de:

Citar a las reuniones de

Llevar las actas de dichas

Distribuir los productos que surjan de la evaluación entre los integrantes del Comité Técnico de

Recibir los comentarios a los informes o productos de la evaluación que hagan los otros miembros del Comité Técnico de Seguimiento, consolidarlos, depurarlos y darles el tratamiento

Mantener informados a los integrantes del Comité Técnico de Seguimiento sobre el desarrollo de la evaluación.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.11. Socialización de los resultados de la evaluación. Una vez se haya aprobado por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) el producto con los resultados y recomendaciones de la evaluación, se deberá coordinar su presentación a las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las entidades involucradas que sean deﬁnidas por el Comité Técnico de Seguimiento y la entidad ejecutora de la intervención evaluada.

PARÁGRAFO . El Departamento Nacional de Planeación {DNP) enviará los resultados y recomendaciones de la evaluación a las autoridades competentes, a efectos de que sirvan como insumo en los procesos de toma de decisiones en temas presupuestales.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.12. Uso de resultados. Las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) deberán realizar las gestiones necesarias a efectos de que las entidades ejecutoras de las intervenciones públicas que fueron evaluadas utilicen los resultados e incorporen las recomendaciones en sus procesos de toma de decisiones.

ARTÍCULO 2.2.7.3.2.13. Acompañamiento a evaluaciones estratégicas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) acompañará desde el punto de vista técnico el diseño y ejecución de las respectivas evaluaciones que sean realizadas por entidades del sector público, previa aprobación de su inclusión en la Agenda Anual de Evaluaciones aprobada para la respectiva vigencia.

CAPÍTULO 4

SINERGIA TERRITORIAL

SECCIÓN 1

GENERALIDADES

ARTÍCULO 2.2.7.4.1.1. Deﬁnición. Sinergia territorial es una estrategia institucional, liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyo objetivo es brindar asistencia técnica a municipios y departamentos en el diseño, implementación y puesta en marcha de sistemas de seguimiento a sus planes de desarrollo, con el ﬁn de mejorar los ejercicios de rendición de cuentas y la toma de decisiones con base en información cualiﬁcada, así como fomentar la transparencia y el buen gobierno.

ARTÍCULO 2.2.7.4.1.2. Actores. Los actores de Sinergia Territorial son:

El Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Gobiernos

La Ciudadanía.

ARTÍCULO 2.2.7.4.1.3. Metodología. La metodología de trabajo de la estrategia es:

Inclusión en Sinergia Territorial. La estrategia puede ser puesta en marcha en cualquier momento del tiempo previa solicitud expresa por parte de la entidad territorial interesada en incorporarse a

Aplicación de la estrategia. Sinergia Territorial se implementa mediante tres procesos y cuatro fases para el desarrollo de los mismos. Los procesos son: adaptación para el seguimiento del plan de desarrollo; diseño e implementación del sistema de seguimiento; y seguimiento al plan. Las fases de desarrollo son: alistamiento, fortalecimiento, consolidación y sostenibilidad. De igual manera, existe una fase de carácter transversal denominada expansión.

Acompañamiento permanente in situ a través de asesores

ARTÍCULO 2.2.7.4.1.4. Procesos. La estrategia se compone de los siguientes procesos:

Adaptación para el seguimiento del plan de desarrollo: Garantiza que los planes de desarrollo locales tengan una estructura monitoreable.

Diseño del sistema de seguimiento: Busca que las administraciones locales tengan la estructura adecuada para hacer

Seguimiento a los planes de desarrollo: Abarca la labor periódica y sistemática de hacer seguimiento al plan de

ARTÍCULO 2.2.7.4.1.5. Fases. La estrategia contempla el desarrollo de las siguientes fases:

Alistamiento: su objetivo es inducir los procesos de diseño y montaje de sistemas de seguimiento y la necesidad de hacer

Fortalecimiento: su objetivo es que las entidades apliquen las herramientas y conceptos construidos y desarrollados durante el alistamiento.

Consolidación: su objetivo es que las entidades apropien la cultura del seguimiento e institucionalicen el

Sostenibilidad: su objetivo es que el sistema perdure y la labor se desarrolle de manera autónoma.

TÍTULO 8

INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO 1º

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES (Sisbén)

“ARTÍCULO 2.2.8.1.1. Sistema de Identiﬁcación de Potenciales Beneﬁciarios de Programas Sociales (Sisbén). El Sistema de Identiﬁcación de Potenciales Beneﬁciarios de Programas Sociales (Sisbén), es un instrumento de la política social, para la focalización del gasto social, el cual utiliza herramientas estadísticas y técnicas que permiten identiﬁcar y ordenar a la población, para la selección y asignación de subsidios y beneﬁcios por parte de las entidades y programas con base en las condiciones socioeconómicas en él registradas.

ARTÍCULO 2.2.8.1.2. Sisbén y programas sociales. El Sisbén opera a través de un sistema de información y es neutral frente a los programas sociales. En consecuencia, el ingreso al Sisbén por sí mismo no otorga el acceso a los programas sociales.

Las entidades y los programas son los responsables de la selección de los beneﬁciarios o de la asignación de subsidios y beneﬁcios.

ARTÍCULO 2.2.8.1.3. Criterios orientadores y derechos. La administración del Sisbén y la información recolectada por este se sujetará a los derechos fundamentales a la igualdad, intimidad, protección de datos personales y a los principios de transparencia, moralidad, eﬁciencia, calidad y publicidad de la información, así como los demás que rigen la función administrativa.

Toda persona natural tiene derecho a ser encuestada, a que sus datos sean recolectados, procesados, actualizados y a recibir información de forma cierta y oportuna mediante canales de comunicación regulares y públicos.

ARTÍCULO 2.2.8.1.4. Deﬁniciones. Para efectos del presente Decreto se tendrán en cuenta las siguientes deﬁniciones:

Ficha de caracterización socioeconómica: Es una herramienta de recolección de información socioeconómica de los hogares diseñada para caracterizar la población, la cual tiene carácter de documento público.

Registro: Es el conjunto organizado de datos suministrados por un informante caliﬁcado, de acuerdo con las variables establecidas en la ﬁcha de caracterización socioeconómica. Estos pueden ser:

Bruto: Es el registro reportado por el municipio o distrito al DNP en los términos establecidos por el DNP, y que debe surtir un proceso de control de calidad para su validación.

Validado: Es aquel registro que superó los procesos de validación y los controles de calidad aplicados por el DNP, conforme lo señalado en los artículos 2.2.8.3.3 y 2.2 8.3.5 del presente

En veriﬁcación: Son aquellos registros que, por los procesos de validación y controles de calidad, no reúnen los requisitos para ser validados, conforme lo señalado en el artículo 2.2.8.3.4 del presente Decreto.

Excluido: Son aquellos respecto de los cuales se determine que existe inexactitud o incongruencia, como producto de los procesos de validación y controles de calidad, conforme lo señalado en los artículos 2.2.8.3.3, 2.2.8.3.5 y 2.2.8.3.6 del presente Decreto, o se conﬁgure alguna de las causales establecidas en el artículo 2.2.8.3.7 del mismo.

Base de datos: Herramienta que permite registrar y ordenar información.

Base bruta municipal o distrital: Es la generada por el municipio o distrito a partir de los procesos de actualización o realización de nuevas encuestas. La información de las bases brutas municipales o distritales son entregadas al DNP con la periodicidad y lineamientos establecidos por éste.

Base bruta nacional: Es la base conformada por la unión de los registros brutos municipales y distritales, reportados al DNP de conformidad con los términos establecidos por éste.

Base certiﬁcada nacional: Es la base que publica periódicamente el DNP, como resultado de aplicar a la base bruta los procesos de validación y de control de calidad necesarios para su depuración.

Novedad: Es la modiﬁcación de un registro bruto, debido a una actualización o a la realización de una nueva encuesta.

Hogar: Es aquel que está constituido por una persona o un grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una unidad de vivienda y que atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común.

Unidad de Gasto: Es la persona o grupo de personas del hogar que comparten la vivienda y tienen un presupuesto común para atender sus gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar. La unidad de gasto principal la conforman el jefe del hogar, sus parientes y no parientes diferentes a los empleados del servicio doméstico, parientes del servicio doméstico, pensionistas y parientes de pensionistas quienes a su vez conforman unidades de gasto diferentes. De esta forma, en cada hogar hay por lo menos una unidad de

Puntaje: Es un valor numérico único asignado a todas las personas que conforman la unidad de gasto, el cual se obtiene mediante técnicas estadísticas y econométricas que agregan o relacionan la información de la vivienda; el hogar y las personas de cada unidad de gasto, obtenida de la aplicación de la ﬁcha de caracterización socioeconómica

Corte de información: Corresponde a cada uno de los periodos de actualización y envío de información de las bases brutas municipales o distritales, o de las novedades al DNP. También corresponde al periodo en el cual el DNP procede a validar y publicar la base certiﬁcada.

Informante caliﬁcado: Es cualquier persona mayor de edad que integrante del hogar y que conozca las condiciones socioeconómicas, tales como, características de la vivienda, relaciones de parentesco y condiciones de salud, educación y trabajo de todos los miembros que lo conforman.

ARTÍCULO 2.2.8.1.5. Implementación y uso del Sisbén. De acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modiﬁcado por el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, el Sisbén es de obligatoria aplicación y uso para las entidades públicas del orden nacional y las entidades territoriales, al realizar gasto social.

Las entidades señaladas en el inciso anterior, y aquellas que la ley determine, deﬁnirán la forma en que utilizarán la información registrada en el Sisbén para el manejo de sus programas sociales, en función de los objetivos e impactos perseguidos, la naturaleza de los mismos, los criterios de ingreso, permanencia y salida de cada programa, así como de la información requerida.

PARÁGRAFO . En el proceso de selección y asignación de beneﬁciarios de programas sociales, las entidades responsables de estos harán uso únicamente de los registros validados de la base de datos nacional certiﬁcada.

ARTÍCULO 2.2.8.1.6. Custodia y reserva de la información registrada en el Sisbén. El tratamiento de la información registrada en la ﬁcha de caracterización socioeconómica y en el Sisbén está sujeto al cumplimiento de las normas de protección de datos personales establecidas en la Constitución Política, las Leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y demás las normas que regulan la materia.

La información contenida en la base datos nacional certiﬁcada del Sisbén permanecerá en custodia del DNP, entidad que podrá publicar la información no clasiﬁcada o reservada hasta cuando las personas soliciten su retiro o se determine su exclusión.

CAPÍTULO 2

ADMINISTRACIÓN DEL SISBÉN

ARTÍCULO 2.2.8.2.1. Actividades del DNP. Para la implementación, actualización, administración y operación del Sisbén, corresponde al DNP:

Dictar los lineamientos metodológicos, técnicos y operativos necesarios para la implementación y operación del Sisbén.

Coordinar y supervisar, a través de la Dirección de Desarrollo Social o la dependencia que haga sus veces, la organización, administración, implementación, mantenimiento, procesos de validación y controles de calidad, actualización y consolidación de las bases de datos que conforman el Sisbén.

Diseñar, a través de la Dirección de Desarrollo Social o:la dependencia que haga sus veces, la ﬁcha de caracterización socioeconómica.

Diseñar y desarrollar las herramientas tecnológicas requeridas para la recopilación y administración de la información registrada en el Sisbén.

Establecer la metodología, el trámite e instrumentos para adelantar los procesos de validación y control de calidad de la información registrada en el Sisbén.

Deﬁnir los criterios de ingreso, suspensión y exclusión de las personas de las bases de

Aplicar los procesos de validación y control de calidad de la información, de conformidad con lo señalado en el presente Título, para lo cual, entre otros, podrá realizar los cruces de información necesarios para la depuración y actualización de la información.

Certiﬁcar y publicar la base de datos nacional certiﬁcada del Sisbén, en los plazos que establezca para tal ﬁn.

Deﬁnir las fechas de corte y los términos y condiciones de envío de información por parte de las entidades territoriales y de la publicación de la base nacional certiﬁcada del Sisbén o de los registros certiﬁcados.

Realizar capacitaciones para la actualización de la metodología, el software y nuevas herramientas que implemente el DNP

Las demás establecidas en el presente Decreto y las requeridas para el correcto funcionamiento del Sisbén.

PARÁGRAFO . El diseño de las bases de datos, los aplicativos, la imagen del Sisbén (logo y elementos del manual de imagen), y demás herramientas tecnológicas y metodológicas que adopte el DNP para la actualización, depuración, consolidación, certiﬁcación, validación y publicación de la base certiﬁcada son de, uso obligatorio por las entidades territoriales.

ARTÍCULO 2.2.8.2.2. Metodología para la actualización del Sisbén. Ei DNP determinará las condiciones para la actualización de la metodología del Sisbén por parte de las entidades territoriales: teniendo en cuenta las necesidades del instrumento y las condiciones socioeconómicas que se pretenden identiﬁcar, así como los ajustes metodológicos, operativos y las condiciones tecnológicas requeridas para la captura, procesamiento y validación de la información.

ARTÍCULO 2.2.8.2.3. Consolidación de la base de datos nacional certiﬁcada del Sisbén, cortes de información y términos y condiciones de envío de la información. Los municipios y distritos, dentro de los cortes de información y de acuerdo con los términos y condiciones de envío que establezca el DNP, le reportarán las bases de datos brutas y las novedades, según corresponda.

Con fundamento en esta información, el DNP consolidará la base de datos bruta nacional, a la cual se le aplicarán los procesos de validación y control de calidad, para generar y publicar la base de datos nacional certiﬁcada.

El DNP sólo incorporará a la base bruta nacional la información que se reciba dentro de los plazos y de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución a que se reﬁere el presente artículo.

En tal sentido, el DNP no realizará procesos de validación ni publicará en la base nacional certiﬁcada la información o registros reportados de manera extemporánea o que no cumplan con las condiciones para tal ﬁn. Tampoco realizará publicaciones extemporáneas o extraordinarias de la base nacional certiﬁcada.

ARTÍCULO 2.2.8.2.4. Actividades de los municipios y distritos. Para la implementación, actualización, administración y operación del Sisbén en los municipios o distritos, estos dispondrán de los recursos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento de la dependencia que se encuentre Cargo de esta ‘labor, en los términos que deﬁne la Ley 715 de 2001. Así mismo, acorde con su autonomía administrativa y ﬁnanciera, determinarán la implementación de un administrador del Sisbén.

El administrador municipal o distrital del Sisbén desarrollará las siguientes actividades:

Implementar, actualizar, administrar y operar la base de datos, de acuerdo con los lineamientos deﬁnidos por el DNP

Instalar y conﬁgurar el software o herramienta tecnológica dispuesta y. provista por el DNP para la aplicación del Sisbén.

Enviar la información de los registros y otra que se requiera en los términos y condiciones establecidos por el DNP

Velar por la reserva y actualización de la información registrada en el Sisbén.

Facilitar el acceso y uso de la base de datos certiﬁcada a las entidades y programas sociales del municipio o distrito.
Velar por el correcto uso de la base de datos y la información que esta

Ejecutar los lineamientos dictados por el DNP para la operación del Sisbén.

Las demás requeridas para el correcto funcionamiento del Sisbén.

Lo establecido en este artículo, se desarrollará de acuerdo con los lineamientos que determine el DNP.

PARÁGRAFO . El administrador municipal o distrital del Sisbén será responsable de la calidad de la información que se registre en la base de datos. Cuando el DNP evidencie la aplicación indebida de encuestas, presuntas falsedades o deﬁciencias en el seguimiento de los lineamientos técnicos respectivos, podrá recomendar a la entidad territorial el cambio del administrador, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

ARTÍCULO 2.2.8.2.5. Actividades de los departamentos. Para la implementación, actualización, administración y operación del Sisbén, los departamentos apoyarán a los municipios. Para el efecto, acorde con su autonomía administrativa y ﬁnanciera, determinarán la implementación de un coordinador, el cual desarrollará las siguientes actividades:

Brindar apoyo a los municipios de su departamento para el envío de la información al

Velar por la correcta aplicación de los lineamientos dictados por el DNP para la operación del Sisbén.

Realizar un seguimiento continuo al comportamiento de las bases del Sisbén a partir de estadísticas obtenidas de la base certiﬁcada de sus municipios.

Coordinar la efectiva transferencia y gestión de conocimiento e información entre la nación y sus

Apoyar en la solución de inquietudes y casos particulares que se derivan de la aplicación del Sisbén como instrumento para la focalización.

Apoyar al DNP en los procesos de validación y controles de calidad, para lo cual podrán adelantar visitas en sitio ciñéndose a la metodología e instrumentos que para tal ﬁn adopte el DNP.

Velar por la reserva, el correcto uso y de la base de datos y la información que esta

Apoyar al DNP en los procesos de capacitación, asistencia técnica y retroalimentación en materia de procesos, procedimientos, ajustes metodológicos y herramientas tecnológicas asociadas con el Sisbén.

Las demás requeridas para el correcto funcionamiento del Sisbén.

Lo establecido en este artículo, se desarrollará de acuerdo con los lineamientos que determine el DNP.

PARÁGRAFO . Cuando el DNP evidencie presuntas falsedades o deﬁciencias en el seguimiento de los lineamientos técnicos respectivos, podrá recomendar a la entidad territorial el cambio del administrador, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

ARTÍCULO 2.2.8.2.6. Suspensión de entidades territoriales para la actualización de las bases de datos. En cumplimiento de la facultad prevista por el inciso tercero del artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, para garantizar la efectividad del Sisbén, el DNP podrá ordenar la suspensión preventiva de la actualización de las bases de datos en aquellas entidades territoriales en las que existan circunstancias que afectan los criterios orientadores del Sisbén. La decisión se adoptará mediante acto administrativo motivado en el cual se indicarán las razones que justiﬁcan la suspensión y el periodo de duración de la misma, así como las acciones que se encaminen a superar esta situación.

La actuación se adelantará atendiendo a lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de esta se informará a la personería municipal o distrital.

CAPÍTULO 3

INCLUSIÓN, VALIDACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y EXCLUSIÓN DE REGISTROS

ARTÍCULO 2.2.8.3.1. Inclusión en el Sisbén. Cualquier persona natural puede solicitar su inclusión en el Sisbén ante la entidad territorial en el cual resida. Para el efecto, la entidad territorial aplicará la ﬁcha de caracterización socioeconómica en la dirección de residencia habitual del solicitante, quien suministrará la información requerida para el diligenciamiento de la totalidad de las variables de la misma, con el ﬁn de realizar una correcta identiﬁcación y caracterización.

El suministro de información se hará bajo la gravedad de juramento y la información será utilizada para orientar las políticas sociales del gobierno.

En caso de presentarse inconformidad con la información registrada en la base de datos; la persona puede solicitar la realización de una nueva encuesta. Cumplido lo anterior se podrá solicitar la aplicación de una nueva encuesta transcurridos seis (6) meses después de la publicación de los últimos resultados.

PARÁGRAFO . Las personas registradas en el Sisbén pueden solicitar en cualquier momento el retiro de su información ante el municipio o distrito en el que residen. Si la solicitud de retiro se hace a nombre de terceros se allegará la documentación que acredite la capacidad para actuar y la información que para el efecto determine el DNP.

ARTÍCULO 2.2.8.3.2. Obligación de actualización de la información. Las personas registradas en el Sisbén deben mantener actualizada su información, En caso de cambio del lugar de residencia se deberá solicitar la aplicación de una nueva encuesta ante la entidad territorial donde se ubique su nueva residencia.

En virtud el principio de calidad de la información, el DNP podrá actualizar la información registrada en el Sisbén, como producto del cotejo de información con bases de datos oﬁciales.

ARTÍCULO 2.2.8.3.3. Procesos de validación y controles de calidad. Con el propósito de garantizar la calidad de la información de las personas registradas en el Sisbén, la misma estará sujeta a procesos de validación y controles de calidad aplicados por el DNP, que incluyen el cruce con bases de datos internas o externas, la obtención directa de información por el DNP o la entidad territorial, el cotejo de información con diferentes fuentes, y ejercicios de seguimiento aleatorio.

El DNP podrá realizar estos procesos mediante visitas en sitio, especialmente en los eventos en los cuales mediante peticiones, quejas, reclamos o solicitudes (PQRS), procesos de validación y controles de calidad, se evidencie inexactitud o incongruencia de la información registrada. En estos casos se aplicará una nueva encuesta, la cual se sujetará a los términos de envío de la información por parte de la administración municipal para surtir un nuevo proceso de validación.

ARTÍCULO 2.2.8.3.4. Eventos que dan lugar a registros “en veriﬁcación”. El DNP marcará «en veriﬁcación» los registros del Sisbén, en los siguientes casos:

Cambio de lugar de residencia sin que se haya solicitado la aplicación de una nueva encuesta a la entidad

Registro de fallecimiento en bases de datos oﬁciales con las cuales se crucé información.

Cambio no justiﬁcado en información de las variables de la ﬁcha de caracterización socioeconómica que el DNP determine.

Registro, en bases de datos oﬁciales, de ingresos superiores a un valor en SMLMV determinado por el DNP cuando tenga un puntaje inferior al valor que determine el DNP.

Novedades en las condiciones socioeconómicas no reportadas por la entidad -territorial; identiﬁcadas mediante cruces con fuentes internas o externas.

Por información suministrada por la entidad territorial

Por información suministrada por las entidades que administran los programas sociales que utilizan el Sisbén.

Inexactitud o incongruencia de la información.

Cualquier otro tipo de inconsistencia que se identiﬁque por parte de la entidad territorial o el DNP.

ARTÍCULO 2.2.8.3.5. Validación o exclusión de los registros “en veriﬁcación”. Corresponde a la entidad territorial decidir sobre la exclusión de los registros “en veriﬁcación” mediante acto administrativo o, en su lugar, solicitar la validación al DNP

La exclusión procederá en los casos en que cumplido lo dispuesto en el presenté artículos se acredite la ocurrencia de una o más de las causales que dieron lugar a la veriﬁcación.

Con el propósito de validar o excluir los registros “en veriﬁcación”, el DNP, dentro de los plazos establecidos por este para el envío de la información y publicación de la misma, informará a cada entidad territorial, con copia a la personería municipal, los registros “en veriﬁcación” y la correspondiente causal, mediante los mecanismos que adopte para el efecto.

Una vez recibida la información, la entidad territorial procederá a comunicar a la persona, a la residencia registrada en la ﬁcha de caracterización socioeconómica, el inicio de la actuación administrativa. En la comunicación se informará acerca de la situación, indicando la causal de veriﬁcación y la posibilidad para ejercer el derecho de defensa.

La entidad territorial, dentro de los seis (6) meses siguientes de recibida la información enviada por el DNP, le remitirá la decisión conforme a lo dispuesto en primer inciso del presente artículo, con el correspondiente informe. El DNP comunicará la exclusión de los registros a las entidades que atienden programas sociales y a los organismos de control pertinentes.

La actuación se adelantará atendiendo a lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de esta se informará a la personería municipal o distrital,

PARÁGRAFO . En caso de incumplimiento de lo señalado en el’ presente artículo por parte de las autoridades administrativas territoriales o sus agentes, el DNP lo informará a las autoridades competentes.

ARTÍCULO 2.2.8.3.6. Exclusión de registros del Sisbén por el DNP. Sin perjuicio señalado en el artículo anterior, el DNP podrá excluir directamente registros del Sisbén en los siguientes casos:

Por muerte de la persona registrada, previa veriﬁcación y confrontación de la información oﬁcial reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por orden judicial o

Por duplicidad de registros, caso en el cual se mantendrá el registro más

Efectuada la exclusión, el DNP lo comunicará a la entidad territorial respectiva, a las entidades que coordinan los programas sociales y a los organismos de control pertinentes.

ARTÍCULO 2.2.8.3.7. Acceso y permanencia en programas sociales. De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.8.1.5. de! presente Decreto, las entidades que administran los programas sociales evaluarán y determinarán si las personas que han sido excluidas de la base de datos del Sisbén pueden acceder o continuar en un determinado programa.

ARTÍCULO 2.2.8.3.8. Deber de denunciar. De conformidad con lo señalado en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004, quien en el marco de lo reglamentado en el presente Decreto tuviere conocimiento de la presunta comisión de un delito, lo denunciará inmediatamente ante las autoridades competentes.

CAPÍTULO 4

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 2.2.8.4.1. Intercambio de información entre entidades públicas y particulares que ejercen funciones públicas. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 94 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 159 de la Ley 1753 de 2015, las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas, pondrán a disposición del DNP la información que generen, obtengan: adquieran, controlen y/o administren, con el ﬁn de realizar la actualización y aplicar los procesos de validación y controles de calidad a que se reﬁere el presente Título. Para la entrega e intercambio de esta información no será necesario la suscripción de convenios, contratos o acuerdos de conﬁdencialidad.

El DNP establecerá mediante resolución los lineamientos técnicos y el protocolo para la entrega, suministro o puesta a disposición de dicha información, atendiendo a los principios y normas de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012 y 1712 de 2014 y demás normas que regulan la materia.

ARTÍCULO 2.2.8.4.2. Convenios o acuerdos. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el DNP podrá celebrar convenios o acuerdos para el intercambio de información que sea útil para los objetivos del Sisbén y que permitan la aplicación de procesos de validación y control de calidad, los cuales atenderán a los principios y normas de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012 y 1712 de 2014 y demás normas que regulan la materia.

TÍTULO 9

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CAPÍTULO 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 2.2.9.1.1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplica a los municipios prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del numeral 6.4 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

ARTÍCULO 2.2.9.1.2. Diagnóstico de la situación de la prestación del servicio. Una vez el Superintendente Delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo veriﬁque que un municipio, que presta en forma directa uno o varios los servicios públicos domiciliarios a los que se reﬁere el artículo anterior, se encuentre incurso en una de las causales señaladas en el inciso 3 del numeral 6.4 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, presentará un diagnóstico de la situación de la prestación del servicio que incluya los aspectos institucionales, operativos, ﬁnancieros y tarifarías, dirigido al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con la recomendación de invitar a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para que asuman la prestación del (los) mismo (s).

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios podrá comisionar un equipo interdisciplinario o contratar una ﬁrma especializada que apoye al Superintendente Delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la elaboración del diagnóstico del servicio público domiciliario que se vaya a prestar, también podrá tener en cuenta otros estudios de distinta procedencia. El equipo interdisciplinario veriﬁcará la información en la fuente. Los alcaldes, los gobernadores y demás funcionarios territoriales deberán suministrar toda la información de que dispongan sobre la prestación del servicio público domiciliario.

Con arreglo a la regulación vigente, el Superintendente Delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo deberá evaluar y deﬁnir las condiciones futuras de prestación del servicio público domiciliario, de acuerdo con las condiciones ﬁnancieras, los requerimientos de inversión y las posibilidades de obtención de recursos para mejorar la eﬁciencia en la prestación de dicho servicio. Igualmente, el Superintendente Delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo deﬁnirá las responsabilidades y derechos que debe asumir la empresa de servicios públicos domiciliarios que prestará el servicio en el municipio.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios podrá contratar una ﬁrma que apoye al Superintendente Delegado de Acueducto, Alcantarillo y Aseo para la deﬁnición de las condiciones futuras de prestación del servicio público domiciliario, que irán incluidas en la invitación.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios consultará la decisión de invitar a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios por escrito al Comité de Desarrollo y Control Social de los respectivos servicios públicos domiciliarios. El comité o los comités deberán pronunciarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

PARÁGRAFO 1. El concepto del Comité o los Comités de Desarrollo y Control Social no tiene carácter vinculante.

PARÁGRAFO 2. Si no existiere Comité de Desarrollo y Control Social en el municipio, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios adoptará la decisión de llevar a cabo la invitación para vincular a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.

ARTÍCULO 2.2.9.1.3. Invitación para seleccionar a una empresa. Una vez emitido el concepto por el Comité de Desarrollo y Control Social, si a ello hubiere lugar, o transcurrido el término indicado en el artículo anterior, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios mediante resolución motivada adoptará la decisión de llevar a cabo una invitación para seleccionar a una empresa que preste el servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado o aseo. En acto separado ordenará la apertura de investigación para determinar la eventual responsabilidad de los Alcaldes y Administradores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo.

Estos actos administrativos, serán notiﬁcados al alcalde del municipio.

En ﬁrme la resolución de invitación, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios invitará a aquellas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que según la información de que dispone la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuenten con la capacidad técnica, administrativa y ﬁnanciera para atender esos servicios, las cuales podrán presentar propuestas tendientes a asumir su prestación.

En la comunicación, se detallará la metodología de evaluación de las condiciones técnicas, administrativas y ﬁnancieras para la prestación del servicio público domiciliario, la situación del servicio o servicios y se suministrará toda la información que se estime necesaria, para que la (s) empresa (s) prestadora (s) de servicios públicos domiciliarios interesadas puedan evaluar las condiciones de su prestación y formulen sus propuestas.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios ﬁjará un plazo para la preparación y presentación de las propuestas, atendiendo a la complejidad de los servicios y al tamaño del mercado, y podrá ampliarlo de oﬁcio o por solicitud de las dos terceras partes de los invitados.

Las propuestas deberán ser entregadas, debidamente soportadas y dentro del término señalado por el acto de convocatoria, en sobre cerrado, en la Secretaría General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ARTÍCULO 2.2.9.1.4. Comité Evaluador. Se deberá conformar un Comité Evaluador, integrado por cuatro (4) servidores públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual tendrá como función, llevar a cabo el análisis comparativo de las propuestas, dentro del término ﬁjado en el acto administrativo de invitación.

Examinadas las propuestas, el Comité Evaluador recomendará al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, el orden de elegibilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que presentaron propuesta para la prestación del servicio.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante acto administrativo, seleccionará a la empresa que ofrezca las mejores condiciones de prestación del servicio público domiciliario.

La empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios seleccionada deberá sujetarse a la regulación tarifaría vigente.

PARÁGRAFO . Cuando de la evaluación de las condiciones futuras de la prestación del servicio público domiciliario y/o las propuestas presentadas por las empresas invitadas se obtenga que no es posible alcanzar los indicadores deﬁnidos de manera general en la regulación vigente, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios solicitará a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la modiﬁcación de los mismos.

ARTÍCULO 2.2.9.1.5. Selección de la empresa y servidumbre. En el acto administrativo de selección, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios impondrá al municipio, en virtud del inciso 3 del numeral 6.4 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, servidumbre sobre los bienes municipales necesarios para que la empresa pueda operar.

Así mismo, en dicho acto administrativo se indicarán las responsabilidades de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios frente a la conservación y el mantenimiento de los aludidos bienes e instalaciones.

ARTÍCULO 2.2.9.1.6. Plazo. A la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que se le asigne la prestación del (los) servicio

(s) público (s) domiciliario (s), tendrá (n) a cargo su prestación por el término que se estipuló en la invitación. Una vez cumplido este plazo el servicio retornará al municipio.

La empresa de servicios públicos seleccionada informará al alcalde, con seis (6) meses de antelación al vencimiento del plazo, para que éste adopte las medidas necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

ARTÍCULO 2.2.9.1.7. Tarifas. Las tarifas serán las que resulten del estudio de las condiciones futuras de prestación del servicio respectivo, de acuerdo con las posibilidades ﬁnancieras, los requerimientos de inversión y las posibilidades de obtención de recursos para mejoras en la eﬁciencia, de conformidad con la regulación vigente. Estas tarifas se presentarán a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de requerirse modiﬁcaciones a las fórmulas tarifarias vigentes en el municipio o distrito respectivo.

ARTÍCULO 2.2.9.1.8. Remuneración. La remuneración de la empresa seleccionada provendrá del cobro de las tarifas dentro de los límites establecidos en la regulación para la tasa de descuento o remuneración del capital y para los gastos de operación y administración.

ARTÍCULO 2.2.9.1.9. Recursos para la ﬁnanciación. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios podrá gestionar ante las autoridades nacionales, territoriales y demás organismos competentes la obtención de recursos para contribuir a ﬁnanciar: Las inversiones destinadas al mejoramiento de la calidad de prestación de los servicios públicos domiciliarios, la ampliación de coberturas, y los subsidios para la población más pobre en el marco de la Ley 142 de 1994; a su vez, las entidades aportantes podrán destinar recursos para la ﬁnanciación mencionada.

PARÁGRAFO . Los recursos que se obtengan para el ﬁnanciamiento de los conceptos enunciados en este artículo podrán ser administrados por medio de entidades ﬁduciarias, entidades ﬁnancieras estatales u otros mecanismos legalmente válidos, cuya contratación se sujetará a las normas legales aplicables vigentes.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el acto administrativo mediante el cual seleccione al operador especializado para la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo, deﬁnirá los términos y las condiciones bajo las cuales se constituirán las ﬁducias necesarias para el manejo de los recursos de que trata este artículo.

ARTÍCULO 2.2.9.1.10. Reversión de bienes a favor del municipio. Vencido el plazo para la prestación del servicio, señalado por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en la invitación, la empresa operadora entregará el servicio y los bienes al municipio o a la empresa que éste indique, para que garantice la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario.

ARTÍCULO 2.2.9.1.11. Coordinación y colaboración. Las autoridades territoriales adoptarán las medidas administrativas correspondientes para dar cumplimiento a la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y facilitarán las labores a cargo de la empresa prestadora de servicios públicos seleccionada.

ARTÍCULO 2.2.9.1.12. Autoridades municipales. De conformidad con el artículo 178 de la Ley 142 de 1994, para los efectos de este capítulo, siempre que se hable de municipios y de sus autoridades, se considerarán incluidos también los distritos, los territorios indígenas que se constituyan como entidades territoriales, y el departamento de San Andrés y Providencia; y aquellas autoridades suyas que puedan asimilarse con más facilidad a las correspondientes autoridades municipales.

ARTÍCULO 2.2.9.1.13. Responsabilidad del municipio. Independientemente del prestador del servicio público domiciliario, el municipio continuará con sus responsabilidades constitucionales y legales en la materia.

ARTÍCULO 2.2.9.1.14. Creación de empresas de servicios públicos de carácter regional. Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional sobre Crecimiento Económico Sostenible y Generación de Empleo contenidas en la Ley 812 de 2003, así como las condiciones socioeconómicas y culturales de las regiones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá promover la creación de empresas de servicios públicos de carácter regional de tal forma que se permita una gestión propia de los participantes, con sus consecuentes responsabilidades. En tal caso, la prestación del servicio se entregará a la empresa así constituida, la cual deberá contratar al operador especializado y al supervisor del contrato de operación, previamente escogidos a través de un proceso de selección, mediante actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.

La prestación del servicio por el operador especializado que seleccione la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la supervisión del contrato de operación respectivo se hará conforme a los términos y condiciones que señale esta Entidad.

PARÁGRAFO . Para la designación del supervisor del Contrato, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará un proceso de selección que se regirá, en lo pertinente, por el procedimiento establecido en el presente capítulo, y además normas que los modiﬁquen o adicionen.

CAPÍTULO 2

ESTRATIFICACIONES URBANAS Y RURALES

ARTÍCULO 2.2.9.2.1. Causales de renuencia de las autoridades a realizar o adoptar las estratiﬁcaciones. En aquellos municipios y distritos donde no se realizaron o adoptaron las estratiﬁcaciones dentro del plazo legal, los gobernadores determinarán, por los medios legales probatorios existentes, las causas de la renuencia de las autoridades municipales y distritales.

Son causales de renuencia de las autoridades a realizar o adoptar las estratiﬁcaciones las siguientes:

La manifestación expresa de los alcaldes de no realizar o no adoptar las estratiﬁcaciones.

No haber formulado en el proyecto de presupuesto las apropiaciones que permitan cubrir los gastos que genere el proceso de estratiﬁcación.

No haber dado inicio a los siguientes actos de realización de las estratiﬁcaciones, de acuerdo con las metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación:

Que en la estratiﬁcación urbana no hayan comenzado la actualización cartográﬁca (Actividad 1 de la Fase 1 «Censo de estratiﬁcación socioeconómica»).

Que en la estratiﬁcación rural no hayan adquirido la información básica en las oﬁcinas catastrales (Actividad 1 de la Fase 1 «Estratiﬁcación I») o, cuando en municipios y distritos sin formación predial catastral, no hayan comenzado el censo de viviendas en alguno de los Centros Poblados que existan en las zonas rurales.

No haber solicitado apoyo al gobierno departamental o al Departamento Nacional de Planeación, en los casos de incapacidad técnica, administrativa o ﬁnanciera de los municipios y distritos.

ARTÍCULO 2.2.9.2.2. Renuencia. Establecida la renuncia de las autoridades municipales y distritales, los gobernadores deberán comunicar dicha situación, en forma inmediata, a la Procuraduría General de la Nación, con copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Departamento Nacional de Planeación, con el objeto de que se tomen las medidas correspondientes.

ARTÍCULO 2.2.9.2.3. Gastos de estratiﬁcación. Cuando en el presupuesto del departamento no exista rubro presupuesta! o éste sea insuﬁciente para atender los gastos que demande el proceso de estratiﬁcación de un municipio o distrito en las causales de renuencia descritas en el artículo 2.2.9.2.1 de este decreto, el gobernador deberá adelantar el procedimiento contemplado en el artículo 101.11 de la ley 142 de 1994.

ARTÍCULO 2.2.9.2.4. Responsabilidades. Los alcaldes serán responsables por los perjuicios que ocasionen a las empresas y a los usuarios cuando tengan que hacer revisiones generales por haber aplicado incorrectamente las metodologías.

PARÁGRAFO . El alcalde podrá dejar sin efectos los decretos de adopción de las estratiﬁcaciones por una sola vez y únicamente cuando se haya ordenado su revisión general.

Los alcaldes que por razones diferentes a lo dispuesto en este parágrafo hayan dejado sin efecto las estratiﬁcaciones adoptadas, deberán revocar dichas medidas dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de este decreto y enviar inmediatamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la documentación pertinente.

ARTÍCULO 2.2.9.2.5. Perjuicios. Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios serán responsables por los perjuicios que ocasionen a los usuarios por la aplicación incorrecta de los decretos de adopción de las estratiﬁcaciones.

Cuando se facture a un usuario en estrato superior al que le corresponde, se reconocerá el mayor valor en la siguiente facturación.

Cuando la facturación al usuario se haga en un estrato inferior al que le corresponde no se cobrará el valor adicional.

ARTÍCULO 2.2.9.2.6. Certiﬁcación. La Nación podrá solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la certiﬁcación de que trata el artículo 101.9 de la Ley 142 de 1994, para otorgar subsidios con recursos del Presupuesto Nacional.

ARTÍCULO 2.2.9.2.7. Normas aplicables a Bogotá D.C. Los artículos 2.2.9.2.4 a 2.2.9.2.6 del presente decreto se aplicarán al Distrito Capital de Bogotá.

ARTÍCULO 2.2.9.2.8. Corrección de inconsistencias. El Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi Catastro Nacional y las oﬁcinas de catastro Antioquia, Medellín y Cali deberán corregir las inconsistencias que presenten sus bases de datos, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que el municipio o distrito, con copia al Departamento Nacional de Planeación, lo solicite, con el ﬁn de que se aplique ágilmente la metodología de estratiﬁcación de ﬁncas y viviendas dispersas en la zona rural.

CAPÍTULO 3

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ARTÍCULO 2.2.9.3.1. Designación funcionario ad-hoc – Impedimentos miembros de las Comisión de Regulación. En los eventos en que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, o la persona que tenga la competencia de conformidad con lo establecido en la ley, separe del conocimiento a uno o más miembros de las Comisiones de Regulación por la existencia de causales constitutivas de impedimento o recusación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 142 de 1994, se deberá expedir, además del acto administrativo en el que se decida el impedimento o la recusación, un acto administrativo designando el funcionario ad hoc, y si el designado es un particular además se señalará sus honorarios. Los plazos y condiciones para la posesión deberán ser aquellos previstos en las normas legales vigentes para los funcionarios públicos.

Los funcionarios ad hoc designados deberán cumplir los requisitos y calidades señalados por la ley para los Expertos Comisionados.

PARÁGRAFO . Cuando el designado no se desempeñe como servidor público, se deberá contar con el certiﬁcado de disponibilidad presupuestal, previamente a su designación, expedido por la Comisión respectiva en la cual el funcionario ad hoc prestará sus servicios, a solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ARTÍCULO 2.2.9.3.2. Honorarios funcionario ad-hoc. Para efectos de determinar el monto de los honorarios de los particulares designados como funcionarios ad hoc por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta tendrá en cuenta lo que el designado ad hoc demuestre que gana en actividades similares, sin que se supere la remuneración asignada al experto titular.

PARÁGRAFO . El pago de los honorarios por la labor encomendada a los designados ad hoc señalados en este artículo podrá establecerse por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para periodos quincenales, mensuales o al ﬁnalizar el objeto de la designación. Los gastos que se ocasionen para el cumplimiento de estas funciones estarán a cargo del presupuesto de la Comisión de Regulación respectiva.

ARTÍCULO 2.2.9.3.3. No remuneración adicional por designación de servidores públicos como funcionario ad-hoc. Cuando la designación recaiga en servidores públicos estos continuarán percibiendo la remuneración del cargo del cual son titulares. Los gastos que se ocasionen en desarrollo de la función asignada, como los viáticos y gastos de viaje, entre otros, se atenderán con cargo al presupuesto de la Comisión de Regulación respectiva, previa expedición del certiﬁcado de disponibilidad presupuestal

CAPÍTULO 4

FONDO EMPRESARIAL

ARTÍCULO 2.2.9.4.1. Fondo Empresarial. El Fondo Empresarial es un patrimonio autónomo sujeto a lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley 1450 del 20’11, modiﬁcado por el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015, a este capítulo y a las demás normas aplicables a su funcionamiento.

ARTÍCULO 2.2.9.4.2. Objeto y uso de los recursos. Con el objeto de garantizar la viabilidad y la continuidad en la prestación del servicio, así como para asegurar que esta prestación sea eﬁciente, y sin perjuicio de las demás disposiciones señaladas por la ley respecto del Fondo Empresarial, este podrá ﬁnanciar a las empresas en toma de posesión para: i) Pagos para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y en general para el pago de las obligaciones laborales y, ji) apoyo para salvaguardar la prestación del servicio a cargo de la empresa en toma de posesión.

El ﬁnanciamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas podrá instrumentarse a través de contratos de mutuo, otorgamiento de garantías a favor de terceros, o cualquier otro mecanismo de carácter ﬁnanciero que permita o facilite el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial.

El Fondo Empresarial podrá igualmente contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales requeridas en áreas ﬁnancieras, técnicas, legales y logísticas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesión, así como los estudios necesarios para determinar la procedencia de la medida de toma de posesión y las medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

ARTÍCULO 2.2.9.4.3. Recursos del Fondo Empresarial. Los recursos del Fondo Empresarial estarán conformados por las siguientes fuentes:

Los recursos de los excedentes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA) y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREP);

El producto de las multas que imponga la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios;

Los rendimientos que genere el Fondo Empresarial y que se obtengan por la inversión de los recursos que integran su patrimonio;

Los recursos que obtenga a través de las operaciones de crédito interno o externo que se celebren a su nombre, y los que reciba por operaciones de tesorería;

Los demás que obtenga a cualquier título.

PARÁGRAFO . Además de los recursos del Fondo Empresarial derivados de las fuentes señaladas en el presente artículo, el patrimonio del Fondo Empresarial estará integrado por todos los bienes, derechos y recursos de su propiedad, necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.

ARTÍCULO 2.2.9.4.4. Operaciones pasivas de crédito del Fondo Empresarial. Las operaciones pasivas de crédito interno o externo de que trata el literal d) del artículo 2.2.9.4.3 que celebre el Fondo Empresarial a su nombre, requerirán de la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación de la operación por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

La mencionada autorización podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, cuando las operaciones se dirijan a ﬁnanciar gastos de inversión.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la celebración de créditos de tesorería para el Fondo Empresarial con base en la necesidad de liquidez. y hasta por el monto que certiﬁque el ordenador del gasto en cada oportunidad. Esta autorización podrá otorgarse para toda una vigencia ﬁscal o para créditos determinados, por un plazo no mayor a doce (12) meses.

ARTÍCULO 2.2.9.4.5. Garantías de la Nación para operaciones de crédito del Fondo Empresarial La Nación podrá otorgar garantías a las operaciones pasivas de crédito que pretenda celebrar el Fondo Empresarial, una vez cuente con lo siguiente:

Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, respecto del otorgamiento de la garantía por parte de la Nación;

Concepto único de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, respecto del otorgamiento de la garantía por parte de la Nación, si éstas se otorgan por plazo superior a un año; y

Autorización para celebrar el contrato de garantía impartida por el’ Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se hayan constituido a favor de la Nación las contragarantías adecuadas, a juicio del mencionado Ministerio. En este caso no se requerirá concepto del Departamento Nacional de Planeación.

PARÁGRAFO . Cuando alguna obligación de pago del Fondo Empresarial sea garantizada por la Nación, la respectiva contragarantía podrá ser otorgada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Fondo Empresarial o un tercero, que podrá ser la empresa intervenida. El Fondo Empresarial podrá otorgar como contragarantía, los recursos que conforme a este Capítulo reciba o vaya a recibir en los términos del artículo 2.2.9.4.3. de este decreto, siempre que las mismas se consideren adecuadas a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando alguna obligación de pago del Fondo Empresarial sea garantizada por la Nación, éste deberá aportar al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, de acuerdo con lo establecido por el Título 2 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modiﬁquen, sustituyan o adicionen. Para efectos del cálculo de4 plan de aportes al mencionado fondo por parte del Fondo Empresarial, se deberá tener en cuenta que su riesgo de crédito es el mismo de la Nación, en atención a que el ﬁdeicomitente del patrimonio autónomo es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ARTÍCULO 2.2.9.4.6. Aplicación subsidiaria de las normas de crédito público, Las disposiciones relativas a la celebración de operaciones de crédito público previstas en el Decreto 1068 de 2015, se aplicarán al Fondo Empresarial en lo no reglamentado en este capítulo, en cuanto sean compatibles.

ARTÍCULO 2.2.9.4.7. Medidas de sostenibilidad ﬁnanciera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para efectos de la aplicación del artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, se entenderán como medidas de sostenibilidad ﬁnanciera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todas aquellas operaciones de crédito público que lleve a cabo la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendientes a que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios garantice la prestación del servicio público de energía en la Costa Caribe.

Las medidas de sostenibilidad ﬁnanciera incluirán operaciones de crédito público, créditos de Tesorería otorgados directamente por la Nación, y garantías a las mencionadas operaciones de crédito público celebradas por el Fondo Empresarial de las que tratan los siguientes artículos.

ARTÍCULO 2.2.9.4.8. Operaciones de crédito público. Las operaciones de crédito público interno o externo, de corto o largo plazo, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de deuda pública, y las conexas con las anteriores, con excepción de los sobregiros que celebre el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como medidas de sostenibilidad ﬁnanciera tendientes a garantizar la prestación del servicio público de energía en la Costa Caribe, requerirán la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá informar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la adquisición de sobregiros bancarios, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de tales recursos.

ARTÍCULO 2.2.9.4.9. Créditos de Tesorería otorgados por la Nación. A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación podrá otorgar créditos de Tesorería al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Para la celebración de tales operaciones de crédito público, como medida de sostenibilidad ﬁnanciera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendientes a garantizar la prestación del servicio público de energía en la Costa Caribe, el Fondo Empresarial deberá adjuntar al oﬁcio de solicitud de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo siguiente:

Certiﬁcación por parte del ordenador del gasto del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios donde consten las necesidades de liquidez de la empresa de servicios públicos en toma de posesión, y el monto de la operación de crédito público a contratar, soportados a través del estado de·ﬂujo de caja de tesorería de dicha empresa.

Los estados de situación ﬁnanciera y el estado de resultados auditados, correspondientes al cierre de los dos (2) últimos años contables de la empresa de servicios públicos en toma de posesión.

Proyecciones del ﬂujo de caja de tesorería de los próximos dos (2) años de la empresa de servicios públicos en toma de posesión, incluyendo el detalle de los supuestos utilizados.

Certiﬁcación del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios donde conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de operaciones de crédito con terceros y con la Nación.

PARÁGRAFO 1. Los créditos otorgados directamente por la Nación a los que se reﬁere el presente artículo se deberán destinar exclusivamente a ﬁnanciar necesidades de liquidez del ﬂujo de caja de las entidades intervenidas y se sujetarán a las autorizaciones establecidas en el artículo 2 .2.9.4.8 del presente decreto; y los recursos obtenidos en virtud de dichos créditos se entenderán como operaciones de ﬁnanciamiento necesarias para asegurar la prestación eﬁciente del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe del país, y en consecuencia tanto las autorizaciones relacionadas con operaciones de crédito público como la gestión de dichos recursos se enmarca en lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 316 de la Ley 1955 de 2019.

PARÁGRAFO 2. Para los créditos de Tesorería otorgados directamente por la Nación a los que se reﬁere el presente artículo, podrá operar la ﬁgura de la novación, en los términos del artículo 1687 del Código Civil y siguientes, previa aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO 3. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – solamente podrá otorgar los créditos de que trata el presente artículo cuando exísta disponibilidad de recursos en el ﬂujo de caja de la Nación.

PARÁGRAFO 4. Para efectos de seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional respecto de los desembolsos efectuados por operaciones de créditos otorgados directamente por la Nación, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá remitir la siguiente información dentro de los primeros ocho

(8) días hábiles de cada mes a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional:

Estado de la situación ﬁnanciera y el estado de resultados de prueba correspondiente al cierre del mes inmediatamente anterior y el ﬂujo de caja de tesorería para el año en curso, de la empresa de servicios públicos en toma de posesión, con el detalle de los cambios signiﬁcativos que se hayan presentado con respecto a la información entregada en meses anteriores.

Certiﬁcación por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de la destinación de los recursos

Certiﬁcación por parte del Agente Especial a cargo de la liquidación de la empresa en toma de posesión de los siguientes indicadores de gestión: Porcentaje de cobro, porcentaje de pérdidas de red estructurales, y porcentaje de exposición en

ARTÍCULO 2.2.9.4.10. Garantías de la Nación. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá otorgar garantías a las operaciones de crédito público que pretenda celebrar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con terceros, como medidas de sostenibilidad ﬁnanciera de la que trata los artículos 2.2.9.4.7. y 2.2.9.4.8, una vez se cumpla con lo siguiente:

Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES respecto del otorgamiento de la garantía por parte de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Concepto único de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, respecto del otorgamiento de la garantía por parte de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si éstas se otorgan por un plazo para su pago superior a un año;

Autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar la operación de ﬁnanciamiento que va a ser garantizada por la Nación. La autorización incluye la aprobación de las minutas de contrato de crédito por parte de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 2.2.9.4.11. Garantías, Contragarantías y Aportes al Fondo de Contingencias. Las operaciones de crédito público celebradas por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco de la sostenibilidad ﬁnanciera de que tratan los artículos 2.2.9.4.7. y 2.2.9.4.8 estarán exentas de la constitución de garantías, contragarantías y de la obligación de realizar aportes al Fondo de Contingencias creado por la Ley 448 de 1998 de conformidad con el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019

CAPÍTULO 5

CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA GRADUAR Y CALCULAR LAS MULTAS POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ARTÍCULO 2.2.9.5.1. Criterios para graduar y calcular multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica. Para graduar y calcular las multas a que hace referencia el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Impacto de la infracción sobre la prestación del servicio público.

Corresponde a los efectos de la infracción sobre la continuidad, calidad y eﬁciencia debida en la prestación del servicio público.

Número de usuarios afectados con la infracción.

Corresponde al número de usuarios afectados directa o indirectamente con la infracción.

Tiempo durante el cual se presentó la infracción.

Corresponde al número de días durante los cuales se presentó la infracción, contados a partir de la primera conducta infractora, hasta el momento en que cesa completamente la ocurrencia de la infracción o el momento en que se expida el acto administrativo sancionatorio, cualquiera que ocurra primero.

Cuota de

Corresponde a una medida del tamaño relativo de la empresa en el mercado relevante afectado por la infracción. Se calculará con base en el valor de las ventas, el volumen de las ventas, la capacidad de producción y el número de clientes, entre otras.

Beneﬁcio económico obtenido producto de la infracción

Corresponde al costo de oportunidad del agente infractor y los recursos que éste obtuvo de los usuarios ﬁnales u otros agentes de la cadena de valor como consecuencia de la conducta, así como los cobros no autorizados, los costos evitados, las inversiones no realizadas y la generación de ingresos indebidos durante la materialización de la infracción, partiendo de las variables técnicas, económicas y ﬁnancieras que se presenten en cada caso concreto.

Efectos en los usuarios u otros agentes de la cadena de

Corresponde a la afectación de los derechos del suscriptor o usuario, así como a los efectos económicos negativos que la conducta infractora haya ocasionado en otros agentes de la respectiva cadena de prestación del servicio.

ARTÍCULO 2.2.9.5.2. Metodología para graduar y calcular las multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica. Para garantizar los principios de proporcionalidad y razonabilidad al graduar y calcular el monto de las multas por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ﬁjará el monto de la sanción, mediante acto administrativo debidamente motivado, a partir de la aplicación de la siguiente metodología:

(I) En primer lugar, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, clasiﬁcará la conducta infractora en uno de los siguientes grupos, de acuerdo a la naturaleza de la infracción:

Grupo l: Son aquellas conductas relativas a la falta de respuesta o respuesta inadecuada de peticiones, quejas y recursos interpuestos por los usuarios de acuerdo con el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995.

Grupo II: Son aquellas conductas relativas a la violación del régimen jurídico y que no implican falla en la prestación del servicio.

Grupo III: Son aquellas conductas relativas a la violación del régimen jurídico y que están relacionadas con una falla en la prestación del servicio.

En segundo lugar, deﬁnirá un valor de referencia para calcular la multa en salarios mínimos legales mensuales dentro de los límites señalados en la siguiente tabla:

Grupo	Valor de referencia para calcular la multa
Grupo I	De 1 hasta 100 SMLMV
Grupo ll	De 1 hasta 50.000 SMLMV
Grupo III	De 1 hasta 100.000 SMLMV

Para deﬁnir en cada caso el valor a que hace referencia el presente numeral, la Superintendencia, según el grupo al que pertenezca la infracción, tendrá en cuenta los criterios a que se reﬁere el artículo 2.2.9.5.1 del presente decreto.

En tercer lugar, para determinar el valor ﬁnal de la multa, el valor de referencia se podrá disminuir o aumentar de manera motivada, cuando a ello haya lugar, atendiendo a las circunstancias de atenuación y agravación descritas en el artículo 2.2.9.5.3 del presente decreto y dentro de los límites señalados en el artículo 2.2.9.5.4 del mismo.

ARTÍCULO 2.2.9.5.3. Circunstancias de atenuación y de agravación de la multa por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios evaluará las siguientes circunstancias de atenuación y agravación de la multa, por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, según resulten procedentes:

Causales de agravación.

Reincidencia del infractor en la comisión de la

Existencia de antecedentes o renuencia del infractor en el cumplimiento de órdenes y/o compromisos ﬁjados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Causales de atenuación.

Colaboración con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la veriﬁcación de los hechos materia de investigación, en el reconocimiento de la conducta antijurídica, así como en el suministro de información y pruebas que permitan la demostración de la infracción. Para evaluar esta causal de atenuación, se considerará la etapa procesal en la cual el infractor realizó la colaboración, así como la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas que se

La adopción de medidas por parte del infractor incluso después de iniciada la actuación administrativa y hasta antes de la decisión en ﬁrme, para reparar los perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios y a los demás agentes afectados.

Otras causales de agravación o atenuación.

Para el caso especíﬁco de las personas naturales se valorará como causal de agravación o atenuación, según corresponda, el grado de participación de la persona implicada en la conducta infractora.

Las demás establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

ARTÍCULO 2.2.9.5.4. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica en atención a la capacidad económica del infractor. Con el propósito de no poner en riesgo la prestación, calidad, continuidad y eﬁciencia en la prestación del servicio público de energía eléctrica, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios graduará y calculará la multa atendiendo la capacidad económica del infractor.

Para medir la capacidad económica del infractor se tendrá en cuenta el promedio de los ingresos brutos del infractor en los tres (3) años ﬁscales inmediatamente anteriores a la imposición de la sanción.

El valor ﬁnal de la multa no podrá ser inferior a los beneﬁcios económicos producto de la infracción, salvo en aquellos casos en los que el infractor pruebe en el transcurso de la actuación administrativa que se adoptaron medidas que reparen los perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios y a los demás agentes afectados.

De acuerdo con el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, el valor ﬁnal de la multa no podrá superar el monto de cien mil (100.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, ni poner al infractor injustiﬁcadamente en causal de toma de posesión o de disolución previstas por la ley.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios motivará y justiﬁcará, en cada caso, el cálculo del monto de la multa conforme a los criterios establecidos en el presente decreto, ateniendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, especialmente cuando se aparte de decisiones previas sobre casos similares.

ARTÍCULO 2.2.9.5.5. Multas para personas naturales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aplicará en lo pertinente la metodología establecida en el presente decreto para determinar el monto de la multa imponible a las personas naturales que infrinjan las normas a las que están sujetos quienes presten servicios públicos, por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, previo análisis de la culpa en la comisión de la infracción.

PARÁGRAFO . Para establecer la capacidad económica de las personas naturales se tendrá en cuenta el patrimonio del infractor y sus ingresos.

ARTÍCULO 2.2.9.5.6. Concordancias. Las disposiciones previstas en el presente decreto se sujetarán a los principios y valores constitucionales, como la presunción de inocencia y el respeto integral al debido proceso, los ﬁnes del Estado social de derecho y la garantía de los derechos fundamentales, así como a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las normas previstas en el régimen de servicios públicos domiciliarios.

CAPÍTULO 6

CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA GRADUAR Y CALCULAR LAS MULTAS POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

“ARTÍCULO 2.2.9.6.1. Criterios para graduar y calcular multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para graduar y calcular las multas a que hace referencia el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendrá en cuenta los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:

Impacto de la infracción sobre la prestación del servicio público.

Corresponde a los efectos de la infracción sobre la continuidad, calidad y eﬁciencia debidas en la prestación del servicio público.

Número de usuarios afectados con la infracción.

Corresponde al número de usuarios afectados directa o indirectamente con la infracción.

Tiempo durante el cual se presentó la infracción.

Corresponde al número de días durante los cuales se presentó la infracción, contados a partir del inicio de la infracción, hasta el momento en que cesa completamente la ocurrencia de la misma o el momento en que se expida el acto administrativo sancionatorio, cualquiera que ocurra primero.

Cuota de Mercado

Corresponde a una medida del tamaño relativo de la empresa en el mercado afectado por la infracción. Se calculará con base en el valor de las ventas, el volumen de las ventas, la capacidad de producción, o el número de clientes.

Beneﬁcio económico obtenido producto de la infracción

Corresponde a los recursos que el agente infractor obtuvo de los usuarios ﬁnales u otros agentes de la cadena de valor como consecuencia de la conducta, así como los cobros no autorizados, los costos evitados, las inversiones no realizadas y la generación de ingresos indebidos durante la materialización de la infracción, partiendo de las variables técnicas, económicas y ﬁnancieras que se presenten en cada caso concreto.

Efectos en los usuarios u otros agentes de la cadena de valor

ARTÍCULO 2.2.9.6.2. Metodología para graduar y calcular las multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para garantizar los principios de proporcionalidad y razonabilidad al graduar y calcular el monto de las multas por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ﬁjará el monto de la sanción, mediante acto administrativo debidamente motivado, a partir de la aplicación de la siguiente metodología:

En primer lugar, clasiﬁcará la conducta infractora en uno de los siguientes grupos, de acuerdo a la naturaleza de la infracción:

Grupo II: Son aquellas conductas relativas a la violación del régimen jurídico y que no implican falla en la prestación del servicio.

Grupo III: Son aquellas conductas relativas a la violación del régimen jurídico y que están relacionadas con una falla en la prestación del servicio

En segundo lugar, determinará un valor de referencia para calcular la multa en salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro de los límites señalados en la siguiente tabla:

Grupo	Valor de referencia para calcular la multa
Grupo I	De 1 hasta 100 SMLMV
Grupo ll	De 1 hasta 50.000 SMLMV
Grupo III	De 1 hasta 100.000 SMLMV

En tercer lugar, para determinar el valor ﬁnal de la multa, el valor de referencia se disminuirá o aumentará de manera motivada, atendiendo a las circunstancias de atenuación y agravación descritas en el artículo 2.2.9.6.3 del presente decreto y dentro de los límites señalados en el artículo 2.2.9.6.4. del mismo.

ARTÍCULO 2.2.9.6.3. Circunstancias de atenuación y de agravación de las multas por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios evaluará las siguientes circunstancias de atenuación y agravación de las multas por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, según resulten procedentes:

Causales de agravación.

Reincidencia del infractor en la comisión de la

Existencia de antecedentes o renuencia del infractor en el cumplimiento de órdenes, solicitudes de información o compromisos ﬁjados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionados con la conducta objeto de sanción.

Causales de atenuación.

Colaboración con la Superintendencia de Servicios Públicos en la veriﬁcación de los hechos materia de investigación, en el reconocimiento de la conducta antijurídica, así como en el suministro de información y pruebas que permitan la demostración de la infracción. Para evaluar esta causal de atenuación, se considerará la etapa procesal en la cual el infractor realizó la colaboración, así como la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas que se suministren.

La adopción de medidas por parte del infractor incluso después de iniciada la actuación administrativa y hasta antes de expedir la resolución que resuelve la investigación, para reparar los perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios y a los demás agentes afectados.

Otras Causales de agravación o atenuación.

Para el caso especíﬁco de las personas naturales se valorará como causal de agravación o atenuación, según corresponda, el grado de participación de la persona implicada en la conducta infractora.

Las demás establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

ARTÍCULO 2.2.9.6.4. Proporcionalidad de la sanción por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Con el propósito de no poner en riesgo la prestación eﬁciente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios graduará la multa atendiendo la capacidad económica del infractor.

Para medir la capacidad económica del infractor, se tendrá en cuenta el promedio de los ingresos brutos del infractor relacionados con el servicio involucrado en la infracción, en los tres (3) años ﬁscales inmediatamente anteriores a la imposición de la sanción.

El valor ﬁnal de la multa, no podrá ser inferior a los beneﬁcios económicos producto de la infracción, salvo en aquellos casos en los que el infractor pruebe en el transcurso de la actuación administrativa que se adoptaron medidas que reparen los perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios y a los demás agentes afectados.

De acuerdo con el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, el valor ﬁnal de la multa no podrá superar el monto de cien mil (100.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para personas jurídicas. Igualmente, la multa no podrá poner al infractor injustiﬁcadamente en causal de toma de posesión, de disolución, o de la toma de la prestación del servicio regulada en el artículo 6 de la misma ley, ni poner en riesgo la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

ARTÍCULO 2.2.9.6.5. Multas para personas naturales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aplicará en lo pertinente la metodología establecida en el presente decreto para determinar el monto de la multa por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, imponible a las personas naturales que infrinjan las normas a las que están sujetos quienes presten servicios públicos, previo análisis de la culpa, relativa a su participación en la comisión de la infracción.

PARÁGRAFO . Para establecer la capacidad económica de las personas naturales se tendrá en cuenta el patrimonio del infractor o sus ingresos.

ARTÍCULO 2.2.9.6.6. Concordancias. Las disposiciones previstas en el presente decreto se sujetarán a los principios y valores constitucionales, como la presunción de inocencia y el respeto integral al debido proceso, los ﬁnes del Estado social de derecho y la garantía de los derechos fundamentales, así como a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las normas previstas en el régimen de los servicios públicos domiciliarios.

CAPÍTULO 7

CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA GRADUAR Y CALCULAR LAS MULTAS POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE

ARTÍCULO 2.2.9.7.1. Servicio de Gas Combustible. Para efectos de este decreto entiéndase por servicio de. Gas Combustible, el conjunto de actividades comprendidas en el artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994 o la norma que la modiﬁque, sustituya o complemente.

ARTÍCULO 2.2.9.7.2. Criterios para graduar y calcular multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con el servicio de Gas Combustible. Para graduar y calcular las multas a que hace referencia el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por infracciones relacionadas con el servicio de Gas Combustible, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Impacto de la infracción sobre la prestación del servicio público.

Corresponde a los efectos de la infracción sobre la continuidad, calidad y eﬁciencia debidas en la prestación del servicio público.

Número de usuarios afectados con la infracción.

Corresponde al número de usuarios afectados directa o indirectamente con la infracción.

Tiempo durante el cual se presentó la infracción.

Cuota de

Corresponde a una medida del tamaño relativo de la empresa en el mercado relevante afectado por la infracción. Se calculara con base en el valor de las ventas, el volumen de las ventas, la capacidad de producción y el número de clientes, entre otras.

Beneﬁcio económico obtenido producto de la infracción

Corresponde al costo de oportunidad del agente infractor y los recursos que este obtuvo de los usuarios ﬁnales u otros agentes de la cadena de valor como consecuencia de la conducta, así como los cobros no autorizados, los costos evitados, las inversiones no realizadas y la generación de ingresos indebidos durante la materialización de la infracción, partiendo de las variables técnicas, económicas y ﬁnancieras que se presenten en cada caso concreto.

Efectos en los usuarios u otros agentes de la cadena de

ARTÍCULO 2.2.9.7.3. Metodología para graduar y calcular las multas a imponer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con el servicio de Gas Combustible. Para garantizar los principios de proporcionalidad y razonabilidad al graduar y calcular el monto de las multas por infracciones relacionadas con el servicio de Gas Combustible, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ﬁjara el monto de la sanción, mediante acto administrativo debidamente motivado, a partir de la aplicación de la siguiente metodología:

En primer lugar, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, clasiﬁcará la conducta infractora en uno de los siguientes grupos, de acuerdo a la naturaleza de la infracción:

Grupo I: Son aquellas conductas relativas a la falta de respuesta o respuesta inadecuada de peticiones, quejas y recursos interpuestos por los usuarios de acuerdo con el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995.

Grupo II: Son aquellas conductas relativas a la violación del régimen jurídico y que no implican la puesta en peligro o afectación de la continuidad del servicio y sus actividades complementarias.

Grupo III: Son aquellas conductas relativas a la violación del régimen jurídico y que están relacionadas con una falla en la prestación del servicio.

En segundo lugar, deﬁnirá un valor de referencia para calcular la multa en salarios mínimos legales mensuales dentro de los límites señalados en la siguiente tabla:

Grupo	Valor de referencia para calcular la multa
Grupo I	De 1 hasta 100 SMLMV
Grupo II	De 1 hasta 50.000 SMLMV
Grupo III	De 1 hasta 100.000 SMLMV

En tercer lugar, para determinar el valor ﬁnal de la multa, el valor de referencia se podrá disminuir o aumentar de manera motivada, atendiendo a las circunstancias de atenuación y agravación descritas en el artículo 2.2.9.7.4 del presente decreto y dentro de los limites señalados en el artículo 2.2.9.7.5 del mismo.

ARTÍCULO 2.2.9.7.4. Circunstancias de atenuación y de agravación de la multa por infracciones relacionadas con el servicio Gas Combustible. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios evaluara las siguientes circunstancias de atenuación y agravación de la multa, por infracciones relacionadas con el servicio de Gas Combustible, según resulten procedentes:

Causales de agravación.

Reincidencia del infractor en la comisión de la

Existencia de antecedentes o renuencia del infractor en el cumplimiento de órdenes y/o compromisos ﬁjados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Causales de atenuación.

Colaboración con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la veriﬁcación de los hechos materia de investigación, en el reconocimiento de la conducta antijurídica, así como en el suministro de información y pruebas que permitan la demostración de la infracción. Para evaluar esta causal de atenuación, se considerara la etapa procesal en la cual el infractor realizó la colaboración, así como la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas que se suministren.

La adopción de medidas por parte del infractor incluso después de iniciada la actuación administrativa y hasta antes de la decisión en ﬁrme, para reparar los perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios y a los demás agentes afectados.

Otras causales de agravación o atenuación.

Para el caso especíﬁco de las personas naturales se valorara como causal de agravación o atenuación, según corresponda, el grado de participación de la persona implicada en la conducta infractora.

Las demás establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

ARTÍCULO 2.2.9.7.5. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción por infracciones relacionadas con el servicio de Gas Combustible en atención a la capacidad económica del infractor. Con el propósito de no poner en riesgo la prestación, calidad, continuidad y eﬁciencia en la prestación del servicio público de Gas Combustible, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios graduara y calculara la multa atendiendo la capacidad económica del infractor.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios motivara y justiﬁcara, en cada caso, el cálculo del monto de la multa conforme a los criterios establecidos en el presente decreto, ateniendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, especialmente cuando se aparte de decisiones previas sabré casos similares.

ARTÍCULO 2.2.9.7.6. Multas para personas naturales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aplicará en lo pertinente la metodología establecida en el presente decreto para determinar el monto de la multa imponible a las personas naturales que infrinjan las normas a las que están sujetos quienes presten servicios públicos, por infracciones relacionadas con el servicio de Gas Combustible, previo análisis de la culpa en la comisión de la infracción.

PARÁGRAFO . Para establecer la capacidad económica de las personas naturales se tendrá en cuenta el patrimonio del infractor y sus ingresos.

ARTÍCULO 2.2.9.7.7. Concordancias. Las disposiciones previstas en el presente decreto se sujetaran a los principios y valores constitucionales, como la presunción de inocencia y el respeto integral al debido proceso, los ﬁnes del Estado social de derecho y la garantía de los derechos fundamentales, así como a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las normas previstas en el régimen de servicios públicos domiciliarios.

CAPÍTULO 8

Sección 1: CONDICIONES DE ASUNCIÓN POR LA NACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL A CARGO DE ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.1. Asunción del Pasivo Pensional y Prestacional. La Nación asumirá, a partir del 01 de febrero de 2020 y a través del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. – FONECA de que trata la presente sección, las pensiones ciertas o contingentes y las obligaciones convencionales ciertas o contingentes adquiridas por la causación del derecho de pensión convencional de jubilación y/o legal de vejez, a cargo de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P.

PARÁGRAFO 1. Asumido el pasivo en los términos previstos en el presente artículo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley 1955 de 2019, el FONECA será el único deudor frente a los acreedores de las obligaciones respectivas, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la Nación prevista en dicha Ley. En ningún caso las sociedades que lleguen a constituirse para continuar, de manera total o parcial, con la prestación del servicio a cargo de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. como resultado o con ocasión de la solución empresarial adoptada serán responsables por el pasivo pensional y prestacional.

PARÁGRAFO 2. La asunción por la Nación del pasivo pensional y prestacional a cargo de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., no hace al Ministerio de Hacienda y Crédito Público un sujeto con interés jurídico, sucesor procesal o parte interesada en las actuaciones administrativas y/o en las acciones judiciales de cualquier naturaleza, que tengan por propósito la reclamación de derechos pensionales o prestacionales asociados, de carácter particular y concreto.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.2. Cálculos Actuariales y Proyecciones Financieras. Para establecer el monto del pasivo pensional y prestacional asumido por la Nación, Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. elaborará y presentará para la aprobación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cálculo actuarial del pasivo pensional con el corte más reciente, en todo caso no podrá ser anterior al 31 de diciembre de 2018, actualizado ﬁnancieramente a precios de 2019.

Dicho cálculo deberá elaborarse de acuerdo con las normas contables exigidas por dicha Superintendencia, para los cálculos de sus entidades vigiladas, incluyendo las obligaciones pensionales, los beneﬁcios, las contingencias a que haya lugar y las proyecciones ﬁnancieras.

Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., también deberá cuantiﬁcar los gastos de administración del pasivo descrito, incluyendo la gestión completa del pasivo pensional y prestacional asociado, la defensa judicial y la comisión ﬁduciaria estimada sobre el valor total del cálculo actuarial; y los actualizará ﬁnancieramente a la fecha en que se presente el cálculo para aprobación.

Una vez aprobado dicho cálculo y sus proyecciones ﬁnancieras por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se remitirá esta información a la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el ﬁn de que dicha Dirección proceda a emitir el concepto previo de que trata el artículo 316 de la Ley 1955 de 2019, con el cual, el CONPES determinará el monto de las cuentas por cobrar que se constituirán a favor de la Nación.

El cálculo actuarial y sus proyecciones ﬁnancieras deberán ser objeto de modiﬁcaciones posteriores cuando se presenten razones técnicas que justiﬁquen el ajuste de tales pasivos, requiriéndose para el efecto la aprobación previa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el concepto de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el ﬁn de actualizar el monto de las cuentas por cobrar de que trata el inciso anterior.

La determinación del cálculo actuarial o cualquier modiﬁcación posterior no afectará la asunción prevista en el Artículo 2.2.9.8.1.1 del presente decreto para efectos de la adopción de la solución empresarial ni los derechos de los pensionados, presentes y futuros de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.3. Personas No Incluidas en el Cálculo Actuarial. Para que proceda el pago de otras obligaciones pensionales no previstas en el cálculo actuarial, será necesario que el interesado acredite su derecho ante el FONECA, cumpliendo con la normativa vigente, de modo que se elabore el cálculo actuarial correspondiente y se obtenga su aprobación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar por errores u omisiones en la elaboración del cálculo actuarial.

PARÁGRAFO. Cada vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios apruebe modiﬁcaciones al cálculo actuarial, ésta procederá a remitir la información respectiva a la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.4. Derechos Pensionales y Prestacionales Asumidos. De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 316 de la Ley 1955 de 2019, el reconocimiento y pago de los derechos pensionales y prestacionales asumidos en virtud del artículo 2.2.9.8.1.1. del presente Decreto, seguirán rigiéndose por las normas vigentes sobre la materia y la jurisdicción competente continuará siendo la justicia laboral ordinaria.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.5. Monto de las Cuentas por Cobrar que se Generen. El monto de las cuentas por cobrar a cargo de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., que la Nación recibirá como contraprestación por la asunción del pasivo descrito en el presente Decreto, será determinado por el CONPES con base en el cálculo actuarial del pasivo pensional de que trata el artículo 2.2.9.8.1.2 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.6. Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P – FONECA. El Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. – FONECA, es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, que hará parte de la sección presupuestal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para el efecto, la citada Superintendencia celebrará contrato de ﬁducia mercantil con Fiduprevisora S.A., de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 315 de la Ley 1955 de 2019, para la constitución del patrimonio autónomo denominado FONECA cuyo propósito es la gestión y el pago del pasivo pensional y prestacional asociado, asumido por la Nación en los términos del presente Decreto, que tendrá entre otras las siguientes funciones:

Administrar y pagar el pasivo pensional, legal y convencional, reconocidos a cargo de la citada empresa en el momento de asumir la actividad, incluidas las cuotas partes

Administrar y pagar los derechos de pensión legal y convencional que estando legalmente causados se encuentren pendientes por reconocer.

Administrar y efectuar el pago del pasivo prestacional asociado a los derechos de pensión, legal y convencional, a cargo de la

Administrar y pagar el pasivo pensional, legal y convencional, de quienes hubieren cumplido el tiempo de servicio a la empresa pero que para el momento de asumir la actividad no hubieren llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión.

Recibir y administrar los recursos que se le transﬁeran para el pago del pasivo pensional y prestacional de que trata el presente Decreto. Para el efecto, tendrá en cuenta las normas aplicables a la administración de patrimonios autónomos pensionales y en el evento de considerar la estructuración de portafolios de inversión, atenderá los requerimientos de liquidez que la actividad de pago le demanda al FONECA.

Llevar los registros contables y estadísticos que garanticen el estricto control del uso de los recursos recibidos y el cumplimiento de las obligaciones de gestión y pago del pasivo pensional y prestacional para el cual ha sido creado el

Gestionar la oportuna transferencia de los recursos que permitan al FONECA cumplir sus actividades en relación con los pasivos pensionales y prestacionales

Implementar un plan de revisión de los reconocimientos de pensiones y prestaciones asumidas mediante el presente Decreto, a partir de lo cual, se adelanten, de ser procedentes, las acciones administrativas y judiciales encaminadas a restablecer la situación de

PARÁGRAFO 1. Para los efectos del presente artículo, la administración del pasivo pensional y prestacional comprenderá: el reconocimiento de derechos, las reliquidaciones pensionales a las que haya lugar, la inclusión de novedades de nómina, el pago de las prestaciones, y todas aquellas actividades que hagan parte de la gestión del pasivo pensional y prestacional, sin que se requiera instrucción previa por parte del Fideicomitente.

La gestión del pasivo pensional y prestacional la adelantará la entidad ﬁduciaria vocera del patrimonio autónomo FONECA, para lo cual aplicará el régimen propio del desarrollo del negocio ﬁduciario.

PARÁGRAFO 2. El contrato de ﬁducia mercantil deberá contemplar todas las atribuciones contractuales que se requieran para asegurar la autonomía del FONECA en la gestión del pasivo, su pago, la defensa judicial asociada y celebrar, de resultar necesario, los contratos y acuerdos de colaboración empresarial que se estimen convenientes para la eﬁciente gestión del pasivo prestacional asociado a los derechos pensionales, de los archivos relacionados y de los expedientes judiciales relativos al pasivo de que trata el artículo 2.2.9.8.1.1. del presente Decreto.

PARÁGRAFO 3. En el comité ﬁduciario que se constituya para el efecto, que tendrá funciones exclusivas de seguimiento, participarán al menos un delegado del Ministerio de Minas y Energía, un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.7. Recursos del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. – FONECA. En los términos del parágrafo segundo del artículo 315 de la Ley 1955 de 2019, para el cumplimiento de su objeto, el FONECA contará con los siguientes recursos:

Aquellos que tengan origen en el proceso de vinculación de capital para la operación de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe y que reciba Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., los cuales se transferirán directamente al patrimonio autónomo sin que se requiera operación presupuestal alguna.

Aquellos que se generen con ocasión del pago o liquidación de las cuentas por cobrar a cargo de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., en el monto determinado por el CONPES.

Las cuotas partes pensionales por cobrar a las distintas entidades públicas que legalmente estén obligadas a concurrir en el pago de las pensiones.

Las indemnizaciones y compensaciones económicas que se obtengan por efecto de las reclamaciones instauradas por la Nación y/u otras entidades públicas contra Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., y/o los causantes de la toma de posesión de la empresa, que no tengan destinación especíﬁca de acuerdo con la normativa vigente.

Los demás que le puedan ser asignados para el desarrollo de su

Los rendimientos ﬁnancieros del FONECA.

Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se apropien para cubrir el déﬁcit de recursos para el pago del pasivo

PARÁGRAFO . Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinen para atender los pasivos de que trata el presente decreto estarán sujetos a la disponibilidad de recursos del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto Mediano Plazo de los sectores afectados.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.8. Gestión Temporal del Pasivo Pensional y Prestacional a Cargo de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. A partir de la fecha de la efectiva asunción por la Nación del pasivo de que trata esta sección y durante el tiempo que sea necesario para que FONECA inicie la actividad de gestión del pasivo, el cual en todo caso no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2020, Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., llevará a cabo las citadas actividades, para lo cual, mensualmente elaborará las proyecciones de la nómina y la de los demás pagos que legalmente deban efectuarse, para que dichas obligaciones sean atendidas con cargo a los recursos del FONECA. Durante este periodo, Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P hará los pagos correspondientes y expedirá las cuentas por cobrar al FONECA.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.9. Alistamiento de Información, Expedientes y Soportes Magnéticos. A partir de la fecha de entrada en vigencia de este decreto, la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., procederá a establecer un plan de acción que garantice en condiciones óptimas de seguridad, el alistamiento de toda la información contenida en cualquier soporte, relacionada con los expedientes pensionales, memorias institucionales, líneas estratégicas de defensa judicial, expedientes de reclamaciones administrativas, de procesos judiciales activos y terminados, así como de la información ﬁnanciera y contable relacionada con la gestión del pasivo asumido por la Nación en los términos del presente capítulo, tomando en consideración los estándares previstos para el efecto por el Archivo General de la Nación.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.10. Defensa Judicial. Para asegurar que en todo momento se cuente con la defensa técnica de la posición procesal de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., en los procesos judiciales relativos al pasivo asumido mediante el presente Decreto, antes de que FONECA asuma la defensa respectiva se efectuarán en forma coordinada, entre los sujetos comprendidos en la transición de la defensa judicial, las acciones que aseguren que en los respectivos procesos se reconozca la situación sobreviniente por la asunción de la posición procesal por parte de Fiduprevisora S.A. en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo FONECA.

ARTÍCULO 2.2.9.8.1.11. Certiﬁcaciones Laborales. Las certiﬁcaciones laborales de los trabajadores retirados de Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P., estarán a cargo de esta empresa y las de los trabajadores activos serán responsabilidad de las empresas que asuman la sustitución patronal.

SECCIÓN 2:

CONDICIONES PARA LA ASUNCIÓN DEL PASIVO ASOCIADO AL FONDO EMPRESARIAL A CARGO DE ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

ARTÍCULO 2.2.9.8.2. Asunción del Pasivo Asociado al Fondo Empresarial. La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público asumirá a través del servicio de la deuda, a partir de. la fecha en la que un tercero asuma la operación de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. total o parcialmente, el pasivo de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios correspondiente a las obligaciones en las cuales el Fondo Empresarial haya incurrido o incurra a esa fecha, incluyendo garantías emitidas por éste, en los términos del numeral (ii) del artículo 315 de La Ley 1955. La asunción prevista en la presente Sección se sujetará, a las siguientes reglas:

El monto de las deudas que será objeto de asunción por parte de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público corresponderá a las obligaciones que la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. haya adquirido o adquiera con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que determine el CONPES, previa certiﬁcación de su valor desagregado por fuente de ﬁnanciación por parte del ordenador del gasto del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Con respecto a las deudas de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de operaciones de crédito ﬁnanciadas con recursos de la Nación, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante acto administrativo asumirá el monto previsto por el CONPES al que se reﬁere el numeral anterior y extinguirá las obligaciones que dicho Fondo le adeude a la Nación.

Con respecto a las deudas de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de operaciones de crédito ﬁnanciadas con recursos provenientes de operaciones de crédito celebradas por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con terceros y que cuenten con la garantía de la Nación; la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante acto administrativo asumirá la posición de deudor que tiene la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. frente a dicho Fondo en el monto previsto por el CONPES al que se reﬁere el numeral 1. El pago al Fondo Empresarial de las obligaciones asumidas por la Nación de las que trata este numeral estará destinado a la extinción de las obligaciones que el Fondo haya contratado con terceros garantizados por la Nación. Para estos efectos, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito público podrá optar por las siguientes alternativas: (a) realizar directamente el pago a los terceros o (b) asumir las posiciones contractuales que tenga el Fondo Empresarial con dichos terceros.

Las garantías otorgadas por la Nación para las operaciones de crédito de que trata el numeral 3 del presente artículo, se cancelarán cuando las obligaciones garantizadas se

La cancelación de garantías y contragarantías, según el caso, otorgadas por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con ocasión de las operaciones de crédito de que trata el presente artículo, operará, una vez la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público asuma el rol de deudor de las obligaciones asociadas a dichas

Las obligaciones de la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que tengan su origen en recursos propios de dicho Fondo continuarán a cargo de la Electriﬁcadora del ·Caribe S.A. E.S.P. y no se predicará solidaridad sobre las mismas con las sociedades que se constituyan en el marco de una solución empresarial de largo plazo.

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.2. Garantías para la Compra de Energía. Los recursos que se liberen como consecuencia de la cancelación de las garantías otorgadas por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos a Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. para la compra de energía serán destinados a prepagar las obligaciones ﬁnancieras que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios haya contraído para la constitución de las mencionadas garantías.

ARTÍCULO 2.2.9.8.2.3. Cuentas por Cobrar. Asumidos los pasivos descritos en la presente sección, la Electriﬁcadora del Caribe S.A. E.S.P. registrará, en favor de la Nación, una cuenta por cobrar con dichos valores, de conformidad con lo que determine el CONPES.

TÍTULO 10

AVALÚOS CATASTRALES

CAPÍTULO 1

PORCENTAJES DE INCREMENTO DE LOS AVALÚOS CATASTRALES PARA LA VIGENCIA DE 2020

ARTÍCULO 2.2.10.1.1. Reajuste de avalúos catastrales para predios urbanos. Los avalúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia de 1 º de enero de 2019 y anteriores, se reajustarán a partir del 1º de enero de 2020 en tres por ciento (3%)).

ARTÍCULO 2.2.10.1.2. Reajuste de avalúos catastrales para predios rurales. Los avalúos catastrales de los predios rurales no formados y formados con vigencia de 1 de enero de 2019 y anteriores, se reajustarán a par.ir del 1 de enero de 2020 en tres por ciento (3%).).

ARTÍCULO 2.2.10.1.3. No reajuste de avalúos catastrales para predios formados o actualizados durante 2019. Los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 2019 no serán objeto de reajuste. Los avalúos catastrales de los predios de que trata este artículo entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, en los municipios o zonas donde se hubieren realizado.”

TÍTULO 11

PLANES DE DESARROLLO

CAPÍTULO 1

CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ARTÍCULO 2.2.11.1.1. Representación de las entidades territoriales. La representación en el Consejo Nacional de Planeación de los municipios y distritos, las provincias y departamentos, a que se reﬁere el parágrafo del numeral primero del artículo 9 de la Ley 152 de 1994, corresponderá a la jurisdicción territorial que se agrupa así:

Grupo uno. Compuesto por los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

Grupo dos. Compuesto por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima.

Grupo tres. Compuesto por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Grupo cuatro. Compuesto por los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Grupo cinco. Compuesto por los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

ARTÍCULO 2.2.11.1.2. Representación de los sectores. En los términos señalados por este capítulo, las siguientes organizaciones con personería jurídica presentarán ternas para la designación por el Presidente de la República de los representantes correspondientes ante el Consejo Nacional de Planeación.

En el sector económico, las personas jurídicas que agremien y asocien a los industriales, los productos agrarios, los comerciantes, las entidades ﬁnancieras y aseguradoras, los microempresarios y las empresas y entidades de prestación de servicios.

En el sector social, las personas jurídicas que agremien o asocien a los profesionales, campesinos, empleados, obreros, trabajadores independientes e informales.

En el sector educativo y cultural, las agremiaciones nacionales jurídicamente reconocidas de las universidades, las organizaciones jurídicamente reconocidas que agrupen a nivel nacional instituciones de educación primaria y secundaria de carácter público o privado, las organizaciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto sea el desarrollo cientíﬁco, técnico o cultural y las organizaciones que agrupen a nivel nacional los estudiantes universitarios.

En el sector ecológico, las organizaciones jurídicamente reconocidas cuyo objeto sea la protección y defensa de los recursos naturales y del medio ambiente.

En el sector comunitario las agremiaciones nacionales de asociaciones comunitarias con personería jurídica.

Para los representantes de los indígenas y las minorías étnicas las organizaciones nacionales jurídicamente reconocidas que agrupen a los indígenas, las comunidades negras y las comunidades isleñas raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y para los representantes de las mujeres, las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos de la mujer.

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de los dispuesto en este artículo, se tendrán en cuenta todas las organizaciones con personería jurídica, cualquiera que sea su naturaleza, su radio de acción y su cobertura, salvo para los sectores educativos y comunitarios que deben ser solamente de carácter nacional.

ARTÍCULO 2.2.11.1.3. Coordinación conformación ternas. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, coordinar con las entidades territoriales, el proceso de conformación de las ternas de que trata el numeral primero del artículo 9 de la Ley 152 de 1994, de acuerdo con la agrupación territorial establecida en el artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.11.1.4. Presentación de ternas. De conformidad con el parágrafo del numeral 7 del artículo 9 de la Ley 152 de 1994, para la presentación de las ternas de las diversas organizaciones y entidades a que se reﬁere el citado artículo se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

El Departamento Nacional de Planeación mediante resolución de carácter general, comunicará el plazo para la radicación de las ternas de los candidatos a conformar el Consejo Nacional de Planeación, así como los documentos que deben ser presentados por las personas jurídicas distintas de las entidades

Dicha resolución deberá ser publicada en un diario de circulación nacional, en dos días diferentes. La última publicación deberá hacerse por lo menos diez (10) días antes del vencimiento del plazo para la entrega de las ternas.

De acuerdo con los grupos de los departamentos establecidos en el artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto, cada gobernador podrá votar hasta por tres departamentos y cada alcalde hasta por tres municipios o distritos, según

El Departamento Nacional de Planeación coordinará la conformación de una sola terna en los grupos de departamentos uno y cinco de que trata el artículo 2.2.11.1.1 del presente

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, participarán en el proceso de conformación de las ternas en el Grupo Tres, previsto en el artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto.

El Distrito Capital de Bogotá, participará en el proceso de conformación de la terna correspondiente al Grupo Dos, señalado en el artículo

2.2.11.1.1 del presente decreto.

Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no podrá presentar más de una terna y debe indicar con claridad, a qué sector representa. Así mismo, a ﬁn de promover una amplia participación de la sociedad civil, las organizaciones deben desarrollar procesos de concertación al interior de cada sector y subsector, los cuales serán posteriormente analizados por el Gobierno Nacional para los efectos de la selección y designación de los respectivos miembros del Consejo Nacional de Planeación.

Las ternas podrán ser modiﬁcadas hasta por una vez o retiradas en cualquier momento antes del plazo que señale la convocatoria del Consejo Nacional de Planeación.

La designación de los representantes de los diferentes sectores de que trata el artículo 9 de la Ley 152 de 1994, se hará a título personal, con excepción de la representación establecida para las entidades

ARTÍCULO 2.2.11.1.5. Documentos anexos. A las ternas presentadas por personas jurídicas distintas a las entidades territoriales, debe anexarse la siguiente documentación:

Hoja de vida de los

Carta de aceptación de la postulación por parte de los

Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector para el cual se presenta la terna así como la experiencia y/o vinculación de los candidatos con el sector.

Certiﬁcación de la personería jurídica de la organización postulante expedida por la autoridad

Copia del acta de reunión en la cual se hizo la postulación.

Documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones

Datos suﬁcientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de las entidades postulantes y de los candidatos.

ARTÍCULO 2.2.11.1.6. Designación de representantes de las entidades territoriales. La designación por parte del Presidente de la República de cinco (5) departamentos y de cuatro (4) municipios y distritos que actuarán en el Consejo Nacional de Planeación, se hará con independencia de la persona que ejerza el cargo de gobernador o alcalde. Los gobernadores y alcaldes podrán invitar a participar en el Consejo Nacional de Planeación a los gobernadores o alcaldes que hayan sido declarados electos.

ARTÍCULO 2.2.11.1.7. Designación de representantes de los sectores. Salvo el caso de la representación de las entidades territoriales, la designación de los representantes de los diferentes sectores se hará a título personal. En caso de falta absoluta de la persona designada, el Presidente de la República decidirá si hace una nueva designación con base en las ternas presentadas o si dispone que se presenten nuevas ternas por las entidades del correspondiente sector.

PARÁGRAFO . Estos Representantes al Consejo Nacional de Planeación no podrán delegar su participación.

ARTÍCULO 2.2.11.1.8. Plazo. Transcurrido un mes a partir de la fecha de la convocatoria a conformarse el Consejo Nacional de Planeación, el Presidente de la República hará las designaciones de sus integrantes aunque no se hayan recibido ternas para el nombramiento de representantes de las entidades territoriales, sectores o comunidades, ciñéndose al régimen previsto en la Constitución, la Ley y este capítulo.

ARTÍCULO 2.2.11.1.9. Organización y funcionamiento. El Consejo Nacional de Planeación será instalado por el Presidente de la República y se regirá en su organización y funcionamiento por las siguientes reglas:

Se elegirán por mayoría de votos una mesa directiva conformada por Presidente, Vicepresidente y Secretario.

Será presidido por el integrante elegido por mayoría de votos. Mientras se hace la elección será presidido por orden alfabético según cédula de ciudadanía.

Para tomar decisiones en ejercicio de sus funciones consultivas exige un quórum igual a la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta sobre la base de la existencia del quórum.

Se reunirá ordinariamente conforme al reglamento que el mismo Consejo expida y extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente o por el Gobierno Nacional, a través del Director General del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con una antelación no inferior a cinco (5) días.

Podrá deliberar con la presencia de al menos una tercera parte de sus

El consejo puede invitar a participar en sus sesiones, con derecho a voz, a todas aquellas personas que, según el criterio de la mesa directiva o del Gobierno Nacional, deban ser escuchadas, especialmente aquellas que estén relacionadas con subsectores que por razones de deﬁciencia organizativa o similares no hayan podido presentar ternas.

En todos los demás aspectos, el consejo se regirá por lo que disponga el reglamento que él mismo

PARÁGRAFO . Los gobernadores de los departamentos y los alcaldes de los municipios que sean designados por el Presidente de la República, de las ternas presentadas, podrán delegar su asistencia a la sesiones del Consejo Nacional de Planeación en cabeza de los jefes de las oﬁcinas de planeación a nivel departamental o municipal, o en quien haga sus veces.

CAPÍTULO 2

PLAN DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS

ARTÍCULO 2.2.11.2.1. Conformación de la Comisión de Estudios para la Formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación coordinar la conformación de la comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras de que trata el artículo 57 de la Ley 70 de 1993.

Dicha comisión se conformará por una (1) sola vez cada cuatro (4) años y su duración será hasta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

ARTÍCULO 2.2.11.2.2. Integración. La Comisión de Estudios para la Formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras es una comisión técnica con un amplio conocimiento de las realidades de las comunidades negras. Su integración se deﬁnirá de acuerdo con el procedimiento especial que para el efecto adopten mediante acta en forma conjunta el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior y de Justicia y los representantes de las Comunidades Negras ante la Subcomisión de Planeación y Desarrollo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, en cumplimiento de la Ley 70 de 1993.

ARTÍCULO 2.2.11.2.3. Sesiones. La Comisión de Estudios para la Formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras operará, una vez se integre, en forma permanente hasta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el CONPES. En todo caso, la comisión deberá consignar sus acuerdos en actas que den soporte a los mismos.

La comisión podrá realizar invitaciones a funcionarios gubernamentales, expertos, académicos, representantes de las comunidades y otros sectores sociales.

ARTÍCULO 2.2.11.2.4. Reglamento. Cada comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras podrá adoptar su programa de trabajo y reglamento de funcionamiento.

ARTÍCULO 2.2.11.2.5. Función. La Comisión de Estudios para la Formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, será la responsable de la formulación y la consolidación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras; de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 70 de 1993.

El Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras deberá ser entregado al Departamento Nacional de Planeación al menos un mes antes de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo al CONPES, de manera que sea factible presentar sus propuestas como insumo para el Plan Nacional de Desarrollo.

ARTÍCULO 2.2.11.2.6. Sede. La Comisión de Estudios para la Formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras tendrá como sede la ciudad de Bogotá, D.C. y sesionara en las oﬁcinas que le asigne el Departamento Nacional de Planeación.

TÍTULO 12

CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL (CONPES)

CAPÍTULO 1

INTEGRACION Y FUNCIONES DEL CONPES

ARTÍCULO 2.2.12.1.1. Deﬁnición CONPES. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es un organismo colegiado, sin personería jurídica, que asesora al Gobierno nacional en todos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país.

ARTÍCULO 2.2.12.1.2. Integración del CONPES. De conformidad con el artículo 164 de la Ley 1753 de 2015, serán miembros permanentes del CONPES, con voz y voto, los ministros de despacho y el director del Departamento Nacional de Planeación.

Así mismo, serán miembros con voz y voto los directores de Departamentos Administrativos que se requieran para su adecuado funcionamiento, siempre que se trate de asuntos directamente relacionados con las funciones o competencias institucionales, discreción del Gobierno nacional se establecerán los invitados con voz y sin voto.

PARÁGRAFO . La participación de los miembros del CONPES es indelegable.

ARTÍCULO 2.2.12.1.3. Funciones del CONPES. De conformidad con la Ley 1753 de 2015 y demás normas concordantes, el CONPES desarrolla las siguientes funciones:

Servir de organismo coordinador y señalar las orientaciones generales que deben seguir los distintos organismos especializados de la dirección económica y social del Gobierno

Aprobar los documentos de política económica y social, y aquellos que sirvan de base para la elaboración de los planes y programas nacionales de

Aprobar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo conforme a la Constitución y a la Ley 152 de

Estudiar y aprobar los informes periódicos u ocasionales que se le presenten a través de su Secretaría Técnica, sobre el desarrollo de los planes, programas y políticas generales, sectoriales y regionales, y recomendar las medidas que deban adoptarse para el cumplimiento de tales planes y

Hacer seguimiento al avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, para alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo sostenible a los que se ha comprometido previamente la nación, de acuerdo con la información que las entidades territoriales alleguen a los ministerios, entidades competentes y al Departamento Nacional de Planeación, sobre la inclusión en sus planes de desarrollo los objetivos, metas y estrategias concretas dirigidas a la consecución de dichas

Hacer seguimiento a los compromisos realizados por los ministerios y demás entidades a la luz de las políticas, planes, programas y proyectos aprobados por el

Estudiar y deﬁnir, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal (CONFIS), los instrumentos de política ﬁscal según la normativa vigente y adoptar las demás decisiones, conceptos o autorizaciones en materia presupuestal en los términos del Decreto 111 de 1996 y demás normas reglamentarias.

Adoptar las decisiones y emitir conceptos, autorizaciones o pronunciamientos relacionados con los proyectos bajo el esquema de asociación publico privada en los términos de la Ley 1508 de 2012 y las demás normas que la

Emitir conceptos y autorizaciones sobre la celebración de operaciones de crédito publico y asimiladas en los términos del parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1068.de 2015, y las demás disposiciones sobre la materia.

Las demás que de acuerdo con su naturaleza le hayan sido conferidas o le sean señaladas por otras disposiciones

CAPÍTULO 2

FUNCIONAMIENTO DEL CONPES

ARTÍCULO 2.2.12.2.1. Secretaría Técnica del CONPES. La Secretaría Técnica del CONPES es ejercida por el director del Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO 2.2.12.2.2. Funciones de la Secretaría Técnica del CONPES. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 3517 de 2009 o las normas que lo modiﬁquen, sustituyan o adicionen, la Secretaría Técnica desarrollara las siguientes funciones:

Deﬁnir los lineamientos, procesos, herramientas y metodologías para la elaboración y el seguimiento a los documentos

Coordinar, con el apoyo de las entidades competentes, la elaboración de los documentos que se sometan a consideración del

Convocar a las sesiones, veriﬁcar el quórum y levantar la correspondiente acta.

Realizar ajustes a los documentos CONPES en los términos señalados en el presente título.

Publicar, custodiar y archivar los documentos

Apoyar al CONPES en el ejercicio de sus

Las demás que le sean asignadas por el presidente de la

ARTÍCULO 2.2.12.2.3. Convocatoria para la sesión de aprobación. La Secretaría Técnica convocara la sesión del CONPES una vez se cuente con la versión del documento para aprobación con sus respectivos soportes. Para el efecto, los integrantes del CONPES podrán solicitar a la Secretaría Técnica la realización de la sesión por lo menos con tres (3) días calendario de antelación a la misma.

La Secretaría Técnica convocara a los miembros del CONPES mediante su correo electrónico institucional, indicando día, hora, tipo de sesión y el correspondiente orden del día. Con antelación a la sesión, remitirá los documentos, y demás material, que se someterán a consideración. Así mismo, la convocatoria señalará las personas que asistirán en calidad de invitados.

ARTÍCULO 2.2.12.2.4. Sesiones. El CONPES sesionara previa convocatoria de la Secretaría Técnica. Las sesiones se llevaran a cabo, por regla general, de manera presencial; sin embargo, se podrán celebrar reuniones no presenciales cuando así se requiera.

Las sesiones que hayan sido convocadas de manera presencial podrán llevarse a cabo de forma no presencial, cuando a juicio de la Secretaría Técnica las circunstancias así lo requieran.

ARTÍCULO 2.2.12.2.5. Reglas especiales para las sesiones no presenciales. En las sesiones no presenciales se seguirán las siguientes reglas:

La Secretaría Técnica del CONPES declarara instalada la sesión en la fecha y hora señalada en la convocatoria, por medio de su correo electrónico institucional.

Los miembros del CONPES podrán manifestar su intención de voto frente a los asuntos sometidos a su consideración únicamente durante el transcurso de la respectiva sesión, mediante correo electrónico institucional dirigido a la Secretaría Técnica en el que se exprese de forma clara y precisa las observaciones y comentarios a que haya lugar.

Adoptadas las decisiones correspondientes, la Secretaría Técnica informara el cierre de la sesión y las determinaciones aprobadas mediante su correo electrónico institucional.

ARTÍCULO 2.2.12.2.6. Decisiones. Las decisiones del CONPES serán adoptadas por la mitad más uno de los miembros con voz y voto.

CAPÍTULO 3

DOCUMENTOS CONPES

ARTÍCULO 2.2.12.3.1. Elaboración. A solicitud motivada de al menos un miembro del CONPES, el Departamento Nacional de Planeación coordinara, con el apoyo de las entidades competentes, la elaboración de los documentos CONPES.

La elaboración de los documentos CONPES se realizará a través del Sistema de Gestión de Documentos CONPES (SisCONPES) y seguirá la metodología que para tal efecto disponga la Secretaría Técnica. Para tal ﬁn, las entidades competentes suministraran, de manera oportuna la información y documentación requerida.

La veracidad, idoneidad, precisión y calidad de la información suministrada para la elaboración de Documentos CONPES será responsabilidad de las entidades sectoriales competentes aportantes de la información, de conformidad con la normativa aplicable a cada sector.

PARÁGRAFO . El contenido deﬁnitivo de los documentos CONPES será el publicado por la Secretaría Técnica. Las versiones previas a los documentos aprobados por el CONPES no son deﬁnitivas y su contenido no compromete al Gobierno nacional.

PARÁGRAFO 2. Cuando el documento CONPES sea de iniciativa de órganos constitucionales autónomos, estos deberán presentar la solicitud motivada ante la Secretaría Técnica del CONPES y responderán por la veracidad, idoneidad, precisión y calidad de la información suministrada para la elaboración del documento CONPES, de conformidad con la normativa aplicable

ARTÍCULO 2.2.12.3.2. Plan de Acción y Seguimiento (PAS). Los documentos CONPES de política incluirán un plan de acción y seguimiento (PAS) que dispondrá, entre otras cosas, las acciones, entidades responsables de su ejecución, los recursos indicativos asociados, el periodo de cumplimiento y las variables para el seguimiento.

ARTÍCULO 2.2.12.3.3. Ajuste documentos CONPES. La Secretaría Técnica podrá, mediante adendas, ajustar los documentos CONPES siempre que no se afecten sus objetivos, alcances, metas o recomendaciones. Para el efecto, la entidad competente sectorial deberá presentar la solicitud motivada, identiﬁcando la necesidad e implicaciones del ajuste. En todo caso, el ajuste no podrá reemplazar la voluntad del órgano colegiado. Este tipo de modiﬁcaciones deberán ser informadas al CONPES.

La modiﬁcación de los objetivos, alcances, recomendaciones o metas de los documentos CONPES procederá mediante la aprobación de un nuevo documento.

La Secretaría Técnica podrá expedir fe de erratas por imprecisiones o errores de forma, de redacción o aritméticas en los documentos CONPES aprobados.

ARTÍCULO 2.2.12.3.4. Expedición o modiﬁcación a documentos CONPES de Importancia Estratégica. La variación del plan de aportes estatales sobre los proyectos de inversión que hayan sido declarados de importancia estratégica por el CONPES no requerirá de la expedición o modiﬁcación a través de un nuevo documento CONPES. Lo anterior, sin perjuicio del trámite que se deba surtir frente al CONFIS para la autorización de la reprogramación de vigencias futuras autorizadas.

En los eventos en que se presente alguna de las siguientes circunstancias se requerirá la expedición de un nuevo documento CONPES:

Cuando se modiﬁque el objeto de gasto del proyecto de inversión previamente declarado de importancia estratégica.

Cuando se modiﬁque el monto de la contraprestación a cargo de la entidad siempre que dicha modiﬁcación este asociada a la provisión de bienes y servicios adicionales a los previstos inicialmente.

Cuando se trate de nuevas vigencias futuras que sobrepasen el periodo de Gobierno y que impliquen una modiﬁcación al monto total autorizado por el CONFIS.

ARTÍCULO 2.2.12.3.5. Excepción para documentos CONPES de operaciones de crédito público. Los ajustes durante la ejecución de las operaciones de crédito público no requerirán del concepto del CONPES, sin perjuicio de la trazabilidad que sobre los mismos lleven a cabo el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO . Cuando el documento CONPES sea de concepto favorable para la celebración de operaciones de crédito público, y a su vez haya efectuado una declaratoria de importancia estratégica sobre el proyecto de inversión en los términos de la Ley 819 de 2003, deberá seguirse las reglas previstas en el artículo 2.2.12.3.4 del presente decreto, únicamente para el componente de declaratoria de importancia estratégica».

CAPÍTULO 4

SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS CONPES

ARTÍCULO 2.2.12.4.1. Seguimiento a Documentos CONPES. El seguimiento tiene por objeto el registro, a través del Sistema de Gestión de Documentos CONPES (SisCONPES), del avance de los compromisos adquiridos por los ministerios y demás entidades respecto de los documentos CONPES que hayan sido aprobados.

ARTÍCULO 2.2.12.4.2. Alcance y periodicidad del seguimiento. El seguimiento a documentos CONPES se realizará con base en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) aprobado por el CONPES, de acuerdo con la metodología adoptada por el Departamento Nacional de Planeación en su calidad de Secretaría Técnica.

Los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades de los distintos niveles de gobierno que hayan adquirido compromisos en virtud de un documento CONPES, son responsables del reporte y validación de la información que demande el sistema. Para tales ﬁnes, de manera semestral con corte al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, suministraran información veraz, oportuna e idónea para la actividad de seguimiento, adjuntando los soportes correspondientes e identiﬁcando las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los compromisos.

CAPÍTULO 5

SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS CONPES (SisCONPES)

ARTÍCULO 2.2.12.5.1. Sistema .de Gestión de Documentos CONPES (SisCONPES). El Sistema de Gestión de Documentos CONPES (SisCONPES) es el conjunto de actores, lineamientos, herramientas, procedimientos, metodologías y actividades que tienen como ﬁnalidad coordinar los procesos de elaboración, aprobación y seguimiento de documentos CONPES, según lo deﬁnido en este título.

A través del sistema se generara información de calidad para la rendición de cuentas y toma de decisiones que permita mejorar la efectividad de la formulación, aprobación y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sometidos a consideración del CONPES.

El Departamento Nacional de Planeación, con la infraestructura tecnológica que tenga disponible, será responsable del funcionamiento y mantenimiento del sistema.

ARTÍCULO 2.2.12.5.2. Actores de SisCONPES. Serán actores de SisCONPES, según corresponda:

El Departamento Nacional de Planeación, quien como Secretaría Técnica será el coordinador técnico, operativo, tecnológico y administrador del

Los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades que participen en la elaboración, aprobación y seguimiento de los documentos CONPES, en los términos del presente título.

ARTÍCULO 2.2.12.5.3. Integración y articulación de SisCONPES. SisCONPES integrará la información de la elaboración, aprobación y seguimiento a Documentos CONPES y se articulara con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), con el Sistema Uniﬁcado de Inversión y Finanzas Pública (SUIFP) y con los demás sistemas de información del Estado que sean pertinentes para su adecuado funcionamiento».

TÍTULO 13

CONTRATOS PLAN

CAPÍTULO 1

CONTRATOS PLAN PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.13.1.1.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en el presente capítulo regulan los Contratos Plan que se suscriban en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo 2.2.13.1.1.2. Derogado.

Artículo 2.2.13.1.1.3.Contenido y alcance de los Contratos Plan. Los Contratos Plan contendrán el enfoque estratégico de desarrollo que orientará en el territorio la focalización indicativa de los recursos cuya inversión podrá ser definida por el ámbito de aplicación de los proyectos, la concurrencia de las diversas fuentes de financiación, la priorización indicativa de los proyectos, así como la medición de resultados, conforme con los lineamientos establecidos en el reglamento operativo y los indicadores previstos en el documento Conpes 3822 de 2014 y el documento Conpes que se adopte en cada Contrato Plan.

El Contrato Plan que involucre entidades y organismos del nivel nacional y territorial busca la armonización de los planes de desarrollo nacional y los territoriales.

Parágrafo. Los proyectos incluidos en los Contratos Plan que se encuentren en fase de estructuración, deberán ser priorizados para su viabilidad técnica y financiera por las entidades que sean responsables en cada sector administrativo de emitir el respectivo concepto, en los términos del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo 2.2.13.1.1.4. Derogado.

Artículo 2.2.13.1.1.5.Lineamientos de operación institucional. El Departamento Nacional de Planeación tendrá a su cargo la coordinación, orientación, seguimiento y evaluación de los Contratos Plan, la disposición de la oferta institucional de infraestructura social y económica de las entidades nacionales en función de este instrumento, conforme con los lineamientos que para el efecto se establezcan en el reglamento operativo.

Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación canalizará las propuestas de proyectos que las entidades territoriales presenten para incorporar en los Contratos Plan y definirá los modelos de gestión institucional apropiados para su operación, de conformidad con el reglamento operativo y con las condiciones específicas de cada entidad territorial.

De conformidad con los principios generales en materia de planeación, las autoridades de planeación en los diferentes niveles de gobierno y las dependencias responsables en cada sector deberán velar por la adecuada formulación, estructuración, ejecución y evaluación de los proyectos priorizados en cada Contrato Plan, con el fin de asegurar la continuidad, viabilidad, coherencia y eficiencia en la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades e instancias encargadas de la ejecución de los proyectos en los Contratos Plan.

Las entidades públicas de cada sector en los distintos niveles de gobierno que participen en cualquiera de las fases de formulación, estructuración, ejecución y evaluación de los Contratos Plan, deberán colaborar armónicamente en la gestión y cumplimiento de los compromisos que se adquieran en el marco de estos contratos.

Así mismo, las entidades que generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen información de los Contratos Plan, deberán promover la administración, divulgación o suministro, conforme con la normatividad vigente.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación como coordinador y orientador de los Contratos Plan, establecerá los mecanismos de seguimiento y evaluación en el reglamento operativo teniendo en cuenta que estos recaen sobre esta herramienta y no sobre los contratos específicos que se deriven de las mismas. Las labores de supervisión e interventoría de los contratos específicos son responsabilidad de las entidades encargadas de la ejecución presupuestal.

Artículo 2.2.13.1.1.6.Contratos específicos para la ejecución de los Contratos Plan. En desarrollo de los Contratos Plan, las personas jurídicas de naturaleza pública o privada que concurran en la financiación de los proyectos identificados y priorizados en este instrumento suscribirán contratos específicos, cuando estos proyectos sean viabilizados técnica, jurídica y financieramente por las entidades respectivas. En estos contratos se definirá el objeto específico, las metas, los plazos, el mecanismo de gestión y ejecución contractual y sus responsables, entre otros aspectos. Con la suscripción de los contratos específicos, se comprometerán los recursos de fuente nacional, territorial y los provenientes de otras fuentes de financiación que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran conforme con las normas presupuestales vigentes.

En los contratos específicos también se acordarán los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos, el mecanismo de gestión y ejecución contractual del Contrato Plan, la entidad ejecutora y los demás aspectos que se consideren necesarios para garantizar la adecuada y eficiente ejecución de los proyectos.

Quien se designe como ejecutor en el contrato específico será el responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato Plan.

Parágrafo 1°. Habrá lugar a los contratos específicos solamente cuando se comprometan recursos de fuente nacional, territorial y los provenientes de otras fuentes para la financiación conjunta de los proyectos identificados y priorizados en el Contrato Plan respectivo.

Los contratos específicos definen el mecanismo de gestión y ejecución contractual del proyecto de inversión.

Parágrafo 2°. En caso que los proyectos priorizados en el Contrato Plan sean cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías, en el contrato específico se deberá considerar que la disposición y ejecución de estos recursos así como la designación del ejecutor, se realizará conforme a la normatividad especial que le resulta aplicable a esta fuente de financiación.

Artículo 2.2.13.1.1.7. Pactos Territoriales. De conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, las referencias a los “Contratos Plan” y al “Fondo Regional para los Contratos Plan” previstas en las disposiciones reglamentarias contenidas en el presente Título, se entenderán efectuadas a los “Pactos Territoriales” y al “Fondo Regional para los Pactos Territoriales”, respectivamente.

SECCIÓN 2

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PACTOS

Artículo 2.2.13.1.2.1. Objeto. Establecer los órganos de gobierno y administración del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos de que trata el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, así como su funcionamiento y los aspectos necesarios para su financiamiento. Dicho Patrimonio Autónomo administrará y ejecutará los recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

Artículo 2.2.13.1.2.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables al Departamento Nacional de Planeación, a las personas jurídicas públicas, privadas o mixtas que aporten recursos al Patrimonio Autónomo, que sean ejecutoras de sus recursos o que participen de forma directa o indirecta en el proceso de viabilidad de los proyectos; a quienes sean beneficiarias; a los órganos de administración y dirección, legales y contractuales; y a la sociedad fiduciaria, consorcio o unión temporal que actúe en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos.

Parágrafo. Los recursos que se transfieran por cualquier razón al Patrimonio Autónomo por parte de los correspondientes aportantes, no les otorgarán a los mismos la condición de fideicomitentes del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos.

Artículo 2.2.13.1.2.3. Naturaleza jurídica del Fondo Pactos. El Fondo Pactos es un patrimonio autónomo del cual será Fideicomitente el Departamento Nacional de Planeación, que se constituirá en virtud de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre dicho Departamento Administrativo y la sociedad fiduciaria pública, consorcio o unión temporal que éste seleccione, para actuar como vocera y administradora de tal Fideicomiso.

Artículo 2.2.13.1.2.4. Régimen jurídico. Los actos y contratos requeridos para la administración, distribución y ejecución de los recursos del patrimonio autónomo, se regirá exclusivamente por las normas del derecho privado; y, en todo caso, con plena observancia de los principios de transparencia, eficiencia, economía, igualdad y publicidad definidos en la Constitución Política. Para todos los efectos, el Patrimonio Autónomo Fondo Pactos estará sometido en la totalidad de sus actuaciones, al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley.

Parágrafo. En todos los eventos, la información relacionada con la modalidad de contratación dispuesta en el presente artículo será pública para la ciudadanía en espacios institucionales de alta difusión en todo el territorio nacional.

Artículo 2.2.13.1.2.5. Objeto del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos. El objeto del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos es el de recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los pactos territoriales, incluyendo los recursos que ya se encuentren en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos del presente decreto, los pactos territoriales son definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total.

Parágrafo 2°. Para el desarrollo de su objeto, en el marco de las acciones de articulación, focalización y financiación, así como para el cumplimiento de las finalidades establecidas en la ley, el Fondo Pactos podrá realizar la formulación, estructuración, contratación y ejecución de planes, programas y proyectos, de índole nacional o territorial. Mediante la ejecución de los recursos del fondo se promoverá la descentralización, la participación del sector privado, incluyendo organizaciones comunitarias y étnicas y el fortalecimiento de la gestión de las entidades nacionales y territoriales. Para el efecto, podrá financiar o cofinanciar planes, programas y proyectos de diversos sectores de acción conjunta ejecutados por personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas, de manera que se asegure la eficiencia y coordinación entre las entidades en el ejercicio de funciones y competencias.

Artículo 2.2.13.1.2.6. Fuentes de financiación y mecanismos de ejecución presupuestal. El Patrimonio Autónomo Fondo Pactos tendrá las siguientes fuentes de financiación:

Recursos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos que se apropien en las diferentes secciones del Presupuesto General de la Nación, principalmente:

1.1. Recursos que sean apropiados en la sección del Departamento Nacional de Planeación destinados a ser aportados al Fondo Pactos a título de aporte fiduciario, previa modificación del respectivo contrato de fiducia mercantil o la expedición del acto administrativo que dé cuenta del monto y la destinación de los recursos transferidos.

1.2. Recursos que sean apropiados en otros órganos del Presupuesto General de la Nación, diferentes al Departamento Nacional de Planeación, y sean aportados al Fondo Pactos Territoriales de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del presente artículo.

Recursos aportados por otras entidades públicas del orden nacional que no sean órganos del Presupuesto General de la Nación, por las entidades territoriales o sus entidades descentralizadas de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del presente artículo.

Recursos de cooperación, nacional e internacional.

Donaciones.

Recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

Los rendimientos financieros generados por los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo, independientemente de su fuente u origen.

Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Parágrafo 1°. Todos los recursos a los que se refiere el presente artículo constituyen ingresos del Patrimonio Autónomo, podrán registrarse en cuentas o subcuentas separadas y no les otorgarán a los aportantes la condición de fideicomitentes, salvo en lo que corresponde a los realizados por parte del Departamento Nacional de Planeación, actuando en tal condición.

Parágrafo 2°. Los recursos a que se refiere el numeral 2 del presente artículo se aportarán al Patrimonio Autónomo Fondo Pactos previa celebración de un convenio y/o acuerdo de voluntades entre la entidad estatal aportante y la sociedad fiduciaria pública, consorcio o unión temporal que actúe en calidad de vocera y administradora del correspondiente Patrimonio Autónomo.

En el convenio y/o acuerdo de voluntades antes indicado, se especificará el monto o el tipo del aporte que realizará la entidad estatal y su finalidad. Los recursos se transferirán al Patrimonio Autónomo sin que el aportante adquiera la condición de fideicomitente.

Parágrafo 3°. Los recursos a que se refieren los numerales 3 y 4 del presente artículo se aportarán al Patrimonio Autónomo Fondo Pactos previa celebración del respectivo convenio de cooperación, contrato de donación y/o acuerdo de voluntades entre la entidad cooperante o donante y la sociedad fiduciaria pública, consorcio o unión temporal que actúe en calidad de vocera y administradora del correspondiente Patrimonio Autónomo.

En el convenio, contrato y/o acuerdo de voluntades se especificará el monto o el tipo del aporte que realizará la entidad cooperante o donante y su finalidad. Los recursos se transferirán al patrimonio autónomo sin que el aportante; bajo alguna circunstancia, adquiera la condición de fideicomitente.

Parágrafo 4°. El Departamento Nacional de Planeación solicitará el giro de los recursos aprobados en el Programa Anual de Caja (PAC) a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de aportar los recursos a los cuales se refiere el numeral 1.2. del presente artículo al Fondo Pactos Territoriales y así mantener un nivel de recursos en el Patrimonio Autónomo que permita el cumplimiento cabal, efectivo y oportuno de las obligaciones y compromisos por él adquiridos.

En todo caso, lo dispuesto en el presente parágrafo deberá cumplir con lo previsto en el artículo 319 de la Ley 2294 de 2023 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida.

Parágrafo 5°. El Departamento Nacional de Planeación contratará con cargo a los recursos del Fondo Pactos, la administración y operación del Patrimonio Autónomo autorizado por la Ley.

Artículo 2.2.13.1.2.7. Rendimientos financieros y gastos operativos y administrativos. De conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, los rendimientos financieros generados por la inversión de los recursos a través del Patrimonio Autónomo formarán parte del Fondo Pactos Territoriales y con cargo a los mismos podrán atenderse los costos y gastos generados o derivados de su administración.

Artículo 2.2.13.1.2.8. Distribución de recursos del Fondo Pactos Territoriales en cuentas y subcuentas. Los recursos del Fondo Pactos Territoriales se manejarán mediante un sistema de cuentas y subcuentas separadas, con registro separado del ingreso y del gasto, las cuales se fondearán con las distintas fuentes de financiación del Patrimonio Autónomo, atendiendo la destinación específica asignada por la ley o por los contratos o convenios en virtud de los cuales se aporten.

Corresponderá al Consejo Directivo del Fondo Pactos decidir sobre la distribución de los recursos del Patrimonio Autónomo entre las distintas cuentas y subcuentas que lo conformen, respetando, de ser el caso, la destinación específica de los recursos.

Las cuentas del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos serán las siguientes:

Cuenta de inversiones en planes, programas y proyectos. Esta cuenta estará integrada por los recursos que anualmente le asigne el Consejo Directivo. Con cargo a los recursos de esta cuenta se financiarán o cofinanciarán planes, programas y proyectos propios al objeto del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales.

Cuenta de gastos operativos y administrativos requeridos para el funcionamiento del Fondo Pactos Territoriales. Esta cuenta estará integrada por los recursos que anualmente le asigne el Consejo Directivo. Con cargo a los recursos de esta cuenta se financiarán todos los gastos operativos y administrativos necesarios para el correcto funcionamiento del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales, especialmente, el pago de la comisión fiduciaria.

Igualmente, los recursos de esta cuenta financiarán los gastos operativos, logísticos y de administración que sean estrictamente necesarios y estén relacionados con la formulación, estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos susceptibles de financiación por parte del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales.

Las demás cuentas que el Consejo Directivo estime conveniente crear para el cumplimiento del objeto del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales.

Parágrafo 1°. En todo caso, el Consejo Directivo garantizará que la creación de cuentas y subcuentas guarde coherencia con los lineamientos de política e instrumentos de planeación programática y estratégica del Departamento Nacional de Planeación. La cuenta de inversiones en planes, programas y proyectos podrá tener tantas subcuentas como planes, programas o proyectos a ejecutarse.

Parágrafo 2°. En el marco de utilización de cuentas y subcuentas, en el Fondo Pactos Territoriales se deberá implementar la unidad de caja con los recursos aportados por la Nación, a cualquier título, siempre y cuando no se afecten los derechos de los beneficiarios del negocio fiduciario o se contravenga la destinación específica asignada por ley a las fuentes de financiación del Patrimonio Autónomo.

Artículo 2.2.13.1.2.9. Mecanismos de ejecución de los recursos del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos. Para cumplir con su objeto, el Fondo Pactos Territoriales dispondrá de los siguientes mecanismos de ejecución de los recursos de las distintas cuentas y subcuentas que lo conformen:

Celebración de convenios, contratos y negocios jurídicos mediante los cuales se ejecuten los planes, programas y proyectos que desarrollen el objeto del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales.

Celebración de convenios, contratos y negocios jurídicos de cofinanciación o financiación de planes, programas y proyectos que se enmarquen en el objeto del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales, con personas jurídicas públicas, privadas o mixtas.

Parágrafo 1°. Los contratos, convenios y negocios jurídicos derivados que ejecute o celebre la sociedad fiduciaria, consorcio o unión temporal según corresponda, que ostente la condición de vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales, se regirán por las normas del derecho privado; pero con plena observancia de los principios de transparencia, eficiencia, economía, igualdad y publicidad definidos en la Constitución Política, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la ley.

Parágrafo 2°. Los contratos, convenios y negocios jurídicos derivados se celebrarán por parte de la sociedad fiduciaria, consorcio o unión temporal que actúe como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo contra los compromisos presupuestales de aportes de recursos, sin necesidad de contar con la disponibilidad de caja respectiva.

Artículo 2.2.13.1.2.10. Ordenación del gasto del Fondo Pactos Territoriales. Para efectos de lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, la ordenación del gasto de los recursos del Fondo Pactos Territoriales es la capacidad del Departamento Nacional de Planeación para celebrar el contrato de fiducia mercantil y realizar los actos necesarios para ejecutar en favor del fondo las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación a que se refieren los numerales 1.1. y 1.2. del artículo 2.2.13.1.2.6. del presente decreto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación, a través de los mecanismos fiduciarios que contractual o reglamentariamente se establezcan, impartirá las instrucciones a la sociedad fiduciaria pública para la ejecución de los recursos del fondo.

Artículo 2.2.13.1.2.11. Dirección y administración del Fondo Pactos Territoriales. La dirección del Fondo Pactos Territoriales estará. a cargo del Consejo Directivo y su administración será ejercida por el Director Ejecutivo y el Comité Fiduciario.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación podrá establecer, en el contrato de fiducia mercantil a celebrarse con la sociedad fiduciaria pública, consorcio o unión temporal que resulte seleccionada, los comités o grupos técnicos de apoyo necesarios para el cumplimiento del objeto del Fondo Pactos Territoriales. Los gastos operativos y administrativos requeridos para el funcionamiento de estos comités o grupos se asumirán con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.

Artículo 2.2.13.1.2.12. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos estará integrado por cinco (5) miembros, así:

El/la Directora(a) General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

El/la Subdirector(a) General de Inversiones Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

El/la Subdirector(a) General de Descentralización y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

El/la Subdirector(a) General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

El/la Subdirector(a) General del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

Parágrafo 1°. El Consejo Directivo sesionará ordinariamente una vez cada dos meses y extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran en forma virtual, presencial o mixta. De sus reuniones se dejará constancia en actas. Las decisiones constarán en acuerdos que firmarán la Presidencia y la Secretaría Técnica del Consejo Directivo.

Parágrafo 2°. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado ejercerá la Presidencia del Consejo Directivo. Por su parte, el Director Ejecutivo del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Directivo.

Parágrafo 3°. Cuando así lo estime necesario el Consejo Directivo, se podrán invitar a las personas naturales o jurídicas que se consideren pertinentes, según los asuntos que se traten en cada una de sus sesiones, quienes participarán con voz, pero sin voto. Un Representante Legal de la fiduciaria, consocio o unión temporal que ejerza la vocería y administración del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos deberá participar en cada sesión del Consejo Directivo, con voz, pero sin voto.

Parágrafo 4°. Las convocatorias y desarrollo de las sesiones, adopción de decisiones y demás aspectos requeridos para el funcionamiento del Consejo Directivo se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento Operativo del Fondo y/o sus documentos anexos o complementarios.

Artículo 2.2.13.1.2.13. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo:

Crear, fusionar, modificar o suprimir las cuentas y subcuentas del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales, las cuales deberán articularse con los lineamientos de política e instrumentos de planeación programática y estratégica del Departamento Nacional de Planeación.

Autorizar la creación, fusión, modificación o supresión de comités de direccionamiento para las cuentas y subcuentas, cuando se estime necesario.

Aprobar la distribución de recursos del fondo ente las distintas cuentas y subcuentas de éste, de acuerdo con la propuesta presentada por el Director Ejecutivo.

Establecer los lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).

Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) que contendrá los planes, programas o proyectos a ser financiados con cargo a los recursos del Fondo Pactos Territoriales.

Aprobar los instrumentos, procedimientos y mecanismos para la evaluación, control y seguimiento de los planes programas y proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos.

Definir las políticas generales de inversión de los recursos que ingresen al Fondo Pactos Territoriales y velar por su seguridad y adecuado manejo.

Rendir informes periódicos de gestión y resultados, los cuales serán públicos.

Definir y aprobar las directrices, reglamentos, lineamientos y políticas que se requieran para el correcto funcionamiento del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales.

Definir los proyectos que se implementarán en el marco de los Pactos Territoriales, de acuerdo con la Metodología para la Suscripción de Pactos Territoriales, de conformidad con el artículo 2.2.13.1.2.19. de este decreto.

Designar respecto de cada uno de los proyectos que serán objeto de ejecución a la entidad estatal del orden nacional o del orden territorial o al tercero que será responsable de adelantar la contratación para la ejecución de los mismos. En todos los casos, dicha contratación también podrá ser efectuada por parte del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales.

Realizar seguimiento a los procesos y/o trámites de viabilidad de los proyectos que se implementarán en el marco de los Pactos Territoriales y efectuar solicitudes y recomendaciones a las personas jurídicas públicas, privadas o mixtas que participen de forma directa o indirecta en el proceso de viabilidad de los mismos.

Definir los criterios de formación académica, experiencia e idoneidad que debe cumplir el Director Ejecutivo, así como el procedimiento meritocrático y participativo que seguirá para su selección.

Seleccionar al Director Ejecutivo del Fondo Pactos Territoriales.

Adoptar el Reglamento Operativo del Fondo; en el cual se incluirán, entre otras cosas, las directrices que se deberán seguir para la elaboración del Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.

Las demás funciones propias a su naturaleza.

Artículo 2.2.13.1.2.14. Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo del Fondo Pactos Territoriales será una persona natural contratada por la sociedad fiduciaria, consorcio o unión temporal que actúe en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos Territoriales, de acuerdo con la selección que efectúe el Consejo Directivo.

Artículo 2.2.13.1.2.15. Funciones del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

Ejecutar las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo.

Presentar a consideración del Consejo Directivo el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) que contendrá los planes, programas o proyectos a ser financiados con cargo a los recursos del Fondo Pactos Territoriales, de acuerdo con los lineamientos del Consejo Directivo.

Presentar a consideración del Consejo Directivo los instrumentos, procedimientos y mecanismos para la evaluación, control y seguimiento de los planes programas y proyectos, así como la distribución de los recursos de las cuentas y subcuentas de los recursos del Fondo Pactos Territoriales.

Realizar la evaluación, control y seguimiento de los planes, programas y proyectos del Fondo Pactos Territoriales.

Coordinar y gestionar con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del Fondo Pactos Territoriales.

Coordinar y gestionar la comunicación e interacción entre entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras y el Fondo Pactos Territoriales.

Participar en las reuniones del Consejo Directivo para recomendar, según las necesidades identificadas, planes, programas y proyectos para ser financiados o cofinanciados por el Fondo Pactos Territoriales. Tales recomendaciones no serán obligatorias para el Consejo Directivo.

Realizar el control administrativo y operativo de los recursos que ingresen al Fondo.

Rendir al Consejo Directivo informes periódicos de gestión y resultados del Fondo Pactos Territoriales.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Consejo Directivo, de acuerdo con su objeto.

Artículo 2.2.13.1.2.16. Comité Fiduciario. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos será un órgano que se establecerá en el contrato de fiducia mercantil a celebrarse entre el Departamento Nacional de Planeación y la sociedad fiduciaria, consorcio o unión temporal que resulte seleccionada para ejercer la administración y vocería del Patrimonio Autónomo.

El Comité Fiduciario se integrará por un número impar de miembros, en el cual deberá participar el Director Ejecutivo del Fondo Pactos Territoriales, representantes del Departamento Nacional de Planeación, del nivel directivo o asesor, y un Representante Legal de la sociedad fiduciaria, consorcio o unión temporal que resulte seleccionada para ejercer la administración y vocería del Patrimonio Autónomo.

Artículo 2.2.13.1.2.17. Conformación del Comité Fiduciario. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos estará integrado por cinco (5) miembros, así:

Un delegado del Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, quien lo presidirá.

Un delegado del Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación.

Un delegado del Subdirector General de Descentralización y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.

El Secretario General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

El funcionario del Departamento Nacional de Planeación que coordine las actividades relativas al Fondo Pactos Territoriales.

Parágrafo 1°. El delegado del Director General del Departamento Nacional de Planeación ejercerá la Presidencia del Comité Fiduciario. Por su parte, el funcionario del Departamento Nacional de Planeación que coordine las actividades relativas al Fondo Pactos Territoriales ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Fiduciario.

Parágrafo 2°. Un Representante Legal de la sociedad fiduciaria, consocio o unión temporal que actúe como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos deberá participar en cada sesión del Comité Fiduciario, con voz, pero sin voto.

Artículo 2.2.13.1.2.18. Funciones del Comité Fiduciario. El Comité Fiduciario tendrá las siguientes funciones mínimas, las cuales serán incorporadas en el contrato de fiducia mercantil a celebrarse entre el Departamento Nacional de Planeación y la sociedad fiduciaria, consorcio o unión temporal seleccionada para actuar como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo:

Definir los procesos y procedimientos administrativos, financieros, contables operativos y jurídicos del Fondo Pactos Territoriales.

Adoptar el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo, el cual contendrá, como mínimo, reglas operativas básicas para la administración de los recursos administrados y ejecutados a través del Fondo Pactos Territoriales, los procedimientos de contratación derivada y los criterios de inversión de los recursos del patrimonio autónomo, atendiendo en todo caso las directrices dadas al respecto por el Consejo Directivo en el Reglamento Operativo del Fondo.

Las demás que se le asignen en el contrato de fiducia mercantil.

Artículo 2.2.13.1.2.19. Metodología para la Suscripción de Pactos Territoriales. Con el ánimo de dar cumplimiento a la finalidad perseguida con la constitución del Patrimonio Autónomo Pactos Territoriales, el Departamento Nacional de Planeación elaborará e implementará una metodología para la suscripción de los Pactos Territoriales, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

Inversiones estratégicas que contribuyan a consolidar el desarrollo de las regiones y territorios.

Proyectos estratégicos multisectoriales de alto impacto para las regiones y territorios.

Intervenciones públicas focalizadas en entidades territoriales con mayor grado de brechas sociales y económicas.

Concurrencia de fuentes de financiación del orden nacional y territorial, privado y/o de cooperación internacional.

Parágrafo 1°. Para efectos de la elaboración y la implementación de lo previsto en el presente artículo, el Departamento Nacional de Planeación hará uso de diversos instrumentos técnicos que serán definidos, una vez desarrollada la metodología orientada al reconocimiento de capacidades establecida en el artículo 40 de la Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Parágrafo 2°. Con base en la anterior información y en la metodología elaborada e implementada se identificarán y priorizarán los posibles proyectos de inversión a desarrollar, en virtud de la suscripción de los Pactos Territoriales.

Parágrafo 3°. En todos los casos, la viabilidad y registro de los proyectos de inversión que se desarrollen en el marco de los Pactos Territoriales se adelantarán conforme a las normas específicas que reglamenten la correspondiente fuente de financiación y; en todo caso, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 2.2.13.1.2.20. Régimen de transición de los contratos actualmente suscritos. El Patrimonio Autónomo Fondo Pactos podrá ser cesionario de la totalidad de los contratos, convenios y/o negocios jurídicos derivados de los Pactos Territoriales que se encuentren vigentes al momento de su constitución.

Parágrafo 1°. En todos los casos, de manera previa a la materialización de la respectiva cesión del convenio, contrato o negocio jurídico se realizará la verificación de la conveniencia jurídica, financiera u operativa de su materialización.

Parágrafo 2°. En el evento en el cual la evaluación de la conveniencia jurídica, financiera u operativa no sea favorable, el convenio, contrato o negocio jurídico podrá continuarse ejecutando por las partes que hayan concurrido inicialmente a su celebración; en todos los casos, bajo las condiciones previamente acordadas.

CAPÍTULO 2

Contratos Plan para la asociatividad territorial y la delegación de competencias

Artículo 2.2.13.2.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en el presente capítulo regulan los Contratos Plan suscritos para la asociatividad territorial de que tratan los artículos 12, 13, 14, 15, 18 y 20 de la Ley 1454 de 2011.

Artículo 2.2.13.2.2.Concepto y finalidad de los esquemas asociativos dentro de los Contratos Plan. Los esquemas asociativos son instrumentos que posibilitan la unión libre y voluntaria de esfuerzos y acciones entre entidades nacionales y territoriales tendientes a realizar acciones conjuntas con el fin de alcanzar objetivos comunes que impulsen el desarrollo integral de los territorios.

Los esquemas asociativos que puedan conformarse mediante la suscripción de Contratos Plan tendrán como fin promover el desarrollo social, económico y cultural de sus territorios. Mediante estos acuerdos, las entidades territoriales podrán prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación, así como procurar el desarrollo integral de sus territorios.

Artículo 2.2.13.2.3. Derogado.

Artículo 2.2.13.2.4. Derogado.

Artículo 2.2.13.2.5.Contratos Plan de asociatividad territorial con la Nación. El Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación podrá suscribir Contratos Plan con los esquemas asociativos para la ejecución de programas del Plan Nacional de: Desarrollo, cuando lo considere pertinente y el objeto para el cual fueron creadas dichas asociaciones lo permita; previa aprobación de su órgano máximo de administración atendiendo los principios consagrados en la Ley de Ordenamiento Territorial.

Las asociaciones de municipios, asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales podrán constituir el esquema asociativo y unir esfuerzos con la Nación para la ejecución de programas del Plan Nacional de Desarrollo en un mismo Contrato Plan, siempre y cuando se observen los requisitos previstos en los artículos 2.2.13.1.1.2 y 2.2.13.1.2.4 de este título.

Artículo 2.2.13.2.6.Delegación de Competencias a través de Contratos Plan. Las entidades del orden nacional y sus descentralizadas podrán delegar competencias y funciones a las entidades territoriales, los esquemas asociativos territoriales y las áreas metropolitanas, a través del Contrato Plan, especificando las funciones y los recursos para su adecuado cumplimiento, así como la duración de la delegación, entre otros aspectos. Previamente el delegante deberá verificar la capacidad del delegado, con el fin de velar por el adecuado cumplimiento de las funciones delegadas. Cuando se deleguen competencias a través del Contrato Plan, no serán necesarios actos o convenios de delegación posteriores a la celebración del Contrato Plan.

Artículo 2.2.13.2.7.Principio de Subsidiariedad. Para desarrollar los Contratos Plan, en aplicación del principio de subsidiariedad, consagrado en el numeral 3) del artículo 27 de la Ley 1454 de 2011, la Nación, las entidades territoriales y los esquemas asociativos territoriales, podrán apoyar en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias a entidades de menor categoría fiscal y desarrollo económico y social, cuando se demuestre la imposibilidad para que estas entidades las ejerzan. Lo anterior, sin perjuicio de las condiciones particulares que se reglamenten para la delegación de competencias.

Artículo 2.2.13.2.8.Complementariedad e integración de Contratos Plan. Las entidades territoriales y la Nación podrán acordar en un mismo Contrato Plan la conformación de esquemas asociativos, la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial y programas del Plan Nacional de Desarrollo, y la delegación de competencias, siempre y cuando se observen los requisitos previstos en este título para estos.

TÍTULO 14

DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO 1

Equivalencia de cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas

Artículo 2.2.14.1.1. Valores expresados en Unidades de Valor Tributario UVT. Para los efectos dispuestos en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, al realizar la conversión de valores expresados en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (smlmv) a Unidades de Valor Tributario (UVT), se empleará por una única vez el procedimiento de aproximaciones que se señala a continuación:

Si del resultado de la conversión no resulta un número entero, se deberá aproximar a la cifra con dos (2) decimales más cercana.

Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 3 smlmv al convertirse a UVT para el año 2020, corresponderá inicialmente a 73,957621 UVT. Acto seguido, para dar aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con dos decimales más cercana para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará convertida en 73,96 UVT.

Parágrafo. Cuando el valor a convertir resulte inferior a una (1) UVT, se deberá aproximar a la cifra con tres (3) decimales más cercana.

Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 1 Salario Mínimo Legal Diario Vigente (smldv) al convertirse a UVT para el año 2020, corresponderá inicialmente a 0,821751 UVT. Acto seguido, para dar aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con tres decimales más cercana para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará convertida en 0,822 UVT.

Artículo 2.2.14.1.2. Valores de obligaciones tributarias. En lo relativo a la conversión de los valores derivados de obligaciones tributarias contenidas en las disposiciones relacionadas con impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se seguirán aplicando las reglas de conversión y aproximaciones contenidas en los artículos 868 y 868-1 del Estatuto Tributario

CAPÍTULO 2

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA EL POSCONFLICTO (SIIPO)

SECCIÓN 1

GENERALIDADES DEL SIIPO

(Adicionado por Artículo 1 Decreto 1778 de 2020)

Artículo 2.2.14.2.1.1. Objeto. El objeto del Sistema Integrado de Información para el Pos conflicto (SIIPO) es facilitar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Acuerdo Final, basado en el Plan Marco para la Implementación, los Planes Nacionales Sectoriales y otros planes, programas, proyectos y recursos para la consolidación de la paz y la estabilización, contribuyendo a la transparencia, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía para facilitar el control social y la veeduría ciudadana.

El Sistema velará por la armonización de los sistemas de información existentes que realizan el seguimiento a las políticas, programas, planes, proyectos y recursos de diversas fuentes de financiación para la consolidación de la paz y la estabilización.

La información del SIIPO servirá como insumo de información para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), así como para otros órganos y actores encargados o interesados en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final y de la política de paz y estabilización.

Artículo 2.2.14.2.1.2. Administrador del SIIPO. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, la administración, operación, implementación y actualización del SIIPO. El Sistema se alimentará de información del Gobierno nacional y de aquellas otras fuentes que posean o procesen información relativa a la implementación del Acuerdo Final.

SECCIÓN 2

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Artículo 2.2.14.2.2.1. Estructura. Para el seguimiento a los instrumentos derivados del Acuerdo Final de paz, el SIIPO tendrá los Siguientes componentes: i) avances físicos, ii) avances financieros y iii) seguimiento.

Artículo 2.2.14.2.2.2. Reportes. El SIIPO proveerá información pública al Gobierno nacional y a la CSIVI para la consolidación y elaboración de informes relacionados con el avance en el cumplimiento del Acuerdo Final, según la información reportada por las entidades.

Artículo 2.2.14.2.2.3. Actualizaciones del SIIPO. El Sistema estará sujeto a las modificaciones y actualizaciones que determine el Departamento Nacional de Planeación ‘en consulta con las otras entidades que proveen información al sistema, de acuerdo con las necesidades propias de la implementación del Acuerdo Final. Sin perjuicio de las demás actualizaciones de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, o quien haga sus veces, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

SUBSECCIÓN 1

SEGUIMIENTO A AVANCES FÍSICOS

Artículo 2.2.14.2.2.1.1. Seguimiento a avances físicos. El seguimiento a las metas físicas se hará a nivel de los compromisos del Plan Marco de Implementación, guardando coherencia con los pilares, estrategias, productos, metas trazadas, indicadores, tiempos y responsables establecidos.

Artículo 2.2.14.2.2.1.2. Definición de metas. La definición de metas físicas para el cumplimiento de los indicadores del PMI, así como de los indicadores de otros instrumentos para la implementación del Acuerdo Final, será realizada por cada una de las entidades del orden nacional, según su responsabilidad, bajo la coordinación de las respectivas oficinas asesoras de planeación, o quien haga sus veces y el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación.

Las metas se revisarán por lo menos cada periodo de gobierno, considerando los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo y los Planes Nacionales Sectoriales, manteniendo el horizonte temporal de la implementación del Acuerdo Final y preservando la coherencia con los objetivos definidos en el Acuerdo y en el marco estratégico del PMI

Artículo 2.2.14.2.2.1.3. Reporte de seguimiento a metas. Las respectivas oficinas asesoras de planeación, o quien haga sus veces, son las encargadas del reporte de avance cualitativo y cuantitativo sobre el cumplimiento de las metas físicas de los indicadores del PMI, con sus respectivos soportes. Los avances cualitativos deberán reportarse trimestralmente, y los avances cuantitativos deberán reportarse conforme a la periodicidad del indicador establecida en la respectiva ficha técnica. Para el caso que aplique, dichos reportes tendrán que contener la respectiva desagregación a nivel territorial o poblacional según los bienes y/o servicios entregados.

Artículo 2.2.14.2.2.1.4. Seguimiento a Planes Nacionales Sectoriales. El seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales se hará a través del SIIPO a nivel de estrategias, indicadores, metas y presupuesto establecidos en cada Plan. En relación con las metas de los indicadores, los avances cualitativos deberán reportarse trimestralmente y los avances cuantitativos deberán reportarse conforme a la periodicidad del indicador establecida en la respectiva ficha técnica. Además, la entidad responsable reportará trimestralmente el avance de las líneas estratégicas del respectivo plan, según se defina en el SIIPO.

Parágrafo: Las entidades que tengan bajo su responsabilidad un Plan Nacional Sectorial de la Reforma Rural Integral, deberán formular anualmente un plan de acción que permita evidenciar el avance de las líneas estratégicas del respectivo plan. Este plan de acción deberá formularse antes del primero (1°) de febrero de cada vigencia y publicarse en el SIIPO antes del quince (15) de febrero del mismo periodo

SUBSECCIÓN 2

SEGUIMIENTO A AVANCES FINANCIEROS

Artículo 2.2.14.2.2.2.1. Seguimiento a avances financieros. El seguimiento a los recursos financieros se hará a nivel de proyectos o rubros que se estén programando y/o ejecutando por parte de los diferentes actores y fuentes de financiación. Un referente de seguimiento es el componente específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo en coherencia con el Plan Marco de Implementación.

Artículo 2.2.14.2.2.2.2. Generación de información para el seguimiento a los recursos de paz. El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional generarán los datos relacionados con la identificación, la programación y/o ejecución de los recursos asociados a la implementación del Acuerdo Final:

1. El Departamento Nacional de Planeación. Identificará el gasto de inversión a nivel nacional, a través del trazador presupuestal de los proyectos de inversión asociados a la implementación del Acuerdo Final guardando coherencia con el Plan Marco de Implementación. Para el caso de las entidades territoriales, el DNP incluirá el trazador presupuestal dentro de la herramienta de registro de inversión pública que ha dispuesto para su gestión y uso, en los términos de la Resolución No. 4788 de 2016 del Departamento Nacional de Planeación.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Identificará el gasto de funcionamiento conforme a sus competencias, a través del trazador de Construcción de paz, guardando coherencia con el Plan Marco de Implementación.

3. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia. Identificará los recursos de cooperación internacional no reembolsable reportados a esta Agencia, a través de un marcador en la plataforma o instrumentos existentes, guardando coherencia con la estructura del Plan Marco de Implementación.

Artículo 2.2.14.2.2.2.3. Complementariedad de los sistemas de información de seguimiento a los recursos financieros. El seguimiento a los recursos financieros del Acuerdo Final se desarrollará a partir de las plataformas vigentes que realizan el seguimiento a la programación y/o ejecución del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, otros recursos de las entidades territoriales; y la identificación de los recursos de cooperación internacional no reembolsable.

SECCIÓN 3

ACTORES, ROLES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 2.2.14.2.3.1. Actores. Los actores del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto son:

1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, o quien haga sus veces.

2. El Departamento Nacional de Planeación.

3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.

5. Los ministerios, departamentos administrativos y otras entidades responsables de la implementación del Acuerdo de Paz.

6. Las entidades territoriales.

Artículo 2.2.14.2.3.2. Roles. Para efectos de la información requerida en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, se cuenta con los siguientes roles:

1. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces. Corresponde a la Consejería para la Estabilización y la Consolidación orientar el direccionamiento estratégico del Gobierno nacional para el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final, a partir de la información consignada en el SIIPO.

Adiciona/mente, será la encargada de facilitar el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final, en particular en el marco de la CSIVI.

2. El Departamento Nacional de Planeación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación la administración, implementación, validación y actualización del Sistema de Información Integrado para el Posconflicto. Igualmente, establecer los lineamientos técnicos y operativos para el seguimiento al Acuerdo Final y elaborar los informes de seguimiento sobre la implementación del Acuerdo Final.

3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecer los lineamientos a partir de los cuales las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación deben identificar los montos de gastos de funcionamiento sobre sus apropiaciones orientados a la implementación del Acuerdo Final y garantizar el intercambio de información con el DNP, a través del mecanismo dispuesto para tal efecto.

4. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia. Corresponde a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, o quien haga sus veces, establecer los lineamientos y los ajustes específicos que permitan identificar los montos y proyectos financiados y reportados por los cooperantes internacionales a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia para la implementación del Acuerdo Final y realizar el intercambio de información con el DNP, a través del mecanismo dispuesto para tal efecto.

5. Los ministerios, departamentos administrativos y otras entidades responsables de la implementación del Acuerdo Final: Son los responsables de proveer la información requerida para el SI/PO sobre el avance cuantitativo y cualitativo, con sus respectivos soportes sobre el cumplimiento del Plan Marco de Implementación y los demás instrumentos derivados del Acuerdo Final, bajo los lineamientos establecidos para tal efecto.

Las entidades, identificarán los recursos destinados para la implementación del Acuerdo Final a través del trazador presupuestal y reportarán su respectiva programación y ejecución, a través de los sistemas de información existentes o dispuestos para cada fuente de financiación.

6. Las entidades territoriales: Contribuyen en la implementación del Plan Marco de Implementación conforme con sus competencias y registrarán la información sobre el avance y cumplimiento de sus metas físicas y financieras, en los instrumentos o en los sistemas de información para seguimiento a los proyectos de inversión y planes de desarrollo territorial, que disponga el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 2.2.14.2.3.3. Responsabilidad de las entidades de proveer la información. Los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades públicas son los responsables de garantizar la veracidad y calidad de los datos y la oportunidad en el registro de la información. La entrega de los datos que se suministren será responsabilidad exclusiva de la entidad que los provea y se regirá bajo los principios establecidos en la Ley 1712 de 2014.

CAPÍTULO 3

MISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN

(adicionado por el artículo 1 del Decreto 1665 de 2021)

Artículo 2.2.14.3.1. Creación y Objetivo. Créase la Misión de Descentralización que tendrá como objetivo elaborar los estudios técnicos e insumos en materia de descentralización que permitan evaluar el modelo actual y presentar iniciativas constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales señaladas en el artículo 286 de la Constitución Política.

Artículo 2.2.14.3.2. Objetivos específicos de la Misión de Descentralización. La Misión de Descentralización desarrollará sus actividades a partir de los siguientes objetivos específicos:

Competencias entre niveles de gobierno: Con base en el análisis del modelo de descentralización, presentar propuestas para la definición y distribución de competencias entre niveles de gobierno, orientadas a garantizar una provisión eficiente de bienes y servicios públicos mediante una adecuada aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y solidaridad.

Fuentes y usos de los recursos para el desarrollo: Proponer fuentes de recursos para las entidades territoriales, que se encuentren articuladas con las propuestas de distribución de competencias entre niveles de gobierno, dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y uso eficiente de los recursos.

Arquitectura institucional y modernización de la administración pública: Presentar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento y articulación de la gestión técnico-administrativa de las entidades territoriales y la Nación, a partir de la revisión de la actual arquitectura institucional, en aras del uso eficiente de los recursos públicos.

Estado abierto y participación ciudadana territorial: Realizar recomendaciones sobre la implementación y articulación de mecanismos para asegurar el relacionamiento efectivo entre el Estado y la ciudadanía, a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información, la integridad del servicio público, la participación ciudadana y la colaboración entre actores para la incidencia en los asuntos públicos a nivel territorial.

Descentralización y Territorios Indígenas: Identificar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en la Constitución y la Ley en relación con los pueblos y comunidades indígenas, en los asuntos relativos al ordenamiento, la planeación y la institucionalidad de los territorios indígenas.

PARÁGRAFO 1. Los objetivos específicos se desarrollarán a través de líneas de investigación sobre su contenido y a partir de este trabajo se elaborarán los estudios técnicos e insumos en materia de descentralización que permitan dar cumplimiento al artículo 2.2.14.3.1. del presente Decreto. Cada uno de los objetivos específicos serán liderados por expertos, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas, académicos o miembros de centros de pensamiento en temas de descentralización o desarrollo, del sector público o privado, con conocimientos en materia de descentralización y otras disciplinas relacionadas con los asuntos a estudiar por la Misión. Estos expertos serán seleccionados por el Departamento Nacional de Planeación y participarán en calidad de invitados en las sesiones de la Misión de Descentralización.

PARÁGRAFO 2. El objetivo específico «Descentralización y territorios indígenas» se desarrollará a través de una mesa de trabajo que contará con la participación de un representante de cada una de las organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC y sus organizaciones invitadas permanentes.

PARÁGRAFO 3. El experto encargado de liderar el objetivo específico contemplado en el numeral 5 de la presente disposición, que trata sobre la «Descentralización y territorios indígenas», deberá trabajar de manera articulada con la mesa de trabajo de qué trata el parágrafo 2 de este artículo. A partir de este trabajo articulado se formularán los insumos requeridos para presentar recomendaciones e iniciativas que den cumplimiento al acuerdo CB del eje «Pacto por y para las regiones: pacto por la región Caribe y pacto por la Amazonia, con sus respectivos componentes, estrategias y acuerdos» del «Capítulo de grupos indígenas» del «Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom» de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.

Artículo 2.2.14.3.3. Conformación de la Misión. La Misión de Descentralización estará conformada por los siguientes miembros:

El Director del Departamento Nacional de Planeación, quien la presidirá y podrá delegar su participación en el Subdirector General de Descentralización y Desarrollo Territorial o el que haga sus veces.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien podrá delegar su participación en alguno de sus Viceministros.

El Ministro del Interior, quien podrá delegar su participación en alguno de sus Viceministros.

El Director Técnico de la Misión de Descentralización, designado por el Departamento Nacional de Planeación.

Un (1) Alcalde en ejercicio de su período constitucional o en su ausencia un alcalde suplente, quienes serán escogidos previamente por la Federación Colombiana de Municipios y participarán ad honorem en la Misión.

Un (1) Alcalde en ejercicio de su periodo constitucional o en su ausencia un alcalde suplente, quienes serán escogidos previamente por la Asociación de Ciudades Capitales y participarán ad honorem en la Misión.

Un (1) Gobernador en ejercicio de su periodo constitucional o en su ausencia un gobernador suplente, quienes serán escogidos por la Federación Nacional de Departamentos y participarán ad honorem en la Misión.

Uno (1) de los cinco (5) representantes de las organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC y las invitadas permanentes señaladas en el parágrafo 2° del artículo 2.2.14.3.2. del presente Capítulo, designado por ellos mismos.

Dos (2) experto(s) en descentralización, uno de ellos designado directamente por el Departamento Nacional de Planeación y el otro seleccionado por dicha entidad a partir de una terna presentada por la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación de Ciudades Capitales, que en todo caso serán diferentes a los señalados en el parágrafo 1° del artículo 2.2.14.3.2 del presente decreto.

Parágrafo 1°. La Secretaria Técnica de la Misión de Descentralización será ejercida por el Departamento Nacional de Planeación a través de la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal o la que haga sus veces, la cual podrá contar con el apoyo de una universidad para su operación. La Secretaría Técnica ejercerá las funciones que le asigne el reglamento adoptado por la Misión.

Parágrafo 2°. La Misión de Descentralización conformará mesas de trabajo con expertos nacionales y/o internacionales ad honorem, así como con diferentes grupos de interés, con el fin de recibir información y propuestas en cada una de las materias objeto de estudio. También podrán ser invitados a las mesas de trabajo de las que trata este parágrafo, los funcionarios y colaboradores de entidades públicas que para el efecto convoque la Secretaria Técnica.

Adicionalmente, la Misión de Descentralización tendrá la facultad de convocar a terceros a sus sesiones, quienes participarán en calidad de invitados, con voz y sin voto.

En cumplimiento de su objeto, la Misión de Descentralización desarrollará espacios de trabajo con miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a la Descentralización y el Ordenamiento Territorial del Congreso de la República.

Parágrafo 3°. Las entidades públicas del orden nacional y territorial, así como las demás instancias de interlocución, previo requerimiento de la Secretaría Técnica de la Misión de Descentralización, deberán suministrar la información relacionada con los ejes de trabajo que la Misión considere pertinente para el desarrollo de sus funciones y objetivos.

Parágrafo 4°. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del presente Decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y los cinco (5) representantes de las organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas- MPC y sus organizaciones invitadas permanentes, mencionadas en el parágrafo 2 del artículo 2.2.14.3.2. del presente Capítulo, deberán comunicar a la Secretaría Técnica el miembro designado para conformar la Misión.

Dentro del mismo término, la Federación Nacional de Departamentos, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Federación Colombiana de Municipios deberán comunicar a la Secretaría Técnica los miembros designados como principales y suplentes para conformar la Misión, así como la terna de expertos indicada en el numeral 9 del presente artículo.

Artículo 2.2.14.3.4. Instalación de la Misión. El Departamento Nacional de Planeación instalará de manera formal la Misión de Descentralización dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de la designación de todos los miembros que conformarán la Misión.

PARÁGRAFO. Si dentro del plazo establecido en el parágrafo 4 del artículo anterior no se comunica a la Secretaría Técnica la decisión de designación de alguno de los miembros, el Departamento Nacional de Planeación podrá instalar la Misión de Descentralización, siempre que se cuente con por lo menos ocho (8) de los miembros designados.

Artículo 2.2.14.3.5. Reglamento para el funcionamiento de la Misión. Instalada la Misión, el Director Técnico de la misma pondrá a consideración de sus integrantes para aprobación, el proyecto de reglamento de la Misión de Descentralización. Dicho reglamento será aprobado en un plazo máximo de treinta (30) días calendario.

El Reglamento deberá incluir como mínimo las funciones de la Secretaría Técnica y de los miembros de la Misión, la metodología para su funcionamiento, las reglas de convocatoria y quórum para la deliberación y decisión de asuntos, la forma como operará la articulación entre los objetivos específicos, los canales de relacionamiento y comunicación con las entidades y los grupos de interés, la entrega de informes, la gestión documental, el plan de trabajo, las propuestas y el ejercicio de las labores que se requieran para el cumplimiento del objetivo de la Misión.

Artículo 2.2.14.3.6. Recursos para el funcionamiento de la Misión. El Departamento Nacional de Planeación dispondrá los recursos financieros para el funcionamiento y el cumplimiento del objetivo de la Misión de Descentralización, con sujeción a las disponibilidades presupuestales del Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector.

Artículo 2.2.14.3.7. Clausura de la Misión de Descentralización. El Director del Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de presidente de la Misión, podrá dar por terminada y clausurada la Misión una vez finalice el término de dieciocho (18) meses contados a partir de la instalación de la Misión atendiendo lo previsto en el parágrafo 4 del artículo 10 de la Ley 1962 de 2019, o cuando se hayan presentado las iniciativas legislativas y constitucionales que resulten del trabajo y funcionamiento de la Misión si esto ocurre antes del plazo previsto.

TÍTULO 15

ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL

Capítulo 1

CONVENIOS SOLIDARIOS

Artículo 2.2.15.1.1. Convenios solidarios. Las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal podrán complementar esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para el desarrollo de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades, mediante la celebración de convenios solidarios en los términos permitidos por el artículo 355 de la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012, 2166 de 2021 y/o las normas que las remplacen o sustituyan.

Artículo 2.2.15.1.2. Convenios solidarios para la ejecución de obras. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, solo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios para la ejecución de obras los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los organismos de acción comunal. El valor de tales convenios no podrá exceder la menor cuantía de la entidad estatal involucrada.

Estos convenios solidarios solo podrán tener por objeto la ejecución de obras. Para la ejecución de estas obras los Organismos de Acción Comunal deberán procurar vincular a los habitantes de la comunidad. C-617 del 25/10/2024

Artículo 2.2.15.1.3. Convenios solidarios para el desarrollo de programas. En el marco de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, y el parágrafo 2° del artículo 63 de la Ley 2166 de 2021 entidades del orden nacional, departamental, distrital, local y municipal podrán celebrar convenios solidarios con los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas.

Artículo 2.2.16.1.1. Objeto. El objeto del presente título es reglamentar la forma como las Entidades Estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria, los cuales se denominarán Asociaciones Público-Populares (APPo).

Artículo 2.2.16.1.2. Régimen de contratación aplicable. Los contratos realizados por medio de APPo estarán sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así mismo están sujetos a los principios de la función pública y las normas presupuestales aplicables.

Artículo 2.2.16.1.3. Finalidad de las Asociaciones Público-Populares (APPo). Las Asociaciones Público-Populares de que trata el presente capítulo solamente podrán ser celebradas cuando su objeto se ciña a las finalidades señaladas de manera expresa en el artículo 100 de la Ley 2294 de 2023. La justificación de lo anterior deberá hacer parte del proceso contractual que se adelante al interior de cada Entidad Estatal.

Artículo 2.2.16.1.4. Economía popular y comunitaria. Para el efecto del presente Título, se entiende por economía popular a los oficios y ocupaciones mercantiles relacionados con la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles, que hagan referencia a actividades domésticas o comunitarias, desarrolladas por unidades económicas de baja escala ya sea personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico. Los actores de la Economía Popular pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades económicas, u organizados de manera asociativa.

Artículo 2.2.16.1.5. Procedencia de una APPo. Para celebrar una APPo, la Entidad Estatal debe establecer dentro de los Documentos del Proceso la conveniencia de uso de la APPo con base en las necesidades identificadas de la Entidad Estatal, indicando el impacto estimado en la economía popular con la suscripción del contrato, la utilización de la tipología y la consistencia entre el objeto del contrato y el alcance del presente título.

Adicionalmente, deben identificar las condiciones de idoneidad y los requisitos técnicos que llevan a elegir a la persona natural o a la entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la economía popular y comunitaria para ejecutar y cumplir el objeto del contrato.

Artículo 2.2.16.1.6. Requisitos para la contratación mediante APPo. Las Entidades Estatales podrán contratar con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro en los términos del presente Título, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

La persona natural o la entidad sin ánimo de lucro debe hacer parte de la economía popular y comunitaria, en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.16.1.4 del presente Título.

Para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, es necesario que su objeto social tenga relación con la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios contempladas en el artículo 100 de la Ley 2294 de 2023.

La persona natural o la entidad sin ánimo de lucro deberán cumplir con la normativa aplicable a los oficios, ocupaciones u objetos sociales que desempeñen, dependiendo de su sector económico y naturaleza.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, cada Entidad Estatal debe determinar en los Documentos del Proceso los requisitos que debe acreditar la persona natural o la entidad sin ánimo de lucro beneficiaria de la APPo, para lo cual podrán tener en cuenta los lineamientos que se expidan desde las instancias y/o entidades competentes.

Artículo 2.2.16.1.7. Articulación de las Asociaciones Público-Populares con las Políticas Públicas relacionadas. Las Entidades Estatales propenderán porque la implementación de las Asociaciones Público-Populares se encuentran alineadas a las políticas nacionales, departamentales, municipales, distritales y sectoriales vigentes, de tal manera que se potencien la consistencia y los efectos de la política pública en el desarrollo económico local.

Artículo 2.2.16.1.8. Distribución del objeto contractual. Las Entidades Estatales deben abstenerse de fraccionar el objeto contractual con el fin de eludir los procedimientos impuestos por el deber de selección objetiva.

Artículo 2.2.16.1.9.Mecanismo de donación. En situaciones de emergencia y desastres, las Entidades Estatales podrán comprar de manera directa productos agropecuarios de pequeños productores· agrícolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Artículo 2.2.16.1.10. Uso del SECOP en las APPo. La Entidad Estatal deberá garantizar la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los Procesos de Contratación adelantados por la tipología contractual reglamentada en el presente Título. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en la página web de- la Entidad Estatal correspondiente y en el SECOP.

Las personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan a la economía popular y comunitaria deberán estar registradas en el SECOP o el sistema que haga sus veces.

Parágrafo: La persona natural o la entidad sin ánimo de lucro que pertenezca a la economía popular y comunitaria y que celebre un contrato por medio de una APPo deberá remitir a la Entidad Estatal información relativa a los contratos que suscriba con terceros para dar cumplimiento al objeto de contrato.

Artículo 2.2.16.1.11. Difusión del mecanismo de Asociaciones Público-Populares. Las Entidades Estatales podrán difundir el mecanismo de Asociaciones PúblicoPopulares en los territorios utilizando diversos espacios y canales de comunicación como las Ferias de Negocios Inclusivas, las ferias de inclusión financiera, espacios de diálogo y presentación de oferta institucional del Estado.

LIBRO 3

DISPOSICIONES FINALES

PARTE I

DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Administrativo de Planeación Nacional que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.

4) Exceptúense de la derogatoria integral prevista en el presente artículo, los decretos 600 de 1996, 3176 de 2002, 4479 de 2009, 51 de 2012, así como los artículos 1 a 11 y 19 del Decreto 1399 de 2013 y los artículos 1 a 12 y 18 del Decreto 722 de 2015.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de mayo de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Simón Gaviria Muñoz.

Ver conceptos: ( C-317 del 28/6/2021, C-248 del 1/6/2021, C-347 del 23/07/2021, C-353 del 19/7/2021 , C-381 del 2/08/2021, C-396 13/08/2021, C-372 del C-374 16/09/2021, C-699 del 6/01/2021 C-405 del 10/08/2021, C-421 del 17/08/2021, C-442 del 25/08/2021, C-462 del 07/10/2021, C- 475 del 20/09/2021, C-573 13/10/2021, C-674 DEL 6/12/2021 , C-530 del 27/09/2021,C-527 del 23/09/2021, C-736 del 2021, C-746 del 2021, C-677 del 4/12/2021, C-699 del 6/01/2021,C-630 del 10/11/2021 C-715 del 21/01/2021, C-107 del 18/03/2022,C-504 del 16/09/2021 C-628 del 09/11/2021 C-630 del 10/11/2021 C-176 del 06/04/2022, ,C-729 del 2021 C- 231 del 02/05/2022 ,C-254 del 02/05/2022, C-297 del 10/05/2022, C-308 del 20/05/2022, C.647 del 05/10/2022, C-061 del 29/05/2023 , C-088 del 29/05/2023 , C-103 del 05/05/2023, C-236 del 05/07/2023, C-029 del 11/05/2023, C-080 del 26/04/2023, C-062 del 18/04/2023, C-295 del 24/07/2023 , C – 229 del 27/07/2023 , C-239 del 14/08/2023 , C-247 Del 07/07/2023 C-279 del 31/10/2023 , C-277 del 14/07/2023 , C-265 del 26/07/2023 , C-295 del 24/07/2023 , C-316 del 01/08/2023 C-319 del 02/08/2023 , C-360 del 12/09/2023 , C- 332 del 17/08/2023 , C-325 del 10/08/2023 , C-344 del 26/10/2023 , C-289 del 16/08/2024 , )

(Ver conceptos: C-103 del 05/05/2023, C-106 del 23/05/2023, C-127 del 5/15/2023 , C- 143 del 9/21/2023, C-384 del 22/09/2024 , C-394 del 11/10/2023 , C-427del 27/11/2023 , C-051 del 03/05/2024 , C-089 del 17/07/2024 C-207 del 05/07/2024 , C-223 de 29/07/2024 , C-267 del 05/6/2024 , C-009 del 05/07/2024 , , C-165 del 22/07/2024 )C-183 del 29/07/2024 , C-165 del 22/07/2024 , C-125 del 25/07/2024 , C-165 del 22/07/2024 )C-183 del 29/07/2024 , C-165 del 22/07/2024 , C-125 del 25/07/2024 , C-171 del 25/07/2024 , C-196 del 30/7/2024 , C-197 del 30/7/2024, C- 230 del 06/08/2024, C-289 del 16/08/2024 , C-291 del 21/08/2024, C-221 del 08/08/2024 ,C-235 del 12/08/2024 , C-237 del 13/08/2024 , C-210 del 5/8/2024, C-241 del 13/8/2024 C-249 del 26/08/2024 , C-327 del 26/08/2024 , C-223 del 29/07/2024 , C-009 del 05/07/2024 , C-085 del 06/06/2024 , C-089 del 03/07/2024 , C-389 del 03/09/2024 , C-392 del 04/09/2024 , C-359 del 09/09/2024 , C-411 del 11/09/2024 , C-333 del 12/9/2024, C-352 del 05/09/2024, C-376 del 04/09/2024, ., C-412 del 11-09-2024, C 418 de 12/09/2024 , C-432 de 16/09/2024 , C-266 del 09/07/2024 ,C-420 del 12/09/2024 , C-339 del 18/09/2024 , C-452 del19/09/2024 , C-533 del 07/10/2024 , C-534 del 10/10/2024 , C-580 del 23/10/2024, C-660 del 8/11/2024, C-680 del 15/11/2024 )

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de mayo del año 2015

SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Detalles del documento
Fecha	26/05/2015
Tipo de normativa	Decreto
Año	2015
Mes	Mayo
Epígrafe	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional

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